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Sentencia AC-209-18 — Registro 11597

Resumen

Acto recurrido que ordena al Tribunal Arbitral que corrija el fallo dictado, con relación a la demanda de arbitraje para el reclamo de la terminación de un contrato de arrendamiento de servicio de transporte de pasajeros más el pago de una indemnización de daños y perjuicios por una cantidad de dos millones novecientos veinticinco mil lempiras exactos (Lps.2,925.000.00) promovida por la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES M&M S. de R.L., en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el principio de legalidad, señalando que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por los impetrantes, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JOSE OSWALDO FIGUEROA PINEDA y ROQUE GERARDO PASCUA BOGRAN, a favor de la sociedad mercantil denominada STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de diciembre el año dos mil diecisiete (2017), que ordena al Tribunal Arbitral que corrija el fallo dictado en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con relación a la demanda de arbitraje para el reclamo de la terminación de un contrato de arrendamiento de servicio de transporte de pasajeros más el pago de una indemnización de daños y perjuicios por una cantidad de dos millones novecientos veinticinco mil lempiras exactos (Lps.2,925.000.00) promovida por la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES M&M S. de R.L.,. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado las garantías constitucionales esgrimidas en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E 1. Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el abogado DARIO ADOLFO RIVERA CASTILLO, actuando en su condición de apoderado Legal de la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES M&M S. de R. L., interponiendo demanda de arbitraje. (Folios uno (01) tres (03) de la primera pieza de sus antecedentes).2. Que en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Arbitral, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, dictó Laudo Arbitral (sic): 1) Declarar SIN LUGAR la prescripción de la acción presentada por la parte solicitada-demandada, en el escrito de contestación de la Demanda. 2) Declarar SIN LUGAR LA TACHA, presentada por el Abogado Víctor Ramón Maradiaga Mendoza en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante-requirente contra el testigo ABILIO ZELAYA SIERRA; quien a su vez fuese presentado y evacuado como testigo de la parte Demandada-Requerida. 3) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la Demanda de Arbitraje promovida por el Abogado DARIO RODOLFO RIVERA CASTILLO, …actuando en su condición de apoderado general de representación procesal de la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES M&M S DE R.L contra la empresa denominada STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., a través de su representante legal el señor HECTOR TORIBIO FERRERA MEZA; específicamente en el sentido de reconocer la presentación de un servicio adicional de transporte en un turno nocturno, no estipulado en el contrato original; y consecuentemente se condena a la sociedad mercantil Demandada-Solicitada STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., a través de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal el señor HECTOR TORIBIO FERRERA MEZA, … A PAGAR a la entidad demandante-solicitante EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES M&M S. de R.L., por la presentación de un servicio adicional de transporte durante los años 2013, 2014 y 2015 en la horas comprendidas entre las 11:05 PM salida de Trujillo hacia Puerto Castilla, con hora de regreso a las 12:20 am de Puerto Castilla hacia Trujillo, la cantidad de UN MILLON CUATROSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.1,439,999,.94). 4) Se declara SIN LUGAR por improcedente, el concepto reclamado por la demandante-solicitante consistente en el pago de un año de servicio de transporte durante el año 2016, establecido por el solicitante en el inciso “C” del acápite denominado “DETERMINACION DEL ALCANCE Y CUANTIA DE LA DEMANDA” que asciende a la cantidad de UN MILLON CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.1,485,000.00), consecuentemente se ABSUELVE a la empresa mercantil denominada STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A del pago de concepto antes indicado. 5) SIN COSTAS…” (Folio 365 al 371). 3) Que en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, tiene por recibidas las diligencias contentivas de la solicitud de Arbitraje promovida por La sociedad EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES M&M S de R.L, en virtud del recurso de nulidad interpuesto por los Abogados Jose Oswaldo Figueroa Pineda y Roque Gerardo Pascua Bográn, ambos en su condición de representante procesales de la sociedad mercantil denominada STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A, contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). 4) Que en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, conociendo del Laudo Arbitral dictado en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dicto sentencia mediante la cual: “FALLA (sic): 1) ORDENANDO AL TRIBUNAL ARBITRAL, que corrija el fallo dictado en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en el sentido de pronunciarse respecto a la validez del contrato de arrendamiento de servicio de transporte de pasajeros celebrado entre las partes. 2) SIN COSTAS…. (Folios 29 al 33 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que los recurrentes Abogados JOSE OSWALDO FIGUEROA PINEDA y ROQUE GERARDO PASCUA BOGRAN, comparecieron ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil dieciocho (2018). (Folio 44 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 55 al 63 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de diciembre el año dos mil diecisiete (2017), que ordena al Tribunal Arbitral que corrija el fallo dictado en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con relación a la demanda de arbitraje para el reclamo de la terminación de un contrato de arrendamiento de servicio de transporte de pasajeros más el pago de una indemnización de daños y perjuicios por una cantidad de dos millones novecientos veinticinco mil lempiras exactos (Lps.2,925.000.00) promovida por la sociedad mercantil EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES M&M S. de R.L.,. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado las garantías constitucionales esgrimidas en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Señala el impetrante en su recurso de amparo que la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de diciembre el año dos mil diecisiete (2017), le ha vulnerado las garantía constitucional del debido proceso como el principio de legalidad invocada en la acción de amparo, en el contexto que la sociedad EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES M&M S. de R.L.al interponer a su representada STANDARD FRUIT DE HONDURAS, S.A., una indemnización de daños y perjuicios por un monto de L.2,925,000.00 por la terminación ilegal e unilateral de un contrato de servicios de transporte de pasajeros, y siendo los árbitros seleccionados conforme a lo establecido en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en donde el Ad Quem declara nulo de forma parcial o tal el mismo, el cual tiende a corregir los errores en que hayan incurrido los árbitros al aplicar las normas procesales que reglan el arbitraje. Porqué expresa que no le cabe asimilar el recurso ordinario de apelación, ya que no es una segunda instancia, puesto que si así fuera debería ser competente un tribunal superior dentro de la misma jurisdicción, la cual no existe conforme a la ley. Que conforme al artículo 37 de la Ley de Conciliación y Arbitraje: “El convenio arbitral es un acuerdo por el cual partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas, respecto de una determina relación jurídica, de naturaleza contractual o extracontractual”. Por lo que consta en autos que las partes celebraron un convenio arbitral por escrito, mismo que fue incluido como una cláusula del contrato de arrendamiento de servicios de transporte de pasajeros, contrato esta cuya nulidad no ha sido declarada mediante sentencia judicial, razón por la cual no puede tenerse como válida. Considera los recurrentes que el Laudo arbitral se excedió de sus facultades al sustentar su fallo en hechos o argumentos jurídicos relacionados a obligaciones derivadas de los cuasi contratos, siendo un alegato de instancia y sobre el cual no corresponde pronunciarse en un recurso de nulidad, ya que este solo debe observarse la forma, alegando el Ad Quem la validez de un contrato de arrendamiento de servicio de transporte de pasajeros, y el tribunal Arbitral no se pronunció sobre esta pretensión en la parte dispositiva del Laudo, siendo que consta en la audiencia preliminar y así lo expresan los árbitros en su fallo, que uno de los hechos controvertidos es la validez del contrato de arrendamiento de servicio de transporte de pasajeros celebrado entre las partes, y en la parte dispositiva del Laudo, no hay un pronunciamiento del mismo. Razón que consideran que la sentencia del tribunal de alzada se hace constar la ausencia de motivación. Es decir no se desprenden razones o argumentos que ilustren al justiciable o reclamante sobre la decisión emitida, debiendo ser motivada vulnerando con ello la garantía del debido proceso invocada, en obsequio a una tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, denegando justicia e indefensión, siendo una falencia procesal que ser evitada en perjuicio de los justiciables, por lo cual resulta meritorio el otorgamiento de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Se aprecia en autos de la causa de mérito tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y del estudio realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien acuden a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso como el principio de legalidad, incrimina al Ad Quem que este ha quebrantado los derechos expuestos, por haber falta de motivación que ilustren al reclamante sobre la decisión emitida, señalando además la falta de congruencia y exhaustividad de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada debiendo ser detallada a fin de que no exista incertidumbre respeto a las razones que tuvo para emitir su parte dispositiva en forma armónica y coherente a las pretensiones de las partes involucradas. Que se hace constar en autos que las partes celebraron un contrato de arrendamiento de servicio de Trasporte de Pasajeros, nulidad que no ha sido declarada mediante sentencia judicial, por lo tanto se garantiza la igualdad y la defensa de las partes y su fallo se basó en derecho positivo vigente como es la Ley de Conciliación y Arbitraje emitido mediante Decreto 161-2000, por lo que se considera del estudio de la sentencia recurrida que el Ad Quem si aborda cada una de las pretensiones y alegatos planteados por el recurrente indicando con precisión los argumentos de los cuales desestimó las causales de nulidad invocadas por el recurrente, aplicando en forma correcta y ordenada lo establecido en el artículo 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. Cabe mencionar que la existencia de un contrato de prestación de servicios comprendido entre el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, no fue renovado por las partes, por consiguiente, y que pese a la culminación del mismo la empresa demandante siguió prestando el servicio de transporte pactado, y la sociedad recurrente continuó utilizándolos en forma continua consintiendo con ello la prolongación del contrato en referencia por lo que le es aplicable lo estipulado en el artículo 1346 del Código Civil: “Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”. Prologando en forma continua e ininterrumpida bajo las mismas condiciones que fueron pactadas entre las partes, por lo que hace determinar que la relación final entre las partes se enmarcó dentro de la misma figura jurídica de un cuasi contrato. Esta Sala no puede dejar de obviar y hacerle señalar a los recurrentes haciendo hincapié a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Conciliación y Arbitraje: “El laudo, tiene la misma fuerza y validez de una sentencia judicial…” CONSIDERANDO SEIS (6): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso ni el principio de legalidad, señalando que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por los impetrantes, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 37, 38, 66, 69 y 75, de Ley de conciliación y Arbitraje; 1346 del Código Civil; 1, 200, 206,207 y 208 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la acción de AMPARO interpuesto por los Abogados JOSE OSWALDO FIGUEROA PINEDA y ROQUE GERARDO PASCUA BOGRAN, a favor de la sociedad mercantil denominada STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de diciembre el año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. -NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha tres de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0209-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL