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Sentencia AC-207-18 — Registro 11596

Resumen

Acto recurrido que declaró inadmisible un recurso de apelación contra actuaciones del a-quo, con relación a la denuncia por violencia patrimonial y psicológico, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala de lo Constitucional estima que la sentencia hoy recurrida de fecha ocho (8) de enero del dos mil dieciocho (2018) emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, se aprecia en autos de la causa de mérito tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y del estudio realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien acu den a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso como el derecho a la defensa, incrimina al Ad Quem que este ha quebrantado los derechos expuestos, por no haber emitido una resolución obviando los argumentos impetrados en el tribunal de primera instancia, pero no se puede desconocer que el Tribunal de Alzada conoce mediante recurso de apelación o de segunda instancia es el Recurso de Queja y no otro recurso, por lo que se contrae a resolver a lo peticionado por el denunciado señor NATIVIDAD DE JESUS MEREZ MENOCAL teniendo como objeto el recurso de queja el reexamen del auto que deniegue, la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación tal como lo establece el artículo 730 del Código Procesal Civil; sin dejar a un lado que el debido proceso es el conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, que resuelve la inadmisión del reexamen del auto que deniega la interposición del Recurso de Queja, y de la misma se desprende que es conforme a la norma procesal vigente por consiguiente el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, por considerar que la resolución emitida por el Ad Quem es ajustada a derecho. Que, señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el derecho defensa como el derecho al debido proceso, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, a favor del señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUCIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018), que declaró inadmisible un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la denuncia por violencia patrimonial y psicológico promovida por la señora ADA EUNICE CASTILLO CACERES contra el señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica de La Ceiba, departamento Atlántida, la señora AIDA EUNICE CASTILLO CACERES, interponiendo denuncia por violencia doméstica en contra del señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL. (Folio 03 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), citado Juzgado, dictó Sentencia mediante la cual RESUELVE (sic): PRIMERO: Tener por presentado el Recurso de Apelación que antecede, agréguese a sus antecedentes. SEGUNDO: En consecuencia, inadmítase a trámite el Recurso de Apelación, presentado por la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, en su condición de apoderada legal del señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL, en virtud extemporáneo, tal como lo establece el artículo 20 de la Ley Contra la Violencia Domestica. (Folios 136 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de queja promovido por la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018), dictó sentencia mediante la cual: RESUELVE (sic): ”1.- Declarar INADMISIBLE el recurso de Queja interpuesto por la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES en su condición de Representante Legal del señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL, contra la RESOLUCION de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras Seccional (Violencia Domestica) de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Se ordena a la Secretaría del Despacho notificar al Recurrente de lo previsto por esta Corte…”. (Folio 04 de la segunda pieza de antecedentes) 4) Que la recurrente Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL, contra la sentencia, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018). 5) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo interpuesto por la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, a favor del señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUCIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018), que declaró inadmisible un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la denuncia por violencia patrimonial y psicológico promovida por la señora ADA EUNICE CASTILLO CACERES contra el señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Señala el impetrante en su recurso de amparo que la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUCIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho (8) de enero del año dos mil dieciocho (2018), le ha vulnerado las garantía constitucional del debido proceso como el derecho a la defensa, derechos invocados en la acción de amparo, así como otras normas constitucionales, en tal contexto se aprecia que la censor argumenta que su extenso amparo procedimientos procesales olvidando seguir la normativa jurídica que debe aplicar en base a la Ley sobre Justicia Constitucional, esto significa, en definitiva, que la culminación de la edificación del Estado de Derecho está en el establecimiento de un sistema de justicia constitucional, lo cual en el constitucionalismo moderno se traduce en el instrumento jurídico para el ejercicio del derecho ciudadano a la supremacía de la Constitución y al control judicial. Si la Constitución en emanación del pueblo, el primer y principal derecho de los ciudadanos es el derecho a su supremacía, de manera de asegurar que no sólo el pueblo sea el único que pueda modificarla, sino que cualquier violación de la Constitución pueda ser controlada judicialmente CONSIDERANDO (5): Por ende la amparista reclama la protección al derecho a la defensa y al principio al debido proceso, haciendo una exposición pobre sobre las infracciones a la norma constitucional que le han sido violentadas a los derechos fundamentales de su representado, del estudio del amparo interpuesto se deriva de su análisis exhaustivo esgrimiendo quien considera que se pretendió hace uso en el momento procesal oportuno, proponiendo las pruebas pertinentes y relacionada con objeto del litigio, pero él A Quo, al igual que el Ad Quem violentaron al denunciado en su derecho de petición rechazándole la mayor parte de la prueba documental, que desvirtuaba la denuncia de violencia patrimonial y doméstica de carácter psicológico, debido a que el órgano jurisdiccional sin razón ni motivo más que el favorecer a la denunciante señora ADA EUNICE CASTILLO CACERES, para que esta usara dicha sentencia condenatoria para obtener el divorcio, con todos los hijos y bienes habidos durante la relación conyugal. Esgrime entre su amplio amparo civil la infracción al debido proceso tanto del A Quo como del Tribunal Ad Quem, en el procedimiento de violencia doméstica enunciado en el artículo 90 Constitucional párrafo primero: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, misma que fue infringida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, al Inadmitir el Recurso de Queja, consecuentemente ratificar la sentencia condenatoria del denunciado-censor, cuando ya había dictado una sentencia de nulidad por la omisión del pronunciamiento sobre la violencia patrimonial, a sabiendas de que no tenia porque volver a interponer otro recurso de Queja, mucho menos otro recurso de apelación porque ya había interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación por el rechazo de la mayor parte de la prueba, hecho que no fue resuelto por el Ad Quem, solo declaró la nulidad de la sentencia (folios 119-120 de la pieza de sus antecedentes)para que se subsanara la omisión del pronunciamiento de la sentencia de 29 de agosto del 2017, quien debió devolver el expediente y pronunciarse sobre el rechazo de la prueba del denunciante que tenía relación con el objeto del pleito, pero en su defensa resuelve lo no pedido, alegando que no evacua la prueba, porque no se le ha solicitado sino que se apeló para que anulara o revocara la sentencia de fecha 21 de agosto del 2017 (F.122 al 124 de la pieza principal de sus antecedentes) por tener vicios de nulidad absoluta al rechazar la prueba pertinente del denunciado y no valorarla en su conjunto al emitir la viciada sentencia condenatoria, que ha causado graves perjuicios a su representado. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República establece expresamente: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”[1]. CONSIDERANDO (7): Que le es aplicable lo estipulado en el artículo 1346 del Código Civil: “Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”. Prologando en forma continua e ininterrumpida bajo las mismas condiciones que fueron pactadas entre las partes, por lo que hace determinar que la relación final entre las partes se enmarcó dentro de la misma figura jurídica de un cuasi contrato. CONSIDERANDO (8): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[2]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[3] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (9): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal. CONSIDERANDO (10): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (11): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional estima que la sentencia hoy recurrida de fecha ocho (8) de enero del dos mil dieciocho (2018) emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, se aprecia en autos de la causa de mérito tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y del estudio realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien acuden a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso como el derecho a la defensa, incrimina al Ad Quem que este ha quebrantado los derechos expuestos, por no haber emitido una resolución obviando los argumentos impetrados en el tribunal de primera instancia, pero no se puede desconocer que el Tribunal de Alzada conoce mediante recurso de apelación o de segunda instancia es el Recurso de Queja y no otro recurso, por lo que se contrae a resolver a lo peticionado por el denunciado señor NATIVIDAD DE JESUS MEREZ MENOCAL teniendo como objeto el recurso de queja el reexamen del auto que deniegue, la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación tal como lo establece el artículo 730 del Código Procesal Civil; sin dejar a un lado que el debido proceso es el conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todos los ciudadanos tienen derecho para obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete el derecho de las partes, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, que resuelve la inadmisión del reexamen del auto que deniega la interposición del Recurso de Queja, y de la misma se desprende que es conforme a la norma procesal vigente por consiguiente el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, por considerar que la resolución emitida por el Ad Quem es ajustada a derecho. Que, señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el derecho defensa como el derecho al debido proceso, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 12, 24 y 730 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesto por la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, a favor del señor NATIVIDAD DE JESUS MERAZ MENOCAL, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUCIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho (8) de enero de dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes septiembre del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0207-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 305 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 5 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 3 del Código Procesal Civil.