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Sentencia AC-195-18 — Registro 11201

Resumen

Sentencia declaró parcialmente recurso de apelación interpuesto por demandante en demanda de desahucio por incumplimiento de contrato de arrendamiento y expiración de plazo del mismo, pago de mensualidades adeudadas y servicios públicos promovida contra recurrente; en apelación se condenó a recurrente a desocupar el inmueble arrendado, a pagar rentas adeudadas y determinados servicios públicos; declaró sin lugar recurso de apelación de recurrente (demandada)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente sobreseer la presente garantía constitucional de amparo, con fundamento en el artículo 1 del artículo 46 de la Ley sobre justicia Constitucional. Se incurre en la causal contenida en la norma citada, cuando el censor alega violaciones de mera legalidad. Es decir, cuando se pretende un amparo prescindiendo del contenido del artículo 183 constitucional citado ut supra; utilizando dicha garantía constitucional como si fuera ésta una tercera instancia; o sea, alegando el mismo objeto del juicio o del debate, en lugar de establecer violaciones de derechos fundamentales contenidos en la Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos. La Sala de lo Constitucional ha dispuesto en este tipo de casos que el reconocimiento de esta causal de sobreseimiento, constituye un acto de respeto a la independencia de los jueces y tribunales, puesto que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, son el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios; y por eso, no son susceptibles de la garantía de amparo; a menos que, esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, por la infracción de derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República. También ha señalado, que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el órgano con jurisdicción ordinaria o de instancia..."..."En el caso bajo estudio, es notorio que el censor pretende que la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre la valoración probatoria a la que no está de acuerdo; o que se pronuncie sobre el fondo del asunto, dándole la razón sobre lo que ha alegado en la contestación de la demanda y el transcurso del proceso. En virtud de lo cual, corresponde dictar el correspondiente sobreseimiento..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, miércoles seis de febrero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZÚNIGA a favor de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL “LA FLORIDA” S. de R.L. de C.V., contra la resolución dictada en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete por el honorable JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda de desahucio promovida por la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU S. de R.L., contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL “LA FLORIDA” S. de R.L. de C.V. Estima el garantista que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, el abogado LEÓNIDAS JOSÉ PADILLA JIMÉNEZ, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU S. de R.L., interponiendo demanda de desahucio por incumplimiento de contrato de arrendamiento y expiración del plazo convenido para el arrendamiento. Se solicita el pago de mensualidades adeudadas hasta la completa desocupación del inmueble, más servicios públicos adeudados y los que se causen hasta la completa desocupación del inmueble, intereses y costas. (Folios 1–13 de la primera pieza de los antecedentes). 2. En fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el citado juzgado, dictó la sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO (1): DECLARA SIN LUGAR la demanda de DESAHUCIO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y EXPIRACIÓN DEL PLAZO CONVENIDO PARA EL ARRENDAMIENTO. SE SOLICITA EL PAGO DE MENSUALIDADES ADEUDADAS HASTA LA COMPLETA DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE, MÁS SERVICIOS PÚBLICOS ADEUDADOS Y LO QUE SE CAUSEN HASTA LA COMPLETA DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE, INTERESES Y COSTAS. SE SOLICITA SE HABILITEN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EFECTO DE CITACIÓN. SE ACOMPAÑAN MEDIOS DE PRUEBA. COMPLETA DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE. LANZAMIENTO. PODER. SE DELEGA PROCURACIÓN. Presentada en este juzgado en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), por el abogado LEÓNIDAS JOSÉ PADILLA JIMÉNEZ, quien delegó poder en el abogado DOUGLAS MOISÉS RAMÍREZ AVILEZ en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU, S de R. L., en contra del señor MAURICIO ALBERTO WAGUI MORALES en su condición de gerente general y representante legal de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L. de C.V. como parte demandada. SEGUNDO (2): ABSUELVE: A el señor MAURICIO ALBERTO WAGUI MORALES en su condición de gerente general y representante legal de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L. de C.V. como parte demandada de pagar sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU, S. de R.L. representada por el señor ESTIVEN GABRIEL SIMÓN YERRES gerente general como parte demandante la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DÓLARES ($39,000.00). Que corresponde a rentas del período comprendido marzo del año dos mil dieciséis (2016) a mayo del año dos mil diecisiete (2017) a un valor mensual de dos mil seiscientos dólares ($2,600.00). TERCERO (3): ABSUELVE: A el señor MAURICIO ALBERTO WAGUI MORALES en su condición de gerente general y representante legal de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L. de C.V. como parte demandada de pagar a sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU, S DE R.L representada por el señor ESTIVEN GABRIEL SIMÓN YERRES gerente general como parte demandante en los siguientes servicios: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L 1, 634.40) del Servicio Autónoma Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L ,1,965.05) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).Así como el impuesto sobre la renta del 15%. CUARTO (4): Contra esta resolución cabe el recurso de apelación, el cual deberá interponerse por escrito ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el día siguiente a la notificación de aquella. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo. Se resuelve hasta esta fecha por incapacidad médica de la suscrita juez y exceso de trabajo. SIN COSTAS.” (Folios 148–154 de la primera pieza de los antecedentes). 3. En fecha seis de junio del año dos mil diecisiete, el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZÚNIGA en su condición de apoderado de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL, LA FLORIDA, S. de R.L. de C.V. y en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, el abogado DOUGLAS MOISÉS RAMÍREZ AVILEZ en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU, S. de R.L., interpusieron ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, el recurso de apelación, el cual se remitió a la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarando con lugar parcialmente el recurso de apelación, interpuesto por el apoderado legal de la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU S. de R.L., contra de la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017). SEGUNDO: Se revoca parcialmente la sentencia recurrida. TERCERO: Se declara CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el abogado LEÓNIDAS JOSÉ PADILLA JIMÉNEZ en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU S. DE R.L. contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L.; en consecuencia, se declara la terminación del contrato y se otorga el desahucio. CUARTO: Se declara CON LUGAR el pago de rentas adeudadas como ser la de los meses de marzo de 2016 a febrero de 2017, por un valor mensual de DOS MIL SEISCIENTOS DÓLARES EXACTOS ($.2,600.00); para hacer un gran total de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES ($.31,200.00); así como las rentas devengadas durante el tiempo que ha durado la tramitación del proceso; a cuyas rentas deberá aplicársele el 12% de impuesto sobre ventas. QUINTO: Se declara CON LUGAR la pretensión de pago de servicios de energía eléctrica, únicamente del mes de abril de 2017, por un valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.1,769.63), así como el pago de los meses correspondientes al tiempo en que ha durado la tramitación del proceso, los que deberán liquidarse en la fase de ejecución. SEXTO: SE CONDENA a la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L., a desocupar el inmueble arrendado; y a pagar a la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU S. de R.L., la cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($.31,200.00), en concepto de rentas adeudadas de los meses de marzo de 2016 hasta febrero de 2017; así como el valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.1,769.63), en concepto de consumo de energía eléctrica del mes de abril de 2017; mas los valores por liquidar cuyos parámetros para tal fin han sido definidos en los ordinales que anteceden. SÉPTIMO: Se declara SIN LUGAR el pago de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps.1,634.40) que de servicio de agua potable reclama la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU S. de R.L.; en consecuencia se absuelve al a sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L., de la cantidad reclamada por ese concepto. OCTAVO: Se declara SIN LUGAR el pago de las deudas que por consumo público que por telefonía e internet se reclama, en consecuencia, se absuelve a la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L., de la cantidad reclamada por ese concepto. NOVENO: Se declara SIN LUGAR el recurso apelación interpuesto por la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA S. de R.L. DÉCIMO: En ambas instancias, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia se devuelva la primera pieza al juzgado de su procedencia con las certificaciones de estilo correspondiente para los efectos legales consiguientes.” (Folios 19–31 de la segunda pieza de los antecedentes). 4. En fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, compareció el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZÚNIGA, ante este alto tribunal de justicia, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA, S. de R.L. de C.V., contra la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado la garantía de mérito, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho. (Folios 1–3 y 61 de la presente garantía). ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los artículos 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. En la formalización de su garantía, el impetrante denuncia, que la corte de apelaciones ha conculcado en perjuicio de su poderdante, los derechos de defensa y debido proceso y el principio de legalidad. Además, expone, que lo ocurrido básicamente consiste, en que existió una relación contractual de arrendamiento entre su poderdante, sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA FLORIDA, S. de R.L. de C.V., de ahora en adelante “La Florida” y la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU, S. de R.L., de ahora en adelante “Corporación Tau”. Después de finalizar dicha relación contractual, un tercero, la sociedad mercantil COINCA, S.A. de C.V., de ahora en adelante “COINCA”, arrendó el inmueble propiedad de Corporación Tau, pagándole algunos meses de renta en forma directa a la Corporación Tau en su condición de arrendador. Con posterioridad COINCA, entró en mora y Corporación Tau pretendió revivir la relación contractual con La Florida, cobrándole a quien no le debe, ante los órganos jurisdiccionales. Reclama que, se violentan los derechos y principio invocados, porque la corte de apelaciones, “tomó como propios los alegatos infundados de la parte apelante como agravios para sustentar el fallo recurrido.” En ese sentido, rechaza los argumentos expuestos en los numerales quinto y sexto de la fundamentación de la sentencia de segunda instancia. Menciona, lo que estima cómo, “algunas irregularidades del título de propiedad”, que fue presentado por la parte contraria como medio de prueba. También hace referencia a que el ad quem, dispuso en forma equivocada, que el asunto de la propiedad del bien inmueble objeto de arrendamiento, no fue hecho controvertido, expresando sobre esto, que la parte contraria de manera astuta evitó debatir este extremo. En general, el amparista indica que lo que impugna en amparo, es en definitiva, lo que considera errores de valoración probatoria y argumentación de la sentencia. Expresando que extremos, estimó el ad quem en forma equivocada como acreditados, y cuáles no. Temas como: la titularidad de la propiedad del inmueble arrendado; la renovación del contrato de arrendamiento una vez finalizado su vigencia de tres meses; la relación contractual del arrendamiento; el cumplimiento de los términos dispuestos en el contrato; la falta de prueba sobre la mora en el pago; la falta de prueba sobre la solicitud o contrato de subarrendamiento; falta de prueba sobre la posesión y uso del inmueble. Expresa además que la sentencia que impugna, contiene vicios de forma y fondo, mencionando esto, en términos generales, e.g. la omisión del ponente y recursos que caben en su contra, la falta de congruencia con los antecedentes del caso, el establecimiento de extremos como probados cuando estos no son reales, la omisión de en sus fundamentos de derecho la “base legal fáctica para sustentar su fallo”, sin citar en la fundamentación, normas de la Ley de Inquilinato o Código Civil, conteniendo solamente las del Código Procesal Civil y tratados internacionales. En ese sentido señala que fueron violentados los artículos 1, 4, 23, 30 y 31 de la Ley de Inquilinato en consonancia con los artículos 1681, 1682, 1683, 1690, 1704, 1708, 1712 y 1716 del Código Civil. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. El agente de tribunales, abogada Yulibeth Garay Hernández al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito. La fiscal concluye que la corte de apelaciones en la sentencia que se impugna, señaló cada uno de los fundamentos que le sirvieron de base para establecer: Que la parte demandada no ha dejado de arrendar el bien inmueble, que se acreditó la relación jurídica entre las partes, el plazo pactado de tres meses contados a partir del uno de enero de dos mil quince, el precio del arrendamiento mensual fijado en dos mil seiscientos dólares, más el impuesto sobre venta que ordena la ley, el incumplimiento del contrato de arrendamiento, incurriendo en mora en el pago de las rentas de marzo de dos mil dieciséis a febrero de dos mil diecisiete, acumulando una deuda de treinta y un mil doscientos dólares, cantidad que fue demandada para su pago, además se acreditó la deuda por la cantidad de mil setecientos sesenta y nueve lempiras con sesenta y tres centavos, en concepto de gastos de energía eléctrica. La fiscal establece que, constan las firmas de los magistrados del tribunal de alzada que dictaron la sentencia; y, que, no estima violatoria la falta de indicación de los recursos dispuestos por la ley para su impugnación, en virtud de que dicha omisión, no afectó a la parte para ejercitar su derecho de acudir en amparo. La fiscal expresa, que, del contenido de la resolución dictada por la corte de apelaciones, se observa que, fueron señalados los fundamentos, consideraciones fácticas y jurídicas, habiendo motivación suficiente que satisfacen las formalidades que señala la ley para garantizar la efectividad del derecho, por lo que no aprecia violación alguna a las normas citadas de la Constitución de la República. El fiscal aprecia también, que en el presente caso la resolución recurrida en amparo, señala los fundamentos en las consideraciones fácticas y jurídicas, por lo que posee la suficiente motivación, para satisfacer los requisitos y formalidades del debido proceso. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente sobreseer la presente garantía constitucional de amparo, con fundamento en el artículo 1 del artículo 46 de la Ley sobre justicia Constitucional. Se incurre en la causal contenida en la norma citada, cuando el censor alega violaciones de mera legalidad. Es decir, cuando se pretende un amparo prescindiendo del contenido del artículo 183 constitucional citado ut supra; utilizando dicha garantía constitucional como si fuera ésta una tercera instancia; o sea, alegando el mismo objeto del juicio o del debate, en lugar de establecer violaciones de derechos fundamentales contenidos en la Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos. La Sala de lo Constitucional ha dispuesto en este tipo de casos que el reconocimiento de esta causal de sobreseimiento, constituye un acto de respeto a la independencia de los jueces y tribunales, puesto que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, son el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios; y por eso, no son susceptibles de la garantía de amparo; a menos que, esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, por la infracción de derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República. También ha señalado, que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el órgano con jurisdicción ordinaria o de instancia. La Sala de lo Constitucional tiene jurisprudencia antigua y consolidada al respecto, sólo a manera de ejemplo se citan las siguientes sentencias: AC—0148-2017 de fecha once de enero de dos mil dieciocho, AA-0207-2017 de fecha once de enero de dos mil dieciocho; AA-0820-2017 de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho; AC-0580-2017 de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete; AC-0336-2017 de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete; AL-0383-2017 de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete; AP-0189-2017 de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete; AC-0595-2016 de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete; AP-0186-2017 de fecha seis de abril de dos mil diecisiete; AL-1047-2017 de fecha ocho de enero de dos mil diecisiete; ACA-0784-2016 de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis; AC-0172-2014 de fecha cinco de mayo de dos mil catorce; AC-0283-2013 de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; AC-0183-2011 de fecha veinticinco de junio de dos mil trece; AC-0197-2011 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce; AA-0241-2012 de fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce; ACAC-1236-2009 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil once; AA-0499-2011 de fecha trece de septiembre de dos mil once; AA-0684-2009 de fecha uno de febrero de dos mil once; AA-1239-2009 de fecha once de octubre de dos mil diez; AC-0269-2010 de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez; AC-0394-2009 de fecha trece de marzo de dos mil nueve, AC-0244-2006 de fecha trece de enero de dos mil nueve; AC-0265-2008 de fecha seis de noviembre de dos mil ocho; AC-0244-2008 de fecha uno de agosto de dos mil ocho, entre otros. En el caso bajo estudio, es notorio que el censor pretende que la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre la valoración probatoria a la que no está de acuerdo; o que se pronuncie sobre el fondo del asunto, dándole la razón sobre lo que ha alegado en la contestación de la demanda y el transcurso del proceso. En virtud de lo cual, corresponde dictar el correspondiente sobreseimiento. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 41, 46 No.1, y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZÚNIGA a favor de la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL “LA FLORIDA” S. de R.L. de C.V., contra la resolución dictada en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete por el honorable JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda de desahucio promovida por la sociedad mercantil CORPORACIÓN TAU S. de R.L., contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA INDUSTRIAL “LA FLORIDA” S. de R.L.de C.V. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0195=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”