Sentencia AC-133-17 — Registro 17772
Resumen
Con relación a la demanda vía Proceso Abreviado de pretensión posesoria promovida contra recurrente para la restitución del goce legítimo de una servidumbre de transito argumentando impetrante que la misma es violatoria de la garantía sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso, considerando la Sala Constitucional que sentencia se encuentra dictada a derecho, aplicando la ley al caso concreto, específicamente el Código Civil que regula las Servidumbres y la ley adjetiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(10): Que de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia se ciñó a lo establecido en la Ley, al declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocar la sentencia emitida por el A-quo en fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, ello porque se observa que la sentencia se encuentra dictada a derecho, aplicando la ley al caso concreto, específicamente el Código Civil que regula las Servidumbres y la ley adjetiva, lo que se aleja de ser una sentencia que concede pretensiones que no han sido solicitadas por las partes, como arguye la recurrente; aunado a ello la recurrente indica que no pueden ganarse por prescripción las servidumbres inaparentes o discontinuas y por consiguiente no puede haber acción posesoria a tenor de lo dispuesto en el artículo 896 del Código Civil, situación está que no fue objeto de debate en el juicio, pues en ningún momento se objetó en relación si la servidumbre de tránsito que venían gozando los demandantes era o no una servidumbre discontinua.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, la recurrente lo relaciona y trae a colación lo establecido en los artículos 799, 801 segundo párrafo y 896 del Código Civil, relacionándolo con el derecho a la propiedad contenido en el artículo 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por la recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la propiedad también invocado por la recurrente, toda vez que se ha dictado sentencia, en el marco de lo preceptuado en la ley, respetando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. CONSIDERANDO (14): Que para finalizar esta Sala de lo Constitucional estima que la recurrente fue escuchada en sus pretensiones, tanto en primera como en segunda instancia, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales"
Legislación citada
- Código Civil, art. 896 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Martha Elisabeth Hernández Tróchez a favor de la señora Maria Rubenia Ponce Calix, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Karen Yolany Zelaya Lagos, en su condición de Apoderada Legal de la parte demandante, contra la Sentencia Definitiva de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, departamento de El Paraíso, con relación a la demanda vía Proceso Abreviado de pretensión posesoria promovida por los señores Yolanda Engracia, Nery Juvenal y Gonzalo Amado todos de apellidos Carías Laínez contra la señora Maria Rubenia Ponce Calix. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada la garantía sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso, contenidos en los artículos 90 párrafo primero, 103 y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha dieciocho de octubre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, departamento de El Paraíso, los señores Yolanda Engracia, Nery Juvenal y Gonzalo Amado todos de apellidos Carías Laínez, promoviendo demanda vía proceso abreviado de pretensión posesoria, contra la señora Maria Rubenia Ponce Calix. (Folios del 1 al 5 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, departamento de El Paraíso, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: (Sic)”1.-Declarar SIN LUGAR la demanda VÍA PROCESO ABREVIADO DE PRETENSIÓN POSESORIA, promovida por los señores YOLANDA ENGRACIA CARIAS, NERY JUVENAL CARIAS Y GONZALO AMADO CARIAS LAINEZ, en contra de la señora MARIA RUBENIA PONCE CALIX. 2.-Exonera de toda Responsabilidad Civil a la señora MARIA RUBENIA PONCE CALIX. 3.-SIN COSTAS…” (Folios del 162 al 169 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, la Abogada Karen Yolany Zelaya Lagos, actuando en su condición de Apoderada Legal de los demandantes, interpuso recurso de apelación contra la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior. (Folios del 170 al 173 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dando respuesta al Recurso de Apelación promovido, dictó sentencia en fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis mediante la cual resolvió: (Sic) “1) CON LUGAR EL RECURSO de Apelación interpuesto por la Abogada KAREN YOLANY ZELAYA LAGOS; 2) REVOCAR LA SENTENCIA fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Yuscarán, departamento de El Paraíso; 3) CON LUGAR LA DEMANDA DE PRETENSION POSESORIA PARA LA RESTITUCION DEL GOCE LEGÍTIMO DE UNA SERVIDUMBRE DE TRANSITO; 4) CONDENA A LA SEÑORA MARIA RUBENIA PONCE CALIX a retirar las cercas que impiden el paso a la parte demandante; 5) CONDENA A LA PARTE DEMANDANTE, a pagar el derecho de SERVIDUMBRE DE TRANSITO a la Parte Demandada, previa valoración del área afectada; 6) SIN CONDENA EN COSTAS…” (Folios del 7 al 15 de la pieza de antecedentes de segunda instancia) 5) Que la Abogada Martha Elisabeth Hernández Tróchez, compareció ante este Alto Tribunal en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo Recurso de Amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de la garantía sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso, contenidos en los artículos 90 párrafo primero, 103 y 106 de la Constitución de la República. 6) Que mediante providencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito; no obstante a ello, esta Sala apreció que del escrito de interposición del recurso, la peticionaria desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, siendo procedente continuar con el procedimiento de la Acción de Amparo, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folios 1, 2 y 62 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el Dictamen del Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, concluyendo se sobresea la acción de amparo. El Fiscal del Despacho en el dictamen emitido realiza la apreciación jurídica de los hechos en los términos siguientes: “1. Que al revisar los antecedentes se puede apreciar, que la Sala Constitucional mediante auto de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017), dispuso que previo a la admisión del recurso de amparo presentado se le concediera a la quejosa el plazo de tres (3) días hábiles a efecto de corregir su demanda, en el sentido de que indicara con claridad el acto reclamado en amparo, haciendo expresión detallada de los hechos objeto del mismo; así como los recursos agotados y la fecha de la notificación de dichos recursos para efectos de determinar aspectos pertinentes de la admisibilidad de la presente acción, auto del cual se notificó de manera personal la recurrente tal como consta a folio veintiocho (28) vuelto de la tercera pieza…. 4. Que de los antecedentes se puede apreciar, que la amparista contra la resolución o acto impugnado que hoy se recurre a través de la vía del amparo, no ejercitó dentro de los términos legales los recursos o acciones que tenía a su alcance para la subsanación del acto reclamado, es decir, el respectivo recurso de Reposición lo que de acuerdo al artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, vuelve inadmisible la presente acción de amparo por haberse consentido el acto. Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que en atención al artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional SE SOBRESEA la presente acción de amparo.” (Folios del 65 al 69 y 70 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de Agosto del año dos mil dieciséis, que declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Karen Yolany Zelaya Lagos, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yucarán, departamento de El Paraíso, en fecha veintitrés de Mayo del año dos mil dieciséis, que declara Sin Lugar la Demanda Vía Proceso Abreviado de Pretensión Posesoria, promovida por los señores YOLANDA ENGRACIA, NERY JUVENAL y GONZALO AMADO, todos de apellidos CARIAS LAINEZ, en contra de la señora MARIA RUBENIA PONCE CALIX. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta la garantía sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido proceso instituidas en el artículo 103 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, ello dice la recurrente, porque la sentencia dictada por la Corte tercera de Apelaciones de Francisco Moranza, produce efectos en el dominio de la propiedad sobre el bien inmueble, que lesiona la propiedad privada y el debido proceso al pronunciarse en una clara violación de las garantías constitucionales de su representada, al no haberse observado con la certeza debida los elementos probatorios y la aplicación de la ley en la causa. CONSIDERANDO (4): Que continuando con sus alegaciones, la impetrante relaciona preceptos del Código Civil específicamente los artículos 799[2], 801[3] y 896[4]; sostiene que de la lectura de los preceptos señalados, se colige sin dificultad la violación a nuestra normativa jurídica y por ende los derechos y garantías constitucionales consagrados en nuestra Constitución y la clara violación a la supremacía de las leyes en la sentencia recurrida. Aduce la recurrente que al declarar con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en una Demanda de Pretensión Posesoria para la restitución del goce legítimo de una servidumbre de tránsito, se vulnera la supremacía de las leyes, al no considerar que una Servidumbre de Tránsito no puede ser objeto de una Acción Posesoria. Es por esa razón, considera la impetrante, el tribunal de alzada en su análisis jurídico y razonada su fundamentación jurídica debió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Asimismo, concluye la recurrente la Corte de Apelaciones emitió una resolución Extra Petita, pues la petición de los demandantes desde un inicio y así se hizo ver en el juicio es la de una pretensión Posesoria por Prescripción.CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”; artículo 106 “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa, pero el pago correspondiente se hará, a más tardar, (2) dos años después de concluido el estado de emergencia”. CONSIDERANDO (6): Que nuestra Carta Magna, en el artículo 103, reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley; como lo ha referido antes esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, los derechos no son absolutos y el derecho a la propiedad se puede ver limitado por las causas que la misma Constitución establece, siempre y cuando se encuentren desarrollados en una ley. El Código Civil en el Título X desarrolla lo relativo a las Servidumbres y en concepto de éstas, el artículo 799 establece que la Servidumbre predial, o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño; en ese orden de ideas el artículo 826 de la normativa legal supra señalada dispone: “Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio.”. CONSIDERANDO (7): Que en relación al derecho a la propiedad privada el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5] preceptúa: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; en esa misma línea el numeral 1 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.”; al respecto y específicamente en lo establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Alejandra Gonzales señala que el derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana no es absoluto, el primer inciso parece tener en cuenta, -cree la autora-, las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias al uso y goce de la propiedad impuestas por el Estado; Gonzales señala asimismo que la Corte Interamericana ha establecido que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el artículo 21 de la Convención si tal restricción responde “a los intereses de la sociedad”, sostiene que para la Corte, los conceptos de “orden público” o el “bien común”, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. CONSIDERANDO (8): Que la impetrante en la exposición de sus argumentos, sostiene que el tribunal recurrido actúo en forma Extra Petita, en relación a la pretensión de la parte demandante, pues ésta desde un inicio solicitó una pretensión Posesoria por Prescripción y se le concedió en la sentencia recurrida una Pretensión Posesoria de una Servidumbre de Tránsito. En ese orden de ideas se considera Ultra Petita: el fallo en que un juez o tribunal concede a la parte más de lo por ella pedido; como la propiedad en lugar de la posesión, o los intereses sobre el reclamado capital tan sólo. CONSIDERANDO (9): Que, de la foliada de los antecedentes, se observa que la petición de la parte demandante, la fundamentó en el artículo 601 numeral 2 del Código Procesal Civil, siendo su pretensión el derecho al acceso al interior de la heredad de su propiedad –demandantes-, acceso que arguyen ha existido siempre, libre de cualquier obstáculo y durante mas de treinta y tres años. El fundamento de derecho que invocan es el mismo en el que se fundamenta la Corte recurrida a efecto de conceder el recurso de Apelación promovido por la parte demandante y es precisamente el establecido en el numeral 2 del precepto 601 del Código Procesal Civil, que desarrolla lo relativo a las pretensiones posesorias a través del proceso abreviado, que a la letra señala: “Las que pretendan la tutela de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute….” –Lo subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (10): Que de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia se ciñó a lo establecido en la Ley, al declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocar la sentencia emitida por el A-quo en fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, ello porque se observa que la sentencia se encuentra dictada a derecho, aplicando la ley al caso concreto, específicamente el Código Civil que regula las Servidumbres y la ley adjetiva, lo que se aleja de ser una sentencia que concede pretensiones que no han sido solicitadas por las partes, como arguye la recurrente; aunado a ello la recurrente indica que no pueden ganarse por prescripción las servidumbres inaparentes o discontinuas y por consiguiente no puede haber acción posesoria a tenor de lo dispuesto en el artículo 896 del Código Civil, situación está que no fue objeto de debate en el juicio, pues en ningún momento se objetó en relación si la servidumbre de tránsito que venían gozando los demandantes era o no una servidumbre discontinua.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, la recurrente lo relaciona y trae a colación lo establecido en los artículos 799, 801 segundo párrafo y 896 del Código Civil, relacionándolo con el derecho a la propiedad contenido en el artículo 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por la recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la propiedad también invocado por la recurrente, toda vez que se ha dictado sentencia, en el marco de lo preceptuado en la ley, respetando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. CONSIDERANDO (14): Que para finalizar esta Sala de lo Constitucional estima que la recurrente fue escuchada en sus pretensiones, tanto en primera como en segunda instancia, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 103, 106, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 799, 826 y 827 del Código Civil; 3, 200, 206, 207, 208, 400, 601.2 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada MARTHA ELISABETH HERNANDEZ TROCHEZ, a favor de la señora MARIA RUBENIA PONCE CALIX, contra la sentencia de fecha QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-133-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.
[3] Servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante; y servidumbre discontinua, la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo, y supone un hecho actual del hombre, como la servidumbre de tránsito.
[4] Sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria.
[5] Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.