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Sentencia AC-132-18 — Registro 10110

Resumen

Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución que denegó solicitud de intervención voluntaria de recurrente para que se le tuviera como parte demandada en la demanda ordinaria de pago de cantidades dinerarias debidas en concepto de uso y habitación de un bien inmueble; el juzgado recurrido estimó que la decisión de fondo no afectaría a dicha solicitante y en la solicitud no concurren requisitos legales; se otorgó acción de amparo tomando en cuenta que recurrente ha sido dueña de una parte o derecho sobre bien inmueble junto con demandadas y el negar que ostenta interés directo y legítimo violentaría derechos constitucionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”La decisión jurisdiccional y unánime de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en que hubo violación de los derechos de defensa y de ser oída con la decisión de primera instancia tomada en la audiencia preliminar, en la que se denegó la solicitud de intervención voluntaria e integración a la litis, peticionada por la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo. La señora Lilian Marlene Perdomo Castillo se presentó solicitando la intervención voluntaria por considerar que tiene un interés legítimo y directo en la decisión que se tome en la demanda ordinaria para el pago de de cantidades dinerarias debidas en concepto de uso y habitación de un bien inmueble, entablada por los señores Juan Carlos Maloff Ramos y Ricardo Nicolás Maloff Ramos en contra de la señora Gloria Colombina Perdomo Castillo. Por su parte el juzgado consideró que la decisión de fondo no afectaría en modo alguno a la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo en su condición de solicitante de intervención voluntaria; además de considerar que no concurrían los requisitos que para ello establece el artículo 77 del Código Procesal Civil…”…”Para la corte de apelaciones, es procedente amparar a la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo porque los demandantes Maloff Ramos reclaman una cantidad de dinero en concepto de renta de uso y habitación, sobre un bien inmueble del cual ha sido dueña de una parte o derecho la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo junto con los demandantes, por tanto negarle ostenta un interés directo y legítimo en el proceso violentaría los derechos constitucionales ya mencionados…”...”Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, arriba a la conclusión de que procede confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En adición a lo expuesto por la honorable corte de apelaciones, la Sala estima que efectivamente la resolución del juez a quo es violatoria de los derechos constitucionales de defensa, debido proceso legal y a ser oído en juicio, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución, como también al derecho a la tutela judicial efectiva, que se establece como aquél al cual tiene derecho toda persona para acudir ante juez competente, predeterminado por la ley, objetivo, imparcial e independiente a efecto de que en sentencia definitiva debidamente motivada y de conformidad con el ordenamiento jurídico, se le de respuesta a su reclamo o petición de derechos o intereses legítimos. En el caso de mérito es innegable que el poderdante de la impetrante de amparo tiene un interés legítimo y directo en el asunto entablado que involucra un inmueble que comparte con otros comuneros, así sea colitigar con la parte expresamente demandada. La Sala observa que el legislador en el caso del artículo 77 del Código Procesal Civil no instituye como requisito para hacer el reclamo que le reconozca como interviniente en el proceso, el ostentar un derecho subjetivo, sino que para ello considera suficiente el tener un interés, el cual debe reunir los requisitos de directo y legítimo. Expresado lo anterior, lo que se pretende es subrayar que si la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo, ostenta lo más, es decir derechos subjetivos que le provee el ser copropietaria del inmueble mencionado en el proceso, con más razón ha de reconocérsele que tiene un interés legítimo y directo. El interés legítimo es una institución procesal que faculta a personas que sin encontrarse dentro de la relación o vínculo que produce el proceso o juicio, las resultas de éste le afectan en su persona o sus bienes. Sin embargo, para entender bien esto se debe diferenciar del interés simple o mero interés, el cual no es más una afectación de tipo abstracto, o sea que no le afecta de manera real, cierta o efectiva, sino que de manera eventual e incierta. El interés que además exige la norma procesal citada debe ser directo, de manera que el beneficio o perjuicio derivado de las resultas del asunto o juicio, debe afectarle a él en particular, de manera que el resultado le beneficie o le afecte de algún modo. ..”…” para la Sala de lo Constitucional procede confirmar la decisión tomada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia dictada en fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, por la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual se otorgó la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA a favor de la señora LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO y en contra del auto dictado en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, por el honorable JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. En relación con la demanda ordinaria para el pago de de cantidades dinerarias debidas en concepto de uso y habitación de un bien inmueble, entablada por los señores JUAN CARLOS MALOFF RAMOS Y RICARDO NICOLÁS MALOFF Ramos en contra de la señora GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO. Manifestando el amparista que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, la abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA, compareció ante la CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la Señora LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO, contra la resolución de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 2. Efectuado el trámite que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la referida corte falló en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho de la siguiente manera: “FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA a favor de la señora LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO contra el auto dictado de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el expediente identificado bajo el número 4597-16, debiendo el Juez de Primera Instancia admitir la solicitud de intervención sin retrotraer las actuaciones, considerar al interviniente como parte del proceso y permitirle las alegaciones necesarias para su defensa tal y como lo establece el artículo 77 del Código Procesal Civil, es decir respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes..-” ….” (Folio 25 y 26 del antecedente) 3. En fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, este alto tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía constitucional de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés mediante la cual otorga la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en que hubo violación de los derechos de defensa y de ser oída con la decisión de primera instancia tomada en la audiencia preliminar, en la que se denegó la solicitud de intervención voluntaria e integración a la litis, peticionada por la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo. La señora Lilian Marlene Perdomo Castillo se presentó solicitando la intervención voluntaria por considerar que tiene un interés legítimo y directo en la decisión que se tome en la demanda ordinaria para el pago de de cantidades dinerarias debidas en concepto de uso y habitación de un bien inmueble, entablada por los señores Juan Carlos Maloff Ramos y Ricardo Nicolás Maloff Ramos en contra de la señora Gloria Colombina Perdomo Castillo. Por su parte el juzgado consideró que la decisión de fondo no afectaría en modo alguno a la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo en su condición de solicitante de intervención voluntaria; además de considerar que no concurrían los requisitos que para ello establece el artículo 77 del Código Procesal Civil. Dicha norma contempla la figura de la intervención voluntaria, disponiendo que mientras se encuentre pendiente un proceso, se pueda admitir como demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en la decisión de fondo que se pueda adoptar. Para la corte de apelaciones, es procedente amparar a la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo porque los demandantes Maloff Ramos reclaman una cantidad de dinero en concepto de renta de uso y habitación, sobre un bien inmueble del cual ha sido dueña de una parte o derecho la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo junto con los demandantes, por tanto negarle ostenta un interés directo y legítimo en el proceso violentaría los derechos constitucionales ya mencionados. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se ha impugnado por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis por el honorable Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Cortés. El a quo en el informe remitido a la corte de apelaciones dentro del proceso de la presente garantía de amparo, relata entre otros extremos, que la solicitud de intervención voluntaria solicitada por la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo, traía como propósito a que se le tuviera como parte demandada. Al respecto el apoderado de la parte demandante manifestó que no podía serlo en primer lugar porque el momento para provocar la intervención voluntaria tuvo que haber sido en el término de los treinta días siguientes para la contestación de la demanda, aunado a que la demanda tiene como origen el uso de habitación de la cual únicamente goza la demandada señora Gloria Colombina Perdomo Castillo. El juez estimó que la decisión de fondo a recaer no afectaría en modo alguno a la solicitante de la intervención voluntaria y que no concurrían los requisitos para estimarla. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, la abogada Siria Heexz Rubí Lucila Castro, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se considere admisible la presente garantía de amparo. Con relación a dicho dictamen se debe de aclarar que la opinión del Ministerio Público no debe darse en relación con la admisibilidad de la garantía de amparo, sino a su otorgamiento. El momento procesal de la admisión es posterior al momento de la formalización para que el fiscal se pronuncie sobre la procedencia material del mismo, por tanto, no supone un retroceso en el tiempo y entrar nuevamente al examen de requisitos formales. En este sentido, la Sala hace la presente aclaración con el fin de que la fiscal enmiende su proceder y rinda un dictamen más acorde con el sentido del artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos expuestos por la impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. La censora en su escrito de formalización señala que el amparo se dirige en contra de la resolución dictada por el a quo en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, explicando para ello que su poderdante es condueña de una propiedad inmueble que se encuentra indivisa entre cuatro personas. Asimismo, agrega que los otros tres condueños son actuales poseedores del inmueble, siendo su poderdante la única que no goza de la posesión del bien raíz. Aclarado esto, explica también que dos de los poseedores reclaman de la otra poseedora el pago de una renta mensual de poco más de diez mil lempiras; razón por la cual manifiesta que con base en el artículo 77 del Código Procesal Civil solicitó en la audiencia preliminar del proceso civil integrar el proceso a título de interviniente voluntario, debido a que tiene interés legítimo en el asunto. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada por el juez de primera instancia, razón por la cual acude en amparo alegando que tiene derecho a ser oída y a ejercitar su derecho de defensa, dado que la resolución le perjudica. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, arriba a la conclusión de que procede confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. En adición a lo expuesto por la honorable corte de apelaciones, la Sala estima que efectivamente la resolución del juez a quo es violatoria de los derechos constitucionales de defensa, debido proceso legal y a ser oído en juicio, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución, como también al derecho a la tutela judicial efectiva, que se establece como aquél al cual tiene derecho toda persona para acudir ante juez competente, predeterminado por la ley, objetivo, imparcial e independiente a efecto de que en sentencia definitiva debidamente motivada y de conformidad con el ordenamiento jurídico, se le de respuesta a su reclamo o petición de derechos o intereses legítimos. En el caso de mérito es innegable que el poderdante de la impetrante de amparo tiene un interés legítimo y directo en el asunto entablado que involucra un inmueble que comparte con otros comuneros, así sea colitigar con la parte expresamente demandada. La Sala observa que el legislador en el caso del artículo 77 del Código Procesal Civil no instituye como requisito para hacer el reclamo que le reconozca como interviniente en el proceso, el ostentar un derecho subjetivo, sino que para ello considera suficiente el tener un interés, el cual debe reunir los requisitos de directo y legítimo. Expresado lo anterior, lo que se pretende es subrayar que si la señora Lilian Marlene Perdomo Castillo, ostenta lo más, es decir derechos subjetivos que le provee el ser copropietaria del inmueble mencionado en el proceso, con más razón ha de reconocérsele que tiene un interés legítimo y directo. El interés legítimo es una institución procesal que faculta a personas que sin encontrarse dentro de la relación o vínculo que produce el proceso o juicio, las resultas de éste le afectan en su persona o sus bienes. Sin embargo, para entender bien esto se debe diferenciar del interés simple o mero interés, el cual no es más una afectación de tipo abstracto, o sea que no le afecta de manera real, cierta o efectiva, sino que de manera eventual e incierta. El interés que además exige la norma procesal citada debe ser directo, de manera que el beneficio o perjuicio derivado de las resultas del asunto o juicio, debe afectarle a él en particular, de manera que el resultado le beneficie o le afecte de algún modo. Ahora bien, para el caso sub iudice resulta esclarecedor lo afirmado por la honorable Corte Suprema de Justicia actuando por medio de la Sala de lo Civil, quien dictó por unanimidad la Sentencia No. CC-322-2018-S de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho. La sentencia en sus numerales 3 y 4 de la parte de fundamentación expresa lo siguiente: “[…] 3. De conformidad con el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y el artículo 64.1 del mismo Código dispone que son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto de litigio, sea ínter vivos o mortis causa, así pues, la legitimación activa la ostenta quien es titular de derechos o intereses jurídicos cuya lesión le hace acudir ante el órgano jurisdiccional como actor o demandante a invocar a su favor una consecuencia jurídica derivada de un supuesto fáctico que recoge una norma jurídica determinada. 4. Partiendo del contenido del artículo 1.1 antes citado, la legitimación activa la ostentan no sólo quienes afirman ser titulares de un derecho sino también el que afirma tener un interés legítimo, así ha de entenderse cuando se habla de titularidad de relación jurídica u objeto de litigio, de ahí la importancia de distinguir entre la titularidad del derecho subjetivo sobre un bien jurídico y el denominado interés legítimo; en ese orden de ideas el derecho subjetivo sobre un bien jurídico comprende un conjunto de facultades que otorga el ordenamiento jurídico sobre determinado bien de manera tal que cuando esas facultades del titular se ven afectadas, tal perturbación legitima al titular para obtener el amparo de los órganos jurisdiccionales, y en el caso del interés legítimo como interés derivado directa o indirectamente de una norma jurídica, si bien no ha de entenderse como una suerte de acción popular que pueda ser ejercida por cualquier sujeto, si requiere que el mismo sea en realidad un interés en sentido propio, cualificado y específico[1]. […]” Tomando en cuenta todo lo anteriormente expresado, para la Sala de lo Constitucional procede confirmar la decisión tomada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés, mediante la cual dispuso: OTORGAR la garantía constitucional de amparo interpuesta y formalizada por la abogada AURA ARGENTINA PAZ GUERRA a favor de la señora LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO y en contra del auto dictado en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, por el honorable JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0132=18.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Referencia a la jurisprudencia española de José Garberi LLobregat, en Derecho Procesal Civil. Procesos Declarativos y procesos de ejecución. 2ª edición. Bosch.. 2012 p. 159.