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Sentencia AC-058-18 — Registro 9092

Resumen

En consulta sentencia que otorgó recurso de amparo contra actuaciones de juzgado de primera instancia que declaró sin lugar recurso de insconstitucionalidad por vía de excepción interpuesto por denunciado en denuncia de violencia doméstica en su contra

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta sala al hacer un estudio exhaustivo de la sentencia venida en consulta considera que la misma acertadamente reconoce que el control de constitucionalidad es de conocimiento exclusivo de esta sala de lo Constitucional ya que así lo dispone el artículo 185 de la Carta Magna y se desarrolla en la ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 74, al indicar que es una facultad originaria y exclusiva de dicha sala..."..."En el caso de que se interponga la inconstitucionalidad por vía de excepción, se elevaran las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, siguiéndose el proceso hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual, se suspenderá el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad, lo que no sucedió en el caso que no ocupa, pues tal y como muy bien lo señala la Corte de Apelaciones el Juez debió abstenerse del conocimiento del juicio y elevarlo a la Sala de lo Constitucional para que emitiera la resolución correspondiente..."..."el artículo 86 de la Ley sobre Justicia Constitucional ya nos señala el castigo a imponer al peticionario en caso de ser inadmisible o improcedente el recurso de inconstitucionalidad, en la cual señala que el incidentista será responsable por el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado con motivo de la suspensión del procedimiento principal, en tal sentido el Juez A-quo debió haber suspendido el proceso y haber elevado las actuaciones a esta Sala Constitucional para que la misma decidiera y si se consideraba de la resolución del mismo que el mismo solo había sido interpuesto para dilatar el proceso ya la misma ley establece la sanción a imponer al incidentista que de mala fe haya actuado para dilatar el proceso..."..."del conocimiento exclusivo de la sala de lo constitucional como intérprete último y definitivo de la constitución de la República en los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y conforme a los artículos 18, 313 numeral 5 y 316 de la constitución de la república, del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la misma Carta Magna, en tal sentido con lo antes indicado compete única y exclusivamente a la sala de lo constitucional conocer del recurso de inconstitucionalidad y pronunciarse de la admisión o inadmisión del mismo y de su procedencia o improcedencia , por tal razón al declarar sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el auto de fecha 22 de septiembre del 2017 la juez a-quo violentó el debido proceso por tanto es procedente la confirmatoria del amparo venido en consulta..."..."esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en consulta y de la argumentación de la corte de apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, que sirvió de base para otorgar la garantía constitucional de amparo, ya que el tribunal de alzada decidió otorgar dicha garantía, por considerar que las actuaciones del A-Quo han contravenido, disminuido y tergiversado los derechos reconocidos por la Constitución de la República de Honduras en contra del amparista..."..."esta sala considera que dicha resolución se encuentra apegada a derecho por considerar que no se siguió el procedimiento correspondiente para el recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción tal como lo manda el articulo 82 al 86 de la ley sobre Justicia constitucional. En consecuencia, procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha 13 de diciembre del 2017 mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones Civil se San Pedro Sula resolvió otorgar la acción de amparo que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero año dos mil diecinueve.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la abogada ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, contra el auto de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia de Violencia Doméstica, promovida por la señora LILIAM LORENA FUNES, contra el señor CONRADO ZAVALA TEJADA.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82, 90 y 185 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1)Que en fecha siete (7) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, Interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor CONRADO ZAVALA TEJADA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Especial Contra la Violencia Doméstica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).-2) Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), en la cual: FALLA: OTORGAR el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, a favor del señor CONRADO ZAVALA TEJADA, contra las actuaciones del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de fecha 22 de septiembre de 2017, visto a folio 63 de la primera pieza para que el Juzgado dicte resolución conforme a Derecho y de acuerdo a lo peticionado de la forma prevista por la Ley, Copán el fin de que se restituyan los derechos y garantías de la Constitución de la República que fueron violentados…(Folio 30 al 32 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual viene en consulta de la garantía constitucional de Amparo otorgada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, tiene su origen según acción de amparo interpuesta en fecha 07 de noviembre del 2017, en la cual la abogada ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, en representación del señor CONRADO ZAVALA TEJADA, contra el auto de fecha 22 de septiembre del 2017, dictado por el Juzgado de Letras especial contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por considerar la amparista que se ha violentado la garantía constitucional del debido proceso al no resolver conforme a la ley la interposición del recurso de Inconstitucionalidad, que vía de excepción se ha planteado en el proceso de Violencia Domestica que se ventila ante el citado órgano inferior según el expediente 0501-2017-01147 LCD.- CONSIDERANDO (3): Considera la recurrente que en la resolución contra la cual se reclama la ACCION DE AMPARO, la cual fue proferida por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica de San Pedro Sula, por haberse dictado en forma arbitraria la sentencia, dado que le fue interpuesto el Recurso de Inconstitucionalidad por vía de excepción y en desafío a la ley NO elevo la actuaciones a la Honorable Corte Suprema de Justicia y en ningún momento se abstuvo de seguir conociendo del proceso hasta el momento de la citación para la sentencia, en espera de la resolución sobre el recurso de Inconstitucionalidad por la sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, tal y como lo dispone el articulo 185 numeral 2 y párrafo final de la Constitución de la República, en relación directa con el articulo 77 numeral 2 y párrafo final de la ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (4): Manifiesta la amparista que resulta aun mas grave el hecho de que el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica, no solo violento el Procedimiento Constitucional establecido en la Carta Magna y en la Ley de Justicia Constitucional; si no que también sin poseer competencia, resolvió el recurso, tal como se aprecia de la simple lectura del citado auto, párrafo dispositivo numeral 2) que se lee:“en cuanto a lo solicitado por la apoderada legal de la parte denunciada Abogada Ela Patricia Ramos en relación al recurso de Inconstitucionalidad de la ley; este juzgado resuelve: declarar sin lugar el recurso…”.-CONSIDERANDO (5): considera la Amparista que con la sentencia impugnada se le han violentado los preceptos constitucionales relativos al debido proceso consignado en el artículo 90 de La Constitución de la República ya que claramente establece que “…nadie puede ser juzgado si no por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”.-Considera que las actuaciones del Juzgado de Letras Especial Co0ntra la Violencia Domestica, constituyen una flagrante violación al DERECHO INDIVIDUAL DEL DEBIDO PROCESO.-CONSIDERANDO (6): El amparista señala las violaciones y explica las razones en las que se fundamenta estableciendo:Porque la Juez, que instruye el proceso judicial, no suspendió la cuestión principal y no elevo las actuaciones a la Honorable Corte Suprema de Justicia a fin de seguir el procedimiento hasta el Momento de Citación para la sentencia.-Por no ser el juzgado de Letras Especial Contra la Violencia Domestica el competente para declarar la admisión o no admisión de la Excepción de Inconstitucionalidad, pues es atribución privativa de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- Por no ostentar, el Juzgado de Letras Especial Contra la Violencia Domestica, atribuciones para declarar SIN LUGAR el RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD planteado, pues aquella es competencia y exclusivamente A LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por mandato supremo emanado de la Carta Magna y la ley aplicable.-CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones de lo Civil, de San Pedro Sula, Cortes en fecha 13 de diciembre del año 2017 falla: otorgando el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada ELA PATRICIA RAMOS BUSTILO a favor del señor CONRADO ZAVALA TEJADA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Especial de Violencia Domestica de fecha 22 de septiembre del 2017, para que el juzgado dicte la resolución conforme a derecho y de acuerdo a lo peticionado de la forma prevista por la ley, con el fin de que se restituyan los derechos y garantías de la Constitución de la República que fueron violentados.-CONSIDERANDO (8): que esta sala al hacer un estudio exhaustivo de la sentencia venida en consulta considera que la misma acertadamente reconoce que el control de constitucionalidad es de conocimiento exclusivo de esta sala de lo Constitucional ya que así lo dispone el artículo 185 de la Carta Magna y se desarrolla en la ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 74, al indicar que es una facultad originaria y exclusiva de dicha sala, los artículos 77 numerales 2, 78 y 82 al 86 de la pre citada ley nos enseñan que toda persona que se considere lesionada en su interés directo, personal y legitimo puede interponer la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación por la vía de excepción, el momento para intentar la acción es en cualquier tiempo posterior a la vigencia de la ley y en cualquier estado de el proceso, antes de la citación para sentencia, así como los requisitos de la solicitud y el procedimiento a seguir. En el caso de que se interponga la inconstitucionalidad por vía de excepción, se elevaran las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, siguiéndose el proceso hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual, se suspenderá el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad, lo que no sucedió en el caso que no ocupa, pues tal y como muy bien lo señala la Corte de Apelaciones el Juez debió abstenerse del conocimiento del juicio y elevarlo a la Sala de lo Constitucional para que emitiera la resolución correspondiente.-CONSIDERANDO (9): Es preciso señalar que el artículo 86 de la Ley sobre Justicia Constitucional ya nos señala el castigo a imponer al peticionario en caso de ser inadmisible o improcedente el recurso de inconstitucionalidad, en la cual señala que el incidentista será responsable por el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado con motivo de la suspensión del procedimiento principal, en tal sentido el Juez A-quo debió haber suspendido el proceso y haber elevado las actuaciones a esta Sala Constitucional para que la misma decidiera y si se consideraba de la resolución del mismo que el mismo solo había sido interpuesto para dilatar el proceso ya la misma ley establece la sanción a imponer al incidentista que de mala fe haya actuado para dilatar el proceso.-CONSIDERANDO (10): ya lo manda el artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional del conocimiento exclusivo de la sala de lo constitucional como intérprete último y definitivo de la constitución de la República en los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y conforme a los artículos 18, 313 numeral 5 y 316 de la constitución de la república, del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la misma Carta Magna, en tal sentido con lo antes indicado compete única y exclusivamente a la sala de lo constitucional conocer del recurso de inconstitucionalidad y pronunciarse de la admisión o inadmisión del mismo y de su procedencia o improcedencia , por tal razón al declarar sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el auto de fecha 22 de septiembre del 2017 la juez a-quo violentó el debido proceso por tanto es procedente la confirmatoria del amparo venido en consulta.-CONSIDERANDO (11):Que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en consulta y de la argumentación de la corte de apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, que sirvió de base para otorgar la garantía constitucional de amparo, ya que el tribunal de alzada decidió otorgar dicha garantía, por considerar que las actuaciones del A-Quo han contravenido, disminuido y tergiversado los derechos reconocidos por la Constitución de la República de Honduras en contra del amparista.-Dicho lo anterior esta sala considera que dicha resolución se encuentra apegada a derecho por considerar que no se siguió el procedimiento correspondiente para el recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción tal como lo manda el articulo 82 al 86 de la ley sobre Justicia constitucional. En consecuencia, procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha 13 de diciembre del 2017 mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones Civil se San Pedro Sula resolvió otorgar la acción de amparo que se ha hecho mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68, 69, 82 al 86 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de la honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes que: OTORGA la garantía de amparo presentada por la abogada ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, contra el auto de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Doméstica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia de Violencia Doméstica, promovida por la señora LILIAM LORENA FUNES, contra el señor CONRADO ZAVALA TEJADA Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes marzo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve(2019) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0058-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”