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Sentencia AC-034-17 — Registro 11198

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de nulidad contra Laudo Arbitral dictado por Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa que declaró con lugar excepción de prescripción de la acción presentada por demandada y declaró sin lugar la demanda por encontrarse prescrita la acción, en relación a demanda arbitral para el pago promovida por recurrente contra sociedad mercantil; en apelación se consideró que recurrente no sustentó concretamente los numerales de las causales que dan lugar a la nulidad en consecuencia declaró sin lugar dicho recurso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del Estudio de los antecedentes, del fallo recurrido y el Laudo Arbitral en estudio, apreciada la pretensión del recurrente, es evidente que ciertamente no ha invocado ninguna de las causas que podrían derivar en la Nulidad de dicho Laudo Arbitral, haciendo caso omiso a las causales contenidas en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Por otra parte, del estudio del Laudo Arbitral se concluye que el fallo es conforme a derecho, esto es, aplicando el derecho positivo que corresponder al caso concreto, siguiendo el procedimiento previamente establecido en la ley, dictaron su fallo sobre los aspectos controvertidos, previo análisis del acervo probatorio interesado y evacuado por las partes. En cuanto a la resolución dictada por la Corte de Apelaciones impugnada, se pronunció sobre los aspectos que conforme la ley debe hacerlo, es decir el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley y a las que estaban sujetos los Árbitros al momento de conocer la controversia y dictar el Laudo Arbitral, pues le está vedado dictar una resolución del fondo del asunto, que voluntariamente fue cedido por las partes al conocimiento de los Árbitros. Señalando que no es válida la sustentación del recurrente, de manera razonada, motivada y fundamentada en derecho. Por todo ello esta Sala no encuentra en el quehacer jurisdiccional del Ad quem haya quebrantado los derechos del recurrente, ya que resulta vidente que éste es conforme a derecho..."..."de acuerdo al estudio de la resolución impugnada ésta Sala encuentra que el Ad quem ha dictado una resolución conforme a derecho, tal como lo expone de manera razonada y motiva de manera suficiente no existe vulneración de derechos fundamentales invocados por el impetrante, toda vez, que el fallo Laudo Arbitral del que se pide nulidad por las causales 6 y 7 del artículo 74, no son de recibo. Por lo que deben desestimarse..."..."en el caso de autos el Ad quem ha respetado tanto el Debido Proceso como el Derecho de Defensa, que la resolución contra la que se reclama no este acorde con la pretensión del recurrente, no significa que haya sido dictada fuera de los mandatos de la ley. En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto no se aprecia vulneración al derecho de defensa, debido proceso y la garantía de legalidad..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de febrero del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA a favor de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA), contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, que declaro sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral dictado por el CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, con relación a la demanda promovida por la DIRECCION Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) contra la Sociedad Mercantil MAPFRE/SEGUROS HONDURAS S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de abril del año dos mil quince, compareció ante el Tribunal de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, actuando en su condición de apoderado legal de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA), demanda arbitral para el pago, promovida contra la Sociedad Mercantil MAPFRE/SEGUROS HONDURAS S.A. (Folios 01 al 38 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha diecisiete de noviembre del año dos mil quince, el Tribunal de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, dicto laudo arbitral FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la excepción de prescripción de la acción presentada en la contestación de la demanda por la sociedad mercantil denominada MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. antes ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL en contra de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG). II) Declárese SIN LUGAR la demanda presentada por la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) contra la sociedad mercantil denominada MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. antes ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL por encontrarse prescrita la acción. III.) SIN COSTAS, por considerar que la parte demandante DIRECCION DE CIENCIA Y TENCNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG), tuvo motivos racionales para litigar respecto al derecho que le asistía, en el sentido que la prescripción solo puede ser declarada por Tribunal de Justicia o Tribunal Arbitral competente. (Folios 126 al 135 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de nulidad promovido por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, dicto sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD del que se ha hecho merito; promovido por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA en su condición de Representante Procesal de la “DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)”, en contra del laudo de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil quince (2015).- CON COSTAS.(Folios 36 al 40 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de enero del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de enero del año dos mil dieciocho. 5) Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión QUE SE DENIEGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis que declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo dictado por el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil quince, con relación a la demanda promovida por la DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) contra la sociedad mercantil MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., CONSIDERANDO (4): Que el impetrante al formalizar el recurso, expone en el párrafo de la relación de hechos que motivan la acción de amparo, que en fecha 3 de julio del 2009 la Aseguradora Hondureña LA MUNDIAL mediante Póliza No. 1-42346, se constituyó como fiadora de la señora TRINIDAD VASQUEZ y como beneficiaria su representada la DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA), con un valor afianzado de L. 100.000.00 por daños patrimoniales que pudiera sufrir en el desempeño de sus labores dicha señora, cuya vigencia fue desde el 01 de julio de 2009, hasta el 01 de julio del 2010. Manifiesta que en fecha 18 de febrero del 2010 en representación de DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA), presentó a la aseguradora Hondureña Mundial formal solicitud para que pagara el valor del faltante, por hechos que habían acontecido que generó pérdida de materiales que estaban bajo la responsabilidad de la afianzada, produciéndose desde entonces un cruce de notas y reclamos pero la Aseguradora, solo fue respuestas evasivas, la que al final, en nota de fecha 10 de abril del 2012 la ahora Aseguradora “MAPFRE/HONDURAS”, por medio del señor FREDY GOMEZ en su condición de Gerente de Fianzas de MAPFRE SEGUROS, dio respuesta expresando el motivo por el cual esa compañía de seguros se abstenía de tramitar la referida solicitud, nota que se aprecia a folio 11 de la diligencias. Ante la negativa referida el recurrente manifiesta que interpuso Demanda de pago en contra de “MAPFRE/HONDURAS”, ya que a ese tiempo había adquirido los activos de la Aseguradora Hondureña MUNDIAL, en lo que se reclama el pago de L. 100.000.00 valor de lo afianzado, más los intereses y costas, señala que al constatar la demanda la parte demandada aceptó el hecho primero pero rechazó los demás, adicionalmente interpuso excepción de prescripción de la acción, alegando que a la fecha del reclamo para ejecutar la fianza fue en fecha 18 de febrero de 2010 y la fecha de presentación de la demanda fue en fecha 18 de febrero del 2015, pudiendo observarse que entre una y otra fecha habían transcurrido más de tres años conforme lo establecido en el artículo 1312 del código de Comercio por lo que la acción ya había prescrito. Además, expresa el demandado además que el artículo 1692 del citado código enumera las causas que interrumpen la prescripción de las acciones y que no concurre ninguno de los casos para que se haya interrumpido dicha prescripción. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente al momento de contestar la excepción interpuesta por la parte demandada, invoca el artículo 1312 del Código de Comercio que dice:“Las acciones derivadas del contrato de fianza mercantil, prescriben en tres años”, diciendo el recurrente que no resulta ser cierto que ese término ya había concluido, ya que en fecha 18 de febrero del 2010 se presentó la solicitud de pago del valor de la fianza, en contra de la Aseguradora Hondureña Mundial, habiendo un intercambio de notas durante ese tiempo entre dicha empresa y DICTA, en la que se exigió que por lo menos la Aseguradora diera una respuesta sobre el reclamo y fue hasta el 10 de abril del 2012 que la Aseguradora Hondureña Mapfre/Honduras, por medio del señor FREDY GOMEZ, en su condición de Gerente de Fianzas de MAPFRE SEGUROS, dio respuesta expresando el motivo por el cual esa compañía de seguros se abstenía de tramitar la referida solicitud (F. 11 de las Diligencias). Por todo ello el impetrante considera que se ha quebrantado el derecho de defensa contenido en el artículo 82, el Debido proceso contenido en el artículo 90, y la garantía de legalidad contenida en el artículo 321 todos de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que el demandado en el momento oportuno invocó el artículo 1692 del Código de Comercio, que dice: “La prescripción se interrumpirá: inciso I y II, expresando que el I no tiene relación con el hecho. El II se refiere a la interpelación judicial etc. pero resulta que estamos frente a un ]Centro de Conciliación y Arbitraje, cláusula de sometimiento que la misma aseguradora reclamada, de maneras unilateral incluyó en el contrato de fianza como consta en el numeral NOVENO, de la referida fianza, el que de manera expresa se somete a dirimir cualquier controversia, entre estás, el cumplimiento de la obligación que es lo que se reclama, por ende la jurisdicción es diferente a la judicial que regula la norma invocada, en cuanto al numeral III el apoderado demandado lo copia parcialmente, pero omite deliberadamente copiar parte que dice: “Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones desde el día en que se haga”; etc. Que no obstante en el primer párrafo del citado numeral de dicho artículo, se refiere al reconocimiento expreso o tácito del derecho de la persona contra quien e prescribe, el segundo párrafo es claro cuando habla en caso de reconocimiento de las obligaciones que es precisamente lo que aconteció en la respuesta que dio MAPFRE SEGUROS, en fecha 10 abril de 2012 como la última actuación administrativa, empezando de allí a correr la prescripción. CONSIDERANDO (7): Que el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, emitió LAUDO ARBITRAL en fecha 17 de noviembre del 2015, en su considerando cuatro (04) se establece que en fecha 28 de mayo del 2015 se celebró la Audiencia de Conciliación sin que las partes se hayan puesto de acuerdo, por lo que se continuo con el trámite correspondiente. En fecha 8 de septiembre del mismo año en la audiencia de Competencia celebrada por el Tribunal Arbitral, luego de juramentada la Secretaria que corresponde se resolvió la competencia del Tribunal sin que las partes presentaran recurso alguno, dejando establecidos como hechos admitidos a) La suscripción del Contrato de Fianza Mercantil No. 1-42346 de fecha tres de julio del año dos mil nueve en el que MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., antes ASEGURADORA MUNDIAL se constituye como fiador de la señora Trinidad Vásquez, siendo beneficiaria la DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA); b) Presentación del reclamo de pago de Fianza Mercantil No. 1-42346, el día 18 de febrero del 2010 por parte de la DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) contra la sociedad MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., antes ASEGURADORA MUNDIAL. Establece como hechos en controversia sobre los que recae el Laudo ahora impugnado los siguientes: a) Resolver la excepción de prescripción de la acción derivada del Contrato de Fianza Mercantil No. 1-42346; b) Determinar la procedencia o no del reclamo de la cantidad derivada de la Fianza Mercantil No. 1-42346; c) En caso de ser procedente el reclamo de la Fianza, determinar la cuantía del adeudo. CONSIDERANDO (8): Que las partes en conflicto, en la audiencia de fecha 17 de septiembre propusieron y evacuaron sus respectivos medios de prueba, presentaron sus alegatos y conclusiones. Después de todo lo cual el Tribunal Arbitral procede analizar los hechos en controversia, exponiendo que mediante las pruebas aportadas en tiempo y forma por las partes se acreditó la prescripción de la obligación exigida por la parte demandante DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) contra la sociedad MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., considerando el Tribunal: (SIC) “1.- Que el derecho inicial para pedir el cumplimiento de la obligación es el día dieciocho de febrero del año dos mil diez, que fue cuando se recibió la solicitud formal de pago de la obligación que nace del contrato de fianza. 2.- Que el Código de Comercio es la ley aplicable al presente caso por las siguientes consideraciones: a) La parte demanda; b) es un acto de comercio la explotación de la empresa mercantil; c) La fianza es un contrato típico en el Código de Comercio; d) Será mercantil el contrato de fianza que se constituya por empresas que practiquen profesionalmente esta operación y la otorgada por establecimientos bancarios; e) Cuando los actos fueren mercantiles para alguna de las partes se regirán por el precitado código. 3.- Que de conformidad al Artículo 1312 del Código de Comercio, el Contrato de Fianza mercantil tiene una prescripción especial, que es de tres (3) años; 4.- Que el Artículo 1684 del Código de Comercio establece que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción, cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado; 5.-Que de los motivos de interrupción enunciados en el artículo 1692 del Código de Comercio no se encuentra en el expediente presentación alguna de demanda judicial o arbitral a excepción de la que dio origen a ésta litis y que en la nota de fecha diez de abril del dos mil diez tampoco existe un reconocimiento expreso o tácito del derecho por parte de la demandada, apreciando que solo existe una comunicación en la que se expresa que no se puede tramitar la solicitud de pago por no cumplir los requerimientos necesarios”. En cuanto a: Determinar la procedencia o no del reclamo de la cantidad derivada de la Fianza Mercantil No. 1-42346 y en caso de ser procedente el reclamo de la Fianza, determinar la cuantía del adeudo, el “Tribunal considera que declara la obligación prescrita y por la naturaleza jurídica de la prescripción, dejan de ser hechos controvertidos la procedencia o no de una obligación y consecuentemente la cuantificación de la misma, siendo innecesario pronunciarse sobre los mismos, por no existir obligación, siendo excluyente en caso de ser efectivo el hecho Controvertido primero de los otros dos hechos en controversia”. En consecuencia FALLÓ declarando con lugar la Excepción de prescripción de la acción presentada en la contestación de la demanda por la sociedad mercantil denominada MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., antes ASEGURADORA MUNDIAL, en contra de la DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA), dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG).II Declara sin lugar la demanda presentada por la DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA), dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG), contra la sociedad mercantil denominada MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., ASEGURADORA MUNDIAL. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente no conforme con la decisión arbitral comparece ante la Corte de Apelaciones de lo Civil del esta Sección Judicial interponiendo recurso de nulidad contra el referido Laudo Arbitral. El Tribunal de alzada en sus fundamentos de Derechos, para resolver el recurso, invoca el artículo 73 de la Ley de conciliación y Arbitraje disponiendo lo siguiente Recurso de Nulidad, contra el Laudo Arbitral solo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete días siguientes a la notificación del mismo o de la providencia por medio de la cual se aclara, corrige o se complementa, el recurso deberá interponerse por escrito ante el Tribunal arbitral, quien deberá remitirlo inmediatamente al órgano de alzada competente y solo procederá por las causales que de manera taxativa se establecen en la presente ley. Su trámite corresponderá a la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción del lugar donde se dictó el laudo”… Refiriéndose al recurso de nulidad planteado, expone el Ad quem que las causales que señala la ley se encuentran contenidas en el artículo 74 de las Ley de Conciliación y Arbitraje; en ese sentido, debe inferirse que todo recurrente le corresponde acreditar en su recurso de forma clara, precisa y contundente de que el laudo Arbitral, cuya nulidad se solicita , se ha dictado por parte del Tribunal Arbitral infringiendo cualquiera de las causales que dan lugar a la nulidad de cualquier laudo arbitral, deja establecido además que el recurrente en su escrito se limita hacer una amplia exposición de los antecedentes de hecho de su demanda y a indicar, sin sustentarlos de manera concreta los numerales en donde constan algunas de las causales que dan lugar a la procedencia o no del recurso de Nulidad invocado, o que se promueva contra cualquier Laudo Arbitral”.En consecuencia el Ad quem declaró sin lugar el Recurso de Nulidad planteado por el ahora recurrente. CONSIDERANDO (10): Que “la acción de nulidad de Laudos Arbitrales es un medio de impugnación característico y específico del juicio arbitral, existente en la generalidad de legislaciones y constituyendo una figura sui generis fundamentalmente distintas de las impugnaciones del proceso ordinario y sin parangón con las utilizadas contra las sentencias de los jueces. Tal acción de nulidad provoca un juicio de control a posteriori sobre la existencia de los presupuestos y de los caracteres funcionales y formales que la ley exige para la eficacia y validez de los procedimientos y de las decisiones arbítrales[1]”.Se “otorga al órgano jurisdiccional la facultad de controlar a posteriori las actuaciones de los árbitros, respecto de la regularidad procesal de la causa. La anulación de Laudos Arbítrales es concebida como un control por la potestad jurisdiccional civil del órgano jurisdiccional de la actuación de los árbitros in procedendo[2]. En la acción de nulidad el objeto lo fija el recurrente exponiendo las causales taxativamente contenidas en la ley, por la que considera el laudo Arbitral debe ser anulado; por lo que a través de la acción de nulidad, el órgano jurisdiccional conocedor de la misma no tiene competencia para conocer el aspecto sustancial del Laudo Arbitral, es decir no puede revisar el acervo probatorio, si hubo o no errores de hecho o de derecho, pues no se trata de examinar la cuestión de fondo, sino el aspecto formal, a través de las causales invocadas que como ya dijo, están previstas en la ley. Es por ello que el órgano jurisdiccional solo podrá pronunciarse acerca del cumplimiento de las formalidades esenciales y el sometimiento de los Árbitros según los límites de lo convenido. Y esto es así, Según el acuerdo de voluntades de los litigantes quienes “renunciaron expresamente a someter sus divergencias a la jurisdicción civil ordinaria y lo atribuyeron a la arbitral a la que deben atenerse, debiendo pasar por sus decisiones, salvo que el laudo pueda declarase nulo por alguna de las causas señaladas en la ley…[3] CONSIDERANDO (11): Que, del Estudio de los antecedentes, del fallo recurrido y el Laudo Arbitral en estudio, apreciada la pretensión del recurrente, es evidente que ciertamente no ha invocado ninguna de las causas que podrían derivar en la Nulidad de dicho Laudo Arbitral, haciendo caso omiso a las causales contenidas en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Por otra parte, del estudio del Laudo Arbitral se concluye que el fallo es conforme a derecho, esto es, aplicando el derecho positivo que corresponder al caso concreto, siguiendo el procedimiento previamente establecido en la ley, dictaron su fallo sobre los aspectos controvertidos, previo análisis del acervo probatorio interesado y evacuado por las partes. En cuanto a la resolución dictada por la Corte de Apelaciones impugnada, se pronunció sobre los aspectos que conforme la ley debe hacerlo, es decir el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley y a las que estaban sujetos los Árbitros al momento de conocer la controversia y dictar el Laudo Arbitral, pues le está vedado dictar una resolución del fondo del asunto, que voluntariamente fue cedido por las partes al conocimiento de los Árbitros. Señalando que no es válida la sustentación del recurrente, de manera razonada, motivada y fundamentada en derecho. Por todo ello esta Sala no encuentra en el quehacer jurisdiccional del Ad quem haya quebrantado los derechos del recurrente, ya que resulta vidente que éste es conforme a derecho. CONSIDERANDO (12): Que el recurrente invoca como vulnerados el Derecho al debido Proceso, entendido el Debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Todo ello en aplicación a la ley previamente establecida y que debe aplicarse al caso concreto, materializando de esta manera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso y a la tutela judicial efectiva. Por todo ello, de acuerdo al estudio de la resolución impugnada ésta Sala encuentra que el Ad quem ha dictado una resolución conforme a derecho, tal como lo expone de manera razonada y motiva de manera suficiente no existe vulneración de derechos fundamentales invocados por el impetrante, toda vez, que el fallo Laudo Arbitral del que se pide nulidad por las causales 6 y 7 del artículo 74, no son de recibo. Por lo que deben desestimarse. CONSIDERANDO (13): Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículos: Articulo 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su Artículo 14.1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el derecho de defensa se encuentra ligado al debido proceso, y tal como ocurre en el caso de autos el Ad quem ha respetado tanto el Debido Proceso como el Derecho de Defensa, que la resolución contra la que se reclama no este acorde con la pretensión del recurrente, no significa que haya sido dictada fuera de los mandatos de la ley. En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto no se aprecia vulneración al derecho de defensa, debido proceso y la garantía de legalidad. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, a favor de la Sociedad Mercantil DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA),contra la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0034-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo VII, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1.965, p. 87.

[2] Lorca Navarrete Antonio María y Silguero Estagnan Joaquín. Obra citada, p. 503.

[3] Cadena Andrade Javier. La Nulidad de Laudos Árbitrales., cita la Sentencia citada por Antonio María Lorca Navarrete y Joaquín Silguero Estagnan. Obra citada, p. 499.