Sentencia AA-984-16 — Registro 17764
Resumen
con relación a la Demanda para la Nulidad de un Acto Administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, promovida contra recurrente ,argumentando éste defensas previas de inadmisibilidad de la demanda, cuando se hubiese presentado la misma, fuera de los plazos establecidos en la ley, pues éste solo tenia quince días para interponer su demanda, habiendo transcurrido mas de tres meses a criterio de recurrente considerando la Sala Constitucional debe dictar una nueva resolución con acopio a lo dejado plasmado en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, en respeto a las formalidades procesales establecidas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, específicamente el procedimiento a seguir en las acciones relativas en materia personal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación a las Defensa Previas promovida por la parte demandada, alegando que existe una causal de inadmisibilidad de la demanda, contenida en el Artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, consistente en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos.”; en la Demanda para la Nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, promovida por el señor LESTER IVAN TREJO OLIVA contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Defensas Previas que fue declarada con lugar por el A-quo, revocando esta decisión el Tribunal Ad-quem, bajo el criterio de: (Sic) “En el caso que nos ocupa, no consta que el demandante haya manifestado expresamente a la Administración tal situación (notificación defectuosa) y tampoco consta que éste haya interpuesto el recurso procedente.- Es por eso que no es válida la postura del Juez A-Quo, pues el hecho que el demandante se de por enterado o notificado de un acto administrativo en determinada fecha, no implica su reconocimiento y aceptación; la notificación defectuosa no se alega en función de la fecha de notificación del acto, sino de los requisitos que debe contener esta notificación, que no son otros que los establecidos en el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, provocando esta denuncia de la notificación defectuosa en los términos que lo hizo el demandante, en la suspensión del plazo establecido en la ley para interponer la demanda contenciosa administrativa en materia de personal….”[1] CONSIDERANDO (9): Que de la foliada de los antecedentes, se deprende que en fecha 29 de Agosto del año 2014, se le comunico al Ingeniero Lester Iván Trejo, por medio de la Jefe de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral, Lic. Margen Omelda Díaz Soto, la resolución tomada por el Pleno de Magistrados, en fecha 12 de agosto de 2014, punto IV, numeral uno (01), Acta No. 018-2014/2015, su cancelación del cargo de Sub Jefe de Administración, siendo efectiva dicha cancelación a partir del primero (01) de septiembre del año dos mil catorce. Asimismo se observa que el señor Trejo Oliva, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil catorce (2014), promoviendo Demanda para la Nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, alegando notificación defectuosa, al estimar que la notificación del acto administrativo impugnado, no llena los requisitos establecidos en el Artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo. (Folios del 1 al 5 y 10 de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO (10): Que el Título Cuarto, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, contiene lo relativo al procedimiento en la primera o única instancia; en el Capítulo Cuarto, del relacionado Capítulo de la ley adjetiva se desarrollan los procedimientos Especiales, conteniendo la Sección Segunda el procedimiento a seguir en las acciones en materia de personal. El Artículo 108 textualmente establece: “Las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, se sujetarán a lo que se establece en esta Sección.” CONSIDERANDO (11): Que de la foliada de los antecedentes de primera instancia, se determina que se recurre ante la vía contencioso-administrativa, la cancelación de la relación laboral del ciudadano Lesther Ivan Trejo Oliva con el Tribunal Supremo Electoral, siendo aplicable a la acción entablada por el ciudadano Trejo oliva, lo dispuesto en Título Cuarto, Sección Segunda de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que refiere a las acciones relacionadas con la separación de servidores públicos; en ese orden de ideas el Artículo 111 de la normativa legal supra relacionada establece: “Será aplicable a este procedimiento el artículo 105 de la Sección anterior.”, la Sección anterior hace referencia al procedimiento especial en materia Tributaria Impositiva indicando el artículo 105 que los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de prueba y para formular conclusiones, quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento. CONSIDERANDO (12): Que siendo de cumplimiento imperativo los plazos establecidos en la ley, aplicables al caso concreto, el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo indica que la demanda deberá presentarse dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles; siguiendo lo establecido en el procedimiento especial de las acciones en materia personal, el plazo para promover la acción ante el órgano jurisdiccional se reduciría a la mitad, quedando el mismo en quince (15) días hábiles. Aunado a ello es aplicable en estos procedimientos especiales lo establecido en el artículo 110 de la ley contencioso-administrativo, indicando que las acciones contra estos actos se interpondrán sin recurso previo de reposición. CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que siendo evidente la inobservancia de las formalidades procesales establecidas en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al dejar de aplicar lo dispuesto en la Sección Segunda, del Capítulo Cuarto del Título Cuarto, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, relativo al procedimiento especial en materia personal , se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente –Artículo 3 del Código Procesal Civil-, ello en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, al aplicarse en forma supletoria las disposiciones de la ley procesal civil, garantizando el debido proceso contenido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán-, debe dictar una nueva resolución con acopio a lo dejado plasmado en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, en respeto a las formalidades procesales establecidas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, específicamente el procedimiento a seguir en las acciones relativas en materia personal. CONSIDERANDO (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 110 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ a favor del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por el Abogado Samuel Florentino Salgado, en su condición de Representante Procesal del señor LESTHER IVAN TREJO OLIVA, contra el Auto Resolutivo de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil quince (2015), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la Pieza Separada de Defensas Previas, con relación a la Demanda para la Nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, promovida por el señor LESTER IVAN TREJO OLIVA contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, a través de de su Representante Legal el Presidente del mismo David Andrés Matamoros Batson. Estimando el recurrente que con la resolución dictada se le han violentado los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor LESTHER IVAN TREJO OLIVA, promoviendo Demanda para la Nulidad de un Acto Administrativo, el Reconocimiento de una situación Jurídica Individualizada y para su restablecimiento se ordene el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta que se cumpla con la reinstalación solicitada, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, a través de su Representante Legal el Presidente del mismo David Andrés Matamoros Batson. (Folios del 1 al 5 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, el Abogado Oscar Doñas Chávez, en su condición de Apoderado Legal del TSE, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, alegando defensas previas argumentando haberse presentado la demanda fuera del plazo respectivo; en consecuencia en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR las Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista en cuanto a la causal de que “LA DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DE LOS PLAZOS RESPECTIVOS” señalado en el literal d) del artículo 80 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, SEGUNDO: En consecuencia se declara la inadmisibilidad de la presente acción y se ordena el archivo de la misma. TERCERO: Contra el presente auto resolutivo se podrá interponer el recurso de apelación ante este juzgado dentro del término de diez días hábiles siguiente al de la notificación….” (Folios del 17 al 20fv de la pieza separada de Defensas Previas, de primera instancia). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, actuando en su condición Representante Procesal del señor LESTHER IVAN TREJO OLIVA, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de Representante Procesal del Señor LESTHER IVAN TREJO OLIVA.- SEGUNDO: REVOCAR el Auto Resolutivo de fecha siete (07) de diciembre de dos mil quince (2015), emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece a folio número diecisiete frente (17 f.) a folio numero veinte vuelto (20 v.) de la pieza separada de defensas previas, en consecuencia DESESTIMAR la defensa previa alegada por la parte demandada, en cuanto a la causa de que LA DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DE LOS PLAZOS RESPECTIVOS….” (Folios del 09 al 12fv de la pieza de antecedentes de segunda instancia). 4) El recurrente el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la Republica. 5) Que en Auto de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar en el recurso de mérito y rechazó por se extemporánea la formalización presentada; asimismo conforme se desprende del escrito de interposición del recurso, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, la Sala dispuso continuar con el procedimiento de la acción de amparo, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folios 36 y 37 de los autos) 6) Que en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional, tuvo por evacuada la vista concedida al Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS y por emitido en tiempo y forma su dictamen, actuando en su condición de Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, siendo de la opinión que SE OTORGUE la acción de Amparo, por existir vulneración del derecho al Debido Proceso invocado por el Amparista como transgredido. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió el recurso de Apelación interpuesto por la parte Incidentada, contra la sentencia interlocutoria de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, con relación a la Defensas Previas alegadas por la parte demandada-incidentista de inadmisibilidad de la demanda, cuando se hubiese presentado la misma, fuera de los plazos respectivos. CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, ha manifestado que SE OTORGUE la acción de amparo promovida, en virtud que a su criterio existe vulneración al derecho al Debido Proceso invocado por el amparista; sostiene el Fiscal del Ministerio Público, que: (Sic) “… no podemos determinar la notificación como defectuosa, ya que la referida comunicación cuenta con la información requerida por nuestra legislación, pues alude a la autoridad que la emitió, las facultades, la terminación de la relación; debemos añadir que no se debe señalar los recursos que contra ella proceden, ni los órganos administrativos que deban resolverlo, ya que el articulo 110 de la Ley de lo Contencioso Administrativo determina que no se requiere de recursos contra dicha decisión de la administración, considerando que es un procedimiento especial en materia de personal que se sujetan a lo que establece dicha sección….” (Folios del 40 al 43 de la pieza de Amparo). CONSIDERANDO (5): Que el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, interponiendo Recurso de Amparo, a favor del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, exponiendo que la sentencia recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de junio del año 2016, viola los derechos constitucionales debido proceso, consignados en los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República que definen en su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; el artículo 90 párrafo primero señala: “Nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; el artículo 304 establece: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado….”; y el artículo 321 determina: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”. CONSIDERANDO (6): Que en la exposición de sus argumentos el recurrente sostiene que en fecha 22 de octubre del año 2016, se formalizaron las Defensas Previas tomando como causa de inadmisibilidad de la demanda lo expuesto en los artículos 51 literal d) y 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en vista que la demanda le había expirado el plazo para presentarla ante los tribunales, es decir transcurrieron desde la terminación laboral del demandante 29 de agosto del 2014 a la presentación de la demanda, 8 de diciembre del 2014, tres meses con ocho días (3 meses, 8 días); aduce el impetrante que el demandante presentó la demanda fuera de los plazos establecidos en la ley, pues éste solo tenia quince días para interponer su demanda, habiendo transcurrido mas de tres meses, esto por un lado y por otro, los casos en materia de personal se impugnan directamente ante la jurisdicción contencioso administrativo, sin previo recurso, tal como lo indica el Artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, concluyendo que en el caso de mérito no se dan los presupuestos de la notificación defectuosa. CONSIDERANDO (7): Que continuando con sus argumentos, el pedidor de amparo, sostiene que al señor Lesther Ivan Trejo Oliva, se le entregó oficio el 29 de agosto del 2014, el cual consta en el expediente personal administrativo que se presentó en el juzgado; por ello la resolución de la Corte de lo Contencioso Administrativo violó las normas del debido proceso, según el artículo 3 del Código Procesal Civil, pues las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación y que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. La Corte de lo Contencioso hizo todo lo contrario de dicha norma, pues nada tiene que ver una supuesta notificación defectuosa si así fuese el reclamo administrativo que no existió, con el término que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fija de 15 días para presentar la demanda, a lo alegado por el abogado de la parte demandante. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación a las Defensa Previas promovida por la parte demandada, alegando que existe una causal de inadmisibilidad de la demanda, contenida en el Artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, consistente en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos.”; en la Demanda para la Nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, promovida por el señor LESTER IVAN TREJO OLIVA contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Defensas Previas que fue declarada con lugar por el A-quo, revocando esta decisión el Tribunal Ad-quem, bajo el criterio de: (Sic) “En el caso que nos ocupa, no consta que el demandante haya manifestado expresamente a la Administración tal situación (notificación defectuosa) y tampoco consta que éste haya interpuesto el recurso procedente.- Es por eso que no es válida la postura del Juez A-Quo, pues el hecho que el demandante se de por enterado o notificado de un acto administrativo en determinada fecha, no implica su reconocimiento y aceptación; la notificación defectuosa no se alega en función de la fecha de notificación del acto, sino de los requisitos que debe contener esta notificación, que no son otros que los establecidos en el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, provocando esta denuncia de la notificación defectuosa en los términos que lo hizo el demandante, en la suspensión del plazo establecido en la ley para interponer la demanda contenciosa administrativa en materia de personal….”[1] CONSIDERANDO (9): Que de la foliada de los antecedentes, se deprende que en fecha 29 de Agosto del año 2014, se le comunico al Ingeniero Lester Iván Trejo, por medio de la Jefe de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral, Lic. Margen Omelda Díaz Soto, la resolución tomada por el Pleno de Magistrados, en fecha 12 de agosto de 2014, punto IV, numeral uno (01), Acta No. 018-2014/2015, su cancelación del cargo de Sub Jefe de Administración, siendo efectiva dicha cancelación a partir del primero (01) de septiembre del año dos mil catorce. Asimismo se observa que el señor Trejo Oliva, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil catorce (2014), promoviendo Demanda para la Nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, alegando notificación defectuosa, al estimar que la notificación del acto administrativo impugnado, no llena los requisitos establecidos en el Artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo. (Folios del 1 al 5 y 10 de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO (10): Que el Título Cuarto, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, contiene lo relativo al procedimiento en la primera o única instancia; en el Capítulo Cuarto, del relacionado Capítulo de la ley adjetiva se desarrollan los procedimientos Especiales, conteniendo la Sección Segunda el procedimiento a seguir en las acciones en materia de personal. El Artículo 108 textualmente establece: “Las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, se sujetarán a lo que se establece en esta Sección.” CONSIDERANDO (11): Que de la foliada de los antecedentes de primera instancia, se determina que se recurre ante la vía contencioso-administrativa, la cancelación de la relación laboral del ciudadano Lesther Ivan Trejo Oliva con el Tribunal Supremo Electoral, siendo aplicable a la acción entablada por el ciudadano Trejo oliva, lo dispuesto en Título Cuarto, Sección Segunda de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que refiere a las acciones relacionadas con la separación de servidores públicos; en ese orden de ideas el Artículo 111 de la normativa legal supra relacionada establece: “Será aplicable a este procedimiento el artículo 105 de la Sección anterior.”, la Sección anterior hace referencia al procedimiento especial en materia Tributaria Impositiva indicando el artículo 105 que los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de prueba y para formular conclusiones, quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento. CONSIDERANDO (12): Que siendo de cumplimiento imperativo los plazos establecidos en la ley, aplicables al caso concreto, el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo indica que la demanda deberá presentarse dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles; siguiendo lo establecido en el procedimiento especial de las acciones en materia personal, el plazo para promover la acción ante el órgano jurisdiccional se reduciría a la mitad, quedando el mismo en quince (15) días hábiles. Aunado a ello es aplicable en estos procedimientos especiales lo establecido en el artículo 110 de la ley contencioso-administrativo, indicando que las acciones contra estos actos se interpondrán sin recurso previo de reposición. CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que siendo evidente la inobservancia de las formalidades procesales establecidas en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al dejar de aplicar lo dispuesto en la Sección Segunda, del Capítulo Cuarto del Título Cuarto, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, relativo al procedimiento especial en materia personal, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente –Artículo 3 del Código Procesal Civil-, ello en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, al aplicarse en forma supletoria las disposiciones de la ley procesal civil, garantizando el debido proceso contenido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán-, debe dictar una nueva resolución con acopio a lo dejado plasmado en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, en respeto a las formalidades procesales establecidas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, específicamente el procedimiento a seguir en las acciones relativas en materia personal. CONSIDERANDO (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 48, 105, 108, 110 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; y, 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciséis (2016); 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la supra indicada sentencia, haciendo prevalecer el debido proceso, en respeto a las formalidades procesales establecidas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, específicamente el procedimiento a seguir en las acciones relativas en materia personal, observando los derechos y garantías constitucionales dejadas relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-0984=2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el numeral 2, de los fundamentos de derecho de la sentencia que se recurre en Amparo, visible a folio 11 vuelto de la pieza de antecedentes de segunda instancia.