Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-959-17 — Registro 10462

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar solicitud de reclamo de reconocimiento de derechos laborales y pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y confirmó destitución de impetrante del cargo de Juez, según consejo por haber comprometido la eficacia en el impartimiento de justicia e incumplimiento de los deberes de su cargo, al haber impuesto medidas cautelares distintas a la prisión preventiva en causa criminal, en abierta inobservancia a lo establecido en artículo 184 del Código Procesal Penal, sobre la aplicación de medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva en los delitos de crimen organizado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que para esta Sala, es imperativo manifestar que la instancia administrativa, llámese Dirección de Administración de Personal, Inspectoría General de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia o Consejo de la Carrera Judicial, no tienen competencia para entrar a analizar los razonamientos jurídicos con que los Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia argumentan sus sentencias, y menos aún para decidir en base a dicho análisis la situación laboral de los Jueces y Magistrados, a quienes la ley, la Constitución y los Convenios Internacionales les garantiza la independencia en el ejercicio de su cargo, el derecho a la inamovilidad de sus cargos y en resumen el derecho al trabajo.-CONSIDERANDO: Que es supra conocido que para determinar si las decisiones jurisdiccionales son erradas o no, debe estarse a lo dispuesto en los principios que informan la materia recursiva. En ese sentido el tribunal jurisdiccional superior, revisa lo actuado por el inferior, teniendo la potestad de corregir los errores de éste , confirmando, revocando o anulando las resoluciones emitidas. No obstante, se observa en el presente caso, que un ente administrativo ha impuesto una sanción de despido a una Juez por la inaplicación del segundo párrafo del artículo 184 del Código Procesal Penal, que prohíbe la aplicación de medidas cautelares en caso de criminalidad organizada, como el delito de tráfico de drogas, hecho que no aparece en el abanico taxativo de sanciones del artículo 64 en relación con el numeral 3 del artículo 56 de la Ley de la Carrera Judicial. -CONSIDERANDO: Que el legislador sabiamente separó el ámbito administrativo del jurisdiccional. En el presente caso, se impuso una sanción de despido por la inaplicación de una disposición penal, sin haber entrado a realizar un análisis de fondo, por ejemplo analizar la cantidad de droga decomisada, que en este caso, fue un decomiso de 5.5 gramos (ver sentencia absolutoria F. 87 al 92); cantidad por la cual el defensor del Estado, es decir la Procuraduría General de la República concilia este delito, y se hará en cualquier etapa del proceso, pudiera darse que ni siquiera se llegue a juicio oral y público, obsérvese entonces que en este caso no había tal gravedad, como para aplicar a mansalva el segundo párrafo del artículo 184 del Código Procesal Penal, esa es función exclusiva de los órganos jurisdiccionales y no de órganos administrativos, por no tener la competencia ni experticia para ello. Se hace referencia a lo anterior, para dejar evidenciado la vulneración al debido proceso por parte del Consejo de la Carrera Judicial al motivar la confirmatoria del despido de la juez recurrente basado en argumentos errados e incompletos por ser propios del tribunal de alzada, subrayándose las razones del porque las resoluciones juridiciales no son objeto de revisión por competencias administrativas.-CONSIDERANDO: Que en otro orden de ideas, se debe señalar que es palmaria la vulneración al NE BIS IN INDEM administrativo, quedando evidenciado en el considerando 10 de la resolución que nos ocupa que dice: “ que en el oficio número 3042-SCSJ-2011 de fecha 03 de noviembre de 2011, consta la sanción impuesta a la reclamante abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ, la cual consiste en la suspensión de labores sin derecho a remuneración por el termino de tres meses, así mismo mediante acuerdo N°.70 de fecha 25 de enero de 2012, en virtud de recurso de reposición interpuesto por el abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES en su condición de subdirector y representante de Administración de Personal de la Carrera Judicial, se repone la sanción antes señalada y se sanciona con la destitución de la servidora judicial abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ; si bien es cierto en el presente caso existen dos sanciones aplicadas a la reclamante (Suspensión y Destitución) no es menos cierto que la segunda sanción (Destitución); que a juicio de la autoridad recurrida, repone la suspensión de tres meses; y por lo tanto la referida suspensión de su cargo dejo de tener vigencia en ese momento; por lo que la mencionada doble sanción que refiere la Reclamante es inexistente ya que según se aprecia, la destitución deja sin valor y efecto la referida suspensión del cargo como resultado de la interposición del recurso referido”.-CONSIDERANDO: Que el Consejo de la Carrera Judicial en el considerando número 10 transcrito, precisamente cuando señala que la imposición de la sanción de destitución REPONE LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE TRES MESES SIN GOCE DE REMUNERACION impuesta, vulnera el debido proceso al violentar la majestad de la cosa juzgada administrativa, ya que precisamente en este momento surge la imposición de doble sanción. Se debe señalar que procesalmente es inviable que prospere un recurso de reposición o cualquier otro recurso, interpuesto contra una resolución firme, y que, precisamente por gozar de firmeza o de la majestad de la cosa jugada, se encuentra en etapa de ejecución; a saber: 1) la sanción de suspensión de labores por tres meses sin derecho a remuneración, impuesta mediante oficio N° 3042-SCSJ-2011, de fecha 03 de noviembre de 2011, le fue notificada a la recurrente en esa misma fecha a las dos (2) horas con cuarenta y ocho (48) minutos de la tarde .(Ver folio 42 pieza de amparo), comenzado a correr el término el 04 de noviembre de 2011.- 2) La sanción de Despido impuesta a la recurrente mediante oficio N° 239-SCSJ-2012, de fecha 30 de enero de 2012, que contiene el acuerdo N° 70 de fecha 25 de enero de 2012, mediante el cual se destituye a la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ, le fue notificado personalmente el 02 de febrero del 2012, o sea dos días antes del cumplimiento total de la primera sanción impuesta, sin que para la imposición de la segunda sanción se hubiese llevado a cabo el procedimiento previo dispuesto en el artículo 65 de la ley de la Carrera Judicial que comienza disponiendo que: “La sanción de despido no podrá aplicarse sino mediante información sumaria y audiencia del interesado,…”; en los autos no aparece que se haya realizado el debido proceso administrativo, es decir la correspondiente audiencia, en la cual se haya escuchado a la sancionada, se haya garantizado el contradictorio mediante la presentación de las pruebas aportadas por ambas partes, en fin, no existe la evacuación del procedimiento administrativo que manda la ley.-CONSIDERANDO: Que se reitera que se llevó a cabo un procedimiento administrativo, culminando éste con la imposición de la sanción de suspensión de labores sin derecho a remuneración impuesta por el término de tres meses, y posteriormente a dos días de culminar el cumplimiento de esta sanción, se impuso la sanción máxima de destitución del cargo sin haberse abierto ningún procedimiento administrativo, por los mismos hechos vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República que manda: “Artículo 95. Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.” Que se impuso la sanción de despido sin haber sido oída y vencida en un procedimiento administrativo, violentando así el artículo 94 constitucional que reza: “Artículo 94. A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.”. Es así como se aprecia el quebrantamiento de la garantía del debido proceso en perjuicio de la recurrente; consecuentemente, el amparo interpuesto a favor de ésta debe ser OTORGADO"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual declaró sin lugar una solicitud de reclamo de reconocimiento de derechos laborales y pago de prestaciones e indemnizaciones y confirmó la destitución de la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES, del cargo de Juez de Letras de Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha quince (15) de febrero del año dos mil doce (2012), la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES, actuando en causa propia, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando reclamo administrativo para la nulidad de un acuerdo de despido como Jueza de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Francisco Morazán. (Folios del 01-23 de la pieza de Antecedentes) .-2) Que en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), el Consejo de la Carrera Judicial con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en el reclamo presentado por la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES en su condición arriba indicada, en la cual resolvió: (sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL ESCRITO DE RECLAMO, solicitando el reconocimiento de sus derechos laborales y pago de las prestaciones e indemnizaciones de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento. SEGUNDO: CONFIRMAR la destitución de la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ, del cargo de Jueza de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.” (Folios 132 al 135 de la pieza de los antecedentes).-3) Que el recurrente Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ compareció ante este Tribunal, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la señora IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), por considerar que la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, es violatoria de derechos contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). -4) Que con fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEAN las diligencias.-CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: Que en fecha quince de febrero de 2012, la señora IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial, presentando formal impugnación del Acuerdo De Destitución No. 70 del cargo que venía desempeñando como Jueza de Letras Penal, de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil doce (2012).-CONSIDERANDO: Que en resolución definitiva dictada el veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), el Consejo de la Carrera Judicial con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió en el reclamo presentado por la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES en su condición arriba indicada: (sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL ESCRITO DE RECLAMO, presentado por la abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES solicitando el reconocimiento de sus derechos laborales y pago de las prestaciones e indemnizaciones de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento. SEGUNDO: CONFIRMAR la destitución de la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ, del cargo de Jueza de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.-CONSIDERANDO: Que no conforme con la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, el Apoderado Judicial de la reclamante, Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, interpuso recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando que el acto impugnado ha vulnerado en perjuicio de su patrocinada, la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción del precepto constitucional invocado se ha producido, cuando el Consejo de la Carrera Judicial, inobservó el precepto constitucional y convencional de prohibición de doble Juzgamiento cuyo vocablo en latín es NE BIS IN IDEN, máxima exigida en el artículo 95 de la Constitución de la República. Sostiene que en fecha tres de noviembre de dos mil once, mediante Oficio No. 3042-SCSJ-2011, se le impuso la sanción de suspensión de labores sin remuneración por tres meses contenida en el artículo 56 de la Ley de la Carrera Judicial, y posteriormente, sin haber terminado de cumplir la primera sanción, se le impuso la sanción de despido, contenida en el numeral 3 del 56 de la Ley de la Carrera Judicial, sin que haya habido procedimiento administrativo previo a la imposición de esta segunda sanción. -CONSIDERANDO: Que un análisis de los antecedentes revela que la resolución recurrida, vulnera el derecho fundamental al debido proceso; en primer lugar, por estimar como causal de despido, que se haya argumentado en la motivación de una resolución un criterio jurídico, supuestamente contrario a lo dispuesto en la ley procesal; causal que no existe en la ley ni en el Reglamento de la ley de la Carrera Judicial y en segundo lugar; por ser patente la imposición de doble sanción, por los mismos hechos. Al respecto, la Sala de lo Constitucional manifiesta que la resolución definitiva de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, basa su motivación en la argumentación y hechos que constan en la Resolución Número 140-161-2011, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once, emitida por la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, mediante la cual decidió sobre las denuncias números 286-LGJT-PJ-2001 y la número 097-LGJT-PJ-2011; así: Hechos sancionados con la Resolución Número 286-LGJT-PJ-2001: “Por haber comprometido la eficacia en el impartimiento de justicia e incumplimiento de los deberes de su cargo, al haber impuesto medidas cautelares distintas a la prisión preventiva en la causa criminal incoada contra los señores HUGO RENAN MONTES PEREZ y ESWEN ALEXANDER PINZON CAMBAR, en abierta inobservancia a lo establecido en el párrafo ultimo del artículo 184 del Código Procesal Penal, y al instructivo emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, con respecto a la aplicación de las Medidas Cautelares Sustitutivas De Prisión Preventiva en los delitos de Crimen Organizado y el articulo 2 del Código de Ética para Funcionarios Y Empleados Judiciales”.- Hechos que se sancionan en la Resolución Número 097-LGJT-PJ-2011: “Por haber decretado en audiencia de revisión de medidas en fecha 26 de noviembre de 2010, Medidas Cautelares Distintas A La De Prisión Preventiva a favor del imputado señor JARKLIN WILLIAN MEJIA RODRIGUEZ, a quien la fiscalía del Ministerio Público le había incoado requerimiento fiscal, por el delito de POSESION Y TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, en abierta inobservancia del último párrafo del artículo 184, del Código Procesal Penal y al instructivo de la Corte Suprema de Justicia, sobre la aplicación de medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva en los delitos de crimen organizado”.-CONSIDERANDO: Que en definitiva la primera sanción se impuso por las actuaciones jurisdiccionales que tuvo la juez en los dos casos siguientes: 1) contra HUGO RENAN MONTES Y ESWEN ALEXANDER PINZON CAMBAR por el delito de TRANSPORTE ILEGAL DE MATERIAL DE GUERRA EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, en la denuncia 286-IGJT-PJ-2001, y 2) contra JARKLIN WILLIAN MEJIA RODRIGUEZ, por el delito de Posesión Y Tráfico De Drogas en perjuicio de la Salud de la Población de Honduras en la denuncia número 097-IGJT-PJ-2011. Asimismo la segunda sanción se impuso por las actuaciones jurisdiccionales que tuvo la juez en los dos casos siguientes: 1) contra HUGO RENAN MONTES Y ESWEN ALEXANDER PINZON CAMBAR por el delito de TRANSPORTE ILEGAL DE MATERIAL DE GUERRA EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, en la denuncia 286-IGJT-PJ-2001, y 2) contra JARKLIN WILLIAN MEJIA RODRIGUEZ, por el delito de Posesión Y Tráfico De Drogas En Perjuicio De La Salud De La Población De Honduras en la denuncia número 097-IGJT-PJ-2011. Es decir por la no aplicación de normas jurídicas previstas en el último párrafo del artículo 184 referido del Código Procesal Penal y el instructivo que al respecto emitió la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas en caso de criminalidad organizada, observándose una repetitiva transcripción relativa al tipo penal por el cual el Ministerio Público incoó requerimiento fiscal.-CONSIDERANDO: Que para esta Sala, es imperativo manifestar que la instancia administrativa, llámese Dirección de Administración de Personal, Inspectoría General de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia o Consejo de la Carrera Judicial, no tienen competencia para entrar a analizar los razonamientos jurídicos con que los Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia argumentan sus sentencias, y menos aún para decidir en base a dicho análisis la situación laboral de los Jueces y Magistrados, a quienes la ley, la Constitución y los Convenios Internacionales les garantiza la independencia en el ejercicio de su cargo, el derecho a la inamovilidad de sus cargos y en resumen el derecho al trabajo.-CONSIDERANDO: Que es supra conocido que para determinar si las decisiones jurisdiccionales son erradas o no, debe estarse a lo dispuesto en los principios que informan la materia recursiva. En ese sentido el tribunal jurisdiccional superior, revisa lo actuado por el inferior, teniendo la potestad de corregir los errores de éste , confirmando, revocando o anulando las resoluciones emitidas. No obstante, se observa en el presente caso, que un ente administrativo ha impuesto una sanción de despido a una Juez por la inaplicación del segundo párrafo del artículo 184 del Código Procesal Penal, que prohíbe la aplicación de medidas cautelares en caso de criminalidad organizada, como el delito de tráfico de drogas, hecho que no aparece en el abanico taxativo de sanciones del artículo 64 en relación con el numeral 3 del artículo 56 de la Ley de la Carrera Judicial. -CONSIDERANDO: Que el legislador sabiamente separó el ámbito administrativo del jurisdiccional. En el presente caso, se impuso una sanción de despido por la inaplicación de una disposición penal, sin haber entrado a realizar un análisis de fondo, por ejemplo analizar la cantidad de droga decomisada, que en este caso, fue un decomiso de 5.5 gramos (ver sentencia absolutoria F. 87 al 92); cantidad por la cual el defensor del Estado, es decir la Procuraduría General de la República concilia este delito, y se hará en cualquier etapa del proceso, pudiera darse que ni siquiera se llegue a juicio oral y público, obsérvese entonces que en este caso no había tal gravedad, como para aplicar a mansalva el segundo párrafo del artículo 184 del Código Procesal Penal, esa es función exclusiva de los órganos jurisdiccionales y no de órganos administrativos, por no tener la competencia ni experticia para ello. Se hace referencia a lo anterior, para dejar evidenciado la vulneración al debido proceso por parte del Consejo de la Carrera Judicial al motivar la confirmatoria del despido de la juez recurrente basado en argumentos errados e incompletos por ser propios del tribunal de alzada, subrayándose las razones del porque las resoluciones juridiciales no son objeto de revisión por competencias administrativas.-CONSIDERANDO: Que en otro orden de ideas, se debe señalar que es palmaria la vulneración al NE BIS IN INDEM administrativo, quedando evidenciado en el considerando 10 de la resolución que nos ocupa que dice: “ que en el oficio número 3042-SCSJ-2011 de fecha 03 de noviembre de 2011, consta la sanción impuesta a la reclamante abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ, la cual consiste en la suspensión de labores sin derecho a remuneración por el termino de tres meses, así mismo mediante acuerdo N°.70 de fecha 25 de enero de 2012, en virtud de recurso de reposición interpuesto por el abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES en su condición de subdirector y representante de Administración de Personal de la Carrera Judicial, se repone la sanción antes señalada y se sanciona con la destitución de la servidora judicial abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ; si bien es cierto en el presente caso existen dos sanciones aplicadas a la reclamante (Suspensión y Destitución) no es menos cierto que la segunda sanción (Destitución); que a juicio de la autoridad recurrida, repone la suspensión de tres meses; y por lo tanto la referida suspensión de su cargo dejo de tener vigencia en ese momento; por lo que la mencionada doble sanción que refiere la Reclamante es inexistente ya que según se aprecia, la destitución deja sin valor y efecto la referida suspensión del cargo como resultado de la interposición del recurso referido”.-CONSIDERANDO: Que el Consejo de la Carrera Judicial en el considerando número 10 transcrito, precisamente cuando señala que la imposición de la sanción de destitución REPONE LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE TRES MESES SIN GOCE DE REMUNERACION impuesta, vulnera el debido proceso al violentar la majestad de la cosa juzgada administrativa, ya que precisamente en este momento surge la imposición de doble sanción. Se debe señalar que procesalmente es inviable que prospere un recurso de reposición o cualquier otro recurso, interpuesto contra una resolución firme, y que, precisamente por gozar de firmeza o de la majestad de la cosa jugada, se encuentra en etapa de ejecución; a saber: 1) la sanción de suspensión de labores por tres meses sin derecho a remuneración, impuesta mediante oficio N° 3042-SCSJ-2011, de fecha 03 de noviembre de 2011, le fue notificada a la recurrente en esa misma fecha a las dos (2) horas con cuarenta y ocho (48) minutos de la tarde .(Ver folio 42 pieza de amparo), comenzado a correr el término el 04 de noviembre de 2011.- 2) La sanción de Despido impuesta a la recurrente mediante oficio N° 239-SCSJ-2012, de fecha 30 de enero de 2012, que contiene el acuerdo N° 70 de fecha 25 de enero de 2012, mediante el cual se destituye a la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ, le fue notificado personalmente el 02 de febrero del 2012, o sea dos días antes del cumplimiento total de la primera sanción impuesta, sin que para la imposición de la segunda sanción se hubiese llevado a cabo el procedimiento previo dispuesto en el artículo 65 de la ley de la Carrera Judicial que comienza disponiendo que: “La sanción de despido no podrá aplicarse sino mediante información sumaria y audiencia del interesado,…”; en los autos no aparece que se haya realizado el debido proceso administrativo, es decir la correspondiente audiencia, en la cual se haya escuchado a la sancionada, se haya garantizado el contradictorio mediante la presentación de las pruebas aportadas por ambas partes, en fin, no existe la evacuación del procedimiento administrativo que manda la ley.-CONSIDERANDO: Que se reitera que se llevó a cabo un procedimiento administrativo, culminando éste con la imposición de la sanción de suspensión de labores sin derecho a remuneración impuesta por el término de tres meses, y posteriormente a dos días de culminar el cumplimiento de esta sanción, se impuso la sanción máxima de destitución del cargo sin haberse abierto ningún procedimiento administrativo, por los mismos hechos vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República que manda: “Artículo 95. Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.” Que se impuso la sanción de despido sin haber sido oída y vencida en un procedimiento administrativo, violentando así el artículo 94 constitucional que reza: “Artículo 94. A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.”. Es así como se aprecia el quebrantamiento de la garantía del debido proceso en perjuicio de la recurrente; consecuentemente, el amparo interpuesto a favor de ésta debe ser OTORGADO. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 319 de la Constitución de la República, 49, 65 de la Ley de la Carrera Judicial, 156 de su Reglamento, 1, 3 No. 2), 9 No. 3 literal d) y 56 Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) OTORGANDO el amparo interpuesto por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ a favor de la señora IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), 2) REVOCAR la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), que confirmo la destitución de la Abogada IRIS NORMANDINA ORTIZ ROSALES, del cargo de Juez de Letras de Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán 3) SE DECLARA CON LUGAR la solicitud de reclamo de reconocimiento de derechos laborales y pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Consejo de la Carrera Judicial, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019, recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0959-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL