Sentencia AA-952-19 — Registro 11801
Resumen
Acuerdo 0600-SE-2019 dispone cancelar por despido a recurrente del cargo de Director Departamental de Educación de El Paraíso; consta que recurrente tiene expeditos recursos y acciones ante la autoridad recurrida y la vía judicial por lo que es inadmisible la acción planteada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."según se desprende del acuerdo 0600-SE-2019 emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se aprecia que mediante el cual se acuerda cancelar por despido al siguiente personal administrativo por servicio civil, dependiente de esta Secretaría de Estado en el Despacho de Educación: ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON, del cargo de Director Departamental por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 37 de la Ley y 113 del Reglamento como ser respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la República, las leyes y reglamento relativo a sus funciones y las demás que correspondan así como la ley y el presente reglamento y enaltecerla Administración Publica y a la institución a la que sirven observando buena conducta dentro y fuera del servicio..."..."conforme ha quedado establecido en abundante jurisprudencia, los actos administrativos emitidos por las Secretarías de Estado que integran el Poder Ejecutivo, son susceptibles de impugnarse a través de las acciones y recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que el peticionario deviene en la obligación a recurrir a las instancias respectivas del fuero señalado, para la defensa de los derechos de que hace referencia..."..."es inadmisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; razón por la cual procede rechazar de plano la demanda de amparo interpuesta por ser la misma inadmisible..."..."esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar el recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción administrativa o judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad del recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda..."..."en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tienen expeditos recursos y acciones ante la autoridad recurrida y la vía judicial y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el plazo que la ley le otorga, para que interponga las acciones o recursos que estime oportunos contra el acto que hoy reclama en amparo, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación..."
Legislación citada
- Ley General de la Administración Pública, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley General de la Administración Pública, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley General de la Administración Pública, art. 10 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 30 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
conforme ha quedado establecido en abundante jurisprudencia, los actos administrativos emitidos por las Secretarías de Estado que integra el poder Ejecutivo, son susceptibles de impugnarse a través de las acciones y recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que el peticionario deviene en la obligación a recurrir a las instancias respectivas del fuero señalado, para la defensa de los derechos de que hace referencia.
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. VISTO: los antecedentes del presente recurso de amparo presentado por el abogado JOSE JUSTO REYES ARANA a favor del señor ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON, contra el acuerdo 0600-SE-2019 emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se dispone cancelar por despido al señor Rolan Armando Espinal Pavón del cargo de Director Departamental de Educación de El Paraíso.CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, alegando que su comportamiento omisivo ha derivado de una extralimitación en el ejercicio de sus funciones y ha ocasionado la vulneración a derechos fundamentales como el debido proceso, derecho de defensa, propiedad privada y quebrantamiento del principio de legalidad de las actuaciones jurisdiccionales, violentándole de esa manera derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.CONSIDERANDO (2): Que según se desprende del acuerdo 0600-SE-2019 emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se aprecia que mediante el cual se acuerda cancelar por despido al siguiente personal administrativo por servicio civil, dependiente de esta Secretaría de Estado en el Despacho de Educación: ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON, del cargo de Director Departamental por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 37 de la Ley y 113 del Reglamento como ser respetar y cumplir con lealtad la Constitución de la República, las leyes y reglamento relativo a sus funciones y las demás que correspondan así como la ley y el presente reglamento y enaltecerla Administración Publica y a la institución a la que sirven observando buena conducta dentro y fuera del servicio.CONSIDERANDO (3): Que el recurrente manifiesta en la interposición del presente recurso de amparo, como violación al debido proceso el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece que la declaración de nulidad de los actos enumerados en el artículo 34, se hará de oficio y en cualquier momento, por el órgano que dicto el acto o por el superior previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; aduciendo que la administración pública solamente puede declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo, cuando en el mismo concurra una causal o presupuesto de acto nulo de los contenidos en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, teniendo que ser en un procedimiento separado y exclusivo para ese propósito, requiriendo adicionalmente dictamen previo y favorable de la Procuraduría General de la República. Dicho artículo fue reformado mediante Decreto No.266-2013 de fecha 16 de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,336 de fecha 23 de enero de 2014 vigente a partir de su publicación.CONSIDERANDO (4): Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO (5): Que la misma ley establece que se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas. CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 30 del indicado ordenamiento jurídico, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.CONSIDERANDO (7): Que conforme ha quedado establecido en abundante jurisprudencia, los actos administrativos emitidos por las Secretarías de Estado que integran el Poder Ejecutivo, son susceptibles de impugnarse a través de las acciones y recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que el peticionario deviene en la obligación a recurrir a las instancias respectivas del fuero señalado, para la defensa de los derechos de que hace referencia.CONSIDERANDO (8): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 8), es inadmisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; razón por la cual procede rechazar de plano la demanda de amparo interpuesta por ser la misma inadmisible. CONSIDERANDO (9): Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar el recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción administrativa o judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad del recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO (10): Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tienen expeditos recursos y acciones ante la autoridad recurrida y la vía judicial y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el plazo que la ley le otorga, para que interponga las acciones o recursos que estime oportunos contra el acto que hoy reclama en amparo, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2 y 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 8), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE JUSTO REYES ARANA a favor del señor ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON, contra el acuerdo 0600-SE-2019 emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por tener el recurrente expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020), certificación de la resolución de fecha cinco (05) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), recaída en el recurso de amparo Administrativo, registrado en este Tribunal con el número 0952=2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL