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Sentencia AA-927-17 — Registro 11799

Resumen

Resolución No. 362-9/2017 dictada por el Directorio del Banco Central de Honduras denegó por extemporánea solicitud de autorizacón de prórroga de plazo para completar acuerdo de aumento de capital social de recurrente; en virtud de considerarla extemporánea e improcedente por no cumplir requisitos legales como que se pida antes de expirar el plazo y que se alegue justa causa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, fecha en la que compareció ante el Directorio del Banco Central de Honduras, el abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Seguros Crefisa, S.A., solicitando autorización de prórroga de tres (3) años, al plazo establecido para completar aumento de capital social, acordado en Asamblea General ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Seguros Crefisa, S.A..."..."no cabe la menor duda, que el plazo establecido en los artículos 44 y 45 de la ley de Procedimiento Administrativo, es un Plazo Legal, arguye el recurrente en Amparo, ya que precisamente fue establecido por dicha ley en consonancia con la definición doctrinaria. Diferente es el plazo de cinco (5) años que le señaló el Directorio del Banco Central de Honduras a Seguros Crefisa, S.A., para que completara el aumento de capital, que aplicado por analogía, se trata de un Plazo Administrativo, concedido en base a las facultades discrecionales de que está investido dicho Directorio, que igualmente lo pudo haber concedido por menos o por más tiempo..."..."con autorización del Banco Central de Honduras, el capital de las instituciones de seguros podrá ser aumentado sobre el mínimo o reducido hasta el mínimo legal.[2] Entiende esta Sala de lo Constitucional que siguiendo las disposiciones consignadas en la ley aplicable a las instituciones de seguros, el recurrente en su condición de Apoderado Legal de la sociedad Seguros Crefisa, S.A., compareció ante el Directorio del Banco Central de Honduras en el año dos mil doce, solicitando el incremento del Capital Social de Seguros Crefisa, S.A.; es así que conforme a las facultades que la misma ley le confiere, como bien lo indica el recurrente en Amparo, el Directorio del Banco Central de Honduras emitió Resolución No. 297-7/2012 de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil doce (2012), mediante la cual resolvió autorizar a Seguros Crefisa, S.A., para incrementar su capital social de doscientos millones de lempiras a trescientos millones de lempiras; los cien millones de lempiras de aumento al capital social, se haría mediante la capitalización de utilidades no distribuidas al 31 de diciembre de 2011, por veintinueve millones ochocientos mil lempiras (29,800,000.00) y la diferencia de setenta millones doscientos mil lempiras (L70,200,000.00) en efectivo, mediante llamamientos que efectuaría el Consejo de Administración a los accionistas, en un plazo no mayor de cinco (5) años, según lo acordado en el Acta No. 01/12 de la Sesión de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2012..."..."Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que mediante Resolución No. 362-9/2017, el Directorio del Banco Central de Honduras resolvió denegar por extemporáneo e improcedente la solicitud de autorización de prórroga de tres (3) años, al plazo originalmente concedido para completar el acuerdo de aumento de capital social a la Sociedad Seguros Crefisa, S.A., ello por no cumplir tal solicitud, dos de los requisitos exigidos en el Artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo a saber: que se pida antes de expirar el plazo y que se alegue justa causa; plazo inicial de cinco (5) años que fue concedido por el Directorio en atención a las facultades que le corresponden, como bien indica el recurrente, plazo que pudo haberse otorgado por un mayor o menor tiempo, pero se le concedió un plazo de cinco años, mismo que devenía obligado a cumplir el recurrente, al no hacerlo y solicitar la ampliación del plazo inicial otorgado, obviando los requisitos que exige la ley, tal solicitud le fue denegada, con fundamento a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, ley que rige los órganos y entidades de la Administración Pública, la que puede ser invocada por el Directorio del Banco Central de Honduras, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley del Banco Central de Honduras..."..."la autoridad recurrida fundamenta su Resolución en el hecho que la solicitud de ampliación de prórroga venció en fecha 25 de julio de 2017 y en adición a lo anterior el peticionario se limita a manifestar que a la fecha existe un saldo de capital que debe ser completado para cumplir con el acuerdo tomado por la Asamblea de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2012, por lo que se requiere la ampliación del plazo en tres (3) años adicionales, sin indicar las razones por las cuales la institución peticionaria no puede cumplir con lo aprobado por el Banco Central de Honduras en su resolución No. 297-7/2012 del 19 de julio de 2012; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a las atribuciones conferidas al Directorio del Banco Central de Honduras, por su Ley Orgánica, la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y por la Ley de Procedimiento Administrativo como se ha indicado en el presente libelo..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley del Banco Central de Honduras, la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y en la Ley de Procedimiento Administrativo. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. Asimismo al recurrente le asiste el derecho de peticionar nuevamente ante el Banco Central de Honduras, nuevamente solicitud de autorización de aumento de capital social para su representada la Sociedad Mercantil Seguros Crefisa, S.A., pues como bien lo indica la Fiscal del Despacho en su dictamen, tal solicitud se debe a un acto voluntario acordado en Asamblea General de Accionistas, ello conforme a las condiciones que sean mas adecuadas a su situación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, a favor de la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA S.A., contra la Resolución No. 362-9/2017, dictada por el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, adoptada en sesión No. 3694 de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que denegó por extemporánea una solicitud de autorización de prórroga de plazo para completar acuerdo de aumento de capital social, presentada por la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA S.A.; Estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representada los derechos constitucionales a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionados con el Artículo 11 del Código Civil y los Artículos 44, 45, 137 y 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA S.A., contra la resolución No. 362-9/2017, emitida por el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, en Sesión No. 3694 celebrada en fecha 21 de septiembre del año 2017. (Folios del 1 al 5 de los autos) 2) Que mediante auto de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional, resolviendo el recurso de reposición interpuesto por el recurrente Abogado Adolfo Marciano Banegas Puerto, se tuvo por admitido el recurso de amparo sin suspensión del acto reclamado; en consecuencia, se ordenó librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folios 30 y 31 de los autos) 3) Que en fecha veinte de abril del año dos mil dieciocho, la Presidencia del Banco Central de Honduras, remitió el informe correspondiente consignando inter alia los siguientes consideraciones: 1. Mediante la Resolución No. 297-7/2012 del 19 de julio de 2012, el Directorio del BCH autorizó a Seguros Crefisa, S.A. para que incrementara su capital social de doscientos millones de lempiras (L200,000,000.00) a trescientos millones de lempiras (L300,000,000.00) es decir, un aumento de cien millones de lempiras (L100,000,000.00), el que se haría mediante la capitalización de utilidades no distribuidas al 31 de diciembre de 2011, por veintinueve millones ochocientos mil lempiras (L29,800,00,00) y la diferencia de setenta millones doscientos mil lempiras (L70,200,000.00) en efectivo, mediante llamamientos que efectuaría el Consejo de Administración a los accionistas en un plazo no mayor de cinco (5) años, según lo acordado en el Acta No.01/12 de la Sesión de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2012; dicha Resolución fue notificada al abogado Adolfo Marciano Banegas Puerto, en su condición de apoderado legal de la sociedad peticionaria el 25 de julio de 2012…. 3. Al efectuar el análisis del referido escrito, se determinó que el mismo no reunía los (3) requisitos fundamentales que establece la Ley de Procedimiento Administrativo para otorgar la ampliación o prórroga de un plazo originalmente concedido, siendo éstos: que se solicite antes de su expiración, que se alegue justa causa y que no se perjudique a terceros, pues en principio, según consta en el auto de traslado emitido por la Secretaría del Directorio del BCH, la solicitud fue presentada antes esta Institución el 7 de agosto de 2017, es decir, con posterioridad al plazo del que disponía el apoderado legal de Seguros Crefisa, S.A. para presentar la misma, asimismo otro requisito que dicha Ley exige, es que el peticionario debe alegar justa causa, no obstante, el escrito presentado se limita a manifestar que existía un saldo de capital de L50,000,000.00 que aun debía ser completado para cumplir con el acuerdo tomado por la Asamblea General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2012, solicitando así la ampliación del plazo en tres (3) años adicionales, sin indicar las razones por las cuales su representada no había cumplido con lo aprobado por el BCH en la Resolución No. 297-7/2012 del 19 de julio de 2012…. 5. En consideración a lo apuntado anteriormente, los departamentos de programación y Análisis Financiero y Jurídico del BCH emitieron opinión a través del memorándum JUR-1830/2017 de 18 de septiembre de 2017, en el sentido que la solicitud de prórroga planteada era extemporánea, ya que la misma había sido presentada hasta el 7 de agosto de 2017 y su fecha límite era el 25 de julio de 2017; asimismo, que dicha solicitud era improcedente en virtud que el peticionario no expuso los motivos que le impidieron a la sociedad Seguros Crefisa, S.A. cumplir con el aumento de capital autorizado por el BCH a través de la Resolución No. 297-7/2012 del 19 de julio de 2012 en los términos que señala dicha Resolución, la cual, como ya se indicó, había sido notificada al apoderado legal de dicha sociedad el 25 de julio de ese mismo año. 6. En razón del análisis efectuado por las citadas dependencias del BCH, el Directorio de esta Institución, mediante Resolución No. 362-9/2017 del 21 de septiembre de 2017, resolvió denegar por extemporánea e improcedente la solicitud de autorización de prórroga de tres (3) años el plazo originalmente concedido para completar el acuerdo de aumento de capital social, presentado por el abogado Adolfo Marciano Banegas Puerto, en su condición de apoderado legal de la sociedad Seguros Crefisa, S.A.- Dicha resolución fue notificada al abogado Banegas Puerto el 26 de septiembre de 2017, quien el 16 de octubre de 2017 presentó escrito interponiendo recurso de Reposición, cuya admisión fue declarada sin lugar a través del Auto del 17 de octubre de 2017, en vista que tal y como había indicado en la precitada Resolución, en apego a la legislación aplicable, contra la misma no cabía recurso alguno, siendo tal auto notificado el 24 de octubre de 2017. (Folio 35fv de los autos). 4) Que en fecha seis de junio del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, y ordenó dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 91 de los autos) 5) Que con fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, entre otras consideraciones la Fiscal del Despacho argumenta: al no poderse cumplir con el plazo antes señalado, motivó a que el apoderado legal de Seguros Crefisa S.A., compareciera ante el Banco Central de Honduras presentando la solicitud de prórroga de plazo antes relacionada, misma que fue resuelta mediante Resolución No. 362-9/2017, la cual, por ser un acto propio de la Administración Pública, debe llevar implícita el estricto apego observancia y respeto a los principios fundamentales del debido proceso y la reserva de ley. De tal forma, que para apreciar la legalidad del acto reclamado en amparo, resulta pertinente señalar que la facultad discrecional de que goza la autoridad recurrida, está sujeta a la ley y jamás superior a ella, por lo que al resolver la referida solicitud de prórroga, la actividad de la autoridad suprema del Directorio del Banco Central de Honduras, está sujeta a su propia ley orgánica y en lo no previsto, se regirá por las disposiciones de la Ley del Sistema Financiero y demás aplicables, como ser la Ley de Procedimiento Administrativo, en lo atinente a la prórroga de los plazos, tal como aconteció en la resolución venida en amparo, donde el Directorio del banco Central de Honduras, fundamentó su resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de dicha normativa administrativa, explicando de forma motivada y razonada jurídicamente, que en el presente caso no concurren los requisitos que señala la ley para conceder la solicitud de prórroga de plazo presentada por la sociedad recurrente. (Folios del 94 al 98 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, fecha en la que compareció ante el Directorio del Banco Central de Honduras, el abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Seguros Crefisa, S.A., solicitando autorización de prórroga de tres (3) años, al plazo establecido para completar aumento de capital social, acordado en Asamblea General ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Seguros Crefisa, S.A. CONSIDERANDO (3): Que en fecha once de diciembre del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA, S.A., contra la Resolución No.362-9/2017 emitida en Sesión No. 3694, de fecha 21 de septiembre del año dos mil diecisiete, por el Directorio del Banco Central de Honduras, que resuelve: (Sic) “1. Denegar por extemporánea e improcedente la solicitud de autorización de prórroga de tres (3) años al plazo originalmente concedido para completar el acuerdo de aumento de capital social, presentada por el abogado Adolfo Marciano Banegas Puerto, en su condición de apoderado legal de la sociedad Seguros Crefisa, S.A.- 2.Que la Secretaría del Directorio notifique en legal y debida forma esta resolución al apoderado peticionario para los efectos de ley, haciéndole saber que contra esta resolución no cabe recurso alguno.- 3. Hacer esta resolución del conocimiento de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para los fines pertinentes.- 4. La presente resolución entra en vigencia a partir de esta fecha….”; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionados con el Artículo 11 del Código Civil y los Artículos 44, 45, 137 y 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente hace una relación cronológica de los hechos, desde el año 2012, cuando compareció ante el Directorio del Banco Central de Honduras a solicitar el incremento de capital social de su representada la Sociedad Mercantil Seguros Crefisa, S.A., en los términos establecidos y acordados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el 23 de marzo del año 2012, ratificando asimismo que el restante se completaría en efectivo, mediante llamamientos que efectuaría el Consejo de Administración a los accionistas, debiendo estar totalmente pagado en un plazo no mayor de cinco (5) años. CONSIDERANDO (5): Que en los argumentos expuestos en la acción impetrada, el recurrente expone que no se puede desconocer que el agotamiento de la vía administrativa es imperativa y que por lo tanto no se puede obviar ni mucho menos obstaculizar el derecho que le confiere el artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para interponer el recurso de Reposición contra la resolución que se dicte en los asuntos de que la administración conozca en única o en segunda Instancia. Asimismo señala el impetrante, el Directorio del Banco Central de Honduras incurrió en una abierta violación al procedimiento administrativo no sólo al denegar la interposición del Recurso de Reposición, sino que al aplicar erróneamente los artículos 44 y 45 de la ley de Procedimiento Administrativo, confundiendo lo que es un plazo legal y un plazo administrativo. CONSIDERANDO (6): Que no cabe la menor duda, que el plazo establecido en los artículos 44 y 45 de la ley de Procedimiento Administrativo, es un Plazo Legal, arguye el recurrente en Amparo, ya que precisamente fue establecido por dicha ley en consonancia con la definición doctrinaria. Diferente es el plazo de cinco (5) años que le señaló el Directorio del Banco Central de Honduras a Seguros Crefisa, S.A., para que completara el aumento de capital, que aplicado por analogía, se trata de un Plazo Administrativo, concedido en base a las facultades discrecionales de que está investido dicho Directorio, que igualmente lo pudo haber concedido por menos o por más tiempo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. 362-9/2017 emitida por el Directorio del banco central de Honduras, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, que resuelve: (Sic) “1. Denegar por extemporánea e improcedente la solicitud de autorización de prórroga de tres (3) años al plazo originalmente concedido para completar el acuerdo de aumento de capital social, presentada por el abogado Adolfo Marciano Banegas Puerto, en su condición de apoderado legal de la sociedad Seguros Crefisa, S.A….”. (Folio 67 de los autos) CONSIDERANDO (8): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante indicar que el Banco Central de Honduras, es una institución privilegiada de duración indefinida y dedicada exclusivamente al servicio público, el que se regirá por su Ley Orgánica y por los reglamentos que dicte el Directorio. El recurrente en amparo sostiene que su representada Seguros Crefisa, S.A., tiene como giro principal el desarrollo en el ramo de Seguros y Fianzas. En ese orden de ideas, siendo su giro o actividad principal el ramo de seguros, su organización, funcionamiento, fusión, conversión, escisión, liquidación y supervisión se rige por la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros.[1] CONSIDERANDO (9): Que con autorización del Banco Central de Honduras, el capital de las instituciones de seguros podrá ser aumentado sobre el mínimo o reducido hasta el mínimo legal.[2] Entiende esta Sala de lo Constitucional que siguiendo las disposiciones consignadas en la ley aplicable a las instituciones de seguros, el recurrente en su condición de Apoderado Legal de la sociedad Seguros Crefisa, S.A., compareció ante el Directorio del Banco Central de Honduras en el año dos mil doce, solicitando el incremento del Capital Social de Seguros Crefisa, S.A.; es así que conforme a las facultades que la misma ley le confiere, como bien lo indica el recurrente en Amparo, el Directorio del Banco Central de Honduras emitió Resolución No. 297-7/2012 de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil doce (2012), mediante la cual resolvió autorizar a Seguros Crefisa, S.A., para incrementar su capital social de doscientos millones de lempiras a trescientos millones de lempiras; los cien millones de lempiras de aumento al capital social, se haría mediante la capitalización de utilidades no distribuidas al 31 de diciembre de 2011, por veintinueve millones ochocientos mil lempiras (29,800,000.00) y la diferencia de setenta millones doscientos mil lempiras (L70,200,000.00) en efectivo, mediante llamamientos que efectuaría el Consejo de Administración a los accionistas, en un plazo no mayor de cinco (5) años, según lo acordado en el Acta No. 01/12 de la Sesión de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2012. CONSIDERANDO (10): Que plazo es el tiempo señalado para hacer algo o el momento o fecha en que termina el tiempo señalado para hacer algo; el recurrente en Amparo en sus argumentaciones expone que la autoridad recurrida confunde lo que es un plazo legal y un plazo administrativo, indica que el plazo legal se encuentra establecido en la ley y que el plazo de cinco años concedido por el Directorio del Banco Central es un plazo administrativo, concedido conforme a las facultades discrecionales por las que se encuentra investido el Directorio del Banco Central de Honduras, y que dicho plazo lo pudo haber concedido por menos o más tiempo, por ello el Directorio aplica erróneamente los artículos 44 y 45 de la ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que mediante Resolución No. 362-9/2017, el Directorio del Banco Central de Honduras resolvió denegar por extemporáneo e improcedente la solicitud de autorización de prórroga de tres (3) años, al plazo originalmente concedido para completar el acuerdo de aumento de capital social a la Sociedad Seguros Crefisa, S.A., ello por no cumplir tal solicitud, dos de los requisitos exigidos en el Artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo a saber: que se pida antes de expirar el plazo y que se alegue justa causa; plazo inicial de cinco (5) años que fue concedido por el Directorio en atención a las facultades que le corresponden, como bien indica el recurrente, plazo que pudo haberse otorgado por un mayor o menor tiempo, pero se le concedió un plazo de cinco años, mismo que devenía obligado a cumplir el recurrente, al no hacerlo y solicitar la ampliación del plazo inicial otorgado, obviando los requisitos que exige la ley, tal solicitud le fue denegada, con fundamento a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, ley que rige los órganos y entidades de la Administración Pública, la que puede ser invocada por el Directorio del Banco Central de Honduras, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley del Banco Central de Honduras. CONSIDERANDO (12): Que la autoridad recurrida fundamenta su Resolución en el hecho que la solicitud de ampliación de prórroga venció en fecha 25 de julio de 2017 y en adición a lo anterior el peticionario se limita a manifestar que a la fecha existe un saldo de capital que debe ser completado para cumplir con el acuerdo tomado por la Asamblea de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2012, por lo que se requiere la ampliación del plazo en tres (3) años adicionales, sin indicar las razones por las cuales la institución peticionaria no puede cumplir con lo aprobado por el Banco Central de Honduras en su resolución No. 297-7/2012 del 19 de julio de 2012; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a las atribuciones conferidas al Directorio del Banco Central de Honduras, por su Ley Orgánica, la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y por la Ley de Procedimiento Administrativo como se ha indicado en el presente libelo. CONSIDERANDO (13): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley del Banco Central de Honduras, la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y en la Ley de Procedimiento Administrativo. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. Asimismo al recurrente le asiste el derecho de peticionar nuevamente ante el Banco Central de Honduras, nuevamente solicitud de autorización de aumento de capital social para su representada la Sociedad Mercantil Seguros Crefisa, S.A., pues como bien lo indica la Fiscal del Despacho en su dictamen, tal solicitud se debe a un acto voluntario acordado en Asamblea General de Accionistas, ello conforme a las condiciones que sean mas adecuadas a su situación. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 16 de la Ley del Banco Central de Honduras; 1 y 56 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros 1, 44, 45 y 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, a favor de la Sociedad Mercantil SEGUROS CREFISA, S.A., contra la Resolución No. 362-9/2017, dictada por el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, adoptada en sesión No. 3694 de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que se notifique la presente sentencia y con certificación de la misma se archiven las presentes diligencias en la Secretaría de este Alto Tribunal. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0927=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Decreto Legislativo No. 22-2001.

[2] Artículo 56 primer párrafo de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros.