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Sentencia AA-904-18 — Registro 8524

Resumen

Resoluciones impugnada relacionadas al pliego de responsabilidad civil del cual se deduce responsabilidad civil a impetrante,derivada de la investigación practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola (IHMA)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO: Que conforme ha quedado establecido en abundante jurisprudencia, los actos administrativos emitidos por las instituciones del Estado son susceptibles de impugnarse a través de las acciones y recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que el peticionario, debe remitirse a lo dispuesto en el Artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y recurrir si lo estima procedente, a las instancias respectivas, en defensa de los derechos de que hace referencia.- CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo".- CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa.- CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo.- CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible, y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numeral 7 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero del año dos mil diecinueve.- VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor de MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, contra las providencias emitidas por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en fechas veintitrés (23) de julio y veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho, respectivamente, relacionadas al pliego de responsabilidad civil No.03-01-2010-DCSD, del cual se deduce responsabilidad civil al señor MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, derivada de la investigación especial practicada en el INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA), de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que la autoridad denunciada mediante las resoluciones de fechas veintitrés (23) de julio y veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho, no emitió pronunciamiento sobre los argumentos que planteó en defensa de su representado, ocasionándole por éste motivo indefensión.- CONSIDERANDO: Que previo a resolver sobre la admisión del presente amparo, ésta Sala en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciocho, solicitó a la autoridad recurrida rindiera un informe circunstanciado indicando lo pertinente a los alegatos entablados por el reclamante.- CONSIDERANDO: Que la autoridad denunciada en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve, rindió informe señalando que el Pleno del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS confirmó mediante la Resolución No.749-2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil trece, la responsabilidad formulada al ciudadano MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, con el cual tuvo por agotada la vía administrativa, procediendo por tal motivo a remitir a la Procuraduría General de la República el Pliego de Responsabilidad Civil mediante Oficio No.597/2016-SG-TSC, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis, conforme lo dispone el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; asimismo se indica en dicho informe que el auto de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho, resuelve el escrito de personamiento que presentó el solicitante en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho, el cual se tuvo por improcedente por haber concluido el trámite administrativo correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas como ya ha sido expuesto y mediante la resolución de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho, se declaró la improcedencia del recurso de reposición del que hizo uso, toda vez que la resolución de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho, es de mero trámite.- CONSIDERANDO: Que conforme ha quedado establecido en abundante jurisprudencia, los actos administrativos emitidos por las instituciones del Estado son susceptibles de impugnarse a través de las acciones y recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que el peticionario, debe remitirse a lo dispuesto en el Artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y recurrir si lo estima procedente, a las instancias respectivas, en defensa de los derechos de que hace referencia.- CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo".- CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa.- CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo.- CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible, y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numeral 7 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 4, 9, 41, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 127, 128, 129; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor de MARIO RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ, contra las providencias emitidas por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en fechas veintitrés (23) de julio y veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho, respectivamente, al no reunir la presente acción el requisito de definitividad que dé lugar la procedencia del mismo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0904-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL