Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-898-18 — Registro 10467

Resumen

Falta de notificación en relación a suspensión del pago del salario mensual de impetrante, como empleado de hospital

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". En el presente caso esta Sala observa a folio 39 de la primera pieza el Acuerdo de cancelación No. 4048-2018 de fecha 12 de octubre del año 2018, en el cual se lee entre otros, que el tipo de acción en una cancelación de su puesto por detención o prisión y concluye esta decisión administrativa, con la formula CÚMPLASE, fechada en trece de noviembre de dos mil dieciocho; sin embargo el perjuicio fue ocasionado desde el mes de septiembre cuando no se le pagó su sueldo o salario mensual por su labor realizada como médico gineco-obstetra en el hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho, sin que haya habido procedimiento administrativo alguno. CONSIDERANDO (6): Que la Ley de Procedimiento Administrativo determina en el artículo 20 que ninguna actuación material que limite derechos de los particulares podrá iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento Jurídico. Estas decisiones administrativas se comunicarán legalmente a través de la notificación al interesado, pues será hasta entonces que el acto adquirirá eficacia, esto, cuando se trate de actos de carácter particular. El acto de carácter general llámese Decreto o Reglamento adquiere eficacia desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya que dicha publicación produce los efectos de la notificación. CONSIDERANDO (7): Que al respecto la Sala de lo Constitucional manifiesta que, como regla de interpretación aplicable a todo el ordenamiento jurídico, el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil establece que “…no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. CONSIDERANDO (8): Que en el ámbito jurisdiccional el artículo 148 del Código Procesal Civil por su orden prescribe : “las resoluciones se notificaran personalmente” “la práctica se hará mediante entrega integra de la copia del acto de que se trata;” “las resoluciones judiciales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso” “los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario… tales actos se efectuaran en algunas de las formas siguientes; a) a través del profesional del derecho en funciones de representante procesal…b) Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo electrónico… o cualquier otro medio técnico que permita dejar en el expediente constancia FEHACIENTE de la recepción, de su fecha y del contenido del comunicado. C) entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar.” “Serán nulos los actos de notificación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Código pudieren causar indefensión”. CONSIDERANDO (9): Que la notificación de los actos judiciales o administrativos constituyen una actividad de los órganos jurisdiccionales o de administración, para poner en conocimiento de los interesados, el contenido de los actos que favorezcan o afecten sus derechos o intereses, a fin de interponer los recursos que contra el acto proceda. Es por ello que la falta de notificación o notificación defectuosa de determinado acto jurisdiccional o administrativo, y que afecte su eficacia, por ejemplo, impidiendo sustentar una acción recursiva, constituye, como ha quedado dicho, una vulneración al derecho de defensa y consecuentemente al derecho a un debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (11): Que en el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional, estima la vulneración al derecho de defensa del recurrente en el proceso, en tanto se ha advertido de la omisión de la notificación de la decisión administrativa supra. CONSIDERANDO (12): Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador ó los procedimientos legalmente preestablecidos. En el caso de autos, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el recurrente con respecto a los precedentes vinculantes indicados"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, a favor del Señor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, relacionadas, según el recurrente, a la suspensión del pago del salario mensual del doctor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, como empleado del hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 59, 82, 90, 127, 128 #5, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor del Señor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, contra actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud consistentes según el recurrente en la suspensión del pago del salario mensual desde el mes de septiembre del 2018 del Señor HERNANDEZ SANTOS, como empleado del Hospital San Francisco de Juticalpa, Departamento de Olancho, sin razón o motivo alguno, sin haber sido notificado del mismo, por lo cual no se pudo interponer recurso alguno (Folios 01-10 del presente Recurso) 2) Que en fecha siete (07) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por admitido el presente recurso y se ordena librar comunicación a la autoridad recurrida, para que dentro del término de dos días remitiera los antecedentes del caso. (Folio 12 del presente Recurso) 3) Que en fecha uno (01) de febrero de dos mil diecinueve (2019), SE RECIBIERON LOS ANTECEDENTES PROCEDENTES DE LA Secretaria de Estado en el Despacho de Salud logrando determinar del examen de los mismos lo siguiente: Que en fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho, el Abogado Martínez compareció ante la Secretaria General de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, presentando escrito en el cual solicitaba se le informara sobre un supuesto trámite administrativo que tenía por objeto la cancelación del acuerdo de nombramiento del Dr. Cesar Rigoberto Hernández Santos, como Médico Especialista asignado al Hospital San Francisco de Juticalpa, Departamento de Olancho, envista que no se le había acreditado en su cuenta el pago del mes de septiembre de 2018 y que no había notificado las razones de la suspensión del pago de parte de la Secretaria de Salud. En consecuencia, en fecha once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la Secretaria General de la citada Secretaria de Estado, remitió las diligencias a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos, para que informara si existía algún trámite administrativo que tuviera por objeto la cancelación del acuerdo de nombramiento del Doctor Hernández, informando que mediante la sentencia bajo el expediente AP-069-2009, se estaban realizando actuaciones correspondientes a la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, la Secretaria General de dicha Secretaria ordeno la remisión de las diligencias a la Unidad de Acuerdos Ministeriales para que informara si existía acuerdo de suspensión o cancelación del referido Doctor y de ser así adjuntara el mismo.- En esa fecha nueve (09) de noviembre de 2018, la referida Unidad remitió a la Secretaria General, copia del Acuerdo Ministerial No.4048-2018 de fecha 12 de octubre de 2018, contentivo de la Acción de personal No.5198 de Cancelación por Detención o Prisión a nombre del Señor Cesar Rigoberto Hernández Santos, en el cargo de Médico Especialista dependiente del Hospital San Francisco, efectivo a partir del 30 de septiembre de 2018.” 4) Que en fecha veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 182 del presente Recurso). 5) Que en fecha doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos Constitucionales denunciados por el compareciente, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios 28–35 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 con relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía constitucional de amparo que ahora se conoce, es la promovida por el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, a favor del Señor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, relacionadas, según el recurrente, a la suspensión del pago del salario mensual del doctor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, como empleado del hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho. Alega el recurrente que en el mes de octubre de dos mil dieciocho, no se le hizo efectivo el pago correspondiente al mes de septiembre de ese mismo año, ante ese hecho, el apoderado legal del recurrente solicitó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, en el departamento de personal, sobre un supuesto trámite administrativo de cancelación del acuerdo de nombramiento del Doctor Especialista en Ginecología CESAR RIGOBERTO HERNÁNDEZ SANTOS, asignado al Hospital de San Francisco, Juticalpa Olancho.- El recurrente señala que recurre en amparo por la falta de notificación de la decisión administrativa de la suspensión del salario; estimando con ello que con el acto reclamado le ha violentado a su representado, los derechos consignados en los artículos 59, 82, 90, 127, 128 #5, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional recuerda que el respeto y observancia de los derechos fundamentales no es exclusivo de los órganos jurisdiccionales, es mandatorio también en los procesos administrativos. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 80 constitucional establece que toda persona o asociación de personas tienen derecho a presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. La Sala entiende que esta norma garantiza el derecho del recurrente a ser oído, y a obtener una decisión ya sea favorable o adversa, pero fundada en derecho, y que esta decisión sea puesta en conocimiento del petente para efectivizar su derecho a una respuesta fundada en derecho congruente así decidir si le conviene o no, y en caso de que no sea conveniente a sus pretensiones, poder utilizar otra manifestación del derecho de defensa como ser el derecho al recurso. En el presente caso esta Sala observa a folio 39 de la primera pieza el Acuerdo de cancelación No. 4048-2018 de fecha 12 de octubre del año 2018, en el cual se lee entre otros, que el tipo de acción en una cancelación de su puesto por detención o prisión y concluye esta decisión administrativa, con la formula CÚMPLASE, fechada en trece de noviembre de dos mil dieciocho; sin embargo el perjuicio fue ocasionado desde el mes de septiembre cuando no se le pagó su sueldo o salario mensual por su labor realizada como médico gineco-obstetra en el hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho, sin que haya habido procedimiento administrativo alguno. CONSIDERANDO (6): Que la Ley de Procedimiento Administrativo determina en el artículo 20 que ninguna actuación material que limite derechos de los particulares podrá iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento Jurídico. Estas decisiones administrativas se comunicarán legalmente a través de la notificación al interesado, pues será hasta entonces que el acto adquirirá eficacia, esto, cuando se trate de actos de carácter particular. El acto de carácter general llámese Decreto o Reglamento adquiere eficacia desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya que dicha publicación produce los efectos de la notificación. CONSIDERANDO (7): Que al respecto la Sala de lo Constitucional manifiesta que, como regla de interpretación aplicable a todo el ordenamiento jurídico, el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil establece que “…no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. CONSIDERANDO (8): Que en el ámbito jurisdiccional el artículo 148 del Código Procesal Civil por su orden prescribe : “las resoluciones se notificaran personalmente” “la práctica se hará mediante entrega integra de la copia del acto de que se trata;” “las resoluciones judiciales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso” “los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario… tales actos se efectuaran en algunas de las formas siguientes; a) a través del profesional del derecho en funciones de representante procesal…b) Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo electrónico… o cualquier otro medio técnico que permita dejar en el expediente constancia FEHACIENTE de la recepción, de su fecha y del contenido del comunicado. C) entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar.” “Serán nulos los actos de notificación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Código pudieren causar indefensión”. CONSIDERANDO (9): Que la notificación de los actos judiciales o administrativos constituyen una actividad de los órganos jurisdiccionales o de administración, para poner en conocimiento de los interesados, el contenido de los actos que favorezcan o afecten sus derechos o intereses, a fin de interponer los recursos que contra el acto proceda. Es por ello que la falta de notificación o notificación defectuosa de determinado acto jurisdiccional o administrativo, y que afecte su eficacia, por ejemplo, impidiendo sustentar una acción recursiva, constituye, como ha quedado dicho, una vulneración al derecho de defensa y consecuentemente al derecho a un debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (11): Que en el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional, estima la vulneración al derecho de defensa del recurrente en el proceso, en tanto se ha advertido de la omisión de la notificación de la decisión administrativa supra. CONSIDERANDO (12): Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador ó los procedimientos legalmente preestablecidos. En el caso de autos, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el recurrente con respecto a los precedentes vinculantes indicados. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 82, 90, 94, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b,37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1).- OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, a favor del Señor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, relacionadas, según el recurrente, a la suspensión del pago del salario mensual del doctor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, como empleado del hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho. 2.- Que se proceda a realizar el procedimiento administrativo de acuerdo a las leyes de la República; 3) Que se le paguen al doctor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, los salarios dejados de percibir, hasta la fecha en que quede firme la resolución administrativa previo un procedimiento legalmente establecido. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al lugar de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. –NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0898-2018

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

6