Sentencia AA-85-19 — Registro 12008
Resumen
Acto recurrido que otorga amparo contra el auto dictado por el a-quo, con relación a la demanda promovida contra el Estado de Honduras en pretensión de devolución de cantidades pagadas indebidamente por concepto de impuesto sobre ventas, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa ..." ..." Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve; que otorgó la acción de amparo interpuesta ..."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de junio de dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Valeria Maria Ponce Duarte a favor del Estado de Honduras, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda promovida por el Abogado Leónidas José Padilla Jiménez en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM) contra el Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representando los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres de julio de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Leónidas José Padilla Jiménez en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM) interponiendo “DEMANDA ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA O IMPOSITIVA, SE PIDE LA NULIDAD PARCIAL DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR.- QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD DEL MISMO.- Y SE RECONOZCA CONSECUENTEMENTE LA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA Y PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO, QUE SE DECLARE EL DERECHO AL CRÉDITO FISCAL SOLICITADO, QUE ES DERIVADO DEL AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR VARIOS PERIODOS DEL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO AL AJUSTE A LAS DECLARACIONES DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2010.- PRETENSIÓN ALTERNA DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.- QUE SE ORDENE, ADEMÁS, LA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL VALOR ATRIBUIDO EN CONCEPTO DE MULTAS Y RECARGOS IMPUESTOS A MI MANDANTE, JUNTO CON LOS INTERESES DEVENGADOS DESDE LA FECHA DEL DEPÓSITO HASTA SU DEVOLUCIÓN, O SE DISPONGA UN CRÉDITO FISCAL A FAVOR DEL DEMANDANTE…”, contra el Estado de Honduras. (Folios 1-79 de la pieza principal del A-quo) 2) Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo en mención, dispuso que previo a resolver sobre la admisibilidad de la demanda, se subsanara la misma, ya que el plazo para la presentación de la demanda había expirado, por lo cual se concedió el plazo de diez (10) días hábiles para que la desvaneciera, asimismo, se apreció que la demanda no reunía los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia, adoleciendo de los efectos procesales siguientes: 1) Que acompañe la certificación o copia del acto impugnado; 2) Que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, la cantidad respectiva o el arreglo de pago correspondiente, para lo cual se le otorgó a la parte demandante el plazo de cinco (5) días hábiles para que subsanara… (Folio 102 vuelto de la pieza principal del A-quo) 3) En fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, la Abogada Eva Fabiola Castro Márquez, en su condición de Representante Legal de la parte demandante, se presentó ante el referido Juzgado, desvaneciendo la causa de inadmisibilidad y subsanando los defectos señalados, relacionados en el numeral que precede. (Folios 104-108 de la pieza principal del A-quo) 4) En fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, el Juzgado precitado, tuvo por subsanada la demanda y por admitida la misma junto con los documentos con que se acompañaba, emplazándose en legal y debida forma al Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República. (Folios 417 vuelto de la pieza principal del A-quo) 5) En fecha doce de mayo de dos mil quince, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición antes indicada, se presentó ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interponiendo oposición a la cuantía de la demanda incoada por no estar establecida en el escrito el porcentaje de la tasa de intereses reclamada. (Folios 1-3 de la pieza separada de oposición a la cuantía) 6) En fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, al dictar sentencia interlocutoria en la cuestión incidental de oposición a la cuantía relacionada en el numeral que precede, el A-quo, resolvió: PRIMERO: DESESTIMAR la presente cuestión incidental de OPOSICIÓN A LA CUANTÍA de la demanda interpuesta por la parte Incidentista, ya que el pronunciamiento sobre la cuantía, de ser necesario, se hará en sentencia definitiva. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima la oposición a la cuantía, que no le pone fin al juicio no procede recurso alguno. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte vencida. (Folios 52-57 de la pieza separada de oposición a la cuantía) 7) En fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, se presentó ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo antedicho, interponiendo defensas previas, mismas que fueron desestimadas en fecha veintiuno de septiembre de ese mismo año, por no existir las causas de inadmisibilidad alegadas, disponiendo así que, contra dicha resolución no cabría recurso alguno. (Folios 1-5/24-35 vuelto de la pieza separada de defensas previas) 8) En fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo sobre la cuestión incidental de procedimiento abreviado de finalización anticipada del proceso por carencia sobrevenida de objeto o por satisfacción extraprocesal en la de demanda incoada por la sociedad mercantil Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A de C.V. (SERCOM) que se ha dejado relacionada en los numerales que preceden, dictó auto resolutivo declarando: PRIMERO: CON LUGAR la presente cuestión incidental en virtud de existir aun interés legítimo y por considerar este Juzgado que aún existe la necesidad de protección jurisdiccional a la parte actora al haberse satisfecho parcialmente la pretensión de la parte demandante, en consecuencia se declara la continuación del proceso en las presentes diligencias. SEGUNDO: Contra el presente auto resolutivo no procede recurso alguno. TERCERO: …. (Folios 41-48 de la pieza de amparo) 9) Que en fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada Valeria Maria Ponce Duarte, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución referida en el numeral que precede, laudo que a criterio de los recurrentes es violatorio de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 de la pieza de amparo) 10) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en la cual falló: OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada VALERIA MARIA PONCE DUARTE, actuando en su condición de apoderada procesal del ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, con Sede en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). SEGUNDO: Que en consecuencia el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de este Departamento de Francisco Morazán, PROCEDA A EMITIR NUEVAMENTE LA RESOLUCIÓN; en el sentido de declarar SIN LUGAR el incidente en vista que no reúne los requisitos de la figura carencia de objeto y satisfacción extraprocesal de fecha VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. (Folios 49-53 de la pieza de amparo) 11) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Valeria Maria Ponce Duarte a favor del Estado de Honduras, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda promovida por el Abogado Leónidas José Padilla Jiménez en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM) contra el Estado de Honduras.. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, puesto que la aplicación de la norma utilizada supletoriamente, se aprecia un innegable error que conlleva la inaplicabilidad del fallo y que hace caer en indefensión a su representada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve; cuando señala que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo prevé la situación planteada en el incidente objeto del Amparo en su Artículo 87, siendo esta la norma principal en el desarrollo del procedimiento y la que debió utilizarse; como lo establece el amparista, que la utilización de la figura del Código Procesal Civil (483.3), es factible cuando en efecto resulta desaparecer totalmente el objeto del proceso; y en este caso el mismo continua. No es cierto que ha desapareció el objeto del proceso como lo exige la figura establecida en el Artículo 482 del Código Procesal Civil, finalización anticipada del proceso por carencia sobrevenida del objeto o por satisfacción extraprocesal. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, también, la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve; que otorgó la acción de amparo interpuesta por la Abogada Valeria Maria Ponce Duarte a favor del Estado de Honduras. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 17 de enero del año 2019 en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Valeria Maria Ponce Duarte a favor del Estado de Honduras.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, bajo el número SCO-0085-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL