Sentencia AA-806-18 — Registro 17783
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución que declaró con lugar incidente de nulidad de actuaciones; ordenó retomar la audiencia preliminar desde el momento en que se fija el debate, en Demanda de Nulidad de Actos Administrativos promovida por Desarrolladores Asociados de Honduras S A de C V e Inmobiliaria Sol Naciente S A de C V contra recurrente; La Autoridad recurrida declaró sin lugar dicho Incidente y que se continúe con el proceso establecido por constar que el Incidentista y demandante se notificó personalmente del auto que señaló audiencia preliminar, por lo que su inasistencia no es obstáculo para que el Juez se pronuncie sobre el acto administrativo impugnado, ya que la norma procesal especial señala que las cuestiones incidentales se sustanciarán en pieza separada sin suspender el curso del proceso ni por el anuncio de un recurso de apelación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente, así como la existencia de una causa de inadmisibilidad de la acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 125 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo del dos mil diecinueve. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha ocho (08) de octubre de dos mil dieciocho (2018), que otorgó el recurso presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), con relación a un incidente de nulidad de actuaciones alegado en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. A. DE C.V., e inmobiliaria SOL NACIENTE S.A. DE C.V. contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (07) de abril del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADRES, en su condición de Representante Procesal de las Sociedades Mercantiles denominadas DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. A. DE C.V., e inmobiliaria SOL NACIENTE S.A., promoviendo Demanda de Nulidad de Actos Administrativos por haber sido dictados contrarios a derecho y violentado el procedimiento del juicio de lesividad. (Folios 1–97 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, interponiendo incidente de nulidad absoluta de actuaciones por la violación de los derechos constitucionales del debido proceso y derecho de defensa en contra y a partir de la audiencia preliminar de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015). (Folio 1-3 de la pieza de Incidente de Nulidad). 3) Que en fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, mediante el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, la excepción de nulidad de actuaciones presentada por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de incidentista, retómese la audiencia preliminar desde el momento en que se fija el debate, por ser el momento procesal en que comparece al juzgado el incidentista. SEGUNDO: Contra el presente auto no cabe recurso alguno.” (Folios 21-24 de la pieza de Incidente de Nulidad) 4) Que en fecha veintisiete (27) de febrero mayo de dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su carácter de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo, contra la sentencia interlocutoria dictada en la pieza separada de Incidente de Nulidad de Actuaciones.- (Folios 1–6 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Fallo: (SIC) “PRIMERO: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, actuando en su condición de apoderado procesal del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. En consecuencia, se declara sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones y se continúe con el procedimiento establecido” (Folios 55–64 de la Pieza del Ad-Quem). 6) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, que OTORGA el recurso de amparo presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S.A., DE C.V., E INMOBILIARIA SOL NACIENTE, S.A., DE C.V., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, señala en la parte conducente del numeral SEXTO (6), (F. 13 vuelto pieza de consulta) “Que la Garantía constitucional de Debido proceso contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República, con lo cual no puede ser entendida dicha garantía sin el cumplimiento del otro derecho constitucional aludido, es decir el Derecho de Defensa, consagrado en el artículo 82 constitucional, consta en autos que el apoderado incidentista y demandante Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, se notificó personalmente del auto de señalamiento en audiencia preliminar, con lo cual se dio por enterado y con pleno conocimiento de la fecha, día y hora en la cual se llevaría a cabo la audiencia en cuestión dándose por notificado con antelación de su obligación como parte procesal de acudir a dicha audiencia. En su numeral Séptimo (7) invoca el artículo 125 de la Ley de lo Contencioso Administrativo como norma procesal especial en el presente caso dispone: “todas las cuestiones incidentales que se suscitaren en el proceso, incluyéndose la Suspensión del Acto Impugnado, incluso las que se refieren a la nulidad de actuaciones, se sustanciaran en pieza separada y sin suspender el curso de los autos”; por ello no pueden suspenderse las actuaciones procesales por el supuesto anuncio de la interposición de un Recurso de Apelación; señala el artículo 134 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que dispone la supletoriedad de la norma en los casos no previstos en la ley, por el Código Procesal Civil que también así lo dispone en su artículo 22 y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem fundamenta su resolución en los artículos 180 letra d) del Código Procesal Civil que trata de la interrupción de las audiencias, en relación directa con el artículo 177 del mismo cuerpo legal que regula los casos de Suspensión de las Audiencias…. Disponiendo que toda suspensión que el Tribunal acuerde se comunicará inmediatamente a las partes personadas y a quienes hubiesen sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos o en otra condición. Señalando que la norma aplicable preceptúa las causas justas y limitadas de los motivos de suspensión de una audiencia; no habiéndose justificado ni acreditado ninguna de las siete (7) causales para suspender la audiencia Preliminar. En la parte conducente del numeral ocho (8) se aprecia el criterio del Tribunal en determinar que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo eminentemente revisora de los actos emitidos por la Administración Pública, los cuales podrán constar por escrito y manifestados de forma material en el Expediente Administrativo de mérito, por lo que el Juez A quo al momento de emitir su sentencia deberá de tomar en consideración el contenido del Expediente Administrativo, más aún si dicho documento público hubiese sido propuesto y admitido como medio de prueba documental, por lo que la inasistencia del representante procesal de la parte demandante a la audiencia procesal, no se debe tomar como obstáculo para que el Juez de primera instancia se pronuncie sobre la conformidad o no a derecho de la emisión del acto administrativo impugnado. Por todo ello falla otorgando la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente, así como la existencia de una causa de inadmisibilidad de la acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor de EL ESTADO DE HONDURAS. Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, recaída recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo con el número SCO-0806-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.