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Sentencia AA-783-05 — Registro 11776

Resumen

Recurrente compareció ante autoridad recurrida presentando impugnación de acuerdo y reclamando reintegro al trabajo por cancelación ilegal e injusta,además el pago de salarios dejados de percibir desde el momento de su despido la cual fue declarado sin lugar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que se desprende de los antecedentes remitidos a ésta Sala, específicamente del recurso de reposición presentado por el recurrente contra la resolución N° SO-044-2018, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, que con la mencionada resolución se pone fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que el inicio del juicio de garantías comporta el agotamiento previo de los recursos y medios ordinarios de defensa que puedan asistir al quejoso, en tal virtud, apreciándose que la recurrente tiene expedita aún la vía judicial ordinaria para hacer valer sus pretensiones, procede sobreseer la acción constitucional que nos ocupa, al tenor de lo que dispone el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inamisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa."

Jerarquía: Reiterativa

"(11) Que la destitución del servidor judicial, por cualquiera de las causas invocadas, contenidas en el artículo 64 de la Ley de la Carrera judicial deben estar plenamente acreditadas, lo que ciertamente de autos se desprende que fue inobservado por el órgano encargado de velar por el cumplimiento y respeto al derecho de defensa de la impetrante habida cuenta como se dijo antes, pues el Consejo de la Carrera Judicial en ningún momento señaló de manera puntual y concreta las faltas cometidas, su gravedad lugar y fecha de la ocurrencia de tales faltas, así como la reincidencia en las mismas, y esto es así porque no existen resoluciones que acrediten las supuestas faltas imputadas y las sanciones que se hubieren impuesto. Por otra parte, la garantía de legalidad y debido proceso implica que todos los órganos observen las formalidades, derechos y garantías que la ley establece entre ellas las reglas del derecho adjetivo a fin de asegurar la igualdad de las partes y la obtención de una resolución fundada en derecho. En consecuencia los medios de prueba de la reclamante fueron inobservados, y con ello se violentó las formalidades, exigencias y solemnidades de la Constitución de la República atinente al debido proceso, dejando en estado de Indefensión a la recurrente, por todo ello se observa la vulneración de sus derechos, los que merecen de acuerdo a la justicia y al derecho, se restituyan según lo prescrito por la Constitución de la República, la ley Sobre Justicia Constitucional y los Tratados Internacionales atinentes a los derechos humanos de las personas. CONSIDERANDO (12): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado, la recurrente se encontró en estado de indefensión desde el momento en que la autoridad impugnada no sigue el debido proceso bajo los principios de objetividad e imparcialidad en relación a la acreditación o desacreditación del factum conocido, lo que vulnera el derecho de defensa de la impetrante, es así que los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, inherentes al derecho de Defensa fueron inobservados por el Consejo de la Carrera Judicial, excediéndose de esta manera en su función sancionadora al imponer una sanción desproporcionada e injusta a la Jueza de Letras Supernumeraria de Juticalpa, departamento de Olancho, Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ. CONSIDERANDO (13): Que el Ministerio Público a través de su Fiscal adscrito a la Fiscalía de Defensa de la Constitución emitió su dictamen en fecha 3 de febrero del año 2006, en el que después de una relación de los hechos expone su análisis jurídico sobre la problemática traída en amparo, encontrando que se ha mancillado el artículo 90 constitucional, por lo que fue de la opinión porque se Otorgue el Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha siete de abril de dos mil cinco, mediante la cual se declaró sin lugar el reclamo para el reintegro al cargo de Juez de Letras Supernumeraria de Juticalpa, departamento de Olancho, o en su defecto el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los artículos 80, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dos, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial, la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición personal presentando impugnación del acuerdo No. 1191 de fecha nueve de septiembre de dos mil dos, y reclamando el reintegro al trabajo por cancelación ilegal e injusta, solicitando además se le pagaran los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido. 2) Que en fecha siete de abril del año dos mil cinco, el Consejo de la Carrera Judicial, emitió resolución en la cual resolvió. “FALLA: CONFIRMANDO la destitución de la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ, como Juez Supernumeraria del Juzgado de Letras Primero de Juticalpa, departamento de Olancho, en consecuencia, SE DECLARA SIN LUGAR EL ESCRITO DE RECLAMO PARA EL REINTEGRO AL TRABAJO O EN SU DEFECTO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, presentado por la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ… (Folio 150 al 152 de los antecedentes). 3)Que en fecha quince de junio del año dos mil cinco, la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ, compareció ante la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reclamando amparo contra la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha siete de abril de dos mil cinco. 4) Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil seis, la Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado el recurso de merito, ordenando dar vista al fiscal del despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 13 de la pieza de amparo). 5)Que en fecha seis de febrero del año dos mil seis, se tuvo por evacuada la vista concedida al fiscal del despacho Abogado Oscar Arnaldo Alvarado García y por emitido su dictamen en el cual fue de la opinión de que se otorgue el amparo. (Folio 21 de la pieza de amparo). 6) Que en fecha nueve de agosto del año dos mil seis, la sala dictó Sentencia otorgando, el presente amparo, pero al no haber sido por unanimidad, en fecha seis de enero de dos mil diez, se remitieron las diligencias a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para someter el asunto al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 34 de la pieza de amparo). 7)La Sala de lo Constitucional resolvió: REMITIR las presentes diligencias y sus antecedentes a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para su sometimiento al Pleno de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que conlleven a su conocimiento y resolución definitiva, en vista de no haber existido unanimidad en la decisión del mismo por el pleno de la Sala de lo Constitucional, dichas diligencias fueron recibidas por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. (Folios 46 al 47 y 50 al 52 de la pieza de amparo). 8) En fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, la Corte Suprema de Justicia resolvió: “REMITIR las presentes diligencias y sus antecedentes a la Sala de lo Constitucional, para su conocimiento, votación y fallo que conlleva el dictado de la resolución definitiva.” (Folios 54 al 56 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha siete de abril del año dos mil cinco, por el Consejo de la Carrera Judicial, en el reclamo presentado por la recurrente Abogada RITA ARACELY HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, para que se le reintegre a su cargo de Juez de Letras Supernumeraria del Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, a partir del dieciséis de septiembre del año dos mil dos, mediante la cual dicta Resolución definitiva confirmando la destitución de la recurrente y declarando sin lugar el Escrito de Reclamo para el reintegro de trabajo o en su defecto el pago de prestaciones laborales. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en el escrito de formalización de la acción de amparo en su numeral Primero deja establecido que la resolución impugnada en el considerando número tres del fallo, no consideró la prueba vertida por la parte reclamante, con la que acreditó que pese haber tenido que manejar el Juzgado por mucho tiempo sola con la carga de tres jueces emitió muchas resoluciones dentro de los plazos establecidos por la ley, y que aún estando los otros dos jueces en el despacho dictó mas resoluciones que cualquiera de ellos. Señalando además que tales documentos no fueron valorados por el Consejo de la Carrera Judicial, tampoco se menciona específicamente en que y cuantos fueron los expedientes en los que se cometió el retardo de justicia señalado. CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente sigue exponiendo que el contenido del considerando número cuatro es totalmente alejado de la verdad pues mediante prueba testifical y documental acreditó que su conducta nunca fue antiética y nunca peleó con el Juez Supernumerario, sino que después de solicitar consejo de uno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puso en conocimiento de la Inspectoría de Tribunales la conducta corrupta del Juez Supernumerario del Juzgado, acreditando fehacientemente que hacía maniobras irregulares dentro del despacho, tal es el caso de cambiar el número de Expediente con el objeto de quedarse con el dinero que le solicitaba a la parte afectada, simulando una fianza personal, que nunca ejecutaba su trabajo, ausentándose constantemente del Despacho. Expone también que en una de las partes del considerando cuatro se señala que en una de esas ocasiones (dando a entender que por enojo) sancioné a todos los empleados del Juzgado, sin señalar siquiera la fecha y cual fue el tipo de sanción de la que se haya hecho uso, lo que es totalmente falso; al respecto señala que se sancionó en diferentes fecha a cuatro empleadas por prestar los expediente para que los procuradores leyeran las resoluciones antes de ser firmadas, por no querer cubrir los turnos señalados para los fines de semana, señalando que los llamados de atención se hicieron por escrito y los mismos tienen fechas anteriores a la llegada del Juez Supernumerario al Juzgado y las escribientes se retractaron del contenido de la denuncia MANIFESTANDO ANTE LA Inspectora de Tribunales que todo era un mal entendido. Señala que los testigos propuestos en su momento fueron tachados, sin ser admitida la tacha de testigos propuesta, pues los mismos tenía interés manifiesto en el asunto, especialmente la Jueza que asumió su cargo y el Juez de la Niñez que tenía un interés político, al igual que el Juez supernumerario que denunció y a raíz de esa denuncia fue destituido cuatro meses antes de su destitución, y, aun así sus declaraciones fueron ambiguas y desvirtuadas especialmente por la Secretaria del Despacho con su declaración, la que manifestó que su conducta no fue irregular , además señala las tres constancias emitidas por tres procuradores, donde manifiestan que fue diligente y emitió muchos fallos. CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente manifiesta que no comparte el contenido del considerando cinco que señala que se le hicieron varios llamados de atención por irregularidades cometidas en el desempeño de su cargo, señalando que es totalmente falso, ya que si se revisa su expediente con imparcialidad se verá claramente que no tiene llamados de atención, ni sanciones de otra índole en el desempeño de sus labores y si en este momento existiese alguna esta debe contener la fecha y el recibo de la misma para que tenga validez, pues al no ser notificado un llamado de atención al interesado según la Ley de la Carrera Judicial no es válido porque se violenta el derecho de defensa, impidiendo el reclamo administrativo correspondiente. Deja establecido que las denuncias investigadas fueron declaradas sin lugar en su momento. CONSIDERANDO: (7) Que la recurrente considera que se le han violentado no solo garantías constitucionales como ser el derecho al honor, el que se ha dañado al ser tildada por parte del Consejo de la Carrera Judicial como ineficiente, poco ética. Señala además la existencia de un tinte político haciendo mención de la expresión vertida por la Sub Directora de la Carrera Judicial en aquel momento que reproduce de la siguiente manera: “Mamita estamos en el poder podemos quitar y poner a la persona de nuestra conveniencia”, señalando que esto lo pudo notar con el tipo de testigos propuestos en su contra, violentando de esta manera su derecho constitucional a la Igualdad, contenidos en los artículo 60, 76, y 309 de la Constitución de la República. Expone que se ha violentado las garantías procedimentales como ser la valoración de la prueba, la aplicación del Régimen disciplinarios y sanciones, contenidas en los capítulos XI y XII del Reglamento de la Carrera Judicial y especialmente no estar conformado el Consejo de la Carrera Judicial de acuerdo al reglamento interno del mismo pues falta el integrante del Ministerio Público y en su expediente ni siquiera se menciona porque hay ausencia del representante del Ministerio Público. Finalmente señala que la decisión fue totalmente parcializada, olvidando los principios de la sana crítica al no valorar la prueba vertida, dictando un fallo contrario a derecho. CONSDIDERANDO: (8) Que el Consejo de la Carrera Judicial en los considerando cuatro, cinco y seis señala que la recurrente en varios expediente no dictaba las resoluciones dentro de los plazos establecidos en la ley, que en varias oportunidades tuvo una conducta no ética, que tuvo peleas con el Juez supernumerario (no señala nombre), además que sancionó a todos los empleados del tribunal, también señala que se estableció que se le hicieron varios llamados de atención por irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. Por todo ello confirmó la destitución de la recurrente. CONSIDERANDO: (9) Que el Debido proceso es un derecho y a la vez una garantía de regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado, a fin de proteger los derechos del individuo y evitar que ninguna actuación de cualquier autoridad pública (o poderes del Estado, Judicial, Ejecutivo y legislativo) dependa de su propio arbitrio, sino que se sujeten tanto a la Ley constitucional, como a las demás leyes, así como la práctica de convencionalidad que procede en cada caso. El concepto del Debido Proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental como conjunto de garantías de los derechos de goce- cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano. Debemos concluir que el debido proceso es una garantía formal para el administrado en el sentido que deben cumplirse todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige, para que una decisión o resolución (acto final) pueda calificarse con validez a la luz del ordenamiento jurídico, en un plano material el debido proceso otorga al administrado la garantía de que podrá hacer valer sus derechos en ámbito y escenario de la administración, derecho – garantía que debe aplicarse de igual manera en los procedimientos que se desarrollen en sede administrativa sin todavía haber llegado al ámbito jurídico, a fin de que la autoridad administrativa se mantenga apegada a la ley. CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala analizando los hechos expuestos por la recurrente en la formalización de la acción de amparo, aprecia, que ciertamente la impetrante al comparecer ante el Consejo de la Carrera Judicial, donde propuso y evacuo una serie de medios de prueba desde testifical, documental e inspecciones. Esta Sala es del criterio que toda autoridad debe seguir el debido proceso en todas las actuaciones que realiza, bajo los principios de imparcialidad y objetividad, con especial esmero en todo aquello que atañe a la acreditación o desacreditación de los hechos por los cuales una decisión puede afectar los derechos fundamentales de una persona, en el caso de estudio resulta evidente que tales principios fueron desconocidos por la autoridad recurrida, lo que en consecuencia resulta en una actuación irregular. Apreciando, de acuerdo a la resolución de destitución que si bien hace referencia a faltas e irregularidades cometidas por la recurrente, estas no aparecen acreditadas o probadas mediante resolución alguna, observándose en la primera pieza de autos a folio setenta y siete (77) la certificación emitida por el Secretario de la Corte Tercera de Apelaciones de fecha 02 de mayo del año 2002, referida a una denuncia contra la recurrente, que de acuerdo a la normativa legal la misma fue declarada sin lugar, (no se aprecio esta certificación por el consejo), de igual manera el informe especial por denuncia de fecha 30 de abril del 2002 donde se declara su improcedencia (F. 90-91). La denuncia concluida en fecha 14 de mayo del 2002, también fue declarada improcedente. A folio 98 al 100, se aprecia otro informe especial por Denuncia que también fue declarada Improcedente, entre otras que tampoco fueron consideradas por la autoridad recurrida, encontrándose dos denuncias declaradas procedentes por lo que la Sub directora de Administración de personal de la Carrera Judicial consigno en el dictamen que rindió que se le hiciera un llamado de atención a la ahora recurrente, sanción aplicable únicamente cuando la falta es leve, por tal no amerita una sanción fuerte como podría ser una multa, suspensión y en ultimo momento el despido del cargo que desempeña. De igual manera se pudo verificar en los informes que datan desde el mes de julio a diciembre del 2001 y de enero a diciembre del año 2002, (F. 22 al 39) que contienen el número de sentencias y resoluciones dictadas por la Abogada Hernández, y dos Jueces más, que en algunos meses la Juez Hernández superaba la cantidad de trabajo realizado a la de sus compañeros, de igual manera las inspecciones propuestas y si bien evacuadas por la recurrente para desacreditar los actos irregulares que se imputan no fueron analizados y ni siquiera se hizo mención en la resolución impugnada (F. 40 AL 47. CONSIDERANDO:(11) Que la destitución del servidor judicial, por cualquiera de las causas invocadas, contenidas en el artículo 64 de la Ley de la Carrera judicial deben estar plenamente acreditadas, lo que ciertamente de autos se desprende que fue inobservado por el órgano encargado de velar por el cumplimiento y respeto al derecho de defensa de la impetrante habida cuenta como se dijo antes, pues el Consejo de la Carrera Judicial en ningún momento señaló de manera puntual y concreta las faltas cometidas, su gravedad lugar y fecha de la ocurrencia de tales faltas, así como la reincidencia en las mismas, y esto es así porque no existen resoluciones que acrediten las supuestas faltas imputadas y las sanciones que se hubieren impuesto. Por otra parte, la garantía de legalidad y debido proceso implica que todos los órganos observen las formalidades, derechos y garantías que la ley establece entre ellas las reglas del derecho adjetivo a fin de asegurar la igualdad de las partes y la obtención de una resolución fundada en derecho. En consecuencia los medios de prueba de la reclamante fueron inobservados, y con ello se violentó las formalidades, exigencias y solemnidades de la Constitución de la República atinente al debido proceso, dejando en estado de Indefensión a la recurrente, por todo ello se observa la vulneración de sus derechos, los que merecen de acuerdo a la justicia y al derecho, se restituyan según lo prescrito por la Constitución de la República, la ley Sobre Justicia Constitucional y los Tratados Internacionales atinentes a los derechos humanos de las personas. CONSIDERANDO (12): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado, la recurrente se encontró en estado de indefensión desde el momento en que la autoridad impugnada no sigue el debido proceso bajo los principios de objetividad e imparcialidad en relación a la acreditación o desacreditación del factum conocido, lo que vulnera el derecho de defensa de la impetrante, es así que los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, inherentes al derecho de Defensa fueron inobservados por el Consejo de la Carrera Judicial, excediéndose de esta manera en su función sancionadora al imponer una sanción desproporcionada e injusta a la Jueza de Letras Supernumeraria de Juticalpa, departamento de Olancho, Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ. CONSIDERANDO (13): Que el Ministerio Público a través de su Fiscal adscrito a la Fiscalía de Defensa de la Constitución emitió su dictamen en fecha 3 de febrero del año 2006, en el que después de una relación de los hechos expone su análisis jurídico sobre la problemática traída en amparo, encontrando que se ha mancillado el artículo 90 constitucional, por lo que fue de la opinión porque se Otorgue el Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 160, 264, 272 del Código Procesal Penal 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada RITA ARACELY HERNANDEZ, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha siete (07) de abril del año dos mil cinco (2005). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se reintegre a la Abogada RITA ARACELY HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, al cargo del cual fue destituida o en su caso se paguen a la recurrente las indemnizaciones que por despido injustificado prevé la ley en reconocimiento de los derechos laborales que le corresponden. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. -NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número 783=05.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL.

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