Sentencia AA-749-17 — Registro 17653
Resumen
Acto recurrido contra la Resolución N°SE 035-2017 que resolvió un recurso de revisión promovido contra el ministerio publico, declarando con lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que la violación al derecho a un debido proceso se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a tener un acceso a las instancias administrativas o a los tribunales; al derecho a obtener una resolución o sentencias fundadas en derecho congruente, cuando se priva al derecho de la efectividad de las resoluciones y sobre todo a un derecho al recurso legalmente previsto. Así las cosas, en el presente caso cuando se observa o altera una solemnidad o trámite previsto en las normas adjetivas que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, es cuando surge la vulneración al debido proceso, lo que hace procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del Ministerio Público contra la Resolución N°SE 035-2017, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) que resolvió un recurso de revisión promovido por el señor ANDRÉS EDUARDO PÉREZ MUNGUÍA, contra el MINISTERIO PÚBLICO.- Manifiesta el Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en el artículos 80, 82, 89, 90, 232 y 303 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante correo electrónico, el señor ANDRÉS EDUARDO PÉREZ MUNGUÍA, presentó recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, contra el MINISTERIO PÚBLICO, en virtud de una solicitud de información presentada ante la Oficina de Transparencia del Ministerio Público, manifestando el peticionario que dicha institución le había denegado un informe estadístico sobre los casos conocidos por la Fiscalía de Delitos Electorales y su estado, negándole también un reglamento, y que se le había enviado información incompleta, pasados seis días del término legal, sin haber solicitado prórroga. (Folios 1 y 2 del antecedente).-2) Que, seguido el procedimiento, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete (2017), emitió la Resolución No. SO-035-2017, en la cual: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el señor ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA, quien actúa en su condición personal; contra EL MINISTERIO PUBLICO, en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.- SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea y parcial al Recurrente la información relacionada a: “1-) Acuerdo de Creación y Reglamento de Funcionamiento de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales aprobados en 2013. TERCERO: Se ordena al MINISTERIO PÚBLICO a través de su Titular Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA a que haga entrega inmediata en el formato que se encuentre disponible la información referente a: “1-) Las estadísticas completas de los casos conocidos por la Fiscalía Especial de Delitos Electorales durante el proceso electoral del 2013. 2- ) Dictamen de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución en la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley de Clasificación de Documentos por C-Libre, CIPRODEH y otras organizaciones de la Sociedad Civil.” CUARTO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el Recurrente, al MINISTERIO PUBLICO, conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014. QUINTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. …” (Folios 134 al 137 de los antecedentes).-3) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, interponiendo acción de amparo a favor del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de la Resolución N° SO- 035-2017, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017).
- Que habiéndose concedido la vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalizara su acción, la Sala en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), tuvo formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo. (Folio 28 de la pieza de amparo).-5) Que habiéndose concedido vista al Fiscal del Despacho, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por abstenida en legal y debida forma a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERRES, en su condición de Fiscal del Despacho, de emitir dictamen en el recurso de amparo interpuesto, por constatarse la participación del Ministerio Público en las diligencias y de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 31 al 36 de la pieza de amparo).-FUNDAMENTACION JURIDICA.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-
CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía constitucional de amparo promovida por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del Ministerio Público contra la Resolución N°SE 035-2017, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) que resolvió un recurso de revisión promovido por el señor ANDRÉS EDUARDO PÉREZ MUNGUÍA, contra el MINISTERIO PÚBLICO el cuál fue declarado CON LUGAR en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCSESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUNDO: así mismos manda que se tenga por entregada de manera extemporánea y parcial, al recurrente la información relacionada TERCERO: se ordena al MINISTERIO PUBLICO a través de su titular el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA en su condición FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA a que haga entrega inmediata en el formato en que se encuentre disponible la información referente a: “1.) las estadísticas completas de los casos conocidos por la fiscalía especial de delitos electorales durante el proceso electoral del 2013. 2.) dictamen de la fiscalía especial de la defensa de la constitución en la acción de inconstitucionalidad promovida contra ley de clasificación de documentos por C-libre, CIPRODEH y otras organizaciones de la sociedad civil. “en razón que el derecho de acceso a la información es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública. CUARTO: que se proceda a la apertura de el respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente al MINISTERIO PUBLICO, conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCSESO A LA INFORMACION PUBLICA contenida en el acuerdo SE-007-2014 publicado en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de marzo del 2014. QUINTO: la presente resolución pone fin a la via administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de transparencia y acceso a la Información Publica, la misma quedara firme con los efectos pertinentes……...- Manifiesta el Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en el artículos 80, 82, 89, 90, 232 y 303 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es una ley de orden público e interés social y tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la de mocracia mediante la participación ciudadana[1].-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en el artículo 20 el procedimiento a seguir y establece que la solicitud de acceso a la información pública deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin motivación ni formalidad alguna…. El artículo 21 continúa con el procedimiento y manda que, una vez presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma. Asimismo, el artículo 26 de la misma ley señala que cuando la solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en el Artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Publica en adelante la (IAIP) para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir de la presentación de la solicitud. Contra esta resolución solo procederá el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional observa que se ha desarrollado el procedimiento administrativo establecido en los artículos 21 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta haber obtenido una resolución en la que el Ministerio publico deniega parcialmente la entrega de la información requerida por el señor ANDRÉS EDUARDO PÉREZ MUNGUÍA, así como también denegar la entrega de el reglamento, ya que el mismo fue publicado en el diario oficial la gaceta y se encuentra en el portal de transparencia institucional, así mismo establece que el dictamen de la fiscalía especial de defensa de la constitución en la acción de inconstitucionalidad promovida contra la ley de clasificación de documentos (conocida como la ley de secretos oficiales) fue denegado por considerar que únicamente es un dictamen y que el mismo no es vinculante y por lo tanto no se puede compartir esa información con terceros que no son parte en el proceso.- CONSIDERANDO SIETE (7): en tal sentido al hacer un estudio minucioso de la acción de amparo y según el recurrente establece que se le ha violentado el derecho al debido proceso estableciendo que la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la información pública venida en amparo en la que se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA, estableciendo en dicha resolución del recurso de revisión que dicha información fue entregada de manera extemporánea e incompleta, alega el amparista que dichos hechos son falsos y expresa en su relación de hechos lo que él considera pertinente, pero esta sala al hacer una revisión de los mismos encuentra que según se desprende del expediente de merito la información fue solicitada por el señor ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA en fecha 03 de Agosto del 2016 por vía electrónica a la oficina de transparencia del ministerio público, el cual según auto FGR-517-2016 de fecha 04 de agosto del 2016 confirma el recibo de el mismo comenzando a correr el termino legal de 10 días para entregar la información solicitada tal como lo establece el artículo 21 de el mismo cuerpo legal, o si en su caso la misma es denegada fundamentando las razones, de lo cual se desprende que dicha información fue entregada de forma parcial en fecha 25 de agosto del 2016 transcurriendo aproximadamente 6 días después de el termino legal para haberla entregado y sin haber establecido una prorroga extra de este término tal como lo manda el artículo 26 de la ley de transparencia y acceso a la información pública, en tal sentido el solicitante ante esta situación acontecida en virtud de habérsele entregado de manera parcial la información y de igual manera según dictamen emitido por el Ministerio Publico con numero DGF-229-2016 en el cual se deniega la otra parte de la información requerida por considerar que la misma es considerada reservada, situación que da como consecuencia la interposición del recurso de revisión que la mima ley de acceso a la información pública le franquea en su artículo 26, así mismo se constata en el caso sub judice que se requirió por parte del IAIP al Ministerio publico en fecha 24 de noviembre del 2016, en virtud del recurso de revisión a efectos de que la institución hiciera entrega de la información requerida, la cual fue contestada en fecha 29 de noviembre en el cual se establece según el dictamen emitido por la asistente de dirección de Fiscalía respecto al recurso de revisión en el cual nuevamente Ministerio publico establece deniega parcialmente la información solicitada por el señor ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA, así mismo deniega la entrega del reglamento estableciendo que el mismos se publicó en el diario oficial la gaceta y se encuentra en el portal de transparencia institucional.-En tal sentido se desprende que el ministerio publico no ha acreditado al IAIP que la información requerida haya sido decretada como reservada tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, la cual establece que para clasificar la información como reservada, en base a cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 17, el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxime jerarquía de la institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información debidamente motivado y sustentado, el titular respectivo debe de remitir copia de la petición al instituto de acceso a la información pública. Situación esta que no ha acontecido en las presentes diligencias por lo cual el ministerio público no acredito que dicha información haya sido clasificada como reservada, por lo que se deduce que no ha existido violación alguna a la garantía del debido proceso.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la violación al derecho a un debido proceso se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a tener un acceso a las instancias administrativas o a los tribunales; al derecho a obtener una resolución o sentencias fundadas en derecho congruente, cuando se priva al derecho de la efectividad de las resoluciones y sobre todo a un derecho al recurso legalmente previsto. Así las cosas, en el presente caso cuando se observa o altera una solemnidad o trámite previsto en las normas adjetivas que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, es cuando surge la vulneración al debido proceso, lo que hace procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce.
PARTE DISPOSIYTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 80, 82, 90, 94, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 INCISO 2), 5, 6, 7, 9.3.d, 37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 20, 21 Y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 39, 52, 53, 56 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del Ministerio Público contra la Resolución N°SE 035-2017, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) que resolvió un recurso de revisión promovido por el señor ANDRÉS EDUARDO PÉREZ MUNGUÍA, contra el MINISTERIO PÚBLICO; Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Órgano Administrativo de la procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días (25) del mes de marzo de dos mil diecinueve.- Visto el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del MINISTERIO PUBLICO contra la resolución SCO-035-2017 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) de fecha treinta (30) de mayo del dos mil diecisiete (2017), de la sentencia que obra en el expediente SCO-0749-2017 de fecha treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019), que deniega el recurso de amparo administrativo presentado contra en relación a la demanda promovida por el señor ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA contra el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP).-CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, notificado a su representada en fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecisiete (2017); Y MANDA: Que en definitiva se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada por el peticionario, debiendo la Secretaría del Despacho notificar la presente resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 4 numeral 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de enero y Resolución de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaídas en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0749-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Naturaleza y finalidad de la ley.