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Sentencia AA-744-17 — Registro 12547

Resumen

Resolución que declaró la nulidad absoluta en relación a defensas previas declaradas con lugar,en la Demanda Especial en Materia Personal para la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida contra recurrente para el pago de prestaciones e indemnización legal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación a las Defensa Previas promovida por la parte demandada, alegando que existe una causal de inadmisibilidad de la demanda, contenida en el Artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, consistente en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos.”; en la Demanda Especial en Materia de Personal para la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Defensas Previas que fue declarada con lugar por el A-quo, anulando esta decisión el Tribunal Ad-quem, bajo el argumento de: (Sic) “Ante el análisis jurídico que procede, este Tribunal se ha afrontado a la difícil realidad de que no existe en el expediente de mérito las diligencias que contienen las actuaciones administrativas, mismas que son indispensables para revisar y confrontarlas con los alegatos de las partes procesales y así decidir en base a Derecho el presente incidente.-En marzo del 2015 el Juez A-quo giró comunicación judicial a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para que ésta remitiera al Tribunal en un plazo máximo de cinco días hábiles el expediente administrativo, habiendo sido recibida la comunicación en el ente estatal hasta el 3 de septiembre del 2015, y fue en noviembre del 2015 que el Juez A-Quo emite sorprendentemente el auto resolutivo que decide las defensas previas alegadas, sin tener, mirar, valorar, analizar el expediente administrativo, pues no consta de autos ni fue remitido a este Tribunal, que es donde constan los hechos que alegan en las defensas previas, como ser la notificación del acto administrativo impugnado.- Situación que a todas luces es inaceptable y acarrea nulidad procesal….” CONSIDERANDO (9): Que de la foliada de los antecedentes, se deprende que en fecha 2 de diciembre del año 2013, compareció ante el A-quo la Abogada Ethel Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General de la República, promoviendo Defensas Previas, en la Demanda Especial en Materia Personal para la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; mediante auto de fecha 6 de diciembre del mismo año 2013, el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo resolvió: (Sic) “PRIMERO: Tienése por promovida en tiempo y forma la Cuestión Incidental de Defensas Previas, acompañadas del expediente administrativo de la demandante, el que por su carácter voluminoso quedará fuera del proceso en la Secretaría del Despacho….” –Ver folio 7v de la pieza separada de Defensa Previas- CONSIDERANDO (10): Que aunado a lo anterior, en relación a que el A-quo dejó constancia en el auto de presentación de las Defensas Previas, que el expediente administrativo de la demandante quedaba fuera del proceso por su carácter voluminoso, hace referencia asimismo en el acápite quinto de los fundamentos de derecho, de la Sentencia Interlocutoria de fecha 23 de noviembre del año 2015, que declara Con Lugar las defensas previas alegadas, a la Actuación Diferida, en relación a que cuando la actuación judicial requiera mas tiempo del previsto se estará a lo dispuesto en este Código, al regular el principio de concentración. Las decisiones al respecto se harán constar en el acta. En el presente caso la resolución se dicta hasta esta fecha porque el expediente administrativo se había extraviado, teniendo conocimiento de ello las partes que intervienen en el juicio. –Ver folio 29 de la pieza separada de Defensas Previas- CONSIDERANDO (11): Que de la foliada de los antecedentes, este Sala de lo constitucional advierte, que se remitió al Tribunal de Segunda Instancia, únicamente la Pieza Principal y la Pieza separada de Defensas Previas, no así el expediente administrativo que fuera presentado por la parte demandada al momento de promover el escrito alegando las Defensas Previas antes relacionadas –Ver folio 1 de la pieza de antecedentes de segunda instancia-; no advirtiendo asimismo, que el Tribunal de Segunda Instancia haya requerido del A-quo el expediente administrativo a efecto de resolver en el fondo el Recurso de Apelación promovido por la parte demandante-incidentada. CONSIDERANDO (12): Que el Ad-quem resuelve mediante sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), anular la resolución de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el A-quo, amparada en el argumento que no puede valorar el incidente de Defensas Previas por no tener a la vista el expediente administrativo, asimismo argumenta que el Juez A-quo emite sorprendentemente auto resolutivo sin tener, mirar, analizar el expediente administrativo, argumento que no es de recibo, pues se evidencia de los autos emitidos y relacionados en el presente libelo, que el A-quo hace mención al porque las defensas previas se resuelven tiempo después, ello a causa del extravío del expediente, mismo que fue recibido con el escrito de interposición de las Defensas Previas y estando enteradas de tal situación las partes, por ello la sentencia se emite tiempo después cuando el expediente fue encontrado, según entiende este Alto Tribunal, pues se tuvo a la vista la pieza de antecedentes del expediente administrativo, que arguye el tribunal recurrido no fue valorado ni analizado por el A-quo. CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que siendo evidente la inobservancia de las formalidades procesales establecidas, en el acto que se recurre en Amparo y que fuera emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al dejar de resolver sobre el fondo, el asunto que fue sometido a su conocimiento, a través del Recurso de Apelación promovido y anular una resolución que fue dictada por el A-quo, sin sustento legal que fundamente la decisión adoptada, utilizando argumentos que no son de recibo por este Alto Tribunal, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente –Artículo 3 del Código Procesal Civil-, ello en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, al aplicarse en forma supletoria las disposiciones de la ley procesal civil, garantizando el debido proceso contenido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán-, debe dictar una nueva resolución con acopio a lo dejado plasmado en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, en respeto a las formalidades procesales establecidas en la Ley, debiendo en consecuencia el tribunal recurrido conocer el fondo del asunto y dar respuesta a los argumentos expuestos en el Recurso de Apelación promovido, disponiendo para ello del expediente administrativo, el cual estuvo en custodia de la Secretaría del órgano jurisdiccional de primera instancia, como bien se expresa en las resoluciones emitidas por el A-quo. CONSIDERANDO (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO"

Legislación citada

  • Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación a las Defensa Previas promovida por la parte demandada, alegando que existe una causal de inadmisibilidad de la demanda, contenida en el Artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, consistente en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos.”; en la Demanda Especial en Materia de Personal para la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Defensas Previas que fue declarada con lugar por el A-quo, anulando esta decisión el Tribunal Ad-quem, bajo el argumento de: (Sic) “Ante el análisis jurídico que procede, este Tribunal se ha afrontado a la difícil realidad de que no existe en el expediente de mérito las diligencias que contienen las actuaciones administrativas, mismas que son indispensables para revisar y confrontarlas con los alegatos de las partes procesales y así decidir en base a Derecho el presente incidente.-En marzo del 2015 el Juez A-quo giró comunicación judicial a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para que ésta remitiera al Tribunal en un plazo máximo de cinco días hábiles el expediente administrativo, habiendo sido recibida la comunicación en el ente estatal hasta el 3 de septiembre del 2015, y fue en noviembre del 2015 que el Juez A-Quo emite sorprendentemente el auto resolutivo que decide las defensas previas alegadas, sin tener, mirar, valorar, analizar el expediente administrativo, pues no consta de autos ni fue remitido a este Tribunal, que es donde constan los hechos que alegan en las defensas previas, como ser la notificación del acto administrativo impugnado.- Situación que a todas luces es inaceptable y acarrea nulidad procesal….” CONSIDERANDO (9): Que de la foliada de los antecedentes, se deprende que en fecha 2 de diciembre del año 2013, compareció ante el A-quo la Abogada Ethel Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General de la República, promoviendo Defensas Previas, en la Demanda Especial en Materia Personal para la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; mediante auto de fecha 6 de diciembre del mismo año 2013, el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo resolvió: (Sic) “PRIMERO: Tienése por promovida en tiempo y forma la Cuestión Incidental de Defensas Previas, acompañadas del expediente administrativo de la demandante, el que por su carácter voluminoso quedará fuera del proceso en la Secretaría del Despacho….” –Ver folio 7v de la pieza separada de Defensa Previas- CONSIDERANDO (10): Que aunado a lo anterior, en relación a que el A-quo dejó constancia en el auto de presentación de las Defensas Previas, que el expediente administrativo de la demandante quedaba fuera del proceso por su carácter voluminoso, hace referencia asimismo en el acápite quinto de los fundamentos de derecho, de la Sentencia Interlocutoria de fecha 23 de noviembre del año 2015, que declara Con Lugar las defensas previas alegadas, a la Actuación Diferida, en relación a que cuando la actuación judicial requiera mas tiempo del previsto se estará a lo dispuesto en este Código, al regular el principio de concentración. Las decisiones al respecto se harán constar en el acta. En el presente caso la resolución se dicta hasta esta fecha porque el expediente administrativo se había extraviado, teniendo conocimiento de ello las partes que intervienen en el juicio. –Ver folio 29 de la pieza separada de Defensas Previas- CONSIDERANDO (11): Que de la foliada de los antecedentes, este Sala de lo constitucional advierte, que se remitió al Tribunal de Segunda Instancia, únicamente la Pieza Principal y la Pieza separada de Defensas Previas, no así el expediente administrativo que fuera presentado por la parte demandada al momento de promover el escrito alegando las Defensas Previas antes relacionadas –Ver folio 1 de la pieza de antecedentes de segunda instancia-; no advirtiendo asimismo, que el Tribunal de Segunda Instancia haya requerido del A-quo el expediente administrativo a efecto de resolver en el fondo el Recurso de Apelación promovido por la parte demandante-incidentada. CONSIDERANDO (12): Que el Ad-quem resuelve mediante sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), anular la resolución de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el A-quo, amparada en el argumento que no puede valorar el incidente de Defensas Previas por no tener a la vista el expediente administrativo, asimismo argumenta que el Juez A-quo emite sorprendentemente auto resolutivo sin tener, mirar, analizar el expediente administrativo, argumento que no es de recibo, pues se evidencia de los autos emitidos y relacionados en el presente libelo, que el A-quo hace mención al porque las defensas previas se resuelven tiempo después, ello a causa del extravío del expediente, mismo que fue recibido con el escrito de interposición de las Defensas Previas y estando enteradas de tal situación las partes, por ello la sentencia se emite tiempo después cuando el expediente fue encontrado, según entiende este Alto Tribunal, pues se tuvo a la vista la pieza de antecedentes del expediente administrativo, que arguye el tribunal recurrido no fue valorado ni analizado por el A-quo. CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que siendo evidente la inobservancia de las formalidades procesales establecidas, en el acto que se recurre en Amparo y que fuera emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al dejar de resolver sobre el fondo, el asunto que fue sometido a su conocimiento, a través del Recurso de Apelación promovido y anular una resolución que fue dictada por el A-quo, sin sustento legal que fundamente la decisión adoptada, utilizando argumentos que no son de recibo por este Alto Tribunal, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente –Artículo 3 del Código Procesal Civil-, ello en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, al aplicarse en forma supletoria las disposiciones de la ley procesal civil, garantizando el debido proceso contenido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán-, debe dictar una nueva resolución con acopio a lo dejado plasmado en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, en respeto a las formalidades procesales establecidas en la Ley, debiendo en consecuencia el tribunal recurrido conocer el fondo del asunto y dar respuesta a los argumentos expuestos en el Recurso de Apelación promovido, disponiendo para ello del expediente administrativo, el cual estuvo en custodia de la Secretaría del órgano jurisdiccional de primera instancia, como bien se expresa en las resoluciones emitidas por el A-quo. CONSIDERANDO (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación a las Defensa Previas promovida por la parte demandada, alegando que existe una causal de inadmisibilidad de la demanda, contenida en el Artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, consistente en: “Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos.”; en la Demanda Especial en Materia de Personal para la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Defensas Previas que fue declarada con lugar por el A-quo, anulando esta decisión el Tribunal Ad-quem, bajo el argumento de: (Sic) “Ante el análisis jurídico que procede, este Tribunal se ha afrontado a la difícil realidad de que no existe en el expediente de mérito las diligencias que contienen las actuaciones administrativas, mismas que son indispensables para revisar y confrontarlas con los alegatos de las partes procesales y así decidir en base a Derecho el presente incidente.-En marzo del 2015 el Juez A-quo giró comunicación judicial a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para que ésta remitiera al Tribunal en un plazo máximo de cinco días hábiles el expediente administrativo, habiendo sido recibida la comunicación en el ente estatal hasta el 3 de septiembre del 2015, y fue en noviembre del 2015 que el Juez A-Quo emite sorprendentemente el auto resolutivo que decide las defensas previas alegadas, sin tener, mirar, valorar, analizar el expediente administrativo, pues no consta de autos ni fue remitido a este Tribunal, que es donde constan los hechos que alegan en las defensas previas, como ser la notificación del acto administrativo impugnado.- Situación que a todas luces es inaceptable y acarrea nulidad procesal….” CONSIDERANDO (9): Que de la foliada de los antecedentes, se deprende que en fecha 2 de diciembre del año 2013, compareció ante el A-quo la Abogada Ethel Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General de la República, promoviendo Defensas Previas, en la Demanda Especial en Materia Personal para la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; mediante auto de fecha 6 de diciembre del mismo año 2013, el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo resolvió: (Sic) “PRIMERO: Tienése por promovida en tiempo y forma la Cuestión Incidental de Defensas Previas, acompañadas del expediente administrativo de la demandante, el que por su carácter voluminoso quedará fuera del proceso en la Secretaría del Despacho….” –Ver folio 7v de la pieza separada de Defensa Previas- CONSIDERANDO (10): Que aunado a lo anterior, en relación a que el A-quo dejó constancia en el auto de presentación de las Defensas Previas, que el expediente administrativo de la demandante quedaba fuera del proceso por su carácter voluminoso, hace referencia asimismo en el acápite quinto de los fundamentos de derecho, de la Sentencia Interlocutoria de fecha 23 de noviembre del año 2015, que declara Con Lugar las defensas previas alegadas, a la Actuación Diferida, en relación a que cuando la actuación judicial requiera mas tiempo del previsto se estará a lo dispuesto en este Código, al regular el principio de concentración. Las decisiones al respecto se harán constar en el acta. En el presente caso la resolución se dicta hasta esta fecha porque el expediente administrativo se había extraviado, teniendo conocimiento de ello las partes que intervienen en el juicio. –Ver folio 29 de la pieza separada de Defensas Previas- CONSIDERANDO (11): Que de la foliada de los antecedentes, este Sala de lo constitucional advierte, que se remitió al Tribunal de Segunda Instancia, únicamente la Pieza Principal y la Pieza separada de Defensas Previas, no así el expediente administrativo que fuera presentado por la parte demandada al momento de promover el escrito alegando las Defensas Previas antes relacionadas –Ver folio 1 de la pieza de antecedentes de segunda instancia-; no advirtiendo asimismo, que el Tribunal de Segunda Instancia haya requerido del A-quo el expediente administrativo a efecto de resolver en el fondo el Recurso de Apelación promovido por la parte demandante-incidentada. CONSIDERANDO (12): Que el Ad-quem resuelve mediante sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), anular la resolución de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el A-quo, amparada en el argumento que no puede valorar el incidente de Defensas Previas por no tener a la vista el expediente administrativo, asimismo argumenta que el Juez A-quo emite sorprendentemente auto resolutivo sin tener, mirar, analizar el expediente administrativo, argumento que no es de recibo, pues se evidencia de los autos emitidos y relacionados en el presente libelo, que el A-quo hace mención al porque las defensas previas se resuelven tiempo después, ello a causa del extravío del expediente, mismo que fue recibido con el escrito de interposición de las Defensas Previas y estando enteradas de tal situación las partes, por ello la sentencia se emite tiempo después cuando el expediente fue encontrado, según entiende este Alto Tribunal, pues se tuvo a la vista la pieza de antecedentes del expediente administrativo, que arguye el tribunal recurrido no fue valorado ni analizado por el A-quo. CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que siendo evidente la inobservancia de las formalidades procesales establecidas, en el acto que se recurre en Amparo y que fuera emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al dejar de resolver sobre el fondo, el asunto que fue sometido a su conocimiento, a través del Recurso de Apelación promovido y anular una resolución que fue dictada por el A-quo, sin sustento legal que fundamente la decisión adoptada, utilizando argumentos que no son de recibo por este Alto Tribunal, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente –Artículo 3 del Código Procesal Civil-, ello en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, al aplicarse en forma supletoria las disposiciones de la ley procesal civil, garantizando el debido proceso contenido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán-, debe dictar una nueva resolución con acopio a lo dejado plasmado en el presente libelo, haciendo prevalecer el debido proceso, en respeto a las formalidades procesales establecidas en la Ley, debiendo en consecuencia el tribunal recurrido conocer el fondo del asunto y dar respuesta a los argumentos expuestos en el Recurso de Apelación promovido, disponiendo para ello del expediente administrativo, el cual estuvo en custodia de la Secretaría del órgano jurisdiccional de primera instancia, como bien se expresa en las resoluciones emitidas por el A-quo. CONSIDERANDO (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO"

Legislación citada

Sentencia

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