Sentencia AA-735-18 — Registro 12534
Resumen
Denegatoria de acción interpuesta contra de omisión de autoridades del Hospital General Atlántica, relacionadas a la no observancia de recomendaciones técnicas de prevención y Seguridad contra incendios dados por la oficina Técnica de Prevención y Seguridad (OTPCI-Estación de La Ceiba, Atlántida) en relación a los riesgos sobre incendios hechas a autoridades de dicho Hospital
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Abogada SENIA ODELI CACHO RUIZ, en su condición de Fiscal del MINISTERIO PÚBLICO, en representación de los intereses generales de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones por omisión de las autoridades del HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA, relacionadas a la no observancia de las recomendaciones técnicas de prevención y Seguridad contra incendios dados por la oficina Técnica de Prevención y Seguridad (OTPCI-Estación de La Ceiba, departamento de Atlántida), en relación a los riesgos sobre incendios hechas a las autoridades de dicho Hospital. CONSIDERANDO CINCO (5): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición del amparo de mérito se le han vulnerado los derechos fundamentales del derecho a la persona como el fin supremo de la sociedad, el derecho a la individualidad de la vida el derecho a la vida, el derecho a la protección de la salud, violación de garantías que se produjo cuando las autoridades del Hospital General Atlántida deniegan dar atención a las recomendaciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, al existir un peligro inminentemente al poder existir un incendio en las instalaciones donde se presta el servicio de salud a la ciudadanía, pudiendo lesionar la integridad física de pacientes, de empleados y población, resultado que la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios (OTPSCI)del Cuerpo de Bomberos, otorgándosele el nivel de riesgo de incendio al que estaba expuesto el Hospital estableciendo un plazo de 90 días para corregir las deficiencias, estableciendo para tal fin una serie de recomendaciones de prevención, al encontrarse todos los extintores ubicados dentro de sus instalaciones vencidos, el mal estado de los motores de bomba contra incendio que alimenta la red de hidratante. CONSIDERANDO SEIS (6): Que según los medios de prueba documental introducidos en el expediente del amparo si bien el Cuerpo de Bomberos encontró disconformidades en el Riesgo eléctrico, seguridad humana y Estructural, existiendo para cada una de ellas una medida de cumplimiento la cual deberán ser cumplidos dentro del plazo de 90 días según el artículo 14 de la Ley de Bomberos, también consta en el mismo expediente el medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial (folio 101) evacuado en las instalaciones del Hospital General Atlántida, evacuado por la Magistrada Presidente del Tribunal de Alzada cuya intervención es para ilustrar los hallazgos y disconformidades de las instalaciones haciendo el reconocimiento en el área de administración, área de citas o consulta externa (sala de espera), área de estadísticas, área de medicina de hombre y mujer, área externa de las salas de neonato; área de oncología y área de los generadores, por lo que concluyen los Magistrados integrantes del Ad Quem, que entre otros considerandos establecen que la planta estaba desconectada, el cual resolvió al ser conectándola que ya existe en el lugar, se observó la nueva instalación de las puertas anti pánico, apertura de pasillos, apertura de salidas d emergencia y otros que implican cambios en la estructura del sanatorio, nombrando para tal efecto un profesional de la Ingeniería para darle el seguimiento a las recomendaciones dadas en el área, adicionalmente en el sector eléctrico que va mas allá de la sobrecarga de conexión en los toma corrientes por el uso de regletas, pues resulta que el nivel de voltios no era el correcto. Los donantes del Hospital instalaron con carga eléctrica de 208 voltios y la que se usa en nuestro país es de 240 voltios para hacer el cambio de transformadores buscaron ayuda a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA la cual cooperará con la instalación, seguido a que el Director del Hospital presentó a la Secretaría de Estado de Salud Pública el informe técnico para que se les aprobara el presupuesto a realizar al resto de las obras o medidas a cumplir, con ayuda de la Unión Europea para la prevención de riesgos hospitalarios han intervenido en el Hospital capacitando al personal en el manejo de riesgos, incluyendo el seguimiento a las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos. Del acta de inspección y de las pruebas esgrimidas en el expediente de amparo denota que su Director Ejecutivo no ha ignorado ni omitido cumplir con las medidas de cumplimiento, obrando un cambio de actitud siendo atendidas de manera inmediata, buscando para las inversiones dinerarias fuentes de financiamiento por lo que esta Sala estima que el amparo interpuesto no han existido las violaciones a las garantías constituciones al haber realizado las acciones que conduzcan a garantizar los derechos fundamentales de las personas que utilizan las instalaciones del Hospital General Atlántida. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el Ad Quem le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República"...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Abogada SENIA ODELI CACHO RUIZ, en su condición de Fiscal del MINISTERIO PÚBLICO, en representación de los intereses generales de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones por omisión de las autoridades del HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA, relacionadas a la no observancia de las recomendaciones técnicas de prevención y Seguridad contra incendios dados por la oficina Técnica de Prevención y Seguridad (OTPCI-Estación de La Ceiba, departamento de Atlántida), en relación a los riesgos sobre incendios hechas a las autoridades de dicho Hospital. Manifestando la recurrente que los derechos constitucionales que se consideran violados son los consignados en los artículos 61, 65, 68 y 145 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1)Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018)3 y 106te de Comayagua.ritira desarollarlas en la terminal quince, en re, compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA la Abogada SENIA ODELI CACHO RUIZ, interponiendo recurso de Amparo a favor de los pacientes, empleados y población que asiste al Hospital General Atlántida, contra las Autoridades del Hospital General Atlántida, relacionadas a la no observancia de las recomendaciones técnicas de prevención y Seguridad contra incendios dados por la oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra incendios (OTPCI Estación de la Ceiba, departamento de Atlántida), en relación a los riesgos sobre incendios hechas a las autoridades de dicho Hospital.- (folio 01 al 07 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 2) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA emitió sentencia FALLA (sic): PRIMERO: DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SENIA ODELI CACHO RUIZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra las autoridades del HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. SEGUNDO: Remitir en Consulta obligatoria ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Ver folio 106 al 108 de la pieza de Corte de Apelaciones) 3) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERNADO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERNADO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Abogada SENIA ODELI CACHO RUIZ, en su condición de Fiscal del MINISTERIO PÚBLICO, en representación de los intereses generales de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones por omisión de las autoridades del HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA, relacionadas a la no observancia de las recomendaciones técnicas de prevención y Seguridad contra incendios dados por la oficina Técnica de Prevención y Seguridad (OTPCI-Estación de La Ceiba, departamento de Atlántida), en relación a los riesgos sobre incendios hechas a las autoridades de dicho Hospital. CONSIDERANDO CINCO (5): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición del amparo de mérito se le han vulnerado los derechos fundamentales del derecho a la persona como el fin supremo de la sociedad, el derecho a la individualidad de la vida el derecho a la vida, el derecho a la protección de la salud, violación de garantías que se produjo cuando las autoridades del Hospital General Atlántida deniegan dar atención a las recomendaciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, al existir un peligro inminentemente al poder existir un incendio en las instalaciones donde se presta el servicio de salud a la ciudadanía, pudiendo lesionar la integridad física de pacientes, de empleados y población, resultado que la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios (OTPSCI)del Cuerpo de Bomberos, otorgándosele el nivel de riesgo de incendio al que estaba expuesto el Hospital estableciendo un plazo de 90 días para corregir las deficiencias, estableciendo para tal fin una serie de recomendaciones de prevención, al encontrarse todos los extintores ubicados dentro de sus instalaciones vencidos, el mal estado de los motores de bomba contra incendio que alimenta la red de hidratante. CONSIDERANDO SEIS (6): Que según los medios de prueba documental introducidos en el expediente del amparo si bien el Cuerpo de Bomberos encontró disconformidades en el Riesgo eléctrico, seguridad humana y Estructural, existiendo para cada una de ellas una medida de cumplimiento la cual deberán ser cumplidos dentro del plazo de 90 días según el artículo 14 de la Ley de Bomberos, también consta en el mismo expediente el medio de prueba denominado Reconocimiento Judicial (folio 101) evacuado en las instalaciones del Hospital General Atlántida, evacuado por la Magistrada Presidente del Tribunal de Alzada cuya intervención es para ilustrar los hallazgos y disconformidades de las instalaciones haciendo el reconocimiento en el área de administración, área de citas o consulta externa (sala de espera), área de estadísticas, área de medicina de hombre y mujer, área externa de las salas de neonato; área de oncología y área de los generadores, por lo que concluyen los Magistrados integrantes del Ad Quem, que entre otros considerandos establecen que la planta estaba desconectada, el cual resolvió al ser conectándola que ya existe en el lugar, se observó la nueva instalación de las puertas anti pánico, apertura de pasillos, apertura de salidas d emergencia y otros que implican cambios en la estructura del sanatorio, nombrando para tal efecto un profesional de la Ingeniería para darle el seguimiento a las recomendaciones dadas en el área, adicionalmente en el sector eléctrico que va mas allá de la sobrecarga de conexión en los toma corrientes por el uso de regletas, pues resulta que el nivel de voltios no era el correcto. Los donantes del Hospital instalaron con carga eléctrica de 208 voltios y la que se usa en nuestro país es de 240 voltios para hacer el cambio de transformadores buscaron ayuda a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA la cual cooperará con la instalación, seguido a que el Director del Hospital presentó a la Secretaría de Estado de Salud Pública el informe técnico para que se les aprobara el presupuesto a realizar al resto de las obras o medidas a cumplir, con ayuda de la Unión Europea para la prevención de riesgos hospitalarios han intervenido en el Hospital capacitando al personal en el manejo de riesgos, incluyendo el seguimiento a las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos. Del acta de inspección y de las pruebas esgrimidas en el expediente de amparo denota que su Director Ejecutivo no ha ignorado ni omitido cumplir con las medidas de cumplimiento, obrando un cambio de actitud siendo atendidas de manera inmediata, buscando para las inversiones dinerarias fuentes de financiamiento por lo que esta Sala estima que el amparo interpuesto no han existido las violaciones a las garantías constituciones al haber realizado las acciones que conduzcan a garantizar los derechos fundamentales de las personas que utilizan las instalaciones del Hospital General Atlántida. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el Ad Quem le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 59, 61, 65, 68, 145, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1), 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 68 de la Ley del Ministerio Público; 1, 2, 11, 14 y 53 de la ley del Cuerpo de Bomberos de Honduras. FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consultada proferida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CIUDAD LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-735-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL