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Sentencia AA-717-17 — Registro 17652

Resumen

Acto recurrido contra la resolución administrativa No.171-VSG-2016, que declaró con lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 24-V2014, así también declaró sin lugar la cancelación de la nota marginal de la inscripción de nacimiento número 1615-1925-00355. siendo otorgado por considerar violación en el debido proceso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … Continuando con el estudio de la resolución (171-SVG-2016) que declara improcedente la nulidad de la resolución 17-12-2015 se aprecia que la resolución impetrada no se encuentra debidamente fundamentada ni ajustada a derecho, ya que no señala las causales que para tal efecto dispone la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 34; “Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) Los dictados por órganos absolutamente incompetente; b)Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; e) Los de carácter general que infrinjan los limites señalados a la potestad reglamentaria, establecido por el artículo 40; y, f) Los que contraerían lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. De lo antes expuesto, de la lectura de la resolución impetrada se desprende que la misma no ha sido debidamente motivada y justificada como manda la ley, al no indicar con precisión cuál de las causales anteriormente descritas concurren en el caso de autos, por ende, se refleja una vulneración a los derechos constitucionales alegados evidenciándose en la misma una flagrante violación al debido proceso y principio de legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la señora Mirna Leiva Caballero a favor del señor Arnol Leiva Caballero, contra la resolución No.171-VSG-2016 emitida por el Director del Registro Nacional de las Personas en fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, que declaró con lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 24-V2014, así también declaró sin lugar la cancelación de la nota marginal de la inscripción de nacimiento numero 1615-1925-00355, ubicada a folio (67) del tomo (08) del año mil novecientos veinticinco (1925), correspondiente al señor Arnol Leiva Caballero en el Registro Civil Municipal de Nueva Celilac, departamento de Santa Bárbara. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la señora Mirna Leiva Caballero interponiendo acción de amparo a favor del señor Arnol Leiva Caballero, contra la resolución No.171-VSG-2016 emitida por el Director del Registro Nacional de las Personas en fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, que declaró con lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 24-V2014, así también declaró sin lugar la cancelación de la nota marginal de la inscripción de nacimiento numero 1615-1925-00355, ubicada a folio (67) del tomo (08) del año mil novecientos veinticinco (1925), correspondiente al señor Arnol Leiva Caballero en el Registro Civil Municipal de Nueva Celilac, departamento de Santa Bárbara. 2) Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos de que dentro del plazo de un (01) día hábil, remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. Haciendo la observación a la referida autoridad que el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones principales. (Folio 8 del expediente de amparo).3) Remitidos que fueron los antecedentes por la autoridad recurrida, se desprende del mismo la resolución objeto del recurso, de fecha dos de marzo de dos diecisiete, en la cual el Registro Nacional de las Personas (RNP) resolvió: Primero: Declarar improcedente la solicitud de nulidad de la resolución emitida por la Dirección del Registro Nacional de las Personas en fecha 17 de diciembre de 2015 en la que se resolvió declarar con lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución numero 24-V-2014 por el Abogado Danny Bladimir Caballero Amaya en representación del señor Pedro Caballero Leiva. Igualmente no es procedente la solicitud de cancelación de la nota marginal puesta al margen de la inscripción de nacimiento No.1615-1925-00055 ubicada en el folio 67, tomo 00008 del año 1925 correspondiente a Arnol Leiva Caballero, en virtud que dicha resolución fue emitida conforme a derecho, declarando sin valor ni efecto la nota marginal que daba validez a la información Ad-perpetuam dictada por el Juzgado Segundo de Letras, departamental de Santa Bárbara en fecha 02 de mayo de 1950, porque las informaciones Ad-perpetuam no son sujetas de inscripción. Segundo: Para su cumplimiento y demás fines, que la Sub-Secretaria General comunique la presente resolución a la Abogada Mabel Núñez Amador, en su condición de Representante Procesal, junto con los documentos originales contenidos en dicho expediente y para los efectos legales correspondientes, se extienda a los interesados la certificación de estilo. Cúmplase. (Folios 36-38 del antecedente 171-VSG-2016).5) En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma a la Abogada Karla Patricia García Arita, en el recurso de mérito, y se ordenó dar vista de las diligencias al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 26 de la pieza de amparo). 6) Que esta Sala, en fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su apreciación jurídica lo siguiente: …Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición del recurso se desprende que la amparista acude a esta instancia argumentando que la resolución recurrida ha violentado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. Se colige de los autos que la amparista aduce en su escrito de interposición de la presente acción de amparo, que el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Danny Bladimir Caballero contra la resolución 24-v-2014 no debió de admitirse, en virtud que el término para interponer la impugnación era vencido, por lo que la Dirección del Registro Nacional de las Personas debió declararlo inadmisible y al no haberlo hecho así dicha institución obvió las formalidades requeridas para el ejercicio del accionar recursivo; asimismo establece que la nulidad planteada de la resolución 61-V-2013 resuelta en la resolución 24-V-2014, había transcurrido más de 2 años, adquiriendo el carácter de firme, según el articulo 31 en relación con el articulo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La amparista señala que la resolución recurrida 171-SVG-2016 al establecer la nulidad, omite indicar cuál es la causal de las contenidas en el articulo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo que sirve de cimiento para declarar la nulidad, omisión que genera vulneración constitucional tanto del debido proceso como del derecho de defensa. Explica que resulta invalido el argumento contenido en la resolución impetrada en cuanto a que existe violación al art.161 del Reglamento del Registro Nacional, aduciendo que es falso el argumento esgrimido en dicha resolución, ya que la señora Mirna Leiva Caballero no estaba legitimada para presentar solicitud ante el RNP, siendo que la información ad-perpetuam y la rectificación fue solicitada por su padre Arnol Leiva Caballero estando en vida, además señala que la resolución que declaró sin lugar la reposición planteada en contra de la resolución impetrada (171-SVG-2016) es violatoria de los artículos constitucionales ya citados, por considerar que la información ad-perpetuam no cabe dentro de los hechos y actos sujetos a inscripción en el Registro Civil, ni concedió periodos a pruebas, derivando con ello vulneración al derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad. Del estudio de las diligencias se desprende que el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, emitió información ad-perpetuam donde establece que el señor Arnol Leiva Caballero y Alberto Rigoberto Leiva Caballero es la misma persona y que en lo sucesivo se le certifique su nombre correcto como Arnol Leiva Caballero, dicha información fue puesta al margen de la inscripción de nacimiento del señor Arnol Leiva Caballero, con No.00055 ubicada a folio 67 del tomo 08 del año mil novecientos veinticinco (1925), mediante validación autorizada por la resolución 61-V-2013, emitida por el Registro Nacional de las Personas. La precitada resolución fue anulada por la misma institución mediante resolución de fecha 17 de diciembre de 2015, en la cual se declara con lugar el recurso de reposición y anula la resolución 61-V-2013, estableciéndose en dicha resolución (17-12-2015) que el acto administrativo consistente en la resolución numero 61-V-2013 fue declarado incorrectamente firme y consentido, ya que esto solo es posible cuando la resolución que declara la nulidad es dictada de oficio y en el caso de autos la solicitud de nulidad es a petición de parte y no de oficio. Asimismo se expone en la resolución en comento que la señora Mirna Leiva Caballero no tenía facultades expresas de representación legal de su padre Alberto Rigoberto Leiva Caballero por lo que no puede producirse la validación de anotación marginal de información ad-perpetuam, ya que el señor Alberto Rigoberto Leiva Caballero titular del derecho en vida nunca lo solicitó y sus familiares no tienen la capacidad legal para solicitar modificaciones o acciones a su inscripción. De lo antes expuesto esta Representación Fiscal estima que la supra citada resolución No 61-V-2013 de fecha veintiséis de julio del año 2013, mediante la cual la Dirección General del Registro Nacional de las Personas ordena al Registrador Civil Municipal de Nueva Celilac, departamento de Santa Bárbara, proceda a validar la nota marginal de información ad-perpetuam, dictada por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, en fecha 02 de mayo de 1950, constituye una resolución firme, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley del Registro Nacional de las Personas que señala “ningún hecho o acto de una persona natural, surtirá efectos legales respecto a terceros, sino hasta después de practicada la inscripción en el Registro Civil respectivo” por lo que en consonancia a la precitada norma se colige de las diligencias que la resolución en comento (No 61-V-2013) fue inscrita en fecha 02 de agosto del año 2013, por lo que a partir de ésta fecha dicha resolución surte efectos legales pertinentes frente a terceros, y por tanto, no puede ser anulada. Esto en armonía con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo que señala: “El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la ley, siempre que no aparezca firme y consentido”; así las cosas, el Registro Nacional de las Personas se encuentra vedado para anular dicha resolución, sin embargo al emitir con lugar el recurso de reposición anulando la resolución 61-V-2013 ya mencionada vulnera las normas constitucionales arriba expuestas. En cuanto a corroborar lo expuesto en la resolución de fecha (17-12-2015) la que refiere que la señora Mirna Leiva Caballero no tenía facultades expresas de representación legal de su padre Alberto Rigoberto Leiva Caballero y por ende no puede producirse la validación de anotación marginal en referencia ya que el señor Alberto Rigoberto Leiva Caballero titular del derecho en vida nunca lo solicitó y sus familiares no tienen capacidad legal para solicitar modificaciones o acciones a su inscripción, lo cierto es que de los antecedentes se colige que quien comparece ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de santa Bárbara a solicitar la información ad-perpetuam contraída a pedir que se reconozca al señor Arnol Leiva Caballero y Alberto Rigoberto Leiva como la misma persona fue el señor Arnol Leiva Caballero, afirmando que éste nombre fue utilizado por su persona en todas sus actuaciones, apreciando que dicha judicatura reconoció que en efecto se trataba de una misma persona, en tanto consideramos que consta acreditado en autos la condición de la señora Mirna Leiva Caballero quien es hija del señor Arnol Leiva Caballero lo que ésta ha solicitado es la validación de la nota marginal puesta en la inscripción de nacimiento de su padre Arnol Leiva Caballero y no una modificación a la misma, apreciando que la solicitud ad-perpetuam surge de la petición hecha por el señor Arnol por lo que ésta representación fiscal no comparte el criterio esgrimido por la entidad recurrida. Continuando con el estudio de la resolución (171-SVG-2016) que declara improcedente la nulidad de la resolución 17-12-2015 se aprecia que la resolución impetrada no se encuentra debidamente fundamentada ni ajustada a derecho, ya que no señala las causales que para tal efecto dispone la Ley de Procedimiento Administrativo en su articulo 34; “Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) Los dictados por órganos absolutamente incompetente; b)Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; e) Los de carácter general que infrinjan los limites señalados a la potestad reglamentaria, establecido por el articulo 40; y, f) Los que contraerían lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley General de la Administración Pública. De lo antes expuesto, de la lectura de la resolución impetrada se desprende que la misma no ha sido debidamente motivada y justificada como manda la ley, al no indicar con precisión cuál de las causales anteriormente descritas concurren en el caso de autos, por ende, se refleja una vulneración a los derechos constitucionales alegados evidenciándose en la misma una flagrante violación al debido proceso y principio de legalidad. Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de amparo, el Ministerio Público opina que se otorgue por concurrir las vulneraciones constitucionales alegadas por la amparista. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen según resolución de fecha 02 de marzo del 2017, la cual fue notificada en fecha 21 de julio del 2017, resolución la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución impugnada. CONSIDERANDO (3): Que la autoridad contra la que se interpone el presente recurso de amparo es contra el Directorio del Registro Nacional de las Personas, de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, contra la cual se interpusieron los recursos pertinentes de reposición el cual fue declarado sin lugar por el directorio del registro nacional de las personas, mediante resolución de fecha 21 julio del 2017. CONSIDERANDO (4): se desprende de los antecedentes del presente amparo que el señor Albert Rigoberto Leiva Caballero como fue legamente inscrito al nacer y quien posteriormente fue bautizado con el nombre de Arnol Leiva Caballero, quien fue matriculado en la escuela, colegio y demás centros educativos, continuo su vida realizando actuaciones legales con este nombre con el cual también contrajo matrimonio con el nombre de Arnol Leiva Caballero, quien procreo hijos y los mismos fueran reconocidos e inscritos por su padre el señor Arnol Leiva Caballero, tal como se puede verificar en los antecedentes y demás documentos que se acompañan al presente expediente de mérito. CONSIDERANDO (5): Que se ha establecido en el caso sub judice que en el Registro Civil Municipal de Nueva Celilac, Departamento de Santa Barbará, se encuentra la inscripción de nacimiento del señor ALBERTO RIGOBERTO LEIVA CABALLERO, según acta 00055, folio 067, tomo 08 del año 1925, la cual posee una anotación marginal, realizada en fecha 02 de mayo de 1950, misma que se deriva de la certificación de solicitud de Información Ad Perpetuam dictada por el Juzgado Segundo de Letras, donde se establece que ARNOL LEIVA CABALLERO es el mismo ALBERTO RIGOBERT LEIVA CABALLERO. CONSIDERANDO (6): que en fecha 17 de febrero del 2014 el señor PEDRO CABALLERO LEIVA, comparece ante el Director del Registro Nacional de las Personas solicitando la Nulidad de la resolución numero 61-V-2013 de fecha 26 de Julio del 2013, en donde se ordena al registrador civil Municipal de Nueva Celilác, Departamento de Santa Barbará, proceda a validar la nota marginal de información Ad-Perpetuam, dictada por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Barbará en fecha 02 de mayo de 1950, en donde al margen de la inscripción de nacimiento N. 00055 folio n. 67, tomo 08, de año 1925, que pertenece al señor ALBERTO RIGOBERTO LEIVA CABALLERO, donde se establece que es el mismo ARNOL LEIVA CABALLERO, para que en lo sucesivo se le certifique con el nombre correcto como ARNOL LEIVA CABALLERO, la cual en fecha 24 de de junio del 2014, fue declarada improcedente dicha solicitud de nulidad de la resolución Numero 61-V-2013, Emitida Por la dirección de registro nacional de las personas por considerar que la misma fue presentada extemporáneamente ya que dicha resolución fue emitida e fecha 26 de julio 2013 e inscrita en fecha 02 de agosto del 2013, y la solicitud de nulidad fue interpuesta en fecha 17 de febrero del 2014, es decir 6 meses y 21 días después de haberse emitido la resolución, por lo que a la fecha ya se encuentra con el carácter de Firme. CONSIDERANDO (7): Que en fecha 21 de Agosto del 2014, el abogado Danny Bladimir Caballero Amaya, interpone el recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 24 de junio del 2014, en la cual se declara improcedente la solicitud de nulidad, por lo cual fueron remitidas las presentes diligencias a la secretaria general del Registro Nacional de las personas para ser presentado ante el Honorable directorio del Registro Nacional de las Personas, para que conozca de dicho recurso y se resuelva conforme a derecho, y dicho directorio resuelve trasladar al departamento de asesoría legal a efectos de que se pronuncie en el fondo sobre el recurso de reposición, en el cual el departamento de asesoría legal emite su dictamen en fecha 02 de diciembre del 2014 y de igual manera enviado dicho expediente al Comité Integrado del Sistema de Registro Civil e Identificación el cual emitió su opinión en fecha 24 de febrero del 2015, el cual es del parecer que la resolución n.61-V-2013 con la que se valida el derecho registral adquirido del nombre y consecuentemente el de identificación del ciudadano Arnol Leiva Caballero, es procedente en virtud de los derechos adquiridos del titular, pudiéndose enmendar o corregir la nota marginal, en el sentido que la resolución tutela los derechos adquiridos en sí y no la procedencia de la inscripción de la información Ad-perpetuam como tal. CONSIDERANDO (8): en fecha 17 de diciembre del 2015 se declara con lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 24-v-2014 por el abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA, en su condición de apoderado legal del señor PEDRO CABALLERO LEIVA en fecha 22 de agosto del año 2014, en virtud de que incorrectamente se declaró prescrito el derecho del peticionario a reclamar “una Nulidad” por considerar la resolución 61-V-2013, como un hecho firme y consentido. Esa apreciación fue incorrecta ya que el artículo 121 de la ley del procedimiento administrativo que se invocó, se refiere a la facultad que tienen los órganos administrativos que dicto el acto para anularlo revisarlo de oficio y no se refiere al derecho que tiene una parte interesada para presentar su solicitud de nulidad la cual podrá hacer en cualquier tiempo y siempre que pueda demostrar que es titular de un derecho subjetivo o de un derecho legítimo que se ha afectado, tal y como es el presente caso del señor PEDRO CABALLERO LEIVA, quien a través de su representante legal se declara directamente afectado, en su interés legítimo por la resolución 61-V-2013, emitida por la dirección del R.N.P. en consecuencia su solicitud de nulidad debe de ser resuelta por esta dirección…………….CONSIDERANDO (9): El Ministerio Público en su dictamen de fecha 02 de Marzo del 2018 es del parecer que se otorgue el presente amparo por considerar que concurren las vulneraciones alegadas por el amparista, ya que se han quebrantado las formas esenciales del debido proceso, tal como ocurre en el caso de autos; El Ministerio Publico estima Procedente otorgar el amparo, por considerar que de lo actuado resulta una flagrante violación al derecho de la tutela judicial efectiva por no garantizarse el debido proceso, específicamente el principio de legalidad, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe de respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera impartición de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación y aplicar las leyes al caso en concreto. CONSIDERANDO (10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estima la recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no seguirse el procedimiento establecido en la ley esta sala, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición del recurso se desprende que la amparista acude a esta instancia argumentando que la resolución recurrida ha violentado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. Se colige de los autos que la amparista aduce en su escrito de interposición de la presente acción de amparo, que el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Danny Bladimir Caballero contra la resolución 24-v-2014 no debió de admitirse, en virtud que el término para interponer la impugnación era vencido, por lo que la Dirección del Registro Nacional de las Personas debió declararlo inadmisible y al no haberlo hecho así dicha institución obvió las formalidades requeridas para el ejercicio del accionar recursivo; asimismo establece que la nulidad planteada de la resolución 61-V-2013 resuelta en la resolución 24-V-2014, había transcurrido más de 2 años, adquiriendo el carácter de firme, según el artículo 31 en relación con el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La amparista señala que la resolución recurrida 171-SVG-2016 al establecer la nulidad, omite indicar cuál es la causal de las contenidas en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo que sirve de cimiento para declarar la nulidad, omisión que genera vulneración constitucional tanto del debido proceso como del derecho de defensa. Explica que resulta invalido el argumento contenido en la resolución impetrada en cuanto a que existe violación al art.161 del Reglamento del Registro Nacional, aduciendo que es falso el argumento esgrimido en dicha resolución, ya que la señora Mirna Leiva Caballero no estaba legitimada para presentar solicitud ante el RNP, siendo que la información ad-perpetuam y la rectificación fue solicitada por su padre Arnol Leiva Caballero estando en vida, además señala que la resolución que declaró sin lugar la reposición planteada en contra de la resolución impetrada (171-SVG-2016) es violatoria de los artículos constitucionales ya citados, por considerar que la información ad-perpetuam no cabe dentro de los hechos y actos sujetos a inscripción en el Registro Civil, ni concedió periodos a pruebas, derivando con ello vulneración al derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad. Del estudio de las diligencias se desprende que el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, emitió información ad-perpetuam donde establece que el señor Arnol Leiva Caballero y Alberto Rigoberto Leiva Caballero es la misma persona y que en lo sucesivo se le certifique su nombre correcto como Arnol Leiva Caballero, dicha información fue puesta al margen de la inscripción de nacimiento del señor Arnol Leiva Caballero, con No.00055 ubicada a folio 67 del tomo 08 del año mil novecientos veinticinco (1925), mediante validación autorizada por la resolución 61-V-2013, emitida por el Registro Nacional de las Personas. La precitada resolución fue anulada por la misma institución mediante resolución de fecha 17 de diciembre de 2015, en la cual se declara con lugar el recurso de reposición y anula la resolución 61-V-2013, estableciéndose en dicha resolución (17-12-2015) que el acto administrativo consistente en la resolución número 61-V-2013 fue declarado incorrectamente firme y consentido, ya que esto solo es posible cuando la resolución que declara la nulidad es dictada de oficio y en el caso de autos la solicitud de nulidad es a petición de parte y no de oficio. Asimismo se expone en la resolución en comento que la señora Mirna Leiva Caballero no tenía facultades expresas de representación legal de su padre Alberto Rigoberto Leiva Caballero por lo que no puede producirse la validación de anotación marginal de información ad-perpetuam, ya que el señor Alberto Rigoberto Leiva Caballero titular del derecho en vida nunca lo solicitó y sus familiares no tienen la capacidad legal para solicitar modificaciones o acciones a su inscripción. De lo antes expuesto se estima que la supra citada resolución No 61-V-2013 de fecha veintiséis de julio del año 2013, mediante la cual la Dirección General del Registro Nacional de las Personas ordena al Registrador Civil Municipal de Nueva Celilac, departamento de Santa Bárbara, proceda a validar la nota marginal de información ad-perpetuam, dictada por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, en fecha 02 de mayo de 1950, constituye una resolución firme, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley del Registro Nacional de las Personas que señala “ningún hecho o acto de una persona natural, surtirá efectos legales respecto a terceros, sino hasta después de practicada la inscripción en el Registro Civil respectivo” por lo que en consonancia a la precitada norma se colige de las diligencias que la resolución en comento (No 61-V-2013) fue inscrita en fecha 02 de agosto del año 2013, por lo que a partir de ésta fecha dicha resolución surte efectos legales pertinentes frente a terceros, y por tanto, no puede ser anulada. Esto en armonía con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo que señala: “El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la ley, siempre que no aparezca firme y consentido”; así las cosas, el Registro Nacional de las Personas se encuentra vedado para anular dicha resolución, sin embargo al emitir con lugar el recurso de reposición anulando la resolución 61-V-2013 ya mencionada vulnera las normas constitucionales arriba expuestas. En cuanto a corroborar lo expuesto en la resolución de fecha (17-12-2015) la que refiere que la señora Mirna Leiva Caballero no tenía facultades expresas de representación legal de su padre Alberto Rigoberto Leiva Caballero y por ende no puede producirse la validación de anotación marginal en referencia ya que el señor Alberto Rigoberto Leiva Caballero titular del derecho en vida nunca lo solicitó y sus familiares no tienen capacidad legal para solicitar modificaciones o acciones a su inscripción, lo cierto es que de los antecedentes se colige que quien comparece ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de santa Bárbara a solicitar la información ad-perpetuam contraída a pedir que se reconozca al señor Arnol Leiva Caballero y Alberto Rigoberto Leiva como la misma persona fue el señor Arnol Leiva Caballero, afirmando que éste nombre fue utilizado por su persona en todas sus actuaciones, apreciando que dicha judicatura reconoció que en efecto se trataba de una misma persona, en tanto consideramos que consta acreditado en autos la condición de la señora Mirna Leiva Caballero quien es hija del señor Arnol Leiva Caballero lo que ésta ha solicitado es la validación de la nota marginal puesta en la inscripción de nacimiento de su padre Arnol Leiva Caballero y no una modificación a la misma, apreciando que la solicitud ad-perpetuam surge de la petición hecha por el señor Arnol por lo que ésta sala no comparte el criterio esgrimido por la entidad recurrida. Continuando con el estudio de la resolución (171-SVG-2016) que declara improcedente la nulidad de la resolución 17-12-2015 se aprecia que la resolución impetrada no se encuentra debidamente fundamentada ni ajustada a derecho, ya que no señala las causales que para tal efecto dispone la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 34; “Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) Los dictados por órganos absolutamente incompetente; b)Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; e) Los de carácter general que infrinjan los limites señalados a la potestad reglamentaria, establecido por el articulo 40; y, f) Los que contraerían lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. De lo antes expuesto, de la lectura de la resolución impetrada se desprende que la misma no ha sido debidamente motivada y justificada como manda la ley, al no indicar con precisión cuál de las causales anteriormente descritas concurren en el caso de autos, por ende, se refleja una vulneración a los derechos constitucionales alegados evidenciándose en la misma una flagrante violación al debido proceso y principio de legalidad. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente OTORGAR el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 71, 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el amparo interpuesto por la señora MIRNA LEIVA a favor del señor Arnol Leiva Caballero, contra la resolución No.171-VSG-2016 emitida por el Director del Registro Nacional de las Personas en fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, que declaró con lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 24-V2014, así también declaró sin lugar la cancelación de la nota marginal de la inscripción de nacimiento número 1615-1925-00355, ubicada a folio (67) del tomo (08) del año mil novecientos veinticinco (1925), correspondiente al señor Arnol Leiva Caballero en el Registro Civil Municipal de Nueva Celilac, departamento de Santa Bárbara. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes, mandando a revocar la resolución 171-VSG-2016 y se ordena la validación de la nota marginal puesta en el acta de nacimiento ubicada en el acta 00055, folio 067, tomo 08 del año 1925, conforme a la resolución 61-V-2013, correspondiente al señor Arnol Leiva Caballero. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-717-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”