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Sentencia AA-697-18 — Registro 10461

Resumen

Resolución emitida por la Fiscalía General, que resolvió confirmar cierre definitivo, con relación a denuncia presentada autoridad recurrida bajo el extremo formalismo de una decisión, ha expresado que no puede ser revisada la petición de la recurrente en Amparo, por la inadecuada utilización de la palabra “Reconsideración”, lo que produce una inadecuación del proceso, pues lo que debió utilizar es el recurso de “Reposición”

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."15): Que como bien se determina en el fallo constitucional invocado por la autoridad recurrida, conforme lo establece la doctrina , en cuanto a la Seguridad Jurídica como principio estructural del ordenamiento, se pueden destacar los siguientes rasgos: 1) La posibilidad de conocimiento por parte de los ciudadanos de las normas en virtud de las cuales serán evaluadas jurídicamente sus acciones. 2) La conciencia de que su interpretación del Derecho aplicable coincide con la que la propia sociedad asume; y 3) La confianza en la efectividad del ordenamiento y, por tanto, en la adhesión al mismo por parte de los ciudadanos y en la aplicación de sus normas… La certeza en el Derecho exige ante todo la presunción de legitimidad de las normas jurídicas que emanan de los órganos habilitados por el ordenamiento. CONSIDERANDO (16): Que siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes o interesados en determinado asunto, con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso ya sea judicializado o en la etapa de instrucción o procedimiento administrativo; que consta en autos que la recurrente Abogada Karla Patricia García Arita, compareció en fecha cinco (5) de abril del año dos mil dieciocho (2018), ante la Dirección General de Fiscalía, presentando escrito que intituló “SE SOLICITA RECONSIDERACIÓN DE AUTO DE CIERRE DEFINITIVO.-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS”; que la dependencia a la que recurrió la pedidora de Amparo, dio respuesta a su petición mediante Resolución No. D.G.F-127-2018, de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, siendo negativa la misma, sin indicarle a la interesada, el cauce procedimental en esa vía administrativa que era la procedente a fin que la instancia superior, revisara la decisión denegatoria, que obviamente no comparte la recurrente en Amparo, por ser contraria a las pretensiones de su representado la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE, S.A. CONSIDERANDO (17): Que siguiendo las actuaciones de la impetrante, esta Sala advierte, que la recurrente en Amparo, invocando lo que establece la Ley del Ministerio Público, compareció ante la Fiscalía General de la República, solicitando reconsideración de la Resolución emitida por la Dirección General de Fiscalía, que se deja relacionada en el acápite anterior, siendo que la entidad inferior dio respuesta –aunque negativa- a su petición de reconsideración, sin indicarle cual era la vía procesal recursiva a seguir, según jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal y de la Fiscalía General de la República, como principio de jerarquía normativa, de observancia obligatoria, según disposición contenida en el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, a efecto de obtener de nueva cuenta, el estudio sobre el fondo del asunto, por la autoridad superior del Ministerio Público, definido éste como el organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por la Fiscalía General de la República a efecto de declarar Sin Lugar el escrito de RECONSIDERACION, presentado por la Abogada Karla Patricia García Arita, se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a las entidades administrativas de superior jerarquía del Estado, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca la recurrente, se le niega a ésta la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, ante una entidad pública del Estado en igualdad de condiciones. CONSIDERANDO (18): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, pues se invoca jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, así como la emitida por el organismo recurrido. en consecuencia de ello y con el fin de hacer prevalecer la Seguridad Jurídica como principio estructural del ordenamiento, devenía la entidad correspondiente indicarle a la interesada, el cauce procesal recursivo establecido por la jurisprudencia –aplicación del Código Procesal Penal, por analogía-, ante la inexistencia de una normativa legal que desarrolle el procedimiento recursivo en lo relacionado con la persecución penal en el Ministerio Público; esta posibilidad de conocimiento por parte de los ciudadanos, de las normas en virtud de las cuales serán evaluadas jurídicamente sus acciones, se vuelve necesaria a efecto de hacer prevalecer el acceso a la justicia y el derecho de igualdad a las partes en el proceso y en las respectivas entidades administrativas a las que recurren en garantía de sus pretensiones; derechos garantizados en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por la recurrente en amparo. CONSIDERANDO (19): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (20):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (21): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Fiscalía General de la República debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados a la recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara sin lugar la solicitud de Reconsideración promovida por la Abogada Karla Patricia García Arita, sin dar respuesta en relación al fondo del asunto planteado, en aplicación de argumentos excesivamente rigurosos; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio del año dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Karla Patricia García Arita a favor de la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE HONDURAS S.A., contra la resolución No. FGR-357-2018 emitida por la Fiscalía General de la República, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que resolvió la solicitud de reconsideración de auto de cierre, con relación a la denuncia presentada en contra del señor José Irene Castañeda, como representante legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES INGENIOSAS S.A. de C.V., por suponerlo responsable del delito de Otros Fraudes en perjuicio de BANCO LAFISE HONDURAS S.A., ante la Fiscalía Especial de Delitos Comunes con Sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos de petición, defensa, acceso a la justicia, debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada Karla Patricia García Arita interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE HONDURAS S.A., contra la resolución No. FGR-357-20198 emitida por la Fiscalía General de la República, en fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, que resolvió la solicitud de RECONSIDERACIÓN DE AUTO DE CIERRE, con relación a la denuncia presentada en contra del señor José Irene Castañeda, como representante legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES INGENIOSAS S.A. de C.V., por suponerlo responsable del delito de Otros Fraudes en perjuicio de BANCO LAFISE HONDURAS S.A., ante la Fiscalía Especial de Delitos Comunes con Sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 2) Que en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, este Alto Tribunal, tuvo por admitido el recurso de amparo interpuesto, librándose comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de un (1) día hábil remitiera los antecedentes del caso o en su defecto un informe circunstanciado del mismo. (Folio 9 de los autos) 3) Que en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe solicitado a la autoridad recurrida, por medio del Fiscal General de la República, Abogado Oscar Fernando Chinchilla, desprendiéndose del mismo lo siguiente: …I.RELACIÓN DE HECHOS ILUSTRATIVA: En fecha 28 de febrero del año 2018, mediante auto motivado, NORMA NUÑEZ, Fiscal Sub Jefe de la Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes resolvió declarar solicitud de impugnación presentada por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE, confirmándose el cierre definitivo emitido por la Fiscal KAREN YULISSA MOTIÑO en fecha 29 de noviembre de 2017. Siendo notificada de dicha providencia la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA en fecha 02 de abril de 2018. En fecha 05 de abril del año 2018, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil BANCO LAFISE, presentó ante la Dirección General de Fiscalía, solicitud de “…reconsideración de auto de cierre definitivo…”. Resolviendo el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS, Sub Director General de Fiscalía Centro Sur Oriente, mediante resolución D.G.F-127-2018 de fecha 18 de abril de 2018, que “…la Dirección General de Fiscalía comparte la opinión del Fiscal de la Causa en la falta de relevancia penal de la denuncia, en vista que el hecho denunciado debe ser exigido por la impetrante por la vía civil, al no ser los hechos denunciados, constitutivos de delito alguno, ya que no se cumplen con los elementos subjetivos del tipo penal, por ausencia del dolo como requisito indispensable para la configuración de delitos. Entendiendo El Dolo de daño, como la voluntad consciente de producir un daño en los bienes e interés o en la persona, en este caso, la intención de producir daños a las finanzas de BANCO LAFISE. Por lo tanto, es criterio de esta Dirección General, que los hechos denunciados deben ser conocidos por la vía Civil, por carecer de relevancia penal. No obstante, se evidencia el daño producido a las finanzas del BANCO LAFISE por el incumplimiento de las cláusulas de contrato por parte de la Empresa Mercantil INVERSIONES INGENIOSAS S.A. DE C.V…” Notificándose a la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE, de dicha resolución en fecha 07 de mayo del año 2018. Que en fecha 10 de mayo de 2018, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, presentó ante esta Fiscalía General de la República, solicitud de “…reconsideración de auto de cierre definitivo…” Resolviendo esta Fiscalía General de la República, a través de resolución FGR-357-2018 de fecha 27 de junio de 2018 declarar sin lugar, el escrito de reconsideración, en virtud de haberse constatado que la peticionaria no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente, quedando firme y consentido el auto contra el cual dirigía su petición. De ello se desprende entonces, que el trámite en referencia debe regirse por el Código Procesal Penal, consagrado en los artículos 352 y 353, que señalan los términos en los que las partes podrán interponer los recursos de ley. En consecuencia, las decisiones del 28 de febrero, 18 de abril y 27 de junio de 2018 han cobrado ejecutoria, ante la no interposición de los recursos consagrados por la norma aplicable (procesal penal). En consecuencia, las acciones de amparo planteadas contra lo resuelto en la resolución FGR-357-2018 carecen de sustento, tanto si consideramos el procedimiento adjetivo como los principios sustantivos en materia de administración pública; por lo cual deben ser denegadas las acciones interpuestas, pues no existen argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en amparo. II SOBRE EL ACTO RECLAMADO Y SU LEGALIDAD:…Por lo cual, los recurrentes, según se establece de los artículos 11 y 12 de la Ley del Ministerio Público y 35 del reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, omitió que el procedimiento de reconsideración, es uno propio a los servidores y funcionarios del Ministerio Público, para obtener la enmienda a lo decidido por sus superiores, cuando éstos no estén de acuerdo con una resolución emanada de esa superioridad jerárquica. Sin embargo es evidente que el recurrente, no actúa en tal carácter (Agente de Tribunales); por ende su actividad recursiva debe regirse por lo que establece la norma procesal penal, y no conforme a los términos de la Ley del Ministerio Público, habiéndose en consecuencia resuelto Declarar SIN LUGAR el escrito de reconsideración presentado por la abogada Karla Patricia García Arita, Apoderado Legal del agraviado al haberse constatado que el peticionario no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal penal vigente, quedando firmes y consentidos los autos contra las cuales dirigió su petición de reconsideración, por las razones de derecho ampliamente expuestas en las resoluciones impugnables…. Esta jurisprudencia ha sido reiterada en innumerables precedentes, estableciendo el criterio que los recurrentes pretenden desconocer y al cual acusan de no ser aplicable como jurisprudencia, olvidando que precisamente es un fallo de la Sala Constitucional el que determina como vía recursiva, a determinada por el Código Procesal Penal, y que, esta debe observarse por el Ministerio Público en la instancia administrativa de persecución penal; con este alegato no solo se pretende desconocer la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, sino que una práctica jurisprudencial, enmarcada en un principio sustantivo de derecho administrativo (público), que a su vez sustenta la estricta observancia de la jurisprudencia en la materia procesal constitucional, fundamentada en la Ley General de la Administración Pública por la autoridad responsable. De lo expuesto, resulta evidente que la acción de amparo planteada carece de sustento, tanto si consideramos el procedimiento adjetivo como los principios sustantivos en materia de administración pública; por lo cual deben ser denegadas las acciones interpuestas, pues no existen argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en amparo. III.CONCLUSIÓN:…,la actuación de la Fiscalía ha sido transparente y en cumplimiento de las normas procesales, se ha cumplido informando al peticionario como lo indica la Ley, los hechos y la situación real del proceso, además fue notificado personalmente al accionante, siendo importante resaltar, que éste no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente, quedando firme y consentido el contenido de los autos de fecha 28 de febrero, 18 de abril y 27 de junio de 2018, por ello no puede su omisión en el ejercicio del Derecho, ser motivo para argumentar un amparo administrativo que a todas luces se nota improcedente y como una forma de impedir el avance normal de las investigaciones. Por todo lo anteriormente expuesto, las acciones amparo planteadas contra lo resuelto en la resolución FGR-357-2018, carecen de sustento, tanto si consideramos el procedimiento adjetivo, como los principios sustantivos en materia de administración pública; por lo cual, deben ser declaradas inadmisibles las acciones de amparo acumuladas, por recurrir alegando una violación de mera legalidad, conforme a las razones expuestas, pues no existen argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en amparo, al estar éste sustentado en jurisprudencia tanto administrativa, como de la emanada por la Sala de lo Constitucional. (Folios 13 y 14fv de los autos) 4) Esta Sala mediante providencia de fecha diez de diciembre del año dos mil dieciocho, dispuso continuar con la substanciación del recurso de mérito, concediendo vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a la recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 40 de los autos) 5) En fecha veintiocho de enero del año dos mil diecinueve, se tuvo por formalizada en tiempo y forma el recurso de mérito, presentado por la Abogada Karla Patricia García Arita en su condición antes indicada, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por ser parte en el asunto sometido a estudio por este Tribunal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 52 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen del informe emitido por la autoridad recurrida, y del escrito de interposición de la acción de Amparo, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, fecha en la que compareció ante la Fiscalía General de la República, la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil BANCO LAFISE, solicitando reconsideración de Auto de Cierre Definitivo, en la denuncia que en condición de víctima presentase, en contra del señor José Irene Castañeda Ferrera, Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES INGENIOSAS S.A. DE C.V., por el presunto delito de OTROS FRAUDES. CONSIDERANDO (3): Que en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO LAFISE HONDURAS S.A., contra la resolución No. FGR-357-2018 emitida por la Fiscalía General de la República, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que resolvió declarar Sin Lugar la solicitud de reconsideración de auto de cierre, con relación a la denuncia presentada en contra del señor José Irene Castañeda, como representante legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES INGENIOSAS S.A. de C.V., por suponerlo responsable del delito de Otros Fraudes en perjuicio de BANCO LAFISE HONDURAS S.A.; considera la recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales de petición, derecho de defensa, acceso a la justicia, debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, vulneraciones al aplicar la analogía en mala parte y desconocer su propia ley, como lo es el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, la recurrente sostiene que observada de manera vaga la resolución cuestionada podría pensarse que la misma no genera el irrespeto al Derecho de Petición, ya que hemos contado con los medios para plantear nuestras pretensiones ante la autoridad del Ministerio Público, pero lo cierto es que el Derecho de Petición trasciende al mero formalismo de tener la opción de pedir, ya que también impone la obligación a la autoridad de dar una respuesta dentro de un plazo razonable y conforme a derecho. En el caso que se expone se puede ver con facilidad que no existe una resolución conforme a derecho, siendo que el desistimiento del BANCO LAFISE como víctima del caso que nos ocupa, coloca a la institución bancaria en franca indefensión, al no permitírsele el acceso a la justicia cuando no se admite la denuncia que formulara, bajo el extremo formalismo de una decisión que se fundamenta la manifestación que no puede ser revisado lo argumentado ya que la inadecuada utilización de una palabra “Reconsideración” a criterio de la resolución impugnada se produce una inadecuación del proceso, ya que estima que lo que debió de utilizarse es el recurso de Reposición y no una Reconsideración. CONSIDERANDO (5): Que continuando con sus argumentos, la recurrente dice que la resolución de la Fiscalía General se vislumbra como un desafuero, bajo parámetros impropios, que evitan reconocerle a su cliente el Derecho de Petición y ello es visible cuando se observa que dentro de la normativa interna del Ministerio Público, específicamente el reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, en la que se puede observar artículos como el 54, donde se señala la posibilidad que tiene el interesado de usar la reconsideración. Examínese que la vía impugnativa –dice la recurrente- que se ofrece como correcta en el fallo cuestionada es la de “Reposición”, estimando como base normativa el Código Procesal Penal, pero al examinar el referido recurso en la norma procesal penal se puede apreciar que dicho medio impugnativo es empleado para buscar la corrección de las resoluciones de la misma autoridad que lo emitió, en el caso que nos ocupa la pretensión de esta Representación Procesal era la corrección por parte del superior, por lo que el espíritu del recurso de reposición, en consonancia con el Código Procesal Penal, no aplica al caso en concreto. CONSIDERANDO (6): Que en la misma línea de pensamiento –sostiene la impetrante-, debemos de indicar que la decisión impugnada del Ministerio Público vulnera el Derecho de Acceso a la justicia que es un imperativo que no se ve agotado con el simple hecho de que se tramiten los procesos, sino que éstos permitan gozar de los derechos que gozan las partes, en el caso en concreto se observa que la resolución denunciada, no permite gozar del derecho que el Banco tiene de denunciar actos delictivos de los que fue víctima. Para finalizar la impetrante sostiene que al pretender el órgano acusador representante de los intereses generales de la sociedad aplicar de manera analógica las disposiciones del Código Procesal vulnera el principio de legalidad en tanto que ya su normativa interna establece que es el mecanismo de revisión de las resoluciones emitidas por el Ministerio. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. FGR-357-2018 emitida por la Fiscalía General de la República, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve: “1) Declarar SIN LUGAR, el escrito de (sic) “…RECONSIDERACION…”, presentado por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada BANCO LAFISE, al haberse constatado que la peticionaria no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal penal vigente, quedando firme y consentido el auto contra el cual dirige su petición de (sic) “…RECONSIDERACION…”; Además de haber presentado de manera extemporánea su petito ante ésta Fiscalía General de la República, por la razones de derecho ampliamente expuestas en esta resolución. 2) Ratificar el auto DGF N° 127-2018, de fecha dieciocho (18) de abril del 2018, emitida por la Subdirección General de Fiscalía.- 3) Tener por firme y consentido el auto DGF N° 127-2018, de fecha dieciocho (18) de abril del 2018, emitida por la Subdirección General de Fiscalía, por no haber hecho uso la peticionaria el recurso de Ley correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 352 y 353 del Código Procesal Penal, vía procesal que es la reconocida por la jurisprudencia de la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…” (Folios 15 y 16 de los autos) CONSIDERANDO(8): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Fiscalía General de la República, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso tiene que ver básicamente con que la autoridad recurrida bajo el extremo formalismo de una decisión, ha expresado que no puede ser revisada la petición de la recurrente en Amparo, por la inadecuada utilización de la palabra “Reconsideración”, lo que produce una inadecuación del proceso, pues lo que debió utilizar es el recurso de “Reposición”, conforme lo ha dejado plasmado la Sala de lo Constitucional en la sentencia de Amparo Administrativo con registro de expediente AA 48-2010. CONSIDERANDO (9): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión de la Fiscalía General de la República vulnera en perjuicio del recurrente los derechos contenidos en los artículos que a continuación se exponen de la Constitución de la República: Artículo 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; y lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (10): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO (11): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[1]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[2]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[3] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[4] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (12): Que en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[5]; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas).[6] CONSIDERANDO (13): Que en el informe emitido por la autoridad recurrida, este hace alusión al Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, en el orden de establecer que la recurrente pretende desconocer la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional[7], así como las actuaciones dentro de una institución autónoma y con independencia funcional como lo es el Ministerio Público; por ello que la recurrente debe observar como principio de jerarquía normativa la jurisprudencia administrativa, en relación a que al no existir una normativa especializada que regule a lo interno del Ministerio Público la actividad recursiva en la instancia administrativa de persecución penal, se debe aplicar en forma analógica las disposiciones del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (14): Que el fallo constitucional a que hace mención el Informe emitido por la autoridad recurrida y que también fuera invocado en la resolución que se recurre en Amparo, en su considerando número 14 deja establecido: CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la reiterada jurisprudencia de esta Sala de loConstitucional6, ya ha dejado establecido que por aplicación del principio de especialidad, es un axioma general del derecho, que en lo atinente a las fuentes y jerarquía del derecho administrativo, la ley administrativa especial, prima por sobre leyes generales vigentes en la república. En el presente caso, resulta evidente la inexistencia de una norma administrativa especializada que aplique a lo interno del Ministerio Público, para definir el cauce procesal a ser observado en este tipo de asuntos; por lo cual, conforme a la jurisprudencia establecida por esta Sala, se impone como un deber de este Tribunal Supremo, atendiendo al principio de especialidad y para efectos de garantizar el mínimum de legalidad requerido para una efectiva tutela de las garantías genéricas de Reserva de Ley y Debido Proceso, el reconocer al ordenamiento jurídico vigente en materia de Derecho Procesal Penal, como la norma especial y aplicable analógicamente a los procesos administrativos internos del Ministerio Público. (Siendo evidente de los autos, que la misma es invocada por esta autoridad administrativa, de una forma discrecional y en el presente asunto, de forma llana y arbitraria al omitir su estricto acatamiento en lo tocante a los procedimientos formales de notificación). CONSIDERANDO (15): Que como bien se determina en el fallo constitucional invocado por la autoridad recurrida, conforme lo establece la doctrina[8], en cuanto a la Seguridad Jurídica como principio estructural del ordenamiento, se pueden destacar los siguientes rasgos: 1) La posibilidad de conocimiento por parte de los ciudadanos de las normas en virtud de las cuales serán evaluadas jurídicamente sus acciones. 2) La conciencia de que su interpretación del Derecho aplicable coincide con la que la propia sociedad asume; y 3) La confianza en la efectividad del ordenamiento y, por tanto, en la adhesión al mismo por parte de los ciudadanos y en la aplicación de sus normas… La certeza en el Derecho exige ante todo la presunción de legitimidad de las normas jurídicas que emanan de los órganos habilitados por el ordenamiento. CONSIDERANDO (16): Que siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Sala es del criterio que no se deben poner obstáculos o trabas a las partes o interesados en determinado asunto, con el fin de hacer valer sus pretensiones en un proceso ya sea judicializado o en la etapa de instrucción o procedimiento administrativo; que consta en autos que la recurrente Abogada Karla Patricia García Arita, compareció en fecha cinco (5) de abril del año dos mil dieciocho (2018), ante la Dirección General de Fiscalía, presentando escrito que intituló “SE SOLICITA RECONSIDERACIÓN DE AUTO DE CIERRE DEFINITIVO.-SE ADJUNTAN DOCUMENTOS”; que la dependencia a la que recurrió la pedidora de Amparo, dio respuesta a su petición mediante Resolución No. D.G.F-127-2018, de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, siendo negativa la misma, sin indicarle a la interesada, el cauce procedimental en esa vía administrativa que era la procedente a fin que la instancia superior, revisara la decisión denegatoria, que obviamente no comparte la recurrente en Amparo, por ser contraria a las pretensiones de su representado la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE, S.A. CONSIDERANDO (17): Que siguiendo las actuaciones de la impetrante, esta Sala advierte, que la recurrente en Amparo, invocando lo que establece la Ley del Ministerio Público, compareció ante la Fiscalía General de la República, solicitando reconsideración de la Resolución emitida por la Dirección General de Fiscalía, que se deja relacionada en el acápite anterior, siendo que la entidad inferior dio respuesta –aunque negativa- a su petición de reconsideración, sin indicarle cual era la vía procesal recursiva a seguir, según jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal y de la Fiscalía General de la República, como principio de jerarquía normativa, de observancia obligatoria, según disposición contenida en el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, a efecto de obtener de nueva cuenta, el estudio sobre el fondo del asunto, por la autoridad superior del Ministerio Público, definido éste como el organismo profesional especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad. De la resolución impugnada, esta sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por la Fiscalía General de la República a efecto de declarar Sin Lugar el escrito de RECONSIDERACION, presentado por la Abogada Karla Patricia García Arita, se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a las entidades administrativas de superior jerarquía del Estado, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que invoca la recurrente, se le niega a ésta la posibilidad real y efectiva de defender sus pretensiones, ante una entidad pública del Estado en igualdad de condiciones. CONSIDERANDO (18): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que se sustenta en razonamientos rigurosos y formalismos excesivos, pues se invoca jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, así como la emitida por el organismo recurrido. en consecuencia de ello y con el fin de hacer prevalecer la Seguridad Jurídica como principio estructural del ordenamiento, devenía la entidad correspondiente indicarle a la interesada, el cauce procesal recursivo establecido por la jurisprudencia –aplicación del Código Procesal Penal, por analogía-, ante la inexistencia de una normativa legal que desarrolle el procedimiento recursivo en lo relacionado con la persecución penal en el Ministerio Público; esta posibilidad de conocimiento por parte de los ciudadanos, de las normas en virtud de las cuales serán evaluadas jurídicamente sus acciones, se vuelve necesaria a efecto de hacer prevalecer el acceso a la justicia y el derecho de igualdad a las partes en el proceso y en las respectivas entidades administrativas a las que recurren en garantía de sus pretensiones; derechos garantizados en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública, consecuencia de ello la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por la recurrente en amparo. CONSIDERANDO (19): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (20):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (21): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Fiscalía General de la República debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados a la recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara sin lugar la solicitud de Reconsideración promovida por la Abogada Karla Patricia García Arita, sin dar respuesta en relación al fondo del asunto planteado, en aplicación de argumentos excesivamente rigurosos; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO LAFISE, S.A., contra la resolución No. FGR-357-2018 emitida por la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018). 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, dando respuesta a la peticionaria, sobre el fondo del asunto sometido a estudio de la entidad superior del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se archiven las presentes diligencias en la Secretaría de este Alto Tribunal. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-697-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.

[2] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.

[3] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[4] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.

[5] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.

[6] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 40 y 41.

[7] Fallo constitucional de fecha 11 de febrero del año 2014 con registro de expediente No. AA 48-2010.

[8] Ver Balaguer Callejon, Camara Villar, López, Balaguer y Mantilla Martos, Manual de Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, 3ª. Ed. 2008, Volumen I, págs. 94 y 95.