Sentencia AA-650-16 — Registro 12029
Resumen
Sentencia en consulta declaró con lugar acción de amparo contra auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas por considerar que no existen las causas de inadmisibilidad alegadas por recurrente en demanda especial de la licitación pública internacinal HN ITB 2014-003 para Adquisición de Medicamentos Mateirales Médico Quirurquico Insectisidas e Insumos para la Secretaría de Salud (SESAL) promovida por Farmacéutica Internacional S A de C V contra recurrente; el Tribunal de Alzada además, estimó la defensa previa alegada por considerar que el asunto no corresponde a la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, por lo que declaró inadmisible la demanda contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, determino en sus fundamentos de derecho y en su parte dispositiva: “FUNDAMENTOS DE DERECHO.- QUINTO (5):,..la demanda de mérito, deberá de ventilarse a través de un arbitraje directo.- Si en los pliegos de licitación existen o no las provisiones para conformar el posible tribunal de arbitraje¡ es un tema que le concierne a las partes, es decir al oferente que está protestando una selección y aceptación de adjudicación y a la UNOPS¡ como ente encargado de llevar a cabo la realización del procedimiento de licitación y de recibir dichas protestas.- Es necesario destacar que la licitación pública internacional HN ITB/2014-o03 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS”, se llevará a cabo conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (IT8) establecidos en el Manual de Adquisiciones de UNOPS (Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), tal como así lo establecen las mismas bases de licitación, debiendo de entenderse que conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, en cuanto a las licitaciones internacionales, la licitación misma y todo el procedimiento en mención se efectuará conforme a las bases de licitación o pliego de condiciones ya existentes y a los procedimientos de la Licitación Pública Internacional regulados por la UNOPS mediante el documento internacional del Manual de Adquisiciones de la UNOPS. (www.unops.org) SEXTO (6): La licitación pública internacional es regulada en el ordenamiento jurídico nacional, y conforme a las bases de la licitación en referencia es que prevalecerán las regulaciones que encuadra dicha Licitación Pública Internacional HN ITB/2014-003.-“ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS".- Al ser incompetente la Jurisdicción especial de lo Contencioso Administrativo para conocer de la demanda especial en materia de licitación, es improductivo e inoperante hacer una valoración o análisis jurídico a cercad, de las demás causas de inadmisibilidad que el A-Quo desestimó y dieron lugar a la acción de amparo; además de que ante la incompetencia de esta..."..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que resuelve OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo que desestima las DEFENSAS PREVIAS, es totalmente apegado a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado que existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente declarara OTORGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado. Jurisdicción, se evidencia una violación a la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, ...; concluyendo que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para conocer de la pretensión del ahora demandante, debiendo de OTORGAR amparo a favor del amparista..."..."PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso :Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS,...FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo que DESESTIMA LAS DEFENSAS PREVIAS de fecha 19 de agosto del 2015, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, en consecuencia procede declarar CON LUGAR la DEFENSA PREVIA que consiste en "cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo contencioso administrativo" y declarar INADMISIBLE LA DEMANDA promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER), contra el ESTADO HONURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 15 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 18 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 21 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis, que Otorgó la acción de amparo interpuesta por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, en su condición de Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras, contra el auto resolutivo de defensas previas emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil quince (2015), en relación a la Demanda Ordinaria promovida por la Sociedad Mercantil FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER), contra el ESTADO DE HONDURAS.- Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 15, 18, 21, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, promoviendo demanda especial en materia de licitación, solicitando la nulidad parcial de un acto que surte los mismos efectos de una resolución expresa, al evidenciar un comportamiento de la administración que es univoco e incompatible con una voluntad distinta, y que consiste en la decisión final del proceso licitatorio identificado como Licitación HN ITB 2014-003, para la compra de medicamentos para la Secretaría de Salud (SESAL), el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, y que se adopten las medidas para su restablecimiento, promovida contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2) Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, Apoderado Legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER), por considerar que existen causales de inadmisibilidad en la misma. (Folios 01 al 25 de la pieza de Defensas Previas) 3) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, mediante el cual resolvió (Sic) “PRIMERO: Desestimar las Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. - NOTIFIQUESE”. (Folios 108 al 116 de la pieza de Defensas Previas) 4) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas de fecha diecinueve de Agosto del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales al Debido Proceso y el derecho a la defensa, contenidos en los artículos 15, 18, 21, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 18 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó su sentencia mediante la cual: (SIC) FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, Apoderada Legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo que DESESTIMA LAS DEFENSAS PREVIAS de fecha 19 de agosto del 2015, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, en consecuencia procede declarar CON LUGAR la DEFENSA PREVIA que consiste en “Cuando su conocimiento no correspondiere a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y declarar INADMISIBLE LA DEMANDA promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER), contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA. (Folios 52 al 55 de la pieza de segunda instancia). 6) Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que dictó sentencia en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante la cual falló por unanimidad de votos: “FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo que desestima las defensas previas de fecha 19 de agosto de 2015, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contenciosos Administrativo, con sede en Tegucigalpa, en consecuencia procede declarar CON LUGAR la DEFENSA PREVIA que consiste en “cuando su conocimiento no corresponda a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y declarar INADMISIBLE LA DEMANDA promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. de C.V. (FARINTER), contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante Legal el Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.-“ CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “En las Defensas previas se señalaron varias causas de Inadmisibilidad de la Demanda, mismas se señalaron en su oportunidad y que a continuación resumo: PRIMERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE LA DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DE LOS PLAZOS RESPECTIVOS: El demandante al entablar su acción ante esta jurisdicción IMPUGNA PARCIALMENTE la decisión final del mismo, pues solamente hace referencia a la Adjudicación de la partida 129 ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA señalando en consecuencia que la demanda Contenciosa Administrativa es de procedimiento especial; sin embargo de declararse la nulidad parcial de la Licitación, debería de hacerse una nueva convocatoria ajustándose a los requisitos legales pertinentes al caso.- La parte demandante pretende el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, y para su pleno restablecimiento pide que se adjudique la partida 129 ERITROPOYETINARE COMBINANTE HUMANA, porque supuestamente la ahora demandante es la única empresa que - realizo oferta de dicho medicamento con las especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación y que está comprendida en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaria de Salud. De los antecedentes se desprende que la acción interpuesta ante este juzgado de lo Contencioso, sin legitimar la misma, se hizo de forma extemporánea según lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 80) inciso d) que dice: "Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos"; en relación con lo establecido en la Sección Tercera de dicha Ley EN MATERIA DE LICITACIÓN, según el artículo 115 de la Ley que rige esta Jurisdicción que establece lo siguiente: "El plazo para la presentación de la demanda será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación o de la notificación o publicación respectiva.", relacionado con el artículo 51 letra c) de la misma ley de la Jurisdicción, que establece: "El juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualquiera de las siguientes causa: a) ...b) ...c) Que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda. La parte demandante, presentó su demanda en fecha 10 de octubre del 2014, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y la fecha de los Resultados de la Licitación fueron formalmente informadas por la Oficina de New York, USA, de la Oficina de Naciones Unidas es de fecha 1 de septiembre de 2014, según lo manifiesta el mismo demandante en su nota del 3 de septiembre de 2014, en donde confirma su FORMAL PROTESTA por la decisión final de adjudicación del Lote 129 de la Licitación Pública Internacional de la cual solicita su nulidad parcia" debiendo haberse presentado por tanto dicha acción dentro de los cinco días siguientes al de septiembre como lo establece el artículo 115 referido, ya que en materia de Licitación el termino es de cinco días, para presentar la correspondiente demanda, lo anterior no significa de modo alguno que esta Representación Legal del Estado de Honduras legitime la presente demanda ante esta jurisdicción, sin- embargo como parte de nuestras argumentaciones señalamos que en caso de que fuese ésta la jurisdicción correspondiente para entablar la acción resulta extemporánea. SEGUNDA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: CUANDO SU CONOCIMIENTO NO CORRESPONDIERE A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Asimismo, el Artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece en su literal a), que se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes: a) Cuando su conocimiento no correspondiere a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Relacionado con dicho precepto legal, se encuentra el artículo 51 de la ley supra mencionada, el cual en su literal a) establece: El Juzgado podrá declarar inadmisible la demanda cuando conste cualesquiera de las siguientes causas: a) La falta de jurisdicción o incompetencia del juzgado con arreglo al capítulo I del Título Primero de esta ley; en relación con el Artículo 4 que dice: "No corresponderán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionados con actos de la Administración Publica, se atribuyan por una Ley a otra Jurisdicción o correspondan al Derecho agrario o las cuestiones arbitrales a las que se haya sometido el Estado."> Asimismo el Artículo 6 de Ley referida señala: "La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es improrrogable. Los órganos de la Jurisdicción podrán declarar incluso de oficio, la falta de jurisdicción, previa audiencia de las partes sobre la misma." la ley de Contratación del Estado en el párrafo tercero del Artículo 1 dispone: En todo caso en la medida que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte, o de un convenio suscrito con organismos de financiamiento externo establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas; en todos los demás aspectos en que no exista contradicción, la contratación se regirá por la presente ley." En este sentido el numeral 4 párrafo tercero de la Sección I de las bases de la Licitación se estableció lo siguiente: "La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ITB) establecidos en el Manual de Adquisiciones de UNOPS, y está abierta a todos los licitantes elegibles." .- Lo anterior significa que HONDURAS y los LICITANTES ELEGIBLES se regirían por el Manual de Adquisiciones de Naciones Unidas y no por la Ley de Contratación del Estado; en consecuencia de conformidad con las Bases de la Licitación y a dicho Manual en caso de controversia está se dirimiría mediante el proceso ARBITRAL y no por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como lo señala el Artículo de la Ley de Contratación del Estado. (Ver Clausula Octava del Convenio suscrito entre SESAL y UNOPS y Clausula 42.2 literal f) de las Bases de Licitación Pública Internacional ITB HN 2014/003). Por otra parte en lo relativo a la adjudicación y suscripción del contrato dicha responsabilidad de conformidad con el Contrato de Fideicomiso corresponde a BANCO DE OCCIDENTE como FIDEICOMISARIO según Cláusula Cuarta del Contrato en la cual se relaciona FINALIDAD DEL FIDEICOMISO; asimismo en la Cláusula Octava se señala la RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO a saber: "a) Recibir del fideicomitente y administrar los recursos que constituyen el patrimonio del fideicomiso; b) Incorporar la comisión de evaluación y asesoría; e) suscribir los contratos de compra venta de las ofertas adjudicadas ..." Por lo anterior es procedente la aplicación del literal f) de la cláusula 42.2 del pliego de condiciones, es decir que la controversia al no haber sido superada administrativamente a través del "Protesto" ante UNOPS, haciendo la aclaración siguiente: En la Pago 150 del Libro del Doctor Paz Barnica nos ilustra sobre el tema de inmunidad de jurisdicción en los Organismos Internacionales de la siguiente forma: "La inmunidad de jurisdicción esta concedida a las organizaciones internacionales de modo completo y sin restricciones, y por lo tanto, se trata de una cuestión de mero derecho, una vez determinado el status del demandado por la Autoridad Ejecutiva competente. La inmunidad de jurisdicción, en este caso no requiere la calificación previa de hecho alguno; ACTO OFICIAL O PRIVADO, NECESARIO O INNECESARIO; porque todos los actos son oficiales y porque todos los actos son necesarios. Dicha inmunidad podría ser excepcionada o restringida con el consentimiento expreso de la Organización. "La inmunidad concierne aquí a todo procedimiento judicial, sin distingo alguno, y por lo tanto ha de ser reconocida como cuestión de mero derecho. Esta interpretación se acomoda a la doctrina de los publicistas, a la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, y a la práctica generalizada sobre la materia". Dice el profesor Wilfred Jenks que "Según la naturaleza de las cosas, la garantía de independencia respecto del poder nacional nunca puede ser completa, a menos que no esté calificada". Si se califica la inmunidad de jurisdicción, para incluir ciertos actos y excluir otros, se pondría en cuestión la garantía de independencia. Esas calificaciones están ausentes de los textos presentados y ausentes del proceso de negociación de las obligaciones correspondientes". "La determinación del status legal del demandado, hecha por el órgano político competente, es suficiente, según una abundante práctica, para que el órgano judicial reconozca la inmunidad en el caso concreto, declarando sin lugar la demanda." En atención a lo expuesto por el doctor Paz Barnica, podemos concluir que ningún tribunal de jurisdicción nacional es competente para conocer una demanda promovida en contra de "Un acto administrativo que surte los mismos efectos de una resolución expresa y que consiste en la decisión final del proceso licitatorio identificado como licitación HN-ITB 2014-003 para la compra de medicamentos para la Secretaria de Salud (SESAL) Específicamente al lote 129 ERITROPROYETINA RECOMBINANTE HUMANA 2000 UI"; por lo que resulta procedente la interposición de la defensa previa establecida en el Articulo 80 literal a) en relación con el Articulo 63 letra a) de la Ley que rige esta Jurisdicción. Por otra parte, no podemos dejar de señalar que la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud no es la responsable directamente del acto impugnado pues quien lo emitió fue UNOPS y Banco de Occidente que es el Fiduciario, ya que la Secretaría de Salud a través del Convenio trasladó todas las actuaciones técnicas y administrativas a dichos entes. TERCERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE SE HUBIERE INTERPUESTO POR PERSONA INCAPAZ NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE NO LEGITIMADA.- La demandante, FARINTER participo en Licitación Pública Internacional llevada a cabo por UNOPS, sin embargo al no lograr la adjudicación del Lote 129 no está legitimada para demandar la impugnación del acto, por no ser Titular de un derecho subjetivo para comparecer ante a esta jurisdicción; en ese sentido la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo dispone: Artículo 13 "Podrán demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública los siguientes: a)... b) Las entidades estatales, las de derecho público y cuantas personas jurídicas ostenten la representación y defensa de los intereses de carácter general y corporativo, cuando el juicio tuviere por objeto la impugnación directa de actos de carácter general de la Administración Pública, siempre que el acto impugnado les afectare directamente ...".- De igual forma el Artículo
14 de la ley señalada dispone: "Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad, se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado." .- La pregunta obligada es ¿cuál es el objeto de debate según la sociedad demandante?, la respuesta es la Nulidad parcial de un acto que surte los mismos efectos de una resolución que consiste en la decisión final del Proceso Licitatorio HN ITB 2014-003, específicamente el Lote 129, y EL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA, y de una decisión final se enteró directamente de UNOPS como entidad responsable del proceso de licitación; entidad que descalificó a la sociedad demandante y que más adelante declaró sin lugar la protesta administrativa. En este mismo orden, al NO haber sido seleccionada no está legitimada para la presentación de la demanda por carecer del derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto, y es en este punto donde nos encontramos que el marco jurídico que regulaba el proceso de licitación era de orden internacional como el Manual de adquisiciones de PNUD y en consecuencia no puede exigirle al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su restablecimiento la adjudicación directa, pues ello supone una violación a normas de orden internacional que pertenece al derecho internacional público En consecuencia la sociedad mercantil FARINTER carece de legitimación para demandar a mi representado el Estado de Honduras, ya que éste en ningún momento realizó el procedimiento de licitación razón por la cual no existe Acto Administrativo emitido por el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, pues no es ésta entidad estatal la que realizó el proceso de licitación o descalificó a la sociedad demandante impugnado mediante la presente demanda. CUARTA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE LA DEMANDA ADOLECIERE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO; El artículo 80 inciso e) establece lo siguiente: Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Sin legitimar la competencia para dirimir el juicio, de lectura de la demanda se deduce que posee defectos formales que al no poseer competencia para anular un acto emitido inequívocamente por un organismo internacional, el juez ad quo se le impedirá verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, pues la sociedad demandante pretende a través de su acción: "La Nulidad Parcial de la Licitación Pública Internacional HN ITB 2014- 003" específicamente en lo que se refiere a la adjudicación del Lote 129 del medicamento eritroproyetina recombinante 2,OOO UI/ML. Rellenada, pues el actor de la demanda señala en el acápite "Lo que se demanda", dos pretensiones: la primera la constituye la "Nulidad parcial de Licitación en lo que refiere a la adjudicación Lote 129" y la segunda "El reconocimiento de una situación jurídica individualizada derivada del ordenamiento legal que se considera infringido y como medida para su restablecimiento la adjudicación del Lote 129 por ser según el actor el único oferente que se apegó a las especificaciones técnicas requeridas en el proceso y que se encuentran descritas en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaria de Salud". En consecuencia mediante una sentencia emitida por un juzgado de derecho interno anularía de forma parcial el acto impugnado, que lo constituye según el actor de la demanda la decisión final del proceso licitatorio identificado como Licitación HN-ITB 2014-003; pero no podrá adjudicarse jamás al demandante la compra del lote 129, pues esta potestad solamente es atribución del BANCO DE OCCIDENTE como FIDEICOMISARIO de dicho proceso, a instancia la RECOMENDACIÓN Hecha por UNOPS, bajo las condiciones establecidas en las Bases de Licitación; de lo anterior se aprecia que la presente Acción de Amparo se promueve, en virtud de que con el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil quince, en su parte dispositiva declaró inadmisible las Defensas Previas, por suponer inexistentes las causas de inadmisibilidad alegadas; se han violentado Garantías Constitucionales del ESTADO DE HONDURAS, al desestimar las mismas, ya que de conformidad al artículo 15 de la Constitución de la República que establece: "Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional". En relación con el artículo 18 de la Constitución que establece: "En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley, prevalece el primero" y con el artículo 21 de la misma, que establece: "El Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con estados extranjeros u organizaciones internacionales o adherirse a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, al que deberá informar inmediatamente". Razón por la cual consideramos absolutamente arbitrario, ilegal e injusto que un funcionario judicial (El A-QUO) desestime las defensas previas interpuestas en tiempo y forma por mi representada; ya que se probó con la documentación que obra en el expediente de mérito, que el mismo fue realizado conforme al Manual de Adquisiciones de Naciones Unidas (UNOPS) no conforme a lo establecido por la Ley de Contratación del Estado, en virtud que mi representada no realizó dicho proceso por consiguiente, la Autoridad Nominadora no emitió ningún Acto de la Administrativo, en virtud de constar lo antes señalado en el expediente de mérito, que se encuentra agregado al mismo. RECURSOS ORDINARIOS AGOTADOS. En el presente caso no se interpuso recurso alguno en contra el Auto Resolutivo de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil quince, de Defensas Previas, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en virtud que en el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que: "no cabrá recurso alguno". DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLENTADOS: Las Garantías Constitucionales que el presente caso se estiman violentados, el Artículo 82 párrafo primero de la Constitución de la República, que establece: "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes." (El subrayado es nuestro). Y el Artículo. de la Constitución_ de la República que establece: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". y el Artículo 15 de la Constitución de la República que establece: "Honduras hace suyos los. Principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional". En relación con el artículo 18 de la Constitución que establece: "En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley, prevalece el primero" y con el artículo 21 de la misma, que establece: "El Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con estados extranjeros u organizaciones internacionales o adherirse a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, al que deberá informar inmediatamente" En' relación al artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, establece: "No corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo: a)... b) Las cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de las relaciones Internacionales, ...". Es importante señalar a esa Honorable Corte, que mi representada, no suscribió contrato con ninguna de las empresas que calificaron y fueron recomendadas por la UNOPS, después del proceso a su cargo, y que si bien es cierto, el proceso final de contratación realizado por el Banco Fiduciario, concluye con el proceso, no es menos cierto que la UNOPS, informó a los que participaron en la Licitación si habían calificado o no, hecho que consta en el expediente de la demanda y en las defensas previas presentadas, razón por la que como ya se ha señalado anteriormente el representante de FARINTER agotó el procedimiento establecido por la UNOPS en las Bases de 'la Licitación; además es importante señalar que mi representada no intervino en dicho proceso, como tampoco emitió un acto administrativo en relación a éste, ya que en aras de la transparencia, mi representada, suscribió convenios con la UNOPS y con el fiduciario para que se encargaran del proceso, por lo que estos únicamente informaban de los estados en que se encontraba el mismo. El proceso de licitación en referencia ha sido conducido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS, por su abreviación en inglés. UNOPS es un organismo subsidiario de las Naciones Unidas creado por Decisión de la Asamblea General de 19 de setiembre de 1994, con el propósito de brindar asistencia técnica y servicios de soporte en infra-estructura, adquisiciones de bienes y servicios y gerenciamientos de proyectos. UNOPS brinda dichos servicios a los demás órganos y agencias de las Naciones Unidas y también a Gobiernos, a los Organismos Financieros Internacionales, a Organizaciones No Gubernamentales, etc. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 22, otorga a la Asamblea General la potestad de establecer los órganos subsidiarios que la Organización considere necesarios para el desempeño de sus funciones. El Gobierno de la República de Honduras es miembro fundador de las Naciones Unidas, siendo uno de sus 51 miembros Originales, habiendo ratificado la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 1, declara expresamente que "La Organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de los privilegios e inmunidades necesarios a la realización de sus propósitos." En ese sentido, es que los Estados-Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946. El Gobierno de la República de Honduras es parte de la referida Convención. Convención que establece en su Artículo 2: BIENES, FONDOS Y HABERES SECCION 2.- La Organización de las Naciones Unidas, sus bienes y haberes, cual que sea el sitio donde se encuentren y quien quiera que sea su detentador, gozarán de la inmunidad de jurisdicción, salvo en la medida en que la Organización haya expresamente renunciado a su inmunidad en un caso particular. Queda, sin embargo, entendido, que la renuncia no puede extenderse a medidas de ejecución. Asimismo, UNOPS y el Gobierno de la República de Honduras han firmado el Canje de Notas entre el Gobierno de la República de Honduras y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos constitutivo de un Acuerdo mediante el cual se le otorgan Privilegios e Inmunidades para el funcionamiento de UNOPS en Honduras mediante la aplicación mutatis mutandis el Acuerdo Suscrito entre el Gobierno de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que fue publicado mediante Decreto 150-213 en la Gaceta Número 33,227, de fecha de 12 de setiembre de 2013. El Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 17 de enero de 1995, establece en su Artículo IX - Privilegios e Inmunidades que: El Gobierno aplicará tanto a las Naciones Unidas y sus órganos, comprendido el PNUD y los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas en la misión del PNUD, como a sus bienes, fondos y haberes y a sus funcionarios, incluidos el representante residente y otros miembros de la misión del PNUD en el país, las disposiciones de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, del 13 de febrero de 1946. A su vez, el Acuerdo firmado entre el PNUD V el Gobierno de Honduras ha sido extendido mutatis mutandis a UNOPSV, de igual forma, en relación a la inmunidad de jurisdicción de UNOPS en Honduras, como órgano subsidiario de las Naciones Unidas. Asimismo, dicha obligación va existía antes mismo de la firma de tal tratado adicional, pues el Gobierno de Honduras va se encontraba obligado a reconocer dicha inmunidad de jurisdicción desde la adhesión del Gobierno de la República de Honduras a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. En resumen, todo esto tiene el propósito de informar respetuosamente al Poder Judicial que, en respeto a tratados internacionales ratificados sin reservas por el Gobierno de la República de Honduras, a la demanda interpuesta por FARMACÉUTICA INTERNACIONAL S.A de C.V. (FARINTER) le faltan los presupuestos de admisibilidad en virtud de la ausencia de jurisdicción del Poder Judicial hondureño sobre esta supuesta controversia. El proceso de licitación ha sido conducido por UNOPS, así como la evaluación de las ofertas V la recomendación de adjudicación en relación al lote 129 del referido proceso. Los procesos de licitación conducidos por UNOPS en el país están protegidos por las prerrogativas previstas en los tratados mencionados, desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, así como el Acuerdo de Sede de UNOPS en Honduras (publicado mediante Decreto 150-213 en la Gaceta Número 33,227, de fecha de 12 de setiembre de 2013). La inmunidad de jurisdicción de las Naciones Unidas es una inmunidad de jurisdicción absoluta prevista en tratado independientemente de la naturaleza de la controversia bajo apreciación. Distintamente de los organismos internacionales, la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero no está prevista en ninguna regla escrita. Dicha inmunidad del Estado está vinculada a la interpretación de la costumbre par in parem non habet imperium ya que las Convenciones de Viena de Relaciones Diplomáticas V Consulares de 1961 y 1963 no tratan de las inmunidades de los Estados y sí de sus agentes. Y dicha inmunidad de los Estados ha sido relativizada al largo del tiempo va que la costumbre ha sido revisada bajo la distinción de las operaciones bajo actos de gestión (no cubiertas por inmunidad) y actos de imperio (inmunes a la jurisdicción). Esto no es el caso para los organismos internacionales y en especial para los órganos y agencias de las Naciones Unidas que están cubiertos por tratados internacionales que son normas escritas y que independen de las demás fuentes del derecho internacional público como la costumbre. Por otro lado, los actos de los organismos internacionales no se dividen entre actos de gestión o de imperio que son típicos de los Estados extranjeros y sus conceptos de soberanía, igualdad, reciprocidad y territorio. La inmunidad de un organismo internacional es de naturaleza funcional, o sea, para la realización de sus propósitos y para esto no hay aplicación de los conceptos de actos de gestión y de imperio. Malcom N. Shaw, renombrado internacionalista, comparte de la misma opinión: "Para ejecutar sus funciones de modo más efectivo, los Estados y sus representantes se benefician de una serie de privilegios e inmunidades. Las organizaciones internacionales también tendrán derecho a concesión de privilegios e inmunidades para sus bienes, propiedades y representantes. Las dos situaciones no son, claro, análogas, ya que, por ejemplo, la base de la inmunidad del Estado puede ser vista en términos de la igualdad soberana de los Estados; e de la reciprocidad, mientras que esto no es realista con respeto a las organizaciones, tanto porque estas no están en una posición de "igualdad soberana", como porque no están aptas a conceder inmunidades como un gesto recíproco. Y también el caso que las inmunidades de los Estados fueran restrictas a luz de la distinción entre actos jure imperii e jure gestionis, mientras que cualquier distinción de tal suerte, en el caso de las organizaciones internacionales no sería apropiada". Además, es pacífico en la doctrina que los privilegios e inmunidades aplicados a las organizaciones internacionales derivan de su necesidad para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Nuevamente, Malcolm Shaw claramente afirma: "La verdadera base para las inmunidades concedidas a las organizaciones internacionales es que las primeras son necesarias para el efectivo ejercicio de las funciones de las últimas". Kuljit Ahluwalia expone incluso sobre riesgos graves que afectan a las organizaciones internacionales si se les aplican indistintamente la teoría de la relatividad de la inmunidad: "De acuerdo con este enfoque funcional, una organización internacional debe disfrutar de completa inmunidad de jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros, incluido el Estado de acogida. Impondría un gravamen grave a una organización internacional en defensa de sus acciones en los tribunales locales en varios países. No sería deseable permitir que dichos tribunales determinen, y muy posiblemente de formas dispares, los efectos jurídicos de los actos realizados en el ejercicio de las funciones de la organización". Además, la definición en cuanto a la inmunidad de los Estados extranjeros está relacionada intrínsecamente a la división clásica de las acciones del imperio y de gestión, una separación típica de la naturaleza del Estado extranjero, pero totalmente inadecuada cuando se trata de organizaciones internacionales. Y esta diferenciación entre las acciones de gestión y actos de imperio no puede ser transportada a la esfera de las organizaciones internacionales, así Felice Morgenstern explica: "Esta afirmación [que no cabe la distinción entre las acciones de gestión y actos de imperio para organizaciones internacionales] tiene dos bases: en primer lugar, muchos de los tratados pertinentes garantizan la inmunidad de jurisdicción, sin ninguna cualificación; segundo, el hecho de que la capacidad de las organizaciones internacionales está directamente relacionados con sus funciones públicas parece dar a entender, por supuesto, que el problema relativo a actos gestionis luri deben seguir siendo de menor importancia. En general, la inmunidad absoluta se justifica por la vulnerabilidad de las organizaciones internacionales que no tienen su propio territorio, por lo que requiere operar dentro de la jurisdicción de otros sistemas jurídicos.... " Como se concluye de la explicación hecha a través de este documento, la inmunidad absoluta de jurisdicción de las Naciones Unidas resulta de los tratados mencionados de los cuales la República de Honduras es parte, siendo esta inmunidad una condición sine qua non para garantizar la independencia de la organización y el cumplimiento de sus fines. Cuando el Estado admite que una demanda judicial vaya adelante en su jurisdicción, lo que está en juego es la responsabilidad internacional de este mismo Estado, por incumplir con el principio del pacta sunt servanda al desconsiderar disposiciones jurídicas derivadas de tratados firmados de buena fe. Es importante mencionar también registro de la conferencia realizada en Brasil La Inmunidad de Jurisdicción y el Estado Brasileño" ocurrido en Brasília, entre 24 e 26 de abril de 2002, en que el Honorable Francisco Rezek, entonces juez de la Corte Internacional de Justicia, ha reiterado la distinción entre la inmunidad de jurisdicción de los Estados basado en la costumbre y la inmunidad de jurisdicción de los organismos internacionales basada en tratados: "Pienso que si las cosas se definen en el caso del Estado de forma bastante completa y clara, desde el caso que ha involucrado al final de los años 80, la República Democrática Alemana, las cosas tienden, en el ámbito de las organizaciones internacionales, también a definirse con precisión. No hay, en virtud de cualquier regla general, ningún privilegio para las organizaciones. Ellas, sobre todo cuando tienen a Brasil como un Estado Parte y se han establecido con el consentimiento e incluso el deseo del Estado brasileño en nuestro territorio, el poder público, por la Justicia en particular, tiene que honrar los términos de los respectivos compromisos. No se puede al juez ignorar estos compromisos, haciendo analogías con el abandono de la inmunidad absoluta por el Supremo porque, en tal caso, lo que estaba diciendo es que una norma consuetudinaria ya no existe y en este caso no hablamos de normas consuetudinarias, sino compromisos convencionales escritos y perfectamente precisos en sus efectos". Con base en dichos tratados, firmados de libre y espontánea voluntad por el Gobierno de la República de Honduras, el Poder Judicial debe reconocer la validez de estos instrumentos, sus efectos vinculantes y la necesidad de cumplirlos en su totalidad. Por esto que la supuesta controversia relacionada a la adjudicación del lote 129 del proceso de licitación conducido por UNOPS carece de los presupuestos de admisibilidad cuando FARINTER decide traerla al ámbito del Poder Judicial, siendo que el propio Estado hondureño, por disposiciones de tratados vigentes en el país, ha acordado en proveer la inmunidad de jurisdicción a UNOPS, cuya consecuencia es la ausencia de jurisdicción de esta respetable Corte para apreciar el caso. Finalmente, se requiere, por todo lo expuesto, la extinción de la demanda interpuesta por FARINTER en virtud de la ausencia de competencia y jurisdicción del Estado hondureño para su apreciación. En atención a las disposiciones legales señaladas, a los antecedentes apuntados y a los hechos acontecidos con ocasión de la demanda en materia de licitación interpuesta en contra de mi representado, se concluye lo siguiente: Primero: Que el Estado de Honduras, forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organismo Internacional que se rige por sus propias Leyes de carácter internacional, y en base a dicha adhesión se emitió el Decreto Ejecutivo PCM 005-2014 el cual en el Artículo 2 autoriza a la Secretaría de Salud a realizar el proceso de adquisición inmediata de medicamentos .....mediante la incorporación técnica y administrativa de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, que fue con quien mi representada, realizó el Convenio 420, en donde se establece que es este Órgano el encargado de la Licitación, desde la invitación, hasta la recomendación de adjudicación, y por tanto dicho organismo tenía la responsabilidad de evaluación de las ofertas recibidas y la emisión de la recomendación de la adjudicación del Contrato {RAC}, siendo el Banco Fiduciario el encargado de la elaboración del Contrato de Adjudicación. Por otra parte, es importante señalar, que la UNOPS, en ningún momento remitió a ésta Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, ni al Banco Fiduciario el Expediente del Proceso de Licitación realizado por ese Organismo Internacional, pues así lo disponen los reglamentos internos de la organización, ya que los estados parte se adhieren de forma incondicional a los manuales de procedimiento y reglamentos de dicho organismo. Segundo: Que la sociedad demandante al participar en la Licitación Pública Internacional realizada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, acogió las normas del Derecho Internacional que rige dicho Organismo, procedimiento que siguió conforme a lo establecido en las Bases; por lo que tratándose de una licitación realizada por un Órgano Internacional, no le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conocer del mismo ya que se rige por el Derecho Internacional, tal y como lo establecen las bases. Por otra parte, la sociedad demandante, siguió el procedimiento señalado en la misma, interponiendo Formal Protesta ante la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS establecido en las bases, al notificarles que habían sido descalificados, por el precio ofertado, según consta en el expediente. Tercero: Mi representada no emitió Acto Administrativo alguno, debido a que no fue ésta, quien realizó el proceso, por lo tanto, no podría en ningún momento Adjudicar un Lote de un proceso de Licitación Pública Internacional Realizado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS); como tampoco podría hacer que dichas oficinas calificaran a la ahora demandante, ya que mi representada no intervino en el proceso de evaluación en donde fue descalificada la ahora demandante. Por tanto, Honorables Magistrados, el Juez Ad- Quo, está violentando el derecho de defensa de mi representada, al debido proceso, al achacarle la emisión de un Acto Administrativo que nunca emitió. Por otra parte, el Juez A-QUO no es competente en virtud de la Jurisdicción en conocer dicho proceso, ya que el mismo se trata de un proceso de materia internacional, en virtud de Convenio suscrito por el Estado, por lo que está violentando los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Cuarto: Que consta en el expediente de méritos que la ahora demandante, tuvo conocimiento de que había quedado descalificada en el proceso de Licitación Pública Internacional HN-ITB 2014-003 para la compra de medicamentos para la Secretaria de Salud (SESAL), Específicamente al lote 129 "ERITROPROYETINARE COMBINANTE HUMANA 2000 UI; en fecha 01 de septiembre del 2014, razón por la que en fecha 03 de septiembre del 2014, formalizó su protesto ante la UNOPS; por la cual, en las defensas previas se señala la prescripción de la acción sin que con ello se esté aceptando la demanda en contra de mi representada; es importante señalar que la ahora demandante pretende confundir a esa judicatura al señalar que tuvo conocimiento a partir de la decisión final del proceso de Licitación, cuando el Banco Fiduciario le otorgó el contrato a otra empresa, por lo que para la demandante a partir de esta fecha comienza a computarse el término; sin embargo dicha empresa tenía conocimiento de su descalificación desde el 01 de septiembre del 2014; por lo que la misma realizó el procedimiento establecido en las Bases de la Licitación, interponiendo Formal protesto, mismo que fue contestado denegándole lo solicitado; razón por la que una vez agotado el procedimiento establecido por la UNOPS; se procedió a notificar al fiduciario la realización del contrato a la empresa que calificó; por lo que no podría pretender que se le otorgara contrato por el lote 129, cuando no calificó.” CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, determino en sus fundamentos de derecho y en su parte dispositiva: “FUNDAMENTOS DE DERECHO.- QUINTO (5): Los motivos del recurrente de la presente acción de amparo, consiste en que los Juzgados y Tribunales del país no poseen 'jurisdicción o competencia para conocer a las controversias o protestas que le susciten a raíz de las adjudicaciones hechas en la Licitación Pública Internacional HN ITB/2014-003. “ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS", por considerar que conforme a las bases de licitación que aparecen a folios 57 en delante de la pieza principal de autos, la Jurisdicción Especial de lo Contencioso Administrativo no es competente por existir convenio de !arbitraje directo, como se podrá observar en la Sección II de las Bases de Licitación, que contiene las instrucciones a los licitantes, en el apartado que se refiere específicamente a La Adjudicación del Contrato, se establece en el sub-tema de MANEJO DE PROTESTAS en el número 42.2 lo siguiente: Las Protestas ya sean durante el' proceso de licitación o después de la adjudicación serán tratadas de la siguiente manera y el procedimiento para la respuesta será el siguiente: a)." b).,. c)". d)". e) ... f) cualquier protesta adicional del proveedor se debe tratar a través del arbitraje directo, de acuerdo con las provisiones de los pliegos de licitación" ; por consiguiente cualquier protesta de los licitantes u oferentes al momento de que la UNOPS comunique a los licitantes la selección y aceptación de sus ofertas¡ como así sucedió en el caso que nos ocupa¡ que el lote 12~) fue adjudicado a la empresa Droguería¡ Laboratorio y Distribuidora AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V. habiendo protestado FARINTER y posteriormente presentado 'la demanda de mérito, deberá de ventilarse a través de un arbitraje directo.- Si en los pliegos de licitación existen o no las provisiones para conformar el posible tribunal de arbitraje¡ es un tema que le concierne a las partes, es decir al oferente que está protestando una selección y aceptación de adjudicación y a la UNOPS¡ como ente encargado de llevar a cabo la realización del procedimiento de licitación y de recibir dichas protestas.- Es necesario destacar que la licitación pública internacional HN ITB/2014-o03 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS”, se llevará a cabo conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (IT8) establecidos en el Manual de Adquisiciones de UNOPS (Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), tal como así lo establecen las mismas bases de licitación, debiendo de entenderse que conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, en cuanto a las licitaciones internacionales, la licitación misma y todo el procedimiento en mención se efectuará conforme a las bases de licitación o pliego de condiciones ya existentes y a los procedimientos de la Licitación Pública Internacional regulados por la UNOPS mediante el documento internacional del Manual de Adquisiciones de la UNOPS. (www.unops.org) SEXTO (6): La licitación pública internacional es regulada en el ordenamiento jurídico nacional, y conforme a las bases de la licitación en referencia es que prevalecerán las regulaciones que encuadra dicha Licitación Pública Internacional HN ITB/2014-003.-“ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS".- Al ser incompetente la Jurisdicción especial de lo Contencioso Administrativo para conocer de la demanda especial en materia de licitación, es improductivo e inoperante hacer una valoración o análisis jurídico a cercad, de las demás causas de inadmisibilidad que el A-Quo desestimó y dieron lugar a la acción de amparo; además de que ante la incompetencia de esta. Jurisdicción, se evidencia una violación a la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, ya que "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece"; concluyendo que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para conocer de la pretensión del ahora demandante, debiendo de OTORGAR amparo a favor del amparista. SEPTIMO (7): 1:1 párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Contratación del Estado establece: En todo caso, en la medida que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte, o de un convenio suscrito con organismos de financiamiento externo, establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas; en todo 105 demás aspectos en que no exista contradicción, la contratación se regirá por la presente ley.- Que la acción de amparo tiene como finalidad, entre otros: "para que se les mantenga o restituya en el goce de sus derechos o garantías que la Constitución, 105 tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen".-PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso :Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada CLAUDINA CECILIA CANTARERO DURON, y en aplicación de 105 artículos: 82, 90, 303, 304 Y 305 de la Constitución de la República; 1, 2 letra b), 7 letra d), 9, 31. literal e), 63, 89, 1.29 letra c) y 1.34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 42¡ 63 Y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1.,1.1. Y 1.37 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo que DESESTIMA LAS DEFENSAS PREVIAS de fecha 19 de agosto del 2015, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, en consecuencia procede declarar CON LUGAR la DEFENSA PREVIA que consiste en "cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo contencioso administrativo" y declarar INADMISIBLE LA DEMANDA promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER), contra el ESTADO HONURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA.-“
CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que resuelve OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo que desestima las DEFENSAS PREVIAS, es totalmente apegado a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado que existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente declarara OTORGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República; 1, 2.b, 7.d, 9, 31.c, 63, 89, 129.c, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 42, 63 y 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución del recurso de Amparo emitido en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-650-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL