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Sentencia AA-64-19 — Registro 12007

Resumen

Acto recurrido que otorgo amparo contra la del a-quo que desestima defensas previas, con relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil chilera Tapatía S. A. de C.V., contra el instituto de la propiedad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha NUEVE (09) de ENERO de DOS MIL DIECINUEVE (2019), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que resuelve OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de apoderada legal sustituta del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra el auto resolutivo que desestima las DEFENSAS PREVIAS, es totalmente apegado a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado que existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente declarara OTORGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo de dos mil diecinueve.-VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha nueve (09) de enero de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso presentado contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil CHILERA TAPATIA S. A. DE C.V., contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la Abogada PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad denominada CHILERA TAPATIA, S.A. DE C.V., promoviendo Demanda para que se declare no ser conforme a derecho unos actos administrativos y como consecuencia que se declare la nulidad e ilegalidad de los mismos. (Folios 1–40 de la pieza del A-Quo).-2) Que en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado JOSE ISAIAS ROMERO YANES en su condición de Apoderado Legal del Instituto de la Propiedad, interponiendo incidente de Defensas Previas para proceder a declarar inadmisible la demanda interpuesta por el demandante. (Folio 1-9 de la pieza de Incidente de Defensas Previas).-3) Que en fecha veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, mediante el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Se DESESTIMAN las defensas previas alegadas por los motivos expuestos en el numeral primero al cuarto de los fundamentos de derecho. SEGUNDO: Contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno.” (Folios 34-36 de la pieza de Incidente de Defensas Previas).-4) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su carácter de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo a favor de mi representado contra el Auto Resolutivo, emitido en fecha 20 de marzo del año dictado por el Juzgado referido en la pieza de Defensas Previas.- (Folios 1–7 de la pieza del Ad-Quem).-5) Que en fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve (2019), luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de Procurador Judicial Delegada del Instituto de La Propiedad, contra el auto resolutivo de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en tramite de defensas previas de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el sentido declarar CON LUGAR la defensa previa interpuesta por la representante procesal del Instituto de la Propiedad, denominada “cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y por ende declarar INADMISIBLE LA DEMANDA” (Folios 31–33 de la Pieza del Ad-Quem).-6) Que en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el recurso de amparo interpuesto, mediante la cual falló por unanimidad de votos: “PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de Procurador Judicial Delegada del Instituto de La Propiedad, contra el auto resolutivo de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en tramite de defensas previas de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el sentido declarar CON LUGAR la defensa previa interpuesta por la representante procesal del Instituto de la Propiedad, denominada “cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y por ende declarar INADMISIBLE LA DEMANDA”.-CONSIDERANDO (3): Que el caso que nos ocupa, comienza con la interposición de defensas previas en la demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho unos actos administrativos y como consecuencia que se declare la nulidad e ilegalidad de los mismos: defensas previas siguientes: PRIMERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: CUANDO SU CONOCIMIENTO NO CORRESPONDIERE A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- En el presente caso Señor Juez, el demandante, a través de su Apoderada Legal Abogada PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS, interpuso la Demanda Contencioso para que se declare procedente la acción por no ser conforme a derecho Los Actos Administrativos impugnados manifestados en Resoluciones 289-2014, del 27 de mayo del 2014; 560-2014, del 28 de octubre del 2014, emitidas por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial dependencia de la Dirección General de Propiedad Intelectual y 014-SR-15, del 04 de marzo del 2015, emitida por la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad y como consecuencia se declare la nulidad de los mismos y se declare con lugar la solicitud de cancelación del registro número 86528, de la Marca de Fábrica CHILERITO Y ETIQUETA, en la Clase Internacional 30 y con lugar la solicitud de registro de la Marca CHILERITO Y ETIQUETA y reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en relación a lo anterior, el Código Procesal Civil literalmente establece en su artículo 520 “A través del proceso Ordinario se conocerán las pretensiones en las que una parte exija la tutela de derechos en materia de la propiedad Industrial, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclame”, es decir en materia de derecho de Marca, signos distintivos y en materia de diseño industrial; por tal razón en el presente caso de autos la acción incoada, al tratarse de registros de una marca de sus diseños y signos distintivos, es sobre propiedad industrial, su conocimiento corresponde a los Juzgados de Letras de lo Civil, tal y como se establece en los artículos 520 del Código Procesal Civil antes mencionado; aunado a ella el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señala que las cuestiones de orden civil no le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sumando a lo anterior queda evidenciado lo dispuesto en el articulo 51 inciso a) de la misma Ley, que establece: “El Juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualquiera de las siguientes causas: a) La falta de Jurisdicción o incompetencia de un Juzgado con arreglo del Capítulo I del Título Primero de esta Ley”; en relación con el artículo 80, literal a) de la misma Ley que establece: “se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a) Cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.- Fundamento esta causa de inadmisibilidad en el artículo 63 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos anteriormente enunciados de la misma Ley. SEGUNDA CAUSA DE INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA: QUE SE HUBIERE INTERPUESTO POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA. Por las mismas razones legales antes expresadas, se aprecia una causa de inadmisibilidad de la demanda contenida en el articulo 63 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de Io Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Los demandados y coadyuvantes podrán alegar dentro de los cinco días hábiles siguiente al emplazamiento cualquiera de las siguientes defensas previas: a) las que se funden en los motivos que con arreglo al artículo 80 de esta Ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción; el artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “Se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez a)… b) que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada" ; así también Señor Juez es aplicable lo que establece el Artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice “si además de la declaración de legalidad o nulidad se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado.” En consecuencia, al no corresponderle el conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sobre asuntos de materia de derechos de Propiedad Industrial, es por ello que el demandante no se encuentra legitimado para demandar ante este Juzgado por no ser titular de un derecho subjetivo, derivado del ordenamiento jurídico que se considere infringido. TERCERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA: QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE PONGAN TERMINO A LA VIA ADMINISTRATIVA COMO PREVIA A LA JUDICIAL. Como se puede apreciar Señor Juez la Sociedad “CHILERA TAPATIA S.A. DE C.V.” a través de su Apoderada Legal PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS, pretende se declare procedente la acción por no ser conforme a derecho los Actos Administrativos impugnados manifestados en Resoluciones 289-2014, del 27 de mayo del 2014; 5602014, del 28 de octubre del 2014, emitidas por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial dependencia de la Dirección General de Propiedad Intelectual y O14-SR-15, del 04 de marzo del 2015, emitida por la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad y como consecuencia se declare la nulidad de los mismos y se declare con lugar la solicitud de cancelación del registro número 86528, de la Marca de Fábrica CHILERITO Y ETIQUETA, en la Clase Internacional 30 y con lugar la solicitud de registro de la Marca CHILERITO Y ETIQUETA y reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, manifestando que las referidas Resoluciones, no son conforme a derecho.- La Resolución 289-2014, de fecha 27 de mayo del 2014, emitida por la Oficina de Registro de Propiedad Industrial del Instituto de la Propiedad, “RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, la acción de cancelación por no Uso 17032-12, presentada por la abogada PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS, en su condición de apoderada legal de la sociedad CHILERA TAPATIA, S.A. DE C.V., Cancelación por no uso del Registro 86528 de la marca de fábrica denominada CHILERITO Y ETIQUETA clase internacional (30) Registrada a favor de la sociedad INVERSIONES ESCAMBRAY. SEGUNDO: Una vez firme la presente Resolución, archívese sin más trámite la acción de Cancelación por no uso 17032-12” La Resolución 560-2014, de fecha 28 de octubre del 2014, emitida por la Oficina de Registro de Propiedad Industrial, “RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Reposición, presentada por la Abogada PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS, actuando en su condición de apoderada legal de la sociedad CHILERA TAPATIA, S.A. DE C.V., contra la Resolución 289-2014. SEGUNDO: Confirmar la Resolución 289-2014" La Resolución Administrativa 014-SR-15, de fecha 04 de marzo del 2015, emitida por la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad, “RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada CHILERA TAPATIA S.A. DE C.V., contra la Resolución No. 560-2014, en la ACCION DE CANCELACION de la marca de fábrica “CHILERITO Y ETIQUETA”, registrada para amparar productos ubicados en la clase internacional 30. SEGUNDO: Confirmar lo dispuesto mediante Resolución número 560-2014 de fecha 28 de octubre del 2014. TERCERO: Contra la presente resolución no procede ulterior recurso ordinario, dado que por disposición legal la misma agota la vía administrativa" Por tanto y en razón de lo anteriormente expuesto las Resoluciones 289-2014, 5602014 y 014-SR-15, en referencia, es improcedente, ante esta Jurisdicción, declarar las mismas que no han sido dictadas conforme a derecho, en virtud de que el Artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece las defensas previas que podrán ser alegadas por el Estado de Honduras, estableciendo en su literal c) Actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, al tenor del Articulo 31, por estar excluido su conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud que el Artículo 520 del Código Procesal Civil establece que: “Se conocerán por el trámite de proceso ordinario las pretensiones en las que una parte exija la tutela de derechos en materia de propiedad industrial cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclamen con las especialidades previstas”, es decir las pretensiones en la que una parte exija la tutela de derechos, en dicha materia estableciendo algunas especialidades y solicitudes en materia de Derecho, signos distintivos y en materia de diseño industrial; que en el caso de autos de la acción incoada, por tratarse de registros de una marca y signos distintivos, es de propiedad industrial, cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Letras Civil.- Fundamento dichas Defensas previas en relación a los artículos 63 literal a) en relación al artículo 80 literal c) y 31 literal b) y los artículos 520, 521, Y 525 del Código Procesal Civil. CUARTA CAUSA DE INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA: QUE EL ESCRITO DE LA DEMANDA ADOLECIERE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Señor Juez, en fecha 23 de abril del 2015, la Abogada PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS, Apoderada Legal de la sociedad CHILERA TAPATIA, S.A. DE CV., promovió ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE LA NULIDAD E ILEGALIDAD DE LOS MISMOS. RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO, contra el Estado de Honduras a través de su representante legal, la Procuradora General de la República, Señora Ethel Suyapa Deras Enamorado. En fecha 24 de abril del 2015, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, emitió auto, indicado en el hecho Sexto de las presentes Defensas Previas. En fecha 09 de noviembre del 2015, la Apoderada Legal de la parte demandante, presento escrito cuya suma dice: “SE SUBSANA EXPEDIENTE.- SE CONTINUE CON EL CURSO DE LA DEMANDA INTERPUESTA" Señor Juez, se aprecia otra causa de inadmisibilidad de la demanda contenida en el artículo 63 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Los demandados y coadyuvantes podrán alegar dentro de los cinco días hábiles siguiente al emplazamiento cualquiera de las siguientes defensas previas: a) las que se funden en los motivos que con arreglo al artículo 80 de esta Ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción; el artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “Se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez a)... b)...c)...d)...e) que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto" Señor Juez, con la lectura de la demanda, auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el 24 de abril del 2015 y el escrito presentado el 09 de noviembre del 2015, por la Apoderada Legal del demandante, se puede observar que el Juzgado de Letras de Io Contencioso Administrativo, no solicito a dicha Apoderada, que subsanara contra quien interponía la demanda; por lo que a quien debió emplazar el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, es al Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República y no al Presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, ya que la Procuraduría General de la República es el REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS, según atribución concedida en el Artículo 228 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 55 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que estipula: “Cuando el demandado fuere el Estado el traslado y emplazamiento se hará al Procurador General de la República" Asimismo en vía jurisdiccional, la parte actora no aclara la pretensión económica “señalando" que “únicamente" la cuantía que pretende es “indeterminada", pero si leemos la demanda el actor establece como pretensión la siguiente: 1) La Impugnación de las Resoluciones 289-2014, del 27 de mayo del 2014; 560-2014, del 28 de octubre del 2014, emitidas por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial dependiente de la Dirección General de Propiedad Intelectual y O14-SR-15, del 04 de marzo del 2015, emitido por la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad y como consecuencia se declare la nulidad de los mismos y se declare con lugar la solicitud de cancelación del registro número 86528, de la Marca de Fábrica CHILERITO Y ETIQUETA, en la Clase Internacional 30 y con lugar la solicitud de registro de la Marca CHILERITO Y ETIQUETA, a favor de la sociedad CHILERA TAPATIA S.A. DE C.V. 2) También la parte actora de la demanda establece como pretensión el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento. De la simple lectura de la demanda se evidencia que no se da ningún elemento de juicio para que se considere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, pues al actor de la presente demanda al presentar una solicitud ante el Instituto de la Propiedad es poseedor de una expectativa de un derecho, pero al pretender además el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, podría sin legitimar derecho alguno exigir a futuro la indemnización de daños y perjuicios como tutelar de un derecho subjetivo declarado por autoridad competente (Juzgados competentes), quedando de esta forma el Estado de Honduras en una situación de indefensión por desconocer la pretensión económica que finalmente podría exigirse. Por otra parte Señor Juez, hemos de recordar que el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue reformado por Decreto número 266-2013, por medio del cual se exige el pago de una caución del 20% a quien pretenda demandar el Estado, observando esta parte procesal que a partir de la vigencia de dicho decreto y a fin de eludir el pago de dicha caución un numero considerable de demandantes no están cumpliendo con dichas disposición y aun se siguen admitiendo las demandas vulnerando dicho precepto. Por otra parte, aunque el demandante tuviera razón sobre los hechos que motivan la demanda, lo cual no es que se acepte, este Tribunal no puede perder de vista que el demandante tiene únicamente la expectativa de un derecho y por lo tanto no se justifica el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento. Los procesos son precisamente para que las partes planteen sus pretensiones y que además litiguen con las mismas condiciones. En este proceso mi representado, acatando la ley se somete al proceso contencioso administrativo en igualdad de condiciones que la parte demandante, es decir que cuantifique la demanda determinando los conceptos que involucran su pretensión con la cuantía que corresponda a cada uno de ellos, pues así mi representado sabrá cuál es la pretensión real del actor. El Estado de Honduras por este medio hace uso de lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reformado mediante Decreto número 266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno mismo que determina: “Cuando no se fijare cuantía, el Juzgado, de oficio o a instancia de parte, requerirá al demandante para que la fije, concediéndole al efecto el plazo de tres (3) días hábiles, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Juez, previa audiencia del demandado, debiendo rendir la caución indicada en el presente Artículo.” Relacionado con el artículo 41 del mismo cuerpo legal, establece la forma en la que se debe de fijar el valor de la pretensión. Fundamento esta causa de inadmisibilidad en los artículos 63 literal 3) en relación al artículo 80 literal c), 31 literal b), 34 y 39 Reformados mediante Decreto No. 266-2013, 41 y 55 párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De lo anterior se desprende que existen cuatro causas de inadmisibilidad de la Demanda como ser en las que se funda en el artículo 63 inciso a) y en los motivos que con arreglo al articulo 80 inciso a), b), c) y e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, podrán determinar la inadmisibilidad de la demanda, por lo que es procedente declarar CON LUGAR las Defensas Previas y consecuentemente la inadmisibilidad de la demanda.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “… la acción de Amparo presentada, a favor de mi representada para que se le mantenga y restituya en el goce y ejercicio de garantías constitucionales violadas en su perjuicio. La acción de amparo, fue interpuesta contra el auto resolutivo emitido en fecha 20 de marzo del año 2018, dictado por el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo, de esta jurisdicción; en la pieza separada de defensas previas de la demanda contencioso administrativo, en la que se pide SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE LA NULIDAD E ILEGALIDAD DE LOS MISMOS. RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURIDICA INDIVIDUALIZADA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO, promovida por la abogada PATRICIA EUGENIA YANEZ ARIAS, en su condición de apoderada legal de la sociedad, “CHILERA TAPATIA, S.A. de C.V”. Contra el Instituto de la Propiedad en la demanda No. 166-15-J(2), consistente a pedir la nulidad de la resolución No.014-SR.15 de fecha 4 de marzo del 2015, emitida por la superintendencia de recurso del Instituto de la Propiedad, y que se declare con lugar la solicitud de cancelación por no uso de la marca denominada CHILERITO Y ETIQUETA, con registro No. 86528, en la clase internacional 30 y a su vez se declare con lugar la solicitud de registro de la Marca de Fabrica, EL CHILERITO Y DISEÑO, en clase 30 internacional. El acto recurrido auto resolutivo emitido en fecha 20 de marzo del año 2018, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción; en la pieza separada de defensa previas de la demanda contencioso administrativo, registrada bajo el expediente judicial No. 166-15-J(2), y en esa Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con expediente No. 031-2018; infringe lo contemplado en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Siendo esto un proceso en materia de Propiedad Intelectual, el cual es regulado por los Juzgados de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, por lo cual el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, al pretender conocer un asunto que por mandato de ley le esta atribuido a otra jurisdicción, violenta las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República anteriormente relacionados.” Sigue manifestando el recurrente en la formalización de la acción de amparo, que: “…la demanda de mérito tuvo que ser desestimada de oficio por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, al adolecer de elementos exigidos por el ordenamiento jurídico establecidos concretamente en el Artículo treinta y nueve (39), reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el cual manifiesta que “ La cuantía de la acción se fijará en la demanda sobre la base del daño efectivamente causado.- la acción únicamente puede ser admitida si el demandante rinde caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor reclamado.” “Y Continúa manifestando en su párrafo tercero: “Cuando no fijare cuantía el Juzgado de Oficio o a instancia de parte, requerirá al demandante para que la fije, concediéndole al efecto el plazo de tres (3) días hábiles, transcurrido el cual, sin haberlo realizado se estará a la que fije el Juez, previa audiencia del demandado, debiendo rendir la caución indicada en el presente artículo.” -CONSIDERANDO (5): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, determino en sus fundamentos de derecho y en su parte dispositiva: “FUNDAMENTOS DE DERECHO.- SEXTO 6: Que revisadas que han sido las diligencias jurisdiccionales que supuestamente le causan lesión al recurrente, se observa que efectivamente la competencia para conocer de la demanda ordinaria en referencia arriba indicada, corresponde a la jurisdicción civil, por las siguientes razones; Existe en el Código procesal civil, un apartado expreso y específico que enuncia lo sucesivo: “A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que una parte exija la tutela de derechos en materia de propiedad industrial, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclame, con las especialidades previstas en los artículos siguientes”. Que dicha disposición es clara al establecer que el conocimiento en materia de Propiedad Industrial le corresponde dilucidarlo a la jurisdicción de orden civil, y todavía mas atinente cuando se revisa y entiende la pretensión de la demanda de mérito, ya que al revisar los antecedentes que contiene la demanda incoada en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por la abogada PATRICIA EUGENIA YANEZ ARIAS, como apoderada legal de la Sociedad CHILERA TAPATIA S.A. DE C.V., contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, se solicita la nulidad del acto administrativo que emite la oficina de registro de propiedad Industrial que declara sin lugar la cancelación por no uso del registro de la marca de fabrica Chilerito y Etiqueta Clase 30 registrada a favor de la sociedad Inversiones Ecambray, resolución que violenta el supuesto derecho de la Sociedad Chilera Tapatia, al no poder ser resuelta su solicitud de trámite de registro de la marca de fábrica El Chilerito y Diseño en la clase internacional 30, situación que lo coloca en los supuestos que establece el Código procesal Civil, en cuanto a las pretensiones y solicitudes que se puedan deducir en dicha competencia. Además, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, instituye categóricamente que no corresponde el conocimiento de dicha jurisdicción de las cuestiones de orden civil, aunque se encuentren relacionadas con actos de la administración pública, ya que existe una ley que atribuye expresamente su conocimiento al orden civil, como ser la cuestiones de propiedad industrial, siendo imperativa dicha competencia; concluyéndose que para dilucidar la demanda judicial en referencia es competente la jurisdicción de orden civil, siendo procedente otorgar la acción de amparo por haberse alterado el Debido proceso.” En la parte dispositiva de la sentencia dispone: “Falló: (SIC) “PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de Procurador Judicial Delegada del Instituto de La Propiedad, contra el auto resolutivo de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en tramite de defensas previas de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el sentido declarar CON LUGAR la defensa previa interpuesta por la representante procesal del Instituto de la Propiedad, denominada “cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y por ende declarar INADMISIBLE LA DEMANDA”.-CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha NUEVE (09) de ENERO de DOS MIL DIECINUEVE (2019), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que resuelve OTORGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en su condición de apoderada legal sustituta del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra el auto resolutivo que desestima las DEFENSAS PREVIAS, es totalmente apegado a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado que existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente declarara OTORGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República; 1, 2.b, 7.d, 9, 31.c, 63, 89, 129.c, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 42, 63 y 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución del recurso de Amparo emitido en fecha NUEVE (09) de ENERO de DOS MIL DIECINUEVE (2019), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0064-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL