Sentencia AA-629-17 — Registro 11784
Resumen
Resolución que declaró con lugar recurso de revisión con relación a la supuesta negativa de brindar la información, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: "Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. Las transferencias al Instituto la verificará el Estado trimestralmente".Por otra parte están los memorandos rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: TGR-DP-329-2015 de fecha 16 de septiembre del 2015. Por lo antes expuesto se determina la obligatoriedad del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA como una institución obligada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia ha seguido el procedimiento establecido en la ley. CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público a través de su representante, después del estudio y análisis jurídico de los antecedentes, emitió dictamen en fecha 10 de agosto del 2018, pronunciándose porque no se otorgue el amparo solicitado. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito central, seis de febrero del dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Emy Claudet Asfura Asfura a favor del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), contra la resolución No.SO-37-2017 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, que declaró con lugar un recurso de revisión interpuesto por la señora Vilma Gloria Rosales Zuniga a favor de sí misma, contra el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), con relación a la supuesta negativa de brindar la información solicitada. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada Emy Claudet Asfura Asfura interponiendo acción de amparo a favor Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), contra la resolución No. SO-37-2017 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que se ha dejado relacionado en el preámbulo. 2) Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenándose librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro el plazo de un (1) día hábil remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. En cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, esta Sala fue del criterio que previo a que se pronunciara sobre la misma, se procediera al examen de los antecedentes o del informe correspondiente al momento que sean recibidos. (Folio 9 del amparo) 3) Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, a través de la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Yamileth Abelina Torres Henríquez, desprendiéndose del mismo lo siguiente: “…Primero:…Segundo:…Tercero:…Cuarto: Que este mismo precepto jurídico define en su artículo 3 numeral 4 las instituciones obligadas por esta ley a brindar información, estableciendo como sujetos obligados a: a)el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del estado; b)las organizaciones no gubernamentales (ong´s), las organizaciones privadas de desarrollo (opd´s) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por sí misma o a nombre del estado o donde éste haya sido garante, y a todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. Al respecto y en base a la Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista creada mediante decreto 190-85, específicamente en el artículo 27, literal a), establece literalmente que “Los recursos del Instituto De Previsión Social del Periodista son: a)Una contribución del Estado equivalente al 2.5% del impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986 y a partir de 1987 el porcentaje será del 5% en virtud del decreto 85-84, articulo 17 aplicado a los servicios y publicidad y propaganda comercial, escrita, radial y televisada. El Estado transferirá trimestralmente al instituto esta recaudación.” Asimismo, mediante decreto numero 91-86, de fecha primero (1) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), establece la reforma al artículo 27 numeral a) del decreto 190-85 de fecha 4 de diciembre de 1985, el cual se leerá así: “Articulo 27, los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son a)una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del decreto 85-84 articulo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial y televisada. Las transferencias al instituto las verificará el Estado trimestralmente”.-Quinto: Asimismo, se expresa mediante Memorando TGR-DP-329-2015 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas el detalle de las transferencias realizadas por el Estado de Honduras al Instituto de Previsión Social del Periodista entre los años 2007 al 2015, información en la que el Instituto de Acceso a la Información Pública, argumenta la obligatoriedad del Instituto de Previsión Social del Periodista a hacer pública su gestión.-Sexto: Que conforme a los dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las Instituciones Obligadas deberán favorecer, y tener como base fundamental para la aplicación e interpretación de la Ley y del presente Reglamento, los principios de máxima divulgación, transparencia en la gestión pública, publicidad, auditoria social, rendición de cuentas, participación ciudadana, buena fe, gratuidad y apertura de la información, para que las personas, sin discriminación alguna, gocen efectivamente de su derecho de acceso a la información pública, a participar en la gestión de los asuntos públicos, dar seguimiento a los mismos, recibir informes documentados de la eficiencia y probidad en dicha gestión y velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.-Séptimo: Que en el presente caso hay que tener en cuenta la aplicación de la Escuela Exegética o Método Exegético del Derecho que en otras palabras significa que “La ley es expresión de la voluntad legislativa, más que interpretarla, hay que descubrir y aclarar la voluntad del legislador que ha sido expresada en el texto de la misma”, o como bien establece el Método de la escuela exegética, “La hermenéutica jurídica debe comenzar siempre con la interpretación literal de la norma”. Aunando con lo anteriormente expresado la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, deberá de interpretarse en todo momento bajo los principios de la máxima publicidad y divulgación de la información.-Octavo:…Noveno: En el caso de las presentes diligencias se concluye que la resolución No.SO-037-2017 fue notificada vía correo electrónico el día nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017) a la señora Vilma Rosales Zúniga y personalmente al Licenciado Dagoberto Rodríguez Coello en su condición de Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP). Por todo lo antes expuesto, este instituto determina la obligatoriedad del Instituto de Previsión Social del Periodista como una institución obligada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. (Folios 15-16 del recurso de amparo)4) Vistos que fueron los antecedentes del presente recurso, esta Sala ordenó dar vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalizara su petición, y estando pendiente la resolución de la solicitud de suspensión del acto reclamado, este Tribunal estimó declarar sin lugar la misma, luego del estudio de los antecedentes del caso y siendo que la misma no se ajusta a lo estipulado en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional relacionado al otorgamiento de medidas cautelares. (Folio 18 del recurso de amparo) 5) En fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito presentado por la Abogada Emy Claudet Asfura Asfura, y en virtud de haberse solicitado la apertura a pruebas, esta Sala ordenó la apertura del periodo probatorio por ocho días comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folio 26 del recurso de amparo) 6) Que esta Sala, en fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Yulibeth Garay Hernández, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que la amparista aduce que la resolución emitida por el IAIP contraviene lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud que el Instituto de Previsión Social del Periodista, no se encuentra comprendida en dicha causal, ya que si bien su representada es una organización gremial, pero la misma no recibe ingresos por conceptos de timbres, por la retención de bienes, ni están exentos del pago de impuestos, tal como lo requiere el numeral 4 del artículo 3 de la referida ley, ya que sus recursos provienen de las aportaciones de las empresas o medios de comunicación y las cotizaciones de los periodistas, tampoco reciben ingresos por conceptos de timbres, como el caso de otros institutos de previsión y que su representada debe someterse al régimen especial de pago de impuestos al Estado. Continua explicando la recurrente, que al no encontrarse comprendida dentro de la categoría de institución obligada, tampoco se encuentra comprendida dentro del ámbito de competencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, al tenor de la definición establecida en el artículo 3, numeral 4 de la Ley de Transparencia, por lo que a criterio de la amparista, todas las actuaciones del proceso administrativo e incluso la resolución venida en amparo son nulas, por haberse emitido por órgano incompetente. En efecto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define en su artículo 3 numeral 4, las instituciones obligadas por esta ley a brindar información, entre ellos se encuentran los Poderes del Estado, las instituciones autónomas, las municipalidades, los demás órganos e instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales (ONG´S), organizaciones privadas de desarrollo, Institutos de Previsión entre otros, pero además circunscribe todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero…De la revisión de la foliada de mérito se aprecia, que la amparista hace énfasis en que la contribución a la que hace referencia el citado artículo 27 reformado, desde años atrás dejó de ser enterada por el Estado, debido a que el decreto 85-84 fue derogado en los distintos ordenamientos de las finanzas públicas y de igual forma indica, que el Instituto de Previsión Social del Periodista tampoco recibe ni administra fondos públicos ya que sus ingresos provienen de las aportaciones de los agremiados y los patronos de estos. Sin embargo, del informe rendido por la Secretaría de Finanzas, se desprende que el Instituto de Previsión Social del Periodista ha sido beneficiario de transferencias de fondos por parte del Estado de Honduras, en concepto de pagos por beneficiario. Así las cosas y siendo innegable que el Instituto de Previsión Social del Periodista, en efecto ha recibido fondos públicos tal como se desglosa en los memorandos DGP-ES-14-2018 y TGR-DP-329-2015, de fechas 7 de mayo del 2018 y 16 de septiembre del 2015 respectivamente, rendidos por el Sub-Director General de Presupuesto y la Sub-Tesorera General de la República, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, no puede el Ministerio Público considerar que lo actuado y resuelto por el Instituto de Acceso a la Información Pública, ultraje los derechos constitucionales citados por la recurrente en su demanda de amparo. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, se pronuncia porque No Se Otorgue el amparo, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista.” CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución No. SO- 37-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha 30 de mayo del 2017, en el Expediente Administrativo 0018-2017-R, contentivo del Recurso de Revisión de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, presentado por la señora VILMA GLORIA ROSALES ZUNIGA en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el que fue declarado CON LUGAR. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo, señala en sus argumentos el “Licenciado Dagoberto Rodríguez Coello, en su condición de actual Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Previsión del periodista, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó a la señora Vilma Gloria Rosales Zuniga, la información solicitada por medio del conducto del cual hizo uso la solicitante, misma que le fue puesta a su disposición, manifestando su disconformidad con la misma, consecuentemente el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete dictó resolución SO_37-2017 Declarando con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la señora Rosales Zuniga, en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ordenando al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, a través de su Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (IPP) hacer entrega inmediata a la señora VILMA GLORIA ROSALES ZUNIGA, la información referente a "copias de los informes de ejecución presupuestaria presentados por el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) a la Secretaría de la Presidencia de los años 2010, 2011, 2013 y 2014, por la transferencia anual de fondos al ente de previsión establecida en el decreto 190-85, artículo 27, literal a) en la que se establece una contribución del Estado". En el párrafo tercero señala que se pone fin a la vía administrativa y en caso de no interponer la acción de amparo adquiere firmeza dicha resolución. CONSIDERAND (5): La Recurrente desarrolla el quebranto de garantías constitucionales de la siguiente manera: Con la impugnada resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, considera al Instituto de previsión Social del periodista como una Institución obligada en atención al artículo 3, definición número 4 de las Ley de Acceso a la Información Pública, sin que el Instituto de previsión Social del periodista se subsuma en esa normativa legal, señalando que la ley que crea este Instituto (Decreto legislativo No. 190-85 de fecha 30 de octubre de 1985),interpretado mediante Decreto Legislativo No. 59-2001 de fecha 16 de mayo del 2000, define su naturaleza legal como un Organismo de Derecho Público no Estatal Gremial sin fines de lucro, donde sus recursos provienen de las actividades propias de la misma entidad enunciadas en su ley orgánica y su gestión está directamente vinculada con la situación de clase pasiva de los periodistas sea por razones de jubilación o de pensión. Además manifiesta que dicho Instituto no es una entidad estatal, no está sometido a régimen fiscal, financiero, estatal, o controles presupuestarios, ni rendición de cuentas a que están obligadas los entes estatales, o vale decir ni el Tribunal Superior de Cuentas, ni la Dirección de Presupuesto tienen injerencia en su ejecución presupuestaria, señalando que es por eso que el presidente de la Junta Directivas del Instituto de Previsión Social del Periodista no tiene la condición de servidor público, su nombramiento está implícito en la ley de creación de dicho Instituto, señalando que aunque de derecho público no recibe o administra actualmente recursos públicos de fuentes internas o externas, en consecuencia la resolución recurrida no obliga a su representado ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar el derecho del debido proceso, el principio de legalidad constitucional y procesalmente establecido. Exponiendo además que su representado si bien de derecho Público, no estatal, gremial no recibe ingresos por concepto de timbres, por la retención de bienes o que esté exenta del pago de impuesto. En consecuencia manifiesta que su representado no se encuentra dentro de las Instituciones Obligadas. Considerando que se han vulnerado los derechos contenidos en la Constitución de la República artículos, 82, 90 y 321, sin que se haya desarrollado el quebrantamiento a tales preceptos constitucionales, la que no es sustitutita por la sola mención de los mismos. CONSIDERANDO (6): Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en cumplimiento a la información solicitada remitió a esta Sala el Informe de fecha 27 de septiembre del año 2017, en relación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su numeral CUARTO establece: "Que este mismo precepto jurídico define en su artículo 3 numeral 4 las instituciones obligadas por esta ley a brindar información, estableciendo como sujetos obligados a: a) el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del estado; b) las organizaciones no gubernamentales (ong´s), las organizaciones privadas de desarrollo (opd´s) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen sea nacional o extranjero sea por si mismo o a nombre del Estado o donde este haya sido garante y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos". Al respecto y en base a la LEY DEL INSTITUTIO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, creada mediante Decreto 190-85, específicamente en el artículo 27 literal a), establece literalmente: que "los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son a) Una contribución del Estado equivalente al 2.5% del impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986 y a partir de 1987 el porcentaje será del 5% en virtud del decreto 85-84 artículo 17 aplicado a los servicios y publicidad y propaganda comercial escrita radial y televisiva. El Estado transferirá trimestralmente al instituto esta recaudación". Así mismo mediante "Decreto No. 91-86 de fecha primero de agosto de 1986 establece la reforma al artículo 27 literal a) del Decreto 190-85 de fecha 4 de diciembre de 1985, el cual se leerá así: Artículo 27 Los recursos del Instituto de Previsión Social del periodista son a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84, artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial y televisada: Las transferencias al Instituto la verificará el Estado trimestralmente". CONSIDERANDO (7): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública deja establecido en el referido INFORME que mediante MEMORANDO TGR-DP-329-2015 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS el detalle de las transferencias realizadas por el Estado de Honduras al INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA entre los años 2007 al 2015, información en la que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA argumenta la obligatoriedad del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA a hacer pública su gestión. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: "Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. Las transferencias al Instituto la verificará el Estado trimestralmente".Por otra parte están los memorandos rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: TGR-DP-329-2015 de fecha 16 de septiembre del 2015. Por lo antes expuesto se determina la obligatoriedad del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA como una institución obligada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia ha seguido el procedimiento establecido en la ley. CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público a través de su representante, después del estudio y análisis jurídico de los antecedentes, emitió dictamen en fecha 10 de agosto del 2018, pronunciándose porque no se otorgue el amparo solicitado. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO, interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP). Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.
FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-629-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL