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Sentencia AA-622-18 — Registro 11783

Resumen

Resolución que ordena suspensión sin derecho a remuneración o goce de sueldo contra impetrante del cargo de Juez de Letras, por retardo injustificado en el expediente de proceso declarativo ordinario para la anulabilidad de un Instrumento Público y la Escritura que lo contiene

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que el Consejo de la Carrera Judicial emitió resolución en fecha doce de enero del año dos mil dieciocho, señalando los aspectos relevantes desde el momento de la denuncia, citación a los funcionarios implicados para la audiencia de descargo, así como la prueba documental aportada por el funcionario ORLANDO ALVAREZ SANTOS, con el que reconoce que el régimen disciplinario interno de la oficina judicial está a su cargo y que en el presente caso hubo retardo en la tramitación del expediente que ha originado la denuncia presentada por el abogado DAGOBERTO CASCO VELASQUEZ, concluyendo que el actuar del funcionario judicial guarda debida proporción con la comisión de una falta grave como ser “Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo, el trabajo que les señale la ley, y los reglamentos de la oficina, o dejar vencer los términos en la actuación correspondiente. En el caso de mérito el funcionario judicial retardó la evacuación del expediente donde se solicita sea declarada la anulabilidad de un instrumento público y de la escritura que lo contiene.-CONSIODERNADO (9): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el procedimiento seguido para establecer la conducta y responsabilidad disciplinaria del funcionario judicial ahora recurrente, es conforme la ley; el funcionario Judicial fue citado en legal y debida forma para desvirtuar los hechos por los que fue denunciado, seguido el trámite de ley, el recurrente tuvo la oportunidad de aportar los medios de prueba que consideró oportunos para desvanecer los hechos denunciados. Finalmente, una vez terminado el procedimiento se aprecia que la causa invocada para la denuncia, resulta ser verdadera al existir un retardo injustificado de la resolución del escrito de presentación de la demanda, y es este retardo innecesario en la admisión o inadmisión de la Demanda presentada, donde recae el incumplimiento de las funciones del administrador de justicia.-CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial . Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona . Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, apreciándose en el caso sub judice la existencia de la falta en la que ha recaído el funcionario judicial, por la cual se le ha sancionado. CONSIDERANDO (11): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, renuncia o limitación de ninguna clase, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías constitucionales y de los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, en virtud de haber sido citado en legal y debida forma, en consecuencia, no se ha vulnerado el Debido Proceso como el derecho de Defensa del recurrente.-CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público a través de su Fiscal adscrita a la Fiscalía de Defensa de la Constitución emitió su dictamen en fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, en el que después de una relación de los hechos expone su análisis jurídico sobre la problemática traída en amparo, siendo de la opinión porque NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo, por NO existir vulneración a los derechos invocados por el recurrente.-CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ORLANDO ALVAREZ SANTOS, a favor de sí mismo contra la resolución dictada por la PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL, en fecha doce (12) de enero dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se le aplica la sanción de suspensión por ocho (8) días, sin derecho a remuneración, del cargo de Juez de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 127 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció el Abogado ORLANDO ALVAREZ SANTOS ante el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, presentando reclamo a la resolución emitida de declarar responsabilidad disciplinaria que constituye falta grave y la suspensión del cargo por el termino de 8 días, sin derecho a remuneración por la evidente arbitrariedad incurrido por dicho Consejo de la Carrera Judicial. (Folios 01–10 del antecedente).-2) Que en fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se celebró la audiencia de tramite a efecto que las partes presenten sus medios de prueba ante el Consejo de la Carrera Judicial, el cual Resolvió: (SIC): “Tener por admitidos y evacuados los medios de prueba denominados DOCUMENTAL UNO, DOS Y TRES; propuestos por la parte reclamada, documentos que corren agregados al expediente No.103-CCJ-2017 que se encuentran en el archivo del Consejo. Con lo antes expuesto se da por terminada la presente Audiencia …” (Folios 137–140 del antecedente).-3) Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), la citada Resuelve: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el reclamo presentado por el Abogado ORLANDO ALVAREZ SANTOS. SEGUNDO: CONFIRMAR la sanción de suspensión por ocho días sin derecho a remuneración, impuesta al servidor judicial ORLANDO ALVAREZ SANTOS, desempeñando el cargo de Juez de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo, departamento de Valle.” (Folio 257-259 del antecedente).-4) Que el Abogado ORLANDO ALVAREZ SANTOS, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), en la cual de manera ilegal en completa violación al debido proceso y escuchando a una sola de las partes, se aplicó la sanción de Suspensión por ocho días, sin derecho a remuneración, en el cargo de Juez de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo, Departamento de Valle, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha seis (06) de mayo de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–5 y 30 del presente Recurso).-5) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folio 33–38 y 40 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha doce de enero del año dos mi dieciocho, por la PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL, mediante la cual se aplica la SANCIÓN DE SUSPENSIÓN POR OCHO DÍAS SIN DEREHCO A REMUNERACIÓN del Cargo de Juez de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo, departamento de Valle.-CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en el desarrollo de los motivos por los que busca amparo manifiesta, contra la resolución antes relacionada, el impetrante considera que se han quebrantado sus derechos constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, expone “que la Inspectoría de Juzgados y Tribunales, con sede en San Lorenzo departamento de Valle, recibió denuncia contra el Receptor del despacho Abogado HÉCTOR GUTIERREZ y la Escribiente DORA DEL CARMEN GUEVARA, (las negritas son nuestras), al respecto señala el recurrente que se le ha responsabilizado directamente y sin previo aviso de notificación alguna, o sin antes haberle puesto en conocimiento la denuncia interpuesta contra su persona, no concediéndole el traslado respectivo, es decir copia de la denuncia, sino que lo más practico en utilizar con la finalidad de perjuicio por parte de la Inspectoría Local de San Lorenzo, se inserta una Constancia justificando su denegatoria a declarar sobre la referida denuncia, lo cual se aprecia a folio 38 del expediente de autos, donde manifiesta que el abogado ORLANDO ALVAREZ SANTOS, junto a la Escribiente Licenciada Dora del Carmen Guevara, se encerraron en la oficina , que por tal razón, según la Inspectora Karla Bonilla, no le concedió el derecho de poderse defender y leer por lo menos la denuncia puesta indirectamente contra ese juzgador. Al contrario, la Inspectoría ejecuta actos meramente unilaterales, que causan perjuicio, con la decisión tomada y como se puede apreciar en el expediente administrativo. Expone que además de los derechos constitucionales del debido proceso, el derecho de Defensa, se le violenta el artículo 55 de la ley de procedimiento administrativo, por ser parte legítima interesada a quien pudiera afectar en sus derechos la resolución pronunciada por la Presidencia del Poder Judicial, por una pésima investigación, ilegítima, arbitraria que la misma Ley de Carrera Judicial permite, señala además que ante las violaciones a los derechos constitucionales de poca importancia resulta hacer cuestionamientos de fondo al caso en particular, pues lo procedente en derecho es anular los autos que contiene la resolución emitida en echa 24 de abril del año 2017, donde refiere haber cometido la falta grave contenida en el artículo 54 literal a) de la inquisitiva Ley de la Carrera Judicial, relacionado con el artículo 173 literal a) del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial.-CONSIDERANDO (5): Que la Presidencia del Poder Judicial, en atención a la comunicación librada por esta Sala de lo constitucional en fecha 23 de octubre del año 2018, emite el siguiente informe: 1.- en fecha veinticuatro (24)de abril del año dos mil diecisiete (2017), la Presidencia del Poder Judicial declara la existencia de responsabilidad disciplinaria del funcionario judicial ORLANDO ALVAREZ SANTOS, por incurrir en la falta grave contenida en el artículo 54 literal a) de la Ley de la Carrera Judicial, relacionado éste con el artículo 173 literal a) de su reglamento.- 2.- Suspender del Cargo de Juez de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo, Valle, al abogado ORLANDO ALVAREZ SANTO, presentando reclamo contra la resolución emitida POR ESTA Presidencia del poder Judicial en fecha 24 de abril del año 2017, y notificada según el reclamante el ocho (8) de mayo del 2017, alegando vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa. Reclamo que fue declarado sin lugar en fecha doce (12) de enero del año dos mil dieciocho (2018), y confirma la Sanción de suspensión por ocho días sin derecho a remuneración, impuesta el recurrente. Resolución notificada al impetrante en fecha veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho (2018).-CONSIDERANDO (6): Que el origen de la controversia surge mediante denuncia presentada ante la Inspectoría de Tribunales por el abogado DAGOBERTO CASCO VELASQUEZ, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), contra el juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo Valle, por supuesto retardo en el expediente NO. 1709-2016-00019, contentivo del proceso declarativo ordinario para la anulabilidad de un Instrumento Público y la Escritura que lo contiene, en virtud de haber transcurrido a la fecha de presentación de dicha denuncia aproximadamente dos meses y seis días sin que el Juzgado se hubiere pronunciado sobre la admisión o inadmisión del escrito de Demanda. Señala que luego de realizar las actuaciones de indagación pertinentes emitió su informe, concluyendo que hay un claro retardo injustificado de justicia en el expediente NO. 1709-22016-00019 contentivo de la demanda de anulabilidad de Escritura Pública por el Juez de letras de la Sección Judicial de san Lorenzo Valle, Abogado ORLANDO ALVAREZ SANTOS y su personal asignado Abogado HECTOR DAVID GUTIERREZ MEDINA Receptor I Y la señora DORA DEL CARMEN GUEVARA VIGIL Escribiente II lo que se traduce en una clara violación del debido proceso (ver folio 40 al 46 de la Unidad técnico Jurídica de la Presidencia del Poder Judicial, por tal razón atendiendo el artículo 15 párrafo 2 de su reglamento remitió las diligencias investigativas a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial para la continuación del trámite disciplinario.-CONSIDERANDO (7): Que la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, para la continuación del trámite disciplinario, una vez recibidos los antecedentes procedió a citar a los servidores públicos ORLANDO ALVAREZ SANTOS, HECTOR DAVID GUTIERREZ MEDINA Y DORA DEL CARMEN GUEVARA VIGIL, para que comparecieran a las correspondientes audiencias de descargo, con el propósito de hacer valer su derecho a la defensa, las cuales fueron realizadas sucesivamente el 16 de junio del año 2016; una vez escuchados los Servidores Públicos y habiendo aportado la prueba que consideraron conveniente, la Dirección de Administración de Personal, emitió la siguiente recomendación a) Que se estime la responsabilidad administrativa del funcionario Judicial ORLANDO ALVAREZ SANTOS, Juez de Letras de la Sección Judicial de San Lorenzo Valle, por incurrir en la falta grave contenida en el artículo 173 literal a)del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial; por tanto que se imponga al referido funcionario judicial la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN DEL CARGO SIN GOCE DE SUELDO POR EL TERMINO DE OCHO (8) DÍA…. Es así que finalmente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia dicta en la que, como queda dicha declaró la responsabilidad disciplinaria del recurrente, señalando la Sanción de suspensión del Cargo por ocho días sin Derecho a Remuneración, sanción disciplinaria que guarda debida proporción con los antecedentes y conducta laboral y personal de dicho funcionario y los demás aspectos señalados en los artículos 56 y 60 de la ley de la Carrera Judicial y 180 de su Reglamente.-CONSIDERANDO (8): Que el Consejo de la Carrera Judicial emitió resolución en fecha doce de enero del año dos mil dieciocho, señalando los aspectos relevantes desde el momento de la denuncia, citación a los funcionarios implicados para la audiencia de descargo, así como la prueba documental aportada por el funcionario ORLANDO ALVAREZ SANTOS, con el que reconoce que el régimen disciplinario interno de la oficina judicial está a su cargo y que en el presente caso hubo retardo en la tramitación del expediente que ha originado la denuncia presentada por el abogado DAGOBERTO CASCO VELASQUEZ, concluyendo que el actuar del funcionario judicial guarda debida proporción con la comisión de una falta grave como ser “Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo, el trabajo que les señale la ley, y los reglamentos de la oficina, o dejar vencer los términos en la actuación correspondiente. En el caso de mérito el funcionario judicial retardó la evacuación del expediente donde se solicita sea declarada la anulabilidad de un instrumento público y de la escritura que lo contiene.-CONSIODERNADO (9): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el procedimiento seguido para establecer la conducta y responsabilidad disciplinaria del funcionario judicial ahora recurrente, es conforme la ley; el funcionario Judicial fue citado en legal y debida forma para desvirtuar los hechos por los que fue denunciado, seguido el trámite de ley, el recurrente tuvo la oportunidad de aportar los medios de prueba que consideró oportunos para desvanecer los hechos denunciados. Finalmente, una vez terminado el procedimiento se aprecia que la causa invocada para la denuncia, resulta ser verdadera al existir un retardo injustificado de la resolución del escrito de presentación de la demanda, y es este retardo innecesario en la admisión o inadmisión de la Demanda presentada, donde recae el incumplimiento de las funciones del administrador de justicia.-CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala aprecia que el Consejo de la Carrera Judicial ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, apreciándose en el caso sub judice la existencia de la falta en la que ha recaído el funcionario judicial, por la cual se le ha sancionado. CONSIDERANDO (11): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, renuncia o limitación de ninguna clase, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías constitucionales y de los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de comparecer a la audiencia de descargo que se le había señalado, en virtud de haber sido citado en legal y debida forma, en consecuencia, no se ha vulnerado el Debido Proceso como el derecho de Defensa del recurrente.-CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público a través de su Fiscal adscrita a la Fiscalía de Defensa de la Constitución emitió su dictamen en fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, en el que después de una relación de los hechos expone su análisis jurídico sobre la problemática traída en amparo, siendo de la opinión porque NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo, por NO existir vulneración a los derechos invocados por el recurrente.-CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado ORLANDO ALVAREZ SANTOS, a favor del SI MISMO, contra la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciocho, dictada por la PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0622-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.