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Sentencia AA-62-18 — Registro 11426

Resumen

Resolución se dirige contra actuaciones de Educredito y Congreso Nacional de la República ,relacionado a la exclusión de recurrentes del Decreto Nº 83-2009 de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, donde exoneró o condonó la deuda que se les hizo adquirir a médicos que cursaban su residencia, por concepto de aumento salarial,aduciendo recurrentes que el cobro, aunque nunca les han emplazado para que contesten o les han citado de ninguna forma, estè existe. Aún y cuando la Secretaria de Salud extinguió la deuda;Violenta el derecho de igualdad generando discriminación contra los recurrentes; al recibir un trato desigual

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

8): Que queda debidamente definido que las resoluciones recurridas vía amparo es un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, la recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; más cuando ya se encuentra en el conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en donde se deberá definir la existencia o no de la obligación que se está exigiendo. Por lo anteriormente expuesto es procedente el SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; además que se alegaron violaciones de mera legalidad

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que queda debidamente definido que las resoluciones recurridas vía amparo es un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, la recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; más cuando ya se encuentra en el conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en donde se deberá definir la existencia o no de la obligación que se está exigiendo. Por lo anteriormente expuesto es procedente el SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; además que se alegaron violaciones de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, a favor de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, manifiesta la recurrente que el presente recurso lo presenta contra actuaciones de EDUCREDITO y DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, relacionado a la exclusión de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, del Decreto Nº 83-2009 de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, donde exoneró o condonó la deuda que se les hizo adquirir a médicos que cursaban su residencia, por concepto de aumento salarial, el cual según la recurrente, se encuentra vigente debido a la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional. Estima la recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de sus representadas los Artículos 60, 61 y 63 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, compareció ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, contra actuaciones de EDUCREDITO y DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, al excluir a sus representadas del Decreto Nº 83-2009 de fecha catorce de mayo del año dos mil nueve, en donde se exoneró o condonó la deuda que se les hizo adquirir a los médicos para que cursaran su residencia. 2) Que en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, la Sala admitió el recurso de mérito, en consecuencia, se ordenó librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. 3) Que en fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, el Abogado ERASMO JOSE PORTILLO PINTO, actuando en su condición de Director Ejecutivo de EDUCREDITO, se personó ante la Sala de lo Constitucional, presentando el Informe solicitado, en el cual consigna entre otros extremos lo siguiente: a) Que en fecha 23 de enero de 2010 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta y entró en vigencia el Decreto Legislativo No. 83-2009, QUE EXONERA DEL PAGO LOS CONTRATOS BECAS, a 190 médicos residentes, por lo que EDUCREDITO procedió a dar cumplimiento al referido decreto, exonerando del pago a los 190 médicos mencionados en el mismo con los nombres y apellidos en base a la lista publicada, quedando el resto de los médicos residentes excluidos de la aplicación del Decreto 83-2009, ya que EDUCREDITO, no tiene la facultad de exonerar pagos a los prestatarios, ni deudas con el Estado de Honduras. b) Que a la Doctora IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, el Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, en fecha dos de mayo de dos mil tres, le otorgó un préstamo por la cantidad de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L200,000.00), que el primer desembolso de L. 50,000.00 devengarían una tasa de interés del 2% y por los otros L. 50,000.00 una tasa del 4%, cuyo pago se efectuaría mediante capitalización mensual de los intereses en forma automática, estableciendo que gozaría de un período de gracia equivalente al tiempo de estudios y seis meses adicionales, y que vencido dicho período, el principal incrementado por la capitalización por los intereses sería pagado en un plazo de diez años mediante ciento veinte cuotas mensuales niveladas, que incluyen capital más intereses con una tasa de interés del 5%, para los primeros L.50,000.00 y del 9% para los siguientes L.50,000.00; estableciendo que en caso de mora en el pago de tres cuotas mensuales daría derecho al Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, a declarar venciendo el plazo y exigir judicialmente el cumplimiento total de la obligación.- Que la Doctora IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, cayó en mora, teniendo hasta el treinta de marzo de dos mil dieciséis un saldo total de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L.687,141.47), promoviendo demanda ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de julio de dos mil dieciséis. c) Que a la Doctora LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA, el Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, en fecha dos de mayo de dos mil tres, le otorgó un préstamo por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L400,000.00), que el primer desembolso de L. 50,000.00 devengarían una tasa de interés del 2% y por los otros L. 50,000.00 una tasa del 4% cuyo pago se efectuaría mediante capitalización mensual de los intereses en forma automática, estableciendo que gozaría de un período de gracia equivalente al tiempo de estudios y seis meses adicionales, y que vencido dicho período, el principal incrementado por la capitalización por los intereses sería pagado en un plazo de diez años mediante ciento veinte cuotas mensuales niveladas, que incluyen capital más intereses con una tasa de interés del 5%, para los primeros L. 50,000.00 y del 9% para los siguientes L.50,000.00; estableciendo que en caso de mora en el pago de tres cuotas mensuales daría derecho al Instituto de Crédito Educativo EDUCREDITO, a declarar vencido el plazo y exigir judicialmente el cumplimiento total de la obligación.- Que la Doctora LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA, cayó en mora, teniendo hasta el treinta de marzo de dos mil dieciséis un saldo total de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.676,376.73), promoviendo demanda ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. d) Que se buscó los nombres de las citadas doctoras en el Decreto Legislativo No. 83-2009, y ninguna de las dos se encuentra en el decreto de condonación (Folios 54 al 58) 4) Que la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, y ordenó dar vista de las diligencias al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 130) 5) Que con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, teniendo la sala por evacuado y emitido el mismo en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho. (Folios 133 al 141) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, a favor de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, se dirige contra actuaciones de EDUCREDITO y DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, relacionado a la exclusión de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, del Decreto Nº 83-2009 de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, donde exoneró o condonó la deuda que se les hizo adquirir a médicos que cursaban su residencia, por concepto de aumento salarial. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en su escrito de interposición del Recurso de Amparo, fundamentalmente que el cobro, aunque las recurrentes nunca les han emplazado para que contesten o les han citado de ninguna forma, este existe. Aún y cuando la Secretaria de Salud extinguió la deuda; se violenta el derecho de igualdad generando discriminación contra los recurrentes; al recibir un trato desigual. CONSIDERANDO CINCO (5): Que del informe remitido a esta Sala por el Abogado ERASMO JOSE PORTILLO PINTO, actuando en su condición de Director Ejecutivo de EDUCREDITO, se advierte que, se buscó los nombres de las citadas doctoras en el Decreto Legislativo No. 83-2009, y ninguna de las dos se encuentra en el decreto de condonación; y que ambas recurrentes cayeron en mora, por lo que fue promovida demanda de pago ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO SEIS (6): Que con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, teniendo la sala por evacuado y emitido el mismo en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el numeral 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que queda debidamente definido que las resoluciones recurridas vía amparo es un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, la recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; más cuando ya se encuentra en el conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en donde se deberá definir la existencia o no de la obligación que se está exigiendo. Por lo anteriormente expuesto es procedente el SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; además que se alegaron violaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril de dos mil ­­­­­­diecinueve. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL a favor de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, que falla sobreseyendo el Recurso de Amparo por ella interpuesto a favor de sus representadas, contra actuaciones de EDUCREDITO y DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, relacionado a la exclusión de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, del Decreto 83-2009 de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, donde exoneró o condonó la deuda que se les hizo adquirir a médicos que cursaban su residencia, por concepto de aumento salarial, el cual según la recurrente, se encuentra vigente debido a la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, compareció ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor de las señoras LOURDES AZUCENA ANDRADE AVILA e IVETH JARELY ARZU SANDOVAL, contra actuaciones de EDUCREDITO y DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, mediante la cual fallo sobreseer el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO DOS (2): Que la recurrente, Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, en fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que el cobro, aunque las recurrentes nunca les han emplazado para que contesten o les han citado de ninguna forma, este existe. Aún y cuando la Secretaría de Salud extinguió la deuda; se violenta el derecho de igualad generando discriminación contra las recurrentes; al recibir un trato desigual. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, la recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; más cuando ya se encuentra en el conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en donde se deberá definir la existencia o no de la obligación que se está exigiendo su cumplimiento; y donde las recurrentes podrán alegar su inexistencia o su extinción. CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a aplicación de una norma que declare extinta una obligación personal o de crédito es ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia y la resolución de fechas seis de febrero y diez de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0062-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.