Sentencia AA-606-18 — Registro 11592
Resumen
Acto recurrido que declaró Con Lugar un Recurso de Revisión interpuesto por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"... En virtud del principio de lesividad. En todo caso, el motivo denunciado en la presente garantía constitucional de amparo, consiste en que no hubo valoración de la prueba de descargo, lo cual a criterio de la Sala constituye una violación al derecho de debido proceso, por vía del derecho de defensa y acceso a la justicia. El Consejo debió ser exhaustivo en su análisis de la prueba aportada, tomando en cuenta la prueba de cada una de las partes y explicando su decisión con base en estas, lo cual, a juicio de la Sala de lo Constitucional, no se hizo, por lo que procede otorgar amparo a favor de la jueza María Esmeralda Díaz Castellanos, con el fin de que se le restituya el derecho al debido proceso, por vía de los derechos de defensa y acceso a la justicia. Para lo cual se ordena al Consejo de la Carrera Judicial que proceda dentro del plazo razonable a dictar nueva resolución, pero en esta ocasión haciendo un exhaustivo análisis de la prueba aportada por las partes y la información contenida en el expediente de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, contra la resolución No.SO-111-2018 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declaró Con Lugar un Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, en su condición de apoderado legal y Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), el Abogado ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, actuando en su condición de Apoderado Legal y Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), interponiendo Recurso de Revisión sobre la solicitud de información presentada en fecha once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018), ante la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), consistente en copia de la documentación relacionada a la Licitación Pública Internacional PROMEF-BM-LPI-004-2012, referente al Proyecto de Mejora de la Eficiencia del Sector Energía (PROMEF) de la ENEE; la cual no fue proporcionada por la citada institución, dejando vencer el plazo de diez (10) días, que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2) Que seguido con el procedimiento, en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), emitió la resolución No. SO.111-2018, mediante la cual resolvió (sic): “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN presentado por el Abogado ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, quien actúa en su condición de Apoderado Legal y Jefe de la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DEL CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA) contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE) en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el Artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y Artículo 52 numeral 1 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada al recurrente de manera extemporánea la información solicitada a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE) consistente en:…” TERCERO: Se exhorta a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a dar trámite y respuesta en tiempo y forma, a todas las solicitudes de información que le sean presentadas, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de esta exhortación, se le aplicaran las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las que establezcan el Código de Conducta Ética del Servidor Pública y otras leyes. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes...”. (Folios 51 al 54 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE), contra la Resolución No.SO-111-2018, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), alegando que con dicha resolución se está violentando a su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho. (Folio 22 del Recurso de Amparo) 4) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen su Fiscal la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, en el cual fue de la opinión que “NO SE OTORGUE por no existir vulneración del Derecho del Debido Proceso, invocado por el Amparista como transgredido”, manifestando en su análisis que quedó acreditado en autos, que aun cuando la entidad recurrida estaba obligada dar la información solicitada, no dio respuesta a la misma dentro del plazo señalado en la Ley y de conformidad a lo solicitado, por lo que la resolución emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), no vulneró la garantía alegada por el recurrente. (Folios 25 al 32 del Recurso de Amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la Ley, por ende en sistemas jurídicos donde existe una Constitución escrita, el principio de supremacía constitucional está estrictamente ligado al Estado de Derecho, en la medida en que la Constitución, en cuanto norma fundamental del ordenamiento jurídico y del funcionamiento de los órganos del Estado asegura que todos los actos del Congreso Nacional y de los demás órganos del Estado se adecuen a su contenido[1]. CONSIDERANDO (4): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (5): Que se conoce Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ actuando a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la Resolución No.SO-111-2018 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declaró Con Lugar un Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, en su condición de apoderado legal y Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado, en su perjuicio el derecho consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo, así como de su formalización (F-17) en la cual consta en la pieza de sus antecedentes, que la resolución contra la cual se reclama, es la relacionada con el No.SC-111-2018 de fecha 23 de mayo de 2018 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) que resuelve entre otros asuntos: Declarar procedente el recurso de revisión presentado por el Abogado ODIR AARON FERNANDEZ FLORES, quien actúa en su condición de apoderado legal del CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA) contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo citado en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y el artículo 25 numeral 1 de su Reglamento, la cual fue entregada de forma extemporánea por lo que se le exhorta a la ENEE dar el trámite y respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes de información que les sean presentadas, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de eta exhortación, se le aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las que establezcan el Código de Conducta Ética del Servidor Púbico y otras leyes, de la cual el censor alega que su representada la ENEE, se ultraja el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que aduce el impetrante que entregó en tiempo y forma la información solicitada por el CNA, sin embargo, el IAIP quiere distorsionar e imponer una sanción administrativa a su representada, sin ningún asidero jurídico ya que el mismo IAIP según dictamen USL-103-2018 de fecha 11 de abril del 2018, manifiesta que a la fecha el Abogado ODIR AARON FERNANDEZ FLORES no se ha manifestado conforme o no con la misma, por lo que señala el recurrente que el IAIP ha efectuado dictamen fuera del margen de la Ley. CONSIDERANDO (8): Que, de la solicitud presentada por el CNA ante la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) de fecha once (11) de enero del dos mil dieciocho (2018), la cual si bien es cierto fue contestada por la autoridad recurrida, la misma se realizó fuera del término legal establecido, ya que dicha información se proporcionó hasta el siete (7) de febrero del dos mil dieciocho (2018), aunado al hecho que el solicitante expresa en el recurso de revisión interpuesto, que la ENEE no proporcionó la información solicitada por el CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA), en ese sentido el objeto de dicho recurso ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), fue con el propósito de que la empresa obligada a través de dicha Institución diera respuesta a la solicitud de información presentada. De tal estudio, el artículo 21 de la Ley del IAIP el término que impone a las instituciones obligadas es el plazo de diez (10) días para resolver la solicitud de acceso a la información pública que se le presente, declarando esta con o sin lugar la petición, y en caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma; disposición legal que y tal como se desprende de la foliada fue inobservada por la ENEE, por lo que al no dar respuesta adecuada a la solicitud de información en el plazo establecido, sirvió de fundamento legal para declarar CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto mediante resolución No.SO-111-2018, sin embargo, únicamente se exhorta a la entidad requerida a dar trámite y respuesta a todas las solicitudes que le sean presentadas advirtiendo que el no cumplimiento dará lugar a la sanción administrativa. CONSIDERANDO (9): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como finalidad el interés público y social, teniendo como finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. Por lo que al tenor de los artículos 4 y 14 de la Ley citada, están obligadas a brindar toda la información completa, verás, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidas en la Ley, y dentro del plazo que regula el mencionado artículo 21 de su Ley constitutiva, el cual a todas luces fue inobservado por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), ya que la información solicitada no se proporcionó dentro del marco jurídico establecido. CONSIDERANDO (10): Que la Constitución de la República establece expresamente: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”[2].
CONSIDERANDO (11): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[3]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[4] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal. CONSIDERANDO (13): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (14): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (15): Que conforme a lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, todo acto que ejecuten los servidores públicos fuera de las facultades que expresamente les confiere la Ley, es nulo e implica responsabilidad. En un estado de derecho, toda persona puede hacer todo lo que no está legalmente prohibido, pero, al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que le confiera previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativamente, civil y penalmente. De ende, que toda persona tiene derecho a una buena administración, esto es, a que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Puede denunciar los casos de mala administración ante la autoridad llamada a conocerla, en este caso la Inspectoría de Tribunales a fin de proteger y salvaguardar la tutela judicial efectiva y el debido proceso principios que deben ser velados por todo servidor público. En conclusión, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Este no es otro más que el muy bien llamado principio de legalidad. CONSIDERANDO (16): Que el derecho constitucional que el recurrente considera vulnerado es el siguiente: Artículo 90 párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; relacionándolo con lo establecido en el Artículo 64 de la Constitución de la República, que al ser una declaración constitucional señala: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. CONSIDERANDO (17): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se advierte que la resolución impugnada que orientaron su decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso y por consiguiente al principio de legalidad de petición, derecho a la defensa, principios que la Constitución regula como derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva como fin primordial de la sociedad. CONSIDERANDO (18): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes. Que este Sala de lo Constitucional es del criterio que al impetrante se le han garantizado durante el proceso administrativo el derecho a la defensa, al debido proceso y al principio de legalidad, y que la decisión de declarar CON LUGAR la petición no implica una vulneración al derecho del debido proceso, siendo que el órgano emisor ha indicado las razones debidamente motivando su resolución, consecuentemente no se deriva ningún irrespeto a la garantía constitucional enunciada, ya que por un lado no existe norma adjetiva que haya sido inobservada, por lo que esta Sala de lo Constitucional estima que por las razones anteriormente expuestas considera que el amparo debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 61, 62, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1, 317 y 321 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 46 numerales 46 numerales 2), 5), 6), 9), 41, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78, 110, 113, 137 y 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 35, 36 54, 55, 56, 87, 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 4, 14, 21 de la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública; 25 numeral 1 del Reglamento de la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública; 3, 5, 7, 14 y 22 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, contra la Resolución No.SO-111-2018 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0606-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Constitución y Justicia Constitucional, Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,2012 . Pag.60
[2] Artículo 305 de la Constitución de la República.
[3] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[4] Artículo 3 del Código Procesal Civil.