Sentencia AA-60-2017 — Registro 8516
Resumen
Acción de amparo contra acta de conciliación firmada entre impetrante y demandada, considerando que en dicha acta de conciliación se tomara en cuenta para la liquidación de la indemnización laboral a que tiene derecho como consecuencia de la sentencia dictada a favor de impetrante, por despido injustificado y se rebajara los ingresos que percibió como según argumenta como consultora de otras instituciones del Estado durante el tiempo que duró el proceso de reintegro en aplicación del Decreto Legislativo No. 168-2015, contentivo de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos año fiscal ademas del impuesto sobre la renta
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"14): Que siguiendo con los argumentos expuestos por la impetrante en cuanto a que no se debe deducirse de su indemnización laboral el pago del Impuesto Sobre la Renta, ya que ello quebranta lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social que a la letra indica: “Forman parte de la renta bruta de los contribuyentes, las bonificaciones o gratificaciones habituales que sean parte del salario conforme al Código de Trabajo, exceptuando vacaciones, prestaciones e indemnizaciones laborales; el décimo tercero en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes de salario, jubilaciones, pensiones y montepíos, así como las aportaciones hechas para la obtención de los tres últimos beneficio a los fondos e instituciones de seguridad social.” Este precepto se encuentra relacionado con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual señala que no están gravados por el impuesto que la misma ley establece, el valor de las prestaciones laborales, jubilaciones, pensiones, montepíos entre otros. Siendo correcto y de recibo por esta Sala de lo Constitucional el argumento esgrimido por la pedidora de Amparo, pues tal deducción del Impuesto Sobre la Renta en la indemnización laboral a la que tiene derecho la recurrente, se encuentra libre de gravamen, según disposiciones de la ley y por ello tal deducción vulnera el precepto constitucional 128.4 invocado.- CONSIDERANDO (15): Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la acción constitucional invocada por la recurrente, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que en el acto de conciliación celebrado entre la recurrente en amparo y la CNBS, se convino deducir de la indemnización laboral a que tiene derecho la impetrante, la cantidad de L. 629,798.35 por concepto de Impuesto Sobre la Renta, convenio que quebranta lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social y el Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y con ello la disposición constitucional contenida en el numeral 4 del Artículo 128 invocada por la recurrente, pues los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones laborales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento en forma parcial del amparo, en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el acuerdo conciliatorio o convenio celebrado entre la recurrente Abogada María Erlinda Lanza Amador y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros sea inaplicable, en relación a la deducción de L. 629,798.35 por concepto de Impuesto Sobre la Renta de la indemnización laboral a que tiene derecho la recurrente, según sentencia dictada por el órgano jurisdiccional correspondiente, que ha garantizado el derecho a la estabilidad laboral contenido en el Artículo 129 de la Constitución de la República, por ello no existe quebranto de tal derecho constitucional como aduce la impetrante, de tal manera que se debe celebrar nuevo Acuerdo Conciliatorio en la que con acopio de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional, en relación a la prohibición de deducir el Impuesto Sobre la Renta, de la indemnización laboral que le corresponde a la impetrante y que ello sea congruente con el derecho constitucional contenido en el numeral 4 del Artículo 128 de la Constitución de la República, mismo que ha sido vulnerado con el acuerdo conciliatorio celebrado entre patrono y trabajador en fecha 22 de noviembre del año 2016.- "
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128, numeral 4 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 96, numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de Presupuesto, art. 133 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Impuesto Sobre la Renta, art. 10 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"14): Que siguiendo con los argumentos expuestos por la impetrante en cuanto a que no se debe deducirse de su indemnización laboral el pago del Impuesto Sobre la Renta, ya que ello quebranta lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social que a la letra indica: “Forman parte de la renta bruta de los contribuyentes, las bonificaciones o gratificaciones habituales que sean parte del salario conforme al Código de Trabajo, exceptuando vacaciones, prestaciones e indemnizaciones laborales; el décimo tercero en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes de salario, jubilaciones, pensiones y montepíos, así como las aportaciones hechas para la obtención de los tres últimos beneficio a los fondos e instituciones de seguridad social.” Este precepto se encuentra relacionado con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual señala que no están gravados por el impuesto que la misma ley establece, el valor de las prestaciones laborales, jubilaciones, pensiones, montepíos entre otros. Siendo correcto y de recibo por esta Sala de lo Constitucional el argumento esgrimido por la pedidora de Amparo, pues tal deducción del Impuesto Sobre la Renta en la indemnización laboral a la que tiene derecho la recurrente, se encuentra libre de gravamen, según disposiciones de la ley y por ello tal deducción vulnera el precepto constitucional 128.4 invocado.- CONSIDERANDO (15): Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la acción constitucional invocada por la recurrente, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que en el acto de conciliación celebrado entre la recurrente en amparo y la CNBS, se convino deducir de la indemnización laboral a que tiene derecho la impetrante, la cantidad de L. 629,798.35 por concepto de Impuesto Sobre la Renta, convenio que quebranta lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social y el Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y con ello la disposición constitucional contenida en el numeral 4 del Artículo 128 invocada por la recurrente, pues los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones laborales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento en forma parcial del amparo, en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el acuerdo conciliatorio o convenio celebrado entre la recurrente Abogada María Erlinda Lanza Amador y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros sea inaplicable, en relación a la deducción de L. 629,798.35 por concepto de Impuesto Sobre la Renta de la indemnización laboral a que tiene derecho la recurrente, según sentencia dictada por el órgano jurisdiccional correspondiente, que ha garantizado el derecho a la estabilidad laboral contenido en el Artículo 129 de la Constitución de la República, por ello no existe quebranto de tal derecho constitucional como aduce la impetrante, de tal manera que se debe celebrar nuevo Acuerdo Conciliatorio en la que con acopio de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional, en relación a la prohibición de deducir el Impuesto Sobre la Renta, de la indemnización laboral que le corresponde a la impetrante y que ello sea congruente con el derecho constitucional contenido en el numeral 4 del Artículo 128 de la Constitución de la República, mismo que ha sido vulnerado con el acuerdo conciliatorio celebrado entre patrono y trabajador en fecha 22 de noviembre del año 2016.- "
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128, numeral 4 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 96, numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de Presupuesto, art. 133 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Impuesto Sobre la Renta, art. 10 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARÍA ERLINDA LANZA AMADOR a favor de SI MISMA, contra el acto de Conciliación o Convención firmado entre la recurrente y la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS)[1], en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), autorizada la CNBS para tal fin, por la Procuraduría General de la República y el Acuerdo Ejecutivo No. 050-A-2016 de la Presidencia de la República, en relación a la indemnización que le corresponde por la cantidad de CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS Y CUARENTA CENTAVOS (L. 5,056,694.40), en concepto de salarios dejados de percibir, según sentencia dictada a favor de la recurrente, en fecha 26 de enero del año 2016, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Estimando la recurrente que el acto reclamado violenta los derechos constitucionales, consignados en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que la Abogada MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, compareció ante este Tribunal en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMA, contra el ACTO DE CONCILIACIÓN realizado por la recurrente y la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), autorizada la CNBS para tal fin, por la Procuraduría General de la República y el Acuerdo Ejecutivo No. 050-A-2016 de la Presidencia de la República, en relación a la indemnización que le corresponde por la cantidad de CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS Y CUARENTA CENTAVOS (L.5,056,694.40), en concepto de salarios dejados de percibir, según sentencia dictada a favor de la recurrente, en fecha 26 de enero del año 2016, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 10 de los autos)- 2) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Amparo relacionado, ordenando librar comunicación a la autoridad recurrida a efecto de remitir los antecedentes del caso o un informe circunstanciado dentro del término de dos (2) días hábiles. (Folio 55 de los autos)- 3) Que en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), se recibe en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional informe emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en el cual se consigna inter alia lo siguiente: “…Mediante Resolución No.422/27-04-2006 de fecha 27 de abril de 2006, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros resolvió nombrar a la señora María Erlinda Lanza, en el puesto de Oficial Técnico Legal, en la Plaza AS-026, dependiente de Asesoría Legal, efectivo a partir del 2 de mayo de 2006, elaborado la División de Recursos Humanos la Acción de Personal No.057-2006. Mediante Resolución No. GA No. 1541/02-09-2011 de fecha 2 de septiembre de 2011, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros resolvió dar por terminada la relación laboral con la Abogada María Erlinda Lanza Amador a parir del 2 de septiembre de 2011 del cargo de Oficial Legal de la División de Protección al Usuario Financiero. El 26 de septiembre de 2011 la Abogada María Erlinda Lanza Amador en su condición personal interpuso demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo pidiendo el Reintegro al Trabajo por Despido Directo e Injusto, Salarios Dejados de Percibir, la cual fue registrada con el número 450-2011…. El 29 de enero de 2016, el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo dictó Sentencia definitiva, declarando procedente la acción incoada por la ciudadana María Erlinda Lanza, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución GA No.1541/02-09-2011 de fecha 2 de septiembre de 2011 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante la cual se resolvió dar por terminada a partir del 2 de septiembre de 2011, sin ninguna responsabilidad para la Comisión, la relación laboral como Oficial legal de la División de Protección al Usuario Financiero y se anula totalmente el mismo por no estar conforme a derecho…. El 10 de febrero de 2016 la Abogada María Erlinda Lanza Amador, presento ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el escrito intitulado “SE SOLICITA CONCILIACION”, manifestando en concreto que en fecha 26 de enero de 2016, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia declarando con lugar su demanda, y con el objetivo de que el Estado de Honduras no siga acumulando costos en concepto de indemnizaciones interponiendo recursos infructuosos en instancias superiores, solicita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros proceda a realizar su reintegro a esta institución…. En fecha 22 de noviembre de 2016, en las oficinas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se celebró Acta de Conciliación compareciendo Ana Lía Ynestroza Pineda, actuando en su condición de apoderada legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Abogado José Alfredo Duarte Hernández en su condición de jefe del Departamento de Recursos Humanos, María Erlinda Lanza Amador en su condición de demandante y para efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 379 del Código de Trabajo comparece la Licenciada Mónica Lizeth Varela, en su condición de Inspectora de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, a efecto de llegar a un acuerdo conciliatorio con el Estado de Honduras, en razón de la demanda promovida por la señora María Erlinda Lanza Amado…. PRIMERO: Declara la señora MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, que acepta llegar a un arreglo CONCILIATORIO con el Estado de Honduras, aceptando el reintegro a partir del 1 de diciembre de 2016 y las indemnizaciones laborales consistentes en el pago de los salarios dejados de percibir del periodo comprendido del 3 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2016, rebajando de ese monto los valores que percibió en concepto de salarios devengados por haber laborado en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y el Instituto de Antropología e Historia y que forman parte de la liquidación de pago definitiva que se le haga; en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto Legislativo No.168-2015 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos año fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 18 de diciembre de 2015, esto con el fin de resolver el conflicto judicial iniciado como reconocimiento de una situación jurídica individualizada el reintegro a su puesto de trabajo. SEGUNDO: El pago de los derechos y los salarios dejados de percibir será el monto calculado y que corresponde del periodo comprendido del 3 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2016, cuyo monto es la cantidad de CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L5,056,694.40), debiendo rebajar de este monto los valores que percibió la señora MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, en concepto de salarios devengados por haber laborado en la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y en el Instituto de Antropología e Historia por la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L1,386,062.66), que forman parte de la Liquidación de pago definitiva que se haga efectiva a la señora MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos año fiscal 2016, adicionalmente se le rebajan las deducciones de ley (INJUPEMP L193,198.78, impuesto sobre la renta L629,798.35, Impuesto Personal L18,135.16) haciendo un total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L841,132.29), cantidad que estará sujeta a revisión por parte de la Secretaría de Administración de Rentas (SAR), siguiéndose el procedimiento interno establecido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la emisión del cheque respectivo, recibiendo la empleada MARIA ERLINDA LANZA AMADOR un valor neto de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L2,829,499.45), siendo entendido que dicho pago se efectuara una vez que la Secretaría de Administración de Rentas (SAR) certifique que la demandante se encuentra solvente con el pago de sus obligaciones con el fisco. TERCERO: Manifiesta la señora MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, que acepta de manera libre, voluntaria y a entera satisfacción el pago de los salarios dejados de percibir en concepto de indemnización y demás derechos laborales por la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L2,829,499.45), que absuelve de toda responsabilidad laboral pasada, presente y futura al Estado de Honduras a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, una vez que se haga efectivo el pago antes citados, comprometiéndose las partes a presentar el escrito correspondiente ante los Tribunales que conocen de la causa.- Esta acta fue ratificada y firmada por todos los comparecientes….” (Folios del 58 al 75 de los autos)- 4) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordenó dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 94 de los autos)- 5) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido en tiempo y forma su dictamen, concluyendo: (Sic) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer que SE OTORGUE PARCIALMENTE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista, únicamente en lo que respecta a la deducción del impuesto sobre la renta”. Argumenta la Fiscal del Despacho que el Artículo 133 del Decreto Legislativo Número 168-2015, es aplicable al caso traído a estudio, ya que se colige de los autos, que la recurrente al ser cancelada tuvo el acceso a trabajar nuevamente con el Estado, del cual percibió un salario y además obtuvo una indemnización laboral producto del despido injusto declarado por los órganos judiciales en relación a su anterior puesto de trabajo con el Estado mismo. (Folios del 107 al 115 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Conciliación celebrada entre la recurrente en Amparo y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), por medio de la cual la recurrente aceptó su reintegro a partir del 1 de diciembre del año 2016 y las indemnizaciones laborales consistentes en el pago de los salarios dejados de percibir del período comprendido del 3 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2016, rebajando de dicho monto (L.5.056,694.40), los valores que percibió en concepto de salarios devengados por haber laborado en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y en el Instituto de Antropología e Historia y que formarán parte de la liquidación de pago definitivo que se haga, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 133 del Decreto Legislativo No.168-2015 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año fiscal 2016, cantidad que asciende a un millón trescientos ochenta y seis mil sesenta y dos lempiras con sesenta y seis centavos (L.1,386,062.66), adicionalmente se le rebajaría por concepto de Impuesto Sobre la Renta la cantidad de L. 629,798.35; ello como consecuencia de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a favor de la impetrante, en fecha 26 de enero del año 2016, en la Demanda Contenciosa Administrativa Especial en Materia de Personal promovida por la señora María Erlinda Lanza Amador, en contra del Estado de Honduras a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.- CONSIDERANDO (4): Que la abogado MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, en fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, interponiendo Recurso de Amparo, a favor de SI MISMA, exponiendo que la Conciliación o Convención firmada con la CNBS en fecha 22 de noviembre del año 2016, la firmó a sabiendas que el acuerdo de rebajar de la indemnización a la cual tiene derecho, las cantidades que percibió trabajando, es nulo de pleno derecho, en aplicación al Código de Trabajo y la Constitución de la República; estima la impetrante que tal acuerdo conciliatorio vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, los que en su orden establecen: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1…; 2…; 3…; 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley;….”; “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.”- CONSIDERANDO (5): Que en la exposición de sus argumentos la recurrente relaciona la sentencia que fue dictada a su favor, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en fecha 26 de enero del año 2016, en la Demanda promovida por su persona contra el Estado de Honduras a través de la CNBS. Sostiene la impetrante que en fecha 22 de noviembre de 2016, mediante Acta de Conciliación o Convención celebrada entre su persona y la CNBS, esta última autorizada para tal fin por la Procuraduría General de la República, se dejó establecido que de la indemnización a la cual tiene derecho por la cantidad de L.5,056,694.40 se le rebajaría la cantidad de L.1,386,062.66, que es el total de los ingresos que ganó trabajando mientras se llevaba a cabo el juicio en contra de la CNBS, en aplicación del Decreto Legislativo No. 168-2015, Artículo 133 contentivo de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República.- CONSIDERANDO (6): Arguye la impetrante que el Estado de Honduras esta obligado a cumplir con la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual ordena a la CNBS proceder a su reintegro y además al pago de una indemnización por concepto de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de su cancelación, hasta la fecha que sea reintegrada, al ser despedida sin acusa justificada. Sigue exponiendo la recurrente que en la conciliación relacionada también se convino la rebaja de L. 629,789.35 en concepto de Impuesto Sobre la Renta, a sabiendas que las indemnizaciones laborales no son objeto de retención en concepto de Impuesto sobre la Renta, tal y como lo establece el Artículo 9 de la ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social. Que dicho en otras palabras, el Estado pretende que pague Impuesto sobre la Renta, sobre cantidades que le deduce inconstitucionalmente de las indemnizaciones a que tiene derecho.- CONSIDERANDO (7): Que la recurrente sostiene que el Decreto Legislativo No. 168-2015, Artículo 133 contentivo de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos año fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 18 de diciembre del año 2015, lesiona los derechos establecidos en la Constitución de la República, al pretender que los ingresos recibidos por la prestación de servicios al Estado, mientras se lleva a cabo el juicio de reintegro, formen parte de la indemnización laboral a la que tiene derecho el trabajador, al ser efectivo su reintegro por orden judicial, en contravención al Artículo 128 constitucional. Reitera la recurrente que el Artículo 133 ut supra, disminuye, restringe y tergiversa las garantías a favor de los trabajadores en concepto de indemnizaciones y demás prestaciones sociales, que son singularmente privilegiadas. Aunado a lo anterior, dice la pedidora de Amparo, que la relación contractual que mantuvo con la Secretaría de Finanzas mientras se sustanciaba la demanda de reintegro en contra de la CNBS, se estableció que fue contratada como prestador de servicios o contratista independiente y en ningún aspecto ser considerada como empleada o funcionaria de la Secretaría de Finanzas, por lo tanto lo que recibió fueron honorarios profesionales y no salarios.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación al Acuerdo Conciliatorio firmado entre la recurrente en Amparo y la CNBS, en fecha 22 de noviembre del año 2016, con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 26 de enero del año 2016, mediante la cual se declara procedente la demanda incoada por la ciudadana María Erlinda Lanza; en el mencionado acuerdo conciliatorio, la impetrante aceptó que del monto a pagarle, le dedujeran la cantidad de L.1,386,062.66, por haber laborado durante el tiempo en que se realizó el juicio, en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y en el Instituto de Antropología e Historia; asimismo aceptó que se dedujera la cantidad de L. 629,798.35 en concepto de Impuesto Sobre la Renta.- CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes, se desprende que la señora María Erlinda Lanza, fue nombrada en fecha 27 de abril del año 20016, en el puesto de Oficial Técnico Legal en la CNBS y en fecha 2 de septiembre del año 2011, la CNBS resolvió dar por terminada la relación laboral con la Abogada María Erlinda Lanza Amador; promoviendo esta última demanda en contra del Estado de Honduras a través de la CNBS. Durante el tiempo en que se desarrolló el juicio que culminó con una sentencia a favor de la señora Lanza Amador, la recurrente en amparo celebró contrato de Consultoría Individual con la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, asimismo laboró en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. (Folios del 28 al 53 y del 58 al 75 de los autos)- CONSIDERANDO (10): Que la recurrente acepta que firmó una conciliación o convención con la CNBS, para que de la indemnización a que tiene derecho como consecuencia de la sentencia dictada a su favor, por despido injustificado, se rebajara una cantidad de dinero en aplicación del Decreto Legislativo No. 168-2015, contentivo de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos año fiscal 2016, artículo 133[2]; el relacionado Decreto fue publicado en El Diario Oficial La Gaceta No. 33,912 de fecha 18 de diciembre del año 2015, conforme lo manda la Ley Orgánica del Presupuesto y según la atribución constitucional dada al Congreso Nacional de aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.- CONSIDERANDO (11): Que la impetrante considera que la disposición contenida en el Artículo 133 del Decreto Legislativo No. 168-2015 vulnera los derechos contenidos en los Artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, afirma asimismo que la relación contractual que mantuvo con la Secretaría de Finanzas fue como prestadora de servicios o contratista independiente. En ese orden de ideas esta Sala de lo constitucional entiende que los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la Ley, como bien lo establece el numeral 4 del Artículo 128 de la Constitución de la República e invocado por la recurrente; como bien lo indica el precepto señalado –la condición de singularmente privilegiados- es conforme lo indica la ley, en ese orden de ideas el numeral 5 del Artículo 96 del Código de Trabajo establece que es prohibido a los patronos: “Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen;….”- CONSIDERANDO (12): Que del contenido del precepto constitucional invocado por la impetrante, esta Sala observa que la deducción que se convino en el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre la recurrente y la CNBS se realizó por autorización escrita brindada por la recurrente en Amparo y en aplicación del Decreto Legislativo No. 168-2015, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto, respetando la disposición constitucional invocada, pues el numeral 4 del artículo 128 claramente determina que los créditos a favor de los trabajadores son singularmente privilegiados de conformidad con la ley, pues existen deducciones establecidas en diferentes leyes que deben realizarse aunque se trate de créditos a favor de los trabajadores.- CONSIDERANDO (13): Que conforme lo contenido en el precepto 321 constitucional, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Siguiendo el principio de legalidad ut supra, la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. En ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la deducción que convino celebrar la recurrente en Amparo con la CNBS se encuentra enmarcada en Ley, en aplicación del Decreto Legislativo No. 168-2015, ello conforme a lo dispuesto en el Artículo 128.4 de la Constitución de la República en relación a lo establecido en el numeral 5 del Artículo 96 del Código de Trabajo; no es de recibo por este Alto Tribunal el argumento de la recurrente en cuanto a que la relación contractual que mantuvo con la Secretaría de Finanzas era como prestadora de servicios o contratista independiente y no como funcionaria o empleada, ello porque el artículo 133 no realiza acepción en cuanto a la modalidad de contratación como funcionario o empleado, únicamente refiere que podrán laborar bajo la forma de contratación temporal, que es la relación laboral que mantuvo la recurrente con la Secretaría de Finanzas, según copia de los contratos de servicios que corren agregados a los autos.- CONSIDERANDO (14): Que siguiendo con los argumentos expuestos por la impetrante en cuanto a que no se debe deducirse de su indemnización laboral el pago del Impuesto Sobre la Renta, ya que ello quebranta lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social que a la letra indica: “Forman parte de la renta bruta de los contribuyentes, las bonificaciones o gratificaciones habituales que sean parte del salario conforme al Código de Trabajo, exceptuando vacaciones, prestaciones e indemnizaciones laborales; el décimo tercero en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes de salario, jubilaciones, pensiones y montepíos, así como las aportaciones hechas para la obtención de los tres últimos beneficio a los fondos e instituciones de seguridad social.” Este precepto se encuentra relacionado con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual señala que no están gravados por el impuesto que la misma ley establece, el valor de las prestaciones laborales, jubilaciones, pensiones, montepíos entre otros. Siendo correcto y de recibo por esta Sala de lo Constitucional el argumento esgrimido por la pedidora de Amparo, pues tal deducción del Impuesto Sobre la Renta en la indemnización laboral a la que tiene derecho la recurrente, se encuentra libre de gravamen, según disposiciones de la ley y por ello tal deducción vulnera el precepto constitucional 128.4 invocado.- CONSIDERANDO (15): Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la acción constitucional invocada por la recurrente, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que en el acto de conciliación celebrado entre la recurrente en amparo y la CNBS, se convino deducir de la indemnización laboral a que tiene derecho la impetrante, la cantidad de L. 629,798.35 por concepto de Impuesto Sobre la Renta, convenio que quebranta lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social y el Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y con ello la disposición constitucional contenida en el numeral 4 del Artículo 128 invocada por la recurrente, pues los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones laborales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento en forma parcial del amparo, en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que el acuerdo conciliatorio o convenio celebrado entre la recurrente Abogada María Erlinda Lanza Amador y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros sea inaplicable, en relación a la deducción de L. 629,798.35 por concepto de Impuesto Sobre la Renta de la indemnización laboral a que tiene derecho la recurrente, según sentencia dictada por el órgano jurisdiccional correspondiente, que ha garantizado el derecho a la estabilidad laboral contenido en el Artículo 129 de la Constitución de la República, por ello no existe quebranto de tal derecho constitucional como aduce la impetrante, de tal manera que se debe celebrar nuevo Acuerdo Conciliatorio en la que con acopio de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional, en relación a la prohibición de deducir el Impuesto Sobre la Renta, de la indemnización laboral que le corresponde a la impetrante y que ello sea congruente con el derecho constitucional contenido en el numeral 4 del Artículo 128 de la Constitución de la República, mismo que ha sido vulnerado con el acuerdo conciliatorio celebrado entre patrono y trabajador en fecha 22 de noviembre del año 2016.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 127, 128.4, 129, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO EN FORMA PARCIAL la Acción constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada MARIA ERLINDA LANZA AMADOR a favor de SI MISMA, contra el ACTO DE CONCILIACIÓN O CONVENCIÓN firmado entre la recurrente y la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016). 2) Que se debe celebrar nuevo Acuerdo Conciliatorio con observancia de lo plasmado en los acápites correspondientes en relación a la pprohibición de deducir el Impuesto Sobre la Renta, de la indemnización laboral que le corresponde a la impetrante. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se archiven las diligencias en la Secretaría de esta Sala de lo Constitucional. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÌQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0060-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En adelante CNBS.
[2] “Los Servidores Públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo en que esté en proceso y pendiente de sentencia podrán laborar bajo la forma de contratación (Temporal) en cualquier institución del Sector Público. En el caso de una sentencia definitiva, en que el Estado fuere condenado a la indemnización o reintegro con el pago de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir, los salarios recibidos por el contratado durante la secuela del juicio, formarán parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia formarán parte de la liquidación de pago definitiva que se haga efectiva al contratado. El funcionario que violente lo establecido en el párrafo primero de este Articulo y, realice un nombramiento bajo la modalidad de acuerdo, estará sujeto a la aplicación de una multa equivalente a Diez (10) salarios mínimos.”