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Sentencia AA-584-18 — Registro 11591

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el reclamo y confirmó la sanción disciplinaria impuesta por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, relativa a una suspensión por el plazo de un mes sin derecho a remuneración, en perjuicio de la impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"... En virtud del principio de lesiividad. En todo caso, el motivo denunciado en la presente garantía constitucional de amparo, consiste en que no hubo valoración de la prueba de descargo, lo cual a criterio de la Sala constituye una violación al derecho de debido proceso, por vía del derecho de defensa y acceso a la justicia. El Consejo debió ser exhaustivo en su análisis de la prueba aportada, tomando en cuenta la prueba de cada una de las partes y explicando su decisión con base en estas, lo cual, a juicio de la Sala de lo Constitucional, no se hizo, por lo que procede otorgar amparo a favor de la jueza María Esmeralda Díaz Castellanos, con el fin de que se le restituya el derecho al debido proceso, por vía de los derechos de defensa y acceso a la justicia. Para lo cual se ordena al Consejo de la Carrera Judicial que proceda dentro del plazo razonable a dictar nueva resolución, pero en esta ocasión haciendo un exhaustivo análisis de la prueba aportada por las partes y la información contenida en el expediente de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada MARÍA ESMERALDA DÍAZ CASTELLANOS a favor sí misma, contra la resolución de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la cual declaró sin lugar el reclamo presentado por la amparista, que confirmó la sanción disciplinaria impuesta por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, relativa a una suspensión por el plazo de un mes sin derecho a remuneración. Estima la amparista que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, compareció ante este alto tribunal de justicia, la abogada María Esmeralda Díaz Castellanos interponiendo acción de amparo a favor de sí misma, contra la resolución de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo de la Carrera Judicial bajo el expediente administrativo No.132-2017, 1013-SJ 2017, con la cual se confirma la sanción disciplinaria impuesta por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a través de su titular el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, con relación a la suspensión impuesta por el plazo de un mes, sin derecho a remuneración, por las supuestas irregularidades en el desempeño de la evacuación de la carga laboral asignada en su condición de coordinadora interna de los jueces de ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 2. En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Constitucional, tuvo por admitida la garantía constitucional de amparo, sin suspensión del acto reclamado, en virtud de que la amparista no estableció en forma concreta, de qué manera su pretensión se enmarca dentro de las causales estipuladas en el artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional referentes al otorgamiento de la medida cautelar solicitada, en consecuencia, se libró comunicación a la autoridad denunciada para que dentro del plazo de dos días hábiles remita los antecedentes del caso o rinda un informe circunstanciado del mismo. (Folio 14 del amparo). 3. Remitidos los antecedentes solicitados por la autoridad denunciada, se desprende de los mismos, la resolución objeto de la presente garantía constitucional, emitida por el Consejo de la Carrera Judicial en fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el reclamo presentado por la servidora judicial MARÍA ESMERALDA DÍAZ CASTELLANOS. SEGUNDO: CONFIRMAR la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN POR EL PLAZO DE UN MES (1 MES), SIN DERECHO A REMUNERACIÓN, como juez de ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán. TERCERO: A la presente resolución definitiva de conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial no le procede recurso alguno…” (Folios 200-202 del antecedente). 4. En fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala dispuso continuar con la substanciación de la garantía constitucional de mérito, concediendo vista por el término de cuarenta y ocho horas a la amparista para que formalizara su petición. (Folio 19 de la garantía constitucional de amparo). 5. En fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la presente acción, presentada por la abogada María Esmeralda Díaz Castellanos en su condición antes indicada, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 28 de la garantía constitucional de amparo). 6. En fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, este alto tribunal de justicia, tuvo por evacuado el dictamen de la fiscal, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, quien fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que le fueron violentados los derechos de defensa y debido proceso, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90 de la Constitución, en virtud de no haberse analizado correctamente la situación y las pruebas aportadas. La amparista refiere, que la sanción disciplinaria aplicada, consistente en la suspensión de su cargo de jueza de ejecución por el lapso de un mes, sin remuneración, se obtuvo omitiendo el análisis de la prueba de descargo que fue presentada a su favor. Reclama que la prueba aportada consiste en la siguiente: a) El oficio CNJE 098-2008 de fecha tres de abril de dos mil ocho mediante la cual la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Cecilia Morales le da el visto bueno a doña Romelia de Artica para que nombre a la ahora amparista como coordinadora interina. Cargo que desempeño sin recibir ningún incentivo; b) Controles y cómputos de audiencias celebradas mediante las cuales acredita haber laborado en el campo jurisdiccional y administrativo; c) constancia emitida por la secretaría general del Juzgado de Ejecución, para acreditar que recibió la misma asignación de expedientes que los otros jueces en el periodo que fue intervenida quirúrgicamente. De igual manera el secretario puede dar fe de que ella recibía la misma carga de trabajo en el tiempo que se desempeñó como coordinadora interina; d) constancia emitida por los archiveros del juzgado para acreditar que devuelve los expedientes al archivo general hasta que están terminados; e) constancia emitida por los asesores legales del Centro Penitenciario Nacional de Támara para acreditar que se encuentran satisfechos con su labor y que su trabajo es confiable, explicando que estos son quienes reciben las cartas de libertad, órdenes de excarcelación, ingreso, etc.; f) menciona los registros físicos y computarizados de la judicatura, control de trabajo de expedientes, para demostrar el volumen significativo de trabajo evacuado. Reclama que la resolución del Consejo de la Carrera Judicial determinó que el retraso en la evacuación de la carga era su culpa, basándose en la cantidad de expedientes que se encuentran su judicatura y en el testimonio de dos auxiliares que trabajaron con ella. Al respecto señala que existe retraso pero que este es justificado por el volumen de trabajo y los recursos con los que cuenta. Argumenta en su defensa, que en los juzgados de ejecución cada vez hay más trabajo, porque además del trabajo nuevo que ingresa diariamente, se suman los escritos de causas ya investigadas, teniendo únicamente tres días para resolver. Explica que va evacuando lo más urgente. Ilustra señalando que presentó constancia emitida por el secretario general del juzgado de ejecución, para acreditar que su judicatura maneja unos mil trescientos treinta y siete expedientes activos El Consejo de la Carrera Judicial, considera que una de las razones para determinar que ha cometido falta, es que no se ha sabido delegar tareas jurisdiccionales a personal auxiliar, que permita agilizar su trabajo como juez de manera eficiente y eficaz. Sobre esto responde, que dicho personal auxiliar es nada más una persona por juez, quien hace labores de secretaría y receptoría, y sólo se cuenta con vehículo un día a la semana, siendo insuficiente para la carga de trabajo. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. La fiscal Sagrario Rosibel Gutiérrez, en su dictamen concluyó que SE DENIEGUE la presente garantía de amparo de la cual se hace mérito. Explica su apreciación jurídica, de acuerdo a lo siguiente: “…Que, de la interposición de la presente acción de amparo, se desprende que la amparista acude a esta instancia argumentando que la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho, violenta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República… Se colige de la foliada, que el objeto de estudio en la sanción disciplinaria consiste en: “Retardo en la tramitación de los expedientes asignados” impuesta a la servidora judicial MARIA ESMERALDA DÍAZ CASTELLANOS en su condición de jueza del Juzgado de Ejecución Penal, la cual fue impugnada por la reclamante ante el Consejo de la Judicatura, celebrándose audiencia de trámite en fecha 24 de enero del año 2018, en la cual las partes propusieron sus medios de prueba documental, evidenciándose con ello que a la recurrente le asistió la oportunidad procesal para desvirtuar los hechos atribuidos en su contra, garantizándole su derecho a la defensa; medios de prueba que SÍ fueron considerados por el órgano administrativo competente, al sustentar su resolución precisamente en la prueba evacuada, la cual, informa que se realizó un muestreo de 80 expedientes correspondientes a los años 2015 y 2016 asignados como carga procesal a la reclamante, los cuales presentan un retraso en las diligencias propias de la etapa de la ejecución penal, una vez recibidas las sentencias definitivas contra los privados de libertad, y al no haberse diligenciado en tiempo lo pertinente originó la falta incurrida por la impetrante y, consecuencia de ello la sanción impuesta por el órgano competente, al señalar: “La servidora judicial ha retardado la evacuación de carga laboral con el ánimo de realizar su trabajo con estricta calidad pretendiendo disminuir los errores, que se puedan cometer y además que no ha sabido delegar tareas a personal auxiliar que permitan agilizar su trabajo como juez.” Asimismo, la impetrante en audiencia de descargo celebrada ante la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, reconoce que existe retardo en la evacuación de la carga laboral asignada, ya que ella asumió funciones administrativas y jurisdiccionales, manifestando que la labor jurisdiccional debe ser cuidadosa y da prioridad a su trabajo para que salga correcto, sin embargo esta representación estima que lo expresado por la recurrente, a pesar de ello, no debe desconocer la responsabilidad legal asumida en su condición de juez, de brindar un tratamiento idóneo a cada uno de los expedientes que le han sido asignados como carga laboral, en aras de una verdadera administración de justicia y protección de los derechos que le asisten a los condenados en dichos expedientes. De lo antes expuesto, esta representación fiscal, estima que la resolución traída a estudio, ha respetado los derechos procesales de la reclamante ya que se evacuaron los medios probatorios ofertados por ésta; respetándose todas las garantías procesales para desvirtuar su responsabilidad, por lo que estima la suscrita, que no existe vulneración alguna de los derechos constitucionales considerados infringidos que puedan ser restituidos por la vía de amparo. Conclusión: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del Consejo de la Carrera Judicial que fundamentaron la resolución de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El Consejo de la Carrera Judicial confirmó por unanimidad de votos, la sanción disciplinaria impuesta a la jueza María Esmeralda Díaz Castellanos, consistente en un mes de suspensión y sin derecho a remuneración. El Consejo puntualiza en su fundamentación que con la admisión del reclamo administrativo señaló audiencia para el día veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, llevándose a cabo esta con la comparecencia de la abogada Esmeralda Díaz Castellanos como parte reclamante y la abogada Jenny Elizabeth Ávila Cruz como representante de la parte reclamada, proponiendo ambas partes, documentos como medios de prueba. Asimismo, da cuenta de que el caso inicia de oficio por retardo injustificado en la administración de justicia y que la dirección de administración de personal de la carrera judicial citó a la ahora amparista para que se presentara a una audiencia de descargo, en la cual reconoció que existe retardo en la evacuación de la carga laboral asignada, pero señalando entre otros extremos: “…lo que ha hecho es intensificar sus esfuerzos trabajando más horas y de manera intensa dentro de las horas de trabajo; dando prioridad a su trabajo para que salga correcto; aceptando que ha comprobado que si delega trabajo en la mayoría de los auxiliares va a cometer errores, razón por la cual declara la reclamante que revisa todo el trabajo [de los auxiliares] porque ha detectado errores, y que su intención no es la de querer centralizar el trabajo.” El Consejo al valorar los medios de prueba documental presentados por la parte reclamante, destaca lo siguiente: “Se acredita que la servidora judicial María Esmeralda Díaz Castellanos, reconoce la existencia de carga laboral que no logra evacuar en el tiempo, desarrollando una labor minuciosa en la evacuación de los expedientes asignados; siendo que esto ha generado demora en la tramitación de los expedientes, tal es el caso por el cual se le ha aplicado la sanción de suspensión en el plazo de un mes sin derecho a remuneración.” El Consejo en referencia a la prueba documental presentada por la representante de la parte reclamada, estableció que la presidencia del Poder Judicial emitió resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete en el expediente administrativo No. 132-2017, por medio del cual suspende del cargo por el plazo de un mes, sin derecho a remuneración a la jueza María Esmeralda Díaz Castellanos. La presidencia declara la existencia de responsabilidad disciplinaria, subsumiendo su conducta en la falta grave contenida en el inciso a) del artículo 54 de la Ley de la Carrera Judicial, relacionado con el inciso a) del artículo 173 del Reglamento de la ley de la Carrera Judicial. El Consejo manifiesta que una vez analizada la prueba allegada al expediente de reclamo concluye: “Que la reclamante servidora judicial María Esmeralda Díaz Castellanos nombrada en el cargo de juez de ejecución penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por medio de las pruebas propuestas y evacuadas no logró desvirtuar la denuncia en su contra, ni durante la audiencia de descargo realizada por la dirección de administración de personal de la carrera judicial, ni en la audiencia de trámite celebrada ante este Consejo de la Carrera Judicial; no obstante se muestra en el proceso de investigación de la denuncia iniciada de oficio y ante la audiencia de trámite celebrada ante este Consejo que la reclamante servidora judicial María Esmeralda Díaz Castellanos, en el desempeño del cargo de juez ejecución penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, ha retardado la evacuación de carga laboral con el ánimo de realizar su trabajo con estricta calidad pretendiendo disminuir los errores que se pueden cometer, además se refleja que la servidora judicial María Esmeralda Díaz Castellanos […] no ha sabido delegar tareas jurisdiccionales a personal auxiliar que permitan agilizar su trabajo como juez de manera eficiente y eficaz, como todo administrador de justicia debiera realizar, asimismo la parte reclamada la dirección de administración de personal con las pruebas aportadas y evacuadas dejó establecido que la falta cometida por la juez […], conlleva a la imposición de una sanción disciplinaria, tal como lo dispone el artículo 60 de la Ley de la Correera Judicial, teniendo en cuenta la naturaleza de la falta, las funciones desempeñadas por el infractor, su grado de participación en aquella y sus antecedentes en calificación y sanciones; este órgano considera que la sanción impuesta guarda la debida proporción a la naturaleza de la falta cometida en el desempeño de su cargo de juez de ejecución penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán.” CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos que cita la amparista. La Sala de lo Constitucional al analizar las presentes diligencias, estima procedente otorgar la garantía constitucional de amparo de conformidad con las apreciaciones que a continuación se exponen. El vicio señalado como motivo de amparo, básicamente se funda en que el Consejo de la Carrera Judicial como autoridad denunciada, omitió analizar la prueba de descargo al momento de hacer la valoración. Así mismo, reclama que la decisión se basó únicamente en: a) la cantidad de expedientes que se encuentran pendientes de resolución; y b) el testimonio de dos auxiliares que trabajaron con ella. En su defensa, alega que el Consejo no valoró que el retraso es justificado, por el volumen de trabajo y los recursos con los que cuenta, como también, las veces que ha comunicado a superiores la necesidad de hacer algo al respecto. Sobre lo anterior, la Sala de lo Constitucional observa que efectivamente el Consejo concluye que la sanción es válida y proporcional, pero se basa únicamente en el hecho material de que existe acumulación de expedientes y la opinión de dos auxiliares, que declararon que la jueza sancionada no delega funciones. La Sala estima, que no es dable, declarar la responsabilidad administrativa basándose en estos dos aspectos, sin tomar en cuenta la prueba de descargo. Asimismo, además de la falta de valoración probatoria, para la Sala resulta necesario que se examinen otros aspectos importantes, como, por ejemplo, que no existe reporte de haberse provocado un daño o lesión a algún sentenciado por la forma en que trabaja la jueza sancionada. La lesividad es un elemento indispensable para que exista deducción de responsabilidad disciplinaria, siendo además este elemento un punto determinante para valorar la proporcionalidad de la sanción. Volviendo al motivo denunciado, la Sala de lo Constitucional, luego de analizar las diligencias de mérito, se da cuenta de que efectivamente la resolución del Consejo, carece de valoración sobre la prueba de descargo; para el caso, resulta evidente que, toma como único elemento de juicio, el retraso en la tramitación de los expedientes, pero no aclara bajo qué criterio es que llega a esa conclusión. Pueda que haya llegado a dicha conclusión, tomando en cuenta los plazos legales; pero podría ser también, que ha sido después de comparar los resultados de la juez sancionada en relación con los otros jueces de ejecución; o bien, por no cumplir con metas establecidas de antemano, etc. Si se hizo en relación con el cumplimiento de los plazos legales, es importante tomar en cuenta los estándares reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH, quien reconoce la dificultad del sistema de justicia para cumplir con los plazos legales; por lo que, al momento de valorar un presunto incumplimiento, deberá valerse de lo que ofrece la razonabilidad que impone la realidad. En virtud de lo cual, si bien es cierto el cumplimiento del plazo legal es lo óptimo, lo mínimo que se puede ofrecer como alternativa al cumplimiento de la obligación de brindar tutela judicial oportuna, es el concepto de plazo razonable, el cual se encuentra reconocido en forma expresa en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En especial, este último dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. Ahora bien, el concepto de “plazo razonable” no es de sencilla definición, ni puede ser determinado en abstracto, tal como lo apunta la Corte IDH en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua,[4] al aclarar que no se configura con el mero incumplimiento de los plazos procesales, sino que se trata de un concepto indeterminado que debe ser concretado atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Para determinar el plazo razonable, la Corte IDH ha ido definiendo pautas para valorar la razonabilidad del plazo de duración de un proceso, debiéndose considerar las siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del acusado; c) la conducta de las autoridades judiciales; d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. Este alto tribunal además de los anteriores elementos dados por la Corte IDH, estima también necesario sumar la cantidad o carga de trabajo del juez o tribunal, como los recursos que tiene a disposición para evacuarla. En el presente caso, la Sala de lo Constitucional observa que efectivamente el Consejo no hace ninguna valoración al respecto, sino que asume sin explicar las razones para concluir que la ahora amparista, no pudo desvanecer el cargo hecho en su contra. Por ejemplo, era de obligado conocimiento, lo argumentado por la reclamante, con relación a la carga laboral, acreditando que tenía asignada una cantidad de más o menos, mil trescientos expedientes. Sin embargo, no hubo pronunciamiento ni reflexión de parte del Consejo al respecto. Esto resultaba de suma importancia para poder establecer la subsunción de la conducta observada con las causales invocadas como transgredidas, contenidas en sendos incisos a) de los artículos 54 de la Ley de la Carrera Judicial[5] y 173 del Reglamento de la ley de la Carrera Judicial[6]. Como se adelantó antes, tampoco se observa que el Consejo haya procedido a determinar la falta de justificación para la existencia del retraso laboral, haciendo relación con los otros jueces, de manera que no es posible determinar si éste se debe a una particularidad de dicha jueza o es un asunto generalizado que merece ser resuelto dotando de más recursos. La Sala observa que la calificación del retraso se obtuvo mediante la revisión de una muestra de ochenta expedientes de un universo de más o menos mil trescientos expedientes. El Consejo en este sentido, no hace ninguna reflexión sobre la representatividad de dicha muestra. Sobre este punto, resulta de obligatorio pronunciamiento en este caso, determinar si la cantidad de la muestra es capaz o es suficiente para establecer la existencia de una conducta reprochable, que merezca una sanción administrativa. En todo caso una evaluación al trabajo judicial, debe de hacerse no sólo desde un aspecto puramente cuantitativo, sino que debe también incluir el aspecto cualitativo. Por otra parte, el Consejo al momento de examinar la proporcionalidad de la sanción, no explica porque resulta grave en este caso concreto, la comisión de la supuesta falta cometida, debido a que más importante que la remisión que hace el artículo 179 del mencionado reglamento, debe ser la consideración de los efectos negativos que causa la conducta del servidor público, que en este caso sería el reporte de personas agraviadas o afectadas. Esto en virtud del principio de lesividad. En todo caso, el motivo denunciado en la presente garantía constitucional de amparo, consiste en que no hubo valoración de la prueba de descargo, lo cual a criterio de la Sala constituye una violación al derecho de debido proceso, por vía del derecho de defensa y acceso a la justicia. El Consejo debió ser exhaustivo en su análisis de la prueba aportada, tomando en cuenta la prueba de cada una de las partes y explicando su decisión con base en estas, lo cual, a juicio de la Sala de lo Constitucional, no se hizo, por lo que procede otorgar amparo a favor de la jueza María Esmeralda Díaz Castellanos, con el fin de que se le restituya el derecho al debido proceso, por vía de los derechos de defensa y acceso a la justicia. Para lo cual se ordena al Consejo de la Carrera Judicial que proceda dentro del plazo razonable a dictar nueva resolución, pero en esta ocasión haciendo un exhaustivo análisis de la prueba aportada por las partes y la información contenida en el expediente de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la jueza MARÍA ESMERALDA DÍAZ CASTELLANOS a favor de sí misma, en contra de la resolución dictada en fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, mediante la cual confirmó la sanción de suspensión de un mes, sin remuneración. En consecuencia, se ordena restituir el derecho conculcado del debido proceso, por la vía del derecho de defensa y acceso a la justicia, para lo cual el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, deberá dictar nueva resolución, valorando de manera exhaustiva cada una de las pruebas aportadas por las partes. Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su procedencia y se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-584-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Cfr. Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77.

[5] “Artículo 54. Son contrarios a la eficacia de la administración de justicia, los siguientes actos: a) Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo, el trabajo que les señalen la Ley y los reglamentos de la oficina, o dejar vencer los términos sin la actuación correspondiente; …”

[6] “Artículo 173. Son contrarios a la eficacia de la administración de justicia, los siguientes actos: a) Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo, el trabajo que les señalen la Ley y los reglamentos de la oficina o dejar vencer los términos sin la actuación correspondiente.”