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Sentencia AA-525-18 — Registro 11587

Resumen

Acto recurrido mediante el cual cancela a la Cadete de Policía que es menor de edad, para proseguir sus estudios en dicha Institución, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, partiendo de la regulación legal establecida+I113:P113, esta Sala de lo Constitucional no observa las supuestas vulneraciones denunciadas por el amparista, en cuanto a que no se cuestiona la edad de la menor, por lo que es evidente el no cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el acceso a la formación policial..." ..." Que podría discutirse que el establecimiento de una edad mínima de acceso a la carrera policial vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que deriva de los artículos 70 y 76 de la Constitución de la República, pero la lectura se observa la delegación en la Ley de los límites de ambos derechos, que en el caso in examine, se da por razones de seguridad y protección de la infancia, al poner como limite el acceso a ese tipo de formación a los menores de 18 años..." ..." Que la separación temporal de la menor no se observa como una sanción, que deba desarrollar un proceso recursivo, si bien no puede negar la posibilidad de impugnar cualquier decisión pública, y muestra de ello es el ejercicio de esta garantía, en este caso, la Administración mantiene el derecho de validar todo lo aprobado por la menor y poder reingresar a la carrera policial si lo decía una vez que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley..." ..." Que ésta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que la decisión de la Academia Nacional de Policía, objeto de la garantía en estudio, se ajusta a las disposiciones constituciones, convencionales y legales aplicables al acto impugnado; no existiendo vulneración a los derechos fundamentales denunciados; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil diecinueve. Visto: Para dictar sentencia de la garantía de amparo interpuesta por el abogado Cesar Arturo Heller Portillo, a favor de la ciudadana Ana Yaqueline Baca Reyes quien actúa en representación de su menor hija, contra la resolución dictada por el Director De La Academia Nacional de la Policía (ANAPO) en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la cual cancela a la Cadete de Policía que es menor de edad, para proseguir sus estudios en dicha Institución. Estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 59, 69, 82, y 90 de la Constitución de la República. Antecedentes 1) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el abogado impetrante, compareció ante este Tribunal, interponiendo garantía de amparo a favor de la ciudadana Ana Yaqueline Baca Reyes, quien actúa en representación de su menor hija, contra la resolución dictada por el Director de la Academia Nacional de la Policía, manifestando el recurrente que de manera ilegal y arbitraria separaron a la cadete menor de edad para seguir sus estudios en la ANAPO. 2) Que en fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, la Sala de lo Constitucional admitió la garantía de mérito, y ordena librar comunicación a la Autoridad recurrida para que, dentro de un plazo de un día, remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio núm. 27 de la garantía). 3) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se recibió el informe de la Academia Nacional de Policía, del cual se desprende lo siguiente: a) Que en fecha 10 de junio del dos mil dieciocho, la señorita menor de edad, fue atendida en el Hospital Militar donde se le dio siete días de reposo, los cuales reportó al Departamento Medico de la Academia Nacional de Policía. b) En fecha 15 de junio de dos mil dieciocho, se presentó el abogado Héctor Geovanny Banegas en su condición de juez ejecutor en virtud de una garantía de exhibición personal presentado por la ciudadana Ana Yaqueline Baca Reyes, en el que aduce que su hija menor de edad estaba recibiendo maltrato psicológico en la Academia Nacional de Policía, por lo que consideraba que su hija estaba en riesgo físico. En cumplimiento a la referida garantía de exhibición personal se le realizó una evaluación médica el 15 de junio del dos mil dieciocho. C) En fecha 18 de junio de 2018, la Dirección de la Academia Nacional de Policía, entregó a la señorita menor de edad, a sus padres en virtud de ser una menor de edad y no cumple con el requisito establecido en el artículo 102 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, en el cual se establece que para ingresar a la Academia se requiere haber cumplido 18 a 35 años, situación que no fue aceptada por los padres de la joven y buscaban la forma de que ella pudiera realizar estudios en la Academia Nacional de Policía. Por lo que se establece que a la joven no fue cancelada, si no que fue entregada a sus padres, junto con una nota fechada el 18 de junio de dos mil dieciocho. d) Consta en el informe remitido por la Academia Nacional de Policía, la nota entregada a los señores Lorenzo Lara Muñoz y Ana Yaquelin Baca Reyes, padres de la menor, la cual dice: Asimismo se le comunica a usted que por disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras Decreto número 67-2008 capitulo II articulo 91 y en el artículo 102 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras, artículos 38 y 39 de la Ley de la Carrera Policial Nacional y la normativa interna de esta Academia Nacional de Policía su menor hija de 16 años de edad, quien a razón de su minoría de edad no cumple con los requisitos de ingreso exigidos e indispensables para realizar estudios en este Centro de Estudios de la Dirección Nacional de Educación Policial; Por lo anterior se le entrega su menor hija, haciendo de su conocimiento que la Dirección de la Academia Nacional de Policía le reconoce el tiempo y asignaturas cursadas por su hija en el primer periodo comprendido de enero a mayo 2018, fecha en que permaneció en este centro de estudio, al mismo tiempo si ella así lo decide, la Dirección de la Academia Nacional de Policía le garantiza el ingreso a los procesos de evaluación y formación policial cuando cumpla sus 18 años de edad respetando lo realizado a la fecha guardándole todas la consideraciones y méritos alcanzados al día de hoy.” (Folio núm. 04 de la pieza de antecedentes). 4) Que la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, y ordenó dar vista de los autos al fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. 5) Que con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la abogada Sussy G. Coello Garcia, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión de no se otorgue la garantía de amparo interpuesta. Fundamentos de Derecho Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo núm. 244-2003. Considerando (2): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de está tienen derecho a interponer, la cual tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos y libertades que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional, concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, mandato, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución o los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, interponiéndose de conformidad con la Ley. Considerando (3): Que el recurrente, el abogado Cesar Heller Portillo, en la interposición de la presente garantía, manifiesto que la Academia Nacional de Policía, en perjuicio de su representada a violentado el contenido de los artículos 59, 69, 82, y 90 de la Constitución de la República, para ello explica que el acto que hoy se impugna en esta vía constitucional, en vista de que la hija de la quejosa es separada provisionalmente de sus estudios y retirada de poder continuar estudiando en la Academia Nacional de Policía, decisión tomada por la minoría de edad de la misma, sin haberle dado una revisión del caso, ni permitirle ejercer un derecho de defensa sobre el requisito determinado para no permitirle seguir cursado sus estudios en dicho centro. Considerando (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, de igual forma la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 sobre la protección judicial establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Considerando (5): Que la Constitución de la República establece en el artículo 293 que la Policía Nacional se va a regir por una legislación especial; el Congreso Nacional creo el Decreto núm. 18-2017, que contiene la Ley Orgánica de la Secretaría en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras,[1] normativa donde se regula en su artículo 102 numeral la edad de primer ingreso a cualquiera de los Centros de Formación de la Dirección Nacional de Educación Policial, como aspirante a cualquier categoría del escalafón policial, siendo esas edad entre 18 y 35 años. Considerando (6): Que, partiendo de la regulación legal establecida, esta Sala de lo Constitucional no observa las supuestas vulneraciones denunciadas por el amparista, en cuanto a que no se cuestiona la edad de la menor, por lo que es evidente el no cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el acceso a la formación policial. Considerando (7): Que podría discutirse que el establecimiento de una edad mínima de acceso a la carrera policial vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que deriva de los artículos 70 y 76 de la Constitución de la República, pero la lectura se observa la delegación en la Ley de los límites de ambos derechos, que en el caso in examine, se da por razones de seguridad y protección de la infancia, al poner como limite el acceso a ese tipo de formación a los menores de 18 años. Considerando (8): Que la separación temporal de la menor no se observa como una sanción, que deba desarrollar un proceso recursivo, si bien no puede negar la posibilidad de impugnar cualquier decisión pública, y muestra de ello es el ejercicio de esta garantía, en este caso, la Administración mantiene el derecho de validar todo lo aprobado por la menor y poder reingresar a la carrera policial si lo decía una vez que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley. Considerando (9): Que ésta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que la decisión de la Academia Nacional de Policía, objeto de la garantía en estudio, se ajusta a las disposiciones constituciones, convencionales y legales aplicables al acto impugnado; no existiendo vulneración a los derechos fundamentales denunciados; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación del artículos 59, 60, 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 45, 48, 63, 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Falla: Denegando la garantía de amparo interpuesta por el abogado Cesar Arturo Heller Portillo, a favor de la ciudadana Ana Yaqueline Baca Reyes quien actúa en representación de su menor hija Skarleth Jackeline Lara Baca, contra la resolución dictada por el Director de La Academia Nacional de la Policía en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Y manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0525-2018.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Publicada en el Diario Oficial La Gaceta 34,463, de 10 de octubre de 2017.