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Sentencia AA-504-17 — Registro 8521

Resumen

Resolución No. SE-18-2017 declaró parcialmente con lugar tres recursos de revisión promovidos por usuario contra recurrente en virtud de no haber dado respuesta a solicitudes de información en el plazo establecido por la ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: "Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. Las transferencias al Instituto la verificarán el Estado trimestralmente". Por otra parte están los memorandos rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: TGR-DP-329-2015 de fecha 16 de septiembre del 2015 y TGR-DP-310-2017 de fecha 30 de octubre del 2017. Por lo antes expuesto se determina la obligatoriedad del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA como una institución obligada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública..."..."del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia, ha seguido el procedimiento establecido en la ley..."..."Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa..."

Legislación citada

  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3, 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra la Resolución No. SE-18-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR un recurso de Revisión, promovida por el Señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que mediante la Plataforma Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), el Señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, interpuso: A) Recurso de Revisión, en fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 071-2016-R; B) Recurso de Revisión, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 072-2016-R; C) Recurso de Revisión, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 073-2016-R; todos en contra del INSTITUCION DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), solicitando que se declare CON LUGAR el recurso, se entregue la información solicitada, y en caso de no hacerlo, que se le apliquen las sanciones que establece la Ley. (Folios 1–12 del antecedente)- 2) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (16), la citada Institución, dispuso acumular los siguientes procesos: Nº 071-2016-R, 072-2016-R, 073-2016-R, relacionadas en el numeral anterior, al apreciarse los recursos son interpuestos por el mismo recurrente, contra la misma autoridad recurrida, y a través del mismo procedimiento, estima que es lo procedente para efectos de que constituyan un solo proceso y terminen en una sola resolución, manteniendo la continuidad y unidad de la causa. (Folios 13 y 14 del antecedente).- 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la citada Institución dictó la Resolución No. SE-018-2017, mediante la cual Resuelve: (SIC) “PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los RECURSOS DE REVISION interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP) en virtud de no haber dado respuesta a las solicitudes de información en el plazo establecido en el articulo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea al recurrente la información relacionada a: “a) El monto de los activos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), destinados entre los años de 1987 y 2016 al pago de la póliza de gastos medico-hospitalarios de los ejecutivos y empleados del ente, u otros montos erogados por este concepto en los años que no existía o no se suscribió póliza de gastos médicos-hospitalario; b) una copia del acta de junta directiva en la que se resolvió financiar con activos del instituto de previsión social del periodista (IPP), a través de una póliza de seguro o pagos directos del sistema del beneficio de gastos medico-hospitalarios a los ejecutivos y empleados del ente. c) El nombre de los ejecutivos y empleados del instituto de Previsión Social el Periodista (IPP), incorporados a la póliza colectiva de gastos médicos suscrita por el ente de previsión; y d) una copia de la póliza colectiva de gastos médicos suscrita por el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en la cual se incorpora a los ejecutivos y empleados del ente en previsión”. TERCERO: Declarar SIN LUGAR lo referente a “Nombre de los ejecutivos y empleados del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), beneficiarios de activos del instituto a través del otorgamiento de créditos personales e hipotecarios”, en virtud de considerar que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información esta información contiene datos personales confidenciales y estos deben ser protegidos siempre, al tenor de lo preceptuado en el articulo 3 numeral 7) relacionado con el articulo 24 y 25 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la Republica; 41, 44, 47 Y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 53 del Reglamento De La Ley De Transparencia y Acceso A La Información Publica, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Articulo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA), para los efectos legales correspondientes.” (Folios 32–35 del antecedente).- 4) Que la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra la Resolución No. SE-18-2017, de fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–9 y 25 de la presente Recurso).- 5) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista.” (Folios 71–77 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución No. SE- 18-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, que declaró con lugar un Recurso de REVISIÓN promovido por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ contra EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (Exp. No.072-073-074-2016 R).- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo, señala como antecedentes que mediante la plataforma del sistema SIELHO, Sistema de información electrónica de Honduras del Instituto de Acceso a la Información Pública, el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en su condición personal presentó tres Recursos de Revisión en fecha 28 de octubre, 02 y 04 de noviembre del año 2016, los que una vez recibidos fueron acumulados bajo expediente administrativo No.072-073-074-2016 R).Sigue manifestando que "el Licenciado Edwin Romero García, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Social del Periodista, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó al periodista BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, la información solicitada, por medio del conducto del cual hizo uso el solicitante, misma que le fue puesta a su disposición, manifestando su disconformidad con la misma, el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha 20 de marzo del año 2017 dictó Resolución No. SE-18-2017 que en su parte dispositiva "RESUELVE PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los RECURSOS DE REVISION interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea al recurrente la información solicitada".TERCERO: Declarar Sin lugar lo referente a: Nombre de los Ejecutivos y Empleados del Instituto de Previsión Social del periodista (IPP), beneficiados de activos as través del otorgamiento de Créditos personales e hipotecarios", en virtud de considerar que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, esta información contiene datos personales son confidenciales y estos deben ser protegidos siempre al tenor de lo preceptuado en el artículo 3 numeral 7) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA", en el numeral Cuarto señala que se pone fin a la vía administrativa y en caso de no interponer la acción de amparo adquiere firmeza dicha resolución.- CONSIDERANDO (5): La Recurrente desarrolla el quebranto de garantías constitucionales de la siguiente manera: Con la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha 31 de octubre del año 2016, se vulnera el artículo 321 contentivo del principio de legalidad, en cuanto a que, "los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la el es nulo e implica responsabilidad" el Artículo 82 contentivo del Derecho de Defensa, Artículo 90 del Debido proceso, todos constitucionales. La recurrente manifiesta que las diligencias administrativas en las que se ha dictado el acto que se impugna, se contrae a un improcedente e ilegal "recurso de revisión administrativos presentado por el señor Boanerges Gustavo Palencia Cruz (Periodista y miembro del Instituto de Previsión social del periodista), ante la negativa de su representada de brindarle la información solicitada mediante la Plataforma del Sistema SIELHO (Sistema de Información Electrónico de Honduras del Instituto de Acceso a la información Pública, sin que su representada sea una institución obligada de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Públicas, Haciendo la observación que “no obstante su representada como Ente público no estatal, eminentemente gremial, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó al periodista BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, la información solicitada por medio del conducto del cual hizo uso el solicitante.- CONSIDERANDO (6): Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en cumplimiento a la información solicitada remitió a esta Sala el Informe de fecha 06 de noviembre del año 2017, en relación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su numeral CUARTO establece: “Que este mismo precepto jurídico define en su artículo 3 numeral 4 las instituciones obligadas por esta ley a brindar información, estableciendo como sujetos obligados a: a) el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del estado; b) las organizaciones no gubernamentales (ong´s), las organizaciones privadas de desarrollo (opd´s) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen sea nacional o extranjero sea por si mismo o a nombre del Estado o donde este haya sido garante y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. Al respecto y en base a la LEY DEL INSTITUTIO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, creada mediante Decreto 190-85, específicamente en el artículo 27 literal a), establece literalmente: que “los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son a) Una contribución del Estado equivalente al 2.5% del impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986 y a partir de 1987 el porcentaje será del 5% en virtud del decreto 85-84 artículo 17 aplicado a los servicios y publicidad y propaganda comercial escrita radial y televisiva. El Estado transferirá trimestralmente al instituto esta recaudación. Asimismo mediante Decreto No. 91-86 de fecha primero de agosto de 1986 establece la reforma al artículo 27 literal a) del Decreto 190-85 de fecha 4 de diciembre de 1985, el cual se leerá así: Artículo 27 Los recursos del Instituto de Previsión Social del periodista son a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84, artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial y televisada: Las transferencias al Instituto la verificará el Estado trimestralmente.- CONSIDERANDO (7): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública en el informe (Fs.38, al 50 pieza de amparo), antes relacionado en su párrafo quinto señala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se han realizado transferencias bancarias al Instituto de Previsión Social del periodista (IPP) y se acreditan dichas transferencias según memorando TGR-DP-329-2015 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas el detalle de las transferencias realizadas por el Estado de Honduras al Instituto de Previsión Social del periodista entre los años 2007 al 2015, información en la que el Instituto de Acceso a la Información Pública argumenta la obligatoriedad del Instituto de Previsión Social del periodista, de hacer pública su gestión y así mismo en memorando NO: TGR-DP-310-2017, de fecha 30 de octubre del 2017, en el cual se establecen los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017.(Informe acompañado del soporte documental para su acreditación).- CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: "Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. Las transferencias al Instituto la verificarán el Estado trimestralmente". Por otra parte están los memorandos rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: TGR-DP-329-2015 de fecha 16 de septiembre del 2015 y TGR-DP-310-2017 de fecha 30 de octubre del 2017. Por lo antes expuesto se determina la obligatoriedad del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA como una institución obligada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia, ha seguido el procedimiento establecido en la ley.- CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa.- CONSIDERANDO (10): Que el Ministerio Público a través de su representante, después del estudio y análisis jurídico de los antecedentes, emitió dictamen en fecha 05 de diciembre del 2017, pronunciándose porque no se otorgue el amparo solicitado.- CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0504-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra la Resolución No. SE-18-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR un recurso de Revisión, promovida por el Señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que mediante la Plataforma Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), el Señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, interpuso: A) Recurso de Revisión, en fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 071-2016-R; B) Recurso de Revisión, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 072-2016-R; C) Recurso de Revisión, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 073-2016-R; todos en contra del INSTITUCION DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), solicitando que se declare CON LUGAR el recurso, se entregue la información solicitada, y en caso de no hacerlo, que se le apliquen las sanciones que establece la Ley. (Folios 1–12 del antecedente)- 2) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (16), la citada Institución, dispuso acumular los siguientes procesos: Nº 071-2016-R, 072-2016-R, 073-2016-R, relacionadas en el numeral anterior, al apreciarse los recursos son interpuestos por el mismo recurrente, contra la misma autoridad recurrida, y a través del mismo procedimiento, estima que es lo procedente para efectos de que constituyan un solo proceso y terminen en una sola resolución, manteniendo la continuidad y unidad de la causa. (Folios 13 y 14 del antecedente).- 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la citada Institución dictó la Resolución No. SE-018-2017, mediante la cual Resuelve: (SIC) “PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los RECURSOS DE REVISION interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP) en virtud de no haber dado respuesta a las solicitudes de información en el plazo establecido en el articulo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea al recurrente la información relacionada a: “a) El monto de los activos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), destinados entre los años de 1987 y 2016 al pago de la póliza de gastos medico-hospitalarios de los ejecutivos y empleados del ente, u otros montos erogados por este concepto en los años que no existía o no se suscribió póliza de gastos médicos-hospitalario; b) una copia del acta de junta directiva en la que se resolvió financiar con activos del instituto de previsión social del periodista (IPP), a través de una póliza de seguro o pagos directos del sistema del beneficio de gastos medico-hospitalarios a los ejecutivos y empleados del ente. c) El nombre de los ejecutivos y empleados del instituto de Previsión Social el Periodista (IPP), incorporados a la póliza colectiva de gastos médicos suscrita por el ente de previsión; y d) una copia de la póliza colectiva de gastos médicos suscrita por el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en la cual se incorpora a los ejecutivos y empleados del ente en previsión”. TERCERO: Declarar SIN LUGAR lo referente a “Nombre de los ejecutivos y empleados del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), beneficiarios de activos del instituto a través del otorgamiento de créditos personales e hipotecarios”, en virtud de considerar que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información esta información contiene datos personales confidenciales y estos deben ser protegidos siempre, al tenor de lo preceptuado en el articulo 3 numeral 7) relacionado con el articulo 24 y 25 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la Republica; 41, 44, 47 Y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 53 del Reglamento De La Ley De Transparencia y Acceso A La Información Publica, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Articulo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA), para los efectos legales correspondientes.” (Folios 32–35 del antecedente).- 4) Que la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra la Resolución No. SE-18-2017, de fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–9 y 25 de la presente Recurso).- 5) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista.” (Folios 71–77 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución No. SE- 18-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, que declaró con lugar un Recurso de REVISIÓN promovido por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ contra EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (Exp. No.072-073-074-2016 R).- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo, señala como antecedentes que mediante la plataforma del sistema SIELHO, Sistema de información electrónica de Honduras del Instituto de Acceso a la Información Pública, el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en su condición personal presentó tres Recursos de Revisión en fecha 28 de octubre, 02 y 04 de noviembre del año 2016, los que una vez recibidos fueron acumulados bajo expediente administrativo No.072-073-074-2016 R).Sigue manifestando que "el Licenciado Edwin Romero García, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Social del Periodista, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó al periodista BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, la información solicitada, por medio del conducto del cual hizo uso el solicitante, misma que le fue puesta a su disposición, manifestando su disconformidad con la misma, el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha 20 de marzo del año 2017 dictó Resolución No. SE-18-2017 que en su parte dispositiva "RESUELVE PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los RECURSOS DE REVISION interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea al recurrente la información solicitada".TERCERO: Declarar Sin lugar lo referente a: Nombre de los Ejecutivos y Empleados del Instituto de Previsión Social del periodista (IPP), beneficiados de activos as través del otorgamiento de Créditos personales e hipotecarios", en virtud de considerar que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, esta información contiene datos personales son confidenciales y estos deben ser protegidos siempre al tenor de lo preceptuado en el artículo 3 numeral 7) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA", en el numeral Cuarto señala que se pone fin a la vía administrativa y en caso de no interponer la acción de amparo adquiere firmeza dicha resolución.- CONSIDERANDO (5): La Recurrente desarrolla el quebranto de garantías constitucionales de la siguiente manera: Con la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha 31 de octubre del año 2016, se vulnera el artículo 321 contentivo del principio de legalidad, en cuanto a que, "los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la el es nulo e implica responsabilidad" el Artículo 82 contentivo del Derecho de Defensa, Artículo 90 del Debido proceso, todos constitucionales. La recurrente manifiesta que las diligencias administrativas en las que se ha dictado el acto que se impugna, se contrae a un improcedente e ilegal "recurso de revisión administrativos presentado por el señor Boanerges Gustavo Palencia Cruz (Periodista y miembro del Instituto de Previsión social del periodista), ante la negativa de su representada de brindarle la información solicitada mediante la Plataforma del Sistema SIELHO (Sistema de Información Electrónico de Honduras del Instituto de Acceso a la información Pública, sin que su representada sea una institución obligada de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Públicas, Haciendo la observación que “no obstante su representada como Ente público no estatal, eminentemente gremial, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó al periodista BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, la información solicitada por medio del conducto del cual hizo uso el solicitante.- CONSIDERANDO (6): Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en cumplimiento a la información solicitada remitió a esta Sala el Informe de fecha 06 de noviembre del año 2017, en relación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su numeral CUARTO establece: “Que este mismo precepto jurídico define en su artículo 3 numeral 4 las instituciones obligadas por esta ley a brindar información, estableciendo como sujetos obligados a: a) el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del estado; b) las organizaciones no gubernamentales (ong´s), las organizaciones privadas de desarrollo (opd´s) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen sea nacional o extranjero sea por si mismo o a nombre del Estado o donde este haya sido garante y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. Al respecto y en base a la LEY DEL INSTITUTIO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, creada mediante Decreto 190-85, específicamente en el artículo 27 literal a), establece literalmente: que “los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son a) Una contribución del Estado equivalente al 2.5% del impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986 y a partir de 1987 el porcentaje será del 5% en virtud del decreto 85-84 artículo 17 aplicado a los servicios y publicidad y propaganda comercial escrita radial y televisiva. El Estado transferirá trimestralmente al instituto esta recaudación. Asimismo mediante Decreto No. 91-86 de fecha primero de agosto de 1986 establece la reforma al artículo 27 literal a) del Decreto 190-85 de fecha 4 de diciembre de 1985, el cual se leerá así: Artículo 27 Los recursos del Instituto de Previsión Social del periodista son a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84, artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial y televisada: Las transferencias al Instituto la verificará el Estado trimestralmente.- CONSIDERANDO (7): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública en el informe (Fs.38, al 50 pieza de amparo), antes relacionado en su párrafo quinto señala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se han realizado transferencias bancarias al Instituto de Previsión Social del periodista (IPP) y se acreditan dichas transferencias según memorando TGR-DP-329-2015 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas el detalle de las transferencias realizadas por el Estado de Honduras al Instituto de Previsión Social del periodista entre los años 2007 al 2015, información en la que el Instituto de Acceso a la Información Pública argumenta la obligatoriedad del Instituto de Previsión Social del periodista, de hacer pública su gestión y así mismo en memorando NO: TGR-DP-310-2017, de fecha 30 de octubre del 2017, en el cual se establecen los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017.(Informe acompañado del soporte documental para su acreditación).- CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: "Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. Las transferencias al Instituto la verificarán el Estado trimestralmente". Por otra parte están los memorandos rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: TGR-DP-329-2015 de fecha 16 de septiembre del 2015 y TGR-DP-310-2017 de fecha 30 de octubre del 2017. Por lo antes expuesto se determina la obligatoriedad del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA como una institución obligada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia, ha seguido el procedimiento establecido en la ley.- CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa.- CONSIDERANDO (10): Que el Ministerio Público a través de su representante, después del estudio y análisis jurídico de los antecedentes, emitió dictamen en fecha 05 de diciembre del 2017, pronunciándose porque no se otorgue el amparo solicitado.- CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Y a solicitud del abogado FRANKLIN ARNULFO SANCHEZ VALLADARES, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0504-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra la Resolución No. SE-18-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR un recurso de Revisión, promovida por el Señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en contra del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que mediante la Plataforma Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), el Señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, interpuso: A) Recurso de Revisión, en fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 071-2016-R; B) Recurso de Revisión, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 072-2016-R; C) Recurso de Revisión, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), quedando registrado bajo el numero 073-2016-R; todos en contra del INSTITUCION DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), solicitando que se declare CON LUGAR el recurso, se entregue la información solicitada, y en caso de no hacerlo, que se le apliquen las sanciones que establece la Ley. (Folios 1–12 del antecedente)- 2) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (16), la citada Institución, dispuso acumular los siguientes procesos: Nº 071-2016-R, 072-2016-R, 073-2016-R, relacionadas en el numeral anterior, al apreciarse los recursos son interpuestos por el mismo recurrente, contra la misma autoridad recurrida, y a través del mismo procedimiento, estima que es lo procedente para efectos de que constituyan un solo proceso y terminen en una sola resolución, manteniendo la continuidad y unidad de la causa. (Folios 13 y 14 del antecedente).- 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la citada Institución dictó la Resolución No. SE-018-2017, mediante la cual Resuelve: (SIC) “PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los RECURSOS DE REVISION interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP) en virtud de no haber dado respuesta a las solicitudes de información en el plazo establecido en el articulo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea al recurrente la información relacionada a: “a) El monto de los activos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), destinados entre los años de 1987 y 2016 al pago de la póliza de gastos medico-hospitalarios de los ejecutivos y empleados del ente, u otros montos erogados por este concepto en los años que no existía o no se suscribió póliza de gastos médicos-hospitalario; b) una copia del acta de junta directiva en la que se resolvió financiar con activos del instituto de previsión social del periodista (IPP), a través de una póliza de seguro o pagos directos del sistema del beneficio de gastos medico-hospitalarios a los ejecutivos y empleados del ente. c) El nombre de los ejecutivos y empleados del instituto de Previsión Social el Periodista (IPP), incorporados a la póliza colectiva de gastos médicos suscrita por el ente de previsión; y d) una copia de la póliza colectiva de gastos médicos suscrita por el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en la cual se incorpora a los ejecutivos y empleados del ente en previsión”. TERCERO: Declarar SIN LUGAR lo referente a “Nombre de los ejecutivos y empleados del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), beneficiarios de activos del instituto a través del otorgamiento de créditos personales e hipotecarios”, en virtud de considerar que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información esta información contiene datos personales confidenciales y estos deben ser protegidos siempre, al tenor de lo preceptuado en el articulo 3 numeral 7) relacionado con el articulo 24 y 25 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la Republica; 41, 44, 47 Y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 53 del Reglamento De La Ley De Transparencia y Acceso A La Información Publica, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Articulo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA), para los efectos legales correspondientes.” (Folios 32–35 del antecedente).- 4) Que la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra la Resolución No. SE-18-2017, de fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 183 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–9 y 25 de la presente Recurso).- 5) Que en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista.” (Folios 71–77 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución No. SE- 18-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, que declaró con lugar un Recurso de REVISIÓN promovido por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ contra EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (Exp. No.072-073-074-2016 R).- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo, señala como antecedentes que mediante la plataforma del sistema SIELHO, Sistema de información electrónica de Honduras del Instituto de Acceso a la Información Pública, el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en su condición personal presentó tres Recursos de Revisión en fecha 28 de octubre, 02 y 04 de noviembre del año 2016, los que una vez recibidos fueron acumulados bajo expediente administrativo No.072-073-074-2016 R).Sigue manifestando que "el Licenciado Edwin Romero García, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Social del Periodista, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó al periodista BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, la información solicitada, por medio del conducto del cual hizo uso el solicitante, misma que le fue puesta a su disposición, manifestando su disconformidad con la misma, el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha 20 de marzo del año 2017 dictó Resolución No. SE-18-2017 que en su parte dispositiva "RESUELVE PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los RECURSOS DE REVISION interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea al recurrente la información solicitada".TERCERO: Declarar Sin lugar lo referente a: Nombre de los Ejecutivos y Empleados del Instituto de Previsión Social del periodista (IPP), beneficiados de activos as través del otorgamiento de Créditos personales e hipotecarios", en virtud de considerar que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, esta información contiene datos personales son confidenciales y estos deben ser protegidos siempre al tenor de lo preceptuado en el artículo 3 numeral 7) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA", en el numeral Cuarto señala que se pone fin a la vía administrativa y en caso de no interponer la acción de amparo adquiere firmeza dicha resolución.- CONSIDERANDO (5): La Recurrente desarrolla el quebranto de garantías constitucionales de la siguiente manera: Con la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública en fecha 31 de octubre del año 2016, se vulnera el artículo 321 contentivo del principio de legalidad, en cuanto a que, "los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la el es nulo e implica responsabilidad" el Artículo 82 contentivo del Derecho de Defensa, Artículo 90 del Debido proceso, todos constitucionales. La recurrente manifiesta que las diligencias administrativas en las que se ha dictado el acto que se impugna, se contrae a un improcedente e ilegal "recurso de revisión administrativos presentado por el señor Boanerges Gustavo Palencia Cruz (Periodista y miembro del Instituto de Previsión social del periodista), ante la negativa de su representada de brindarle la información solicitada mediante la Plataforma del Sistema SIELHO (Sistema de Información Electrónico de Honduras del Instituto de Acceso a la información Pública, sin que su representada sea una institución obligada de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Públicas, Haciendo la observación que “no obstante su representada como Ente público no estatal, eminentemente gremial, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó al periodista BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, la información solicitada por medio del conducto del cual hizo uso el solicitante.- CONSIDERANDO (6): Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en cumplimiento a la información solicitada remitió a esta Sala el Informe de fecha 06 de noviembre del año 2017, en relación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su numeral CUARTO establece: “Que este mismo precepto jurídico define en su artículo 3 numeral 4 las instituciones obligadas por esta ley a brindar información, estableciendo como sujetos obligados a: a) el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del estado; b) las organizaciones no gubernamentales (ong´s), las organizaciones privadas de desarrollo (opd´s) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen sea nacional o extranjero sea por si mismo o a nombre del Estado o donde este haya sido garante y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. Al respecto y en base a la LEY DEL INSTITUTIO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, creada mediante Decreto 190-85, específicamente en el artículo 27 literal a), establece literalmente: que “los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son a) Una contribución del Estado equivalente al 2.5% del impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986 y a partir de 1987 el porcentaje será del 5% en virtud del decreto 85-84 artículo 17 aplicado a los servicios y publicidad y propaganda comercial escrita radial y televisiva. El Estado transferirá trimestralmente al instituto esta recaudación. Asimismo mediante Decreto No. 91-86 de fecha primero de agosto de 1986 establece la reforma al artículo 27 literal a) del Decreto 190-85 de fecha 4 de diciembre de 1985, el cual se leerá así: Artículo 27 Los recursos del Instituto de Previsión Social del periodista son a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84, artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial y televisada: Las transferencias al Instituto la verificará el Estado trimestralmente.- CONSIDERANDO (7): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública en el informe (Fs.38, al 50 pieza de amparo), antes relacionado en su párrafo quinto señala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se han realizado transferencias bancarias al Instituto de Previsión Social del periodista (IPP) y se acreditan dichas transferencias según memorando TGR-DP-329-2015 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas el detalle de las transferencias realizadas por el Estado de Honduras al Instituto de Previsión Social del periodista entre los años 2007 al 2015, información en la que el Instituto de Acceso a la Información Pública argumenta la obligatoriedad del Instituto de Previsión Social del periodista, de hacer pública su gestión y así mismo en memorando NO: TGR-DP-310-2017, de fecha 30 de octubre del 2017, en el cual se establecen los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017.(Informe acompañado del soporte documental para su acreditación).- CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: "Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. Las transferencias al Instituto la verificarán el Estado trimestralmente". Por otra parte están los memorandos rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: TGR-DP-329-2015 de fecha 16 de septiembre del 2015 y TGR-DP-310-2017 de fecha 30 de octubre del 2017. Por lo antes expuesto se determina la obligatoriedad del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA como una institución obligada a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia, ha seguido el procedimiento establecido en la ley.- CONSIDERANDO (10): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa.- CONSIDERANDO (10): Que el Ministerio Público a través de su representante, después del estudio y análisis jurídico de los antecedentes, emitió dictamen en fecha 05 de diciembre del 2017, pronunciándose porque no se otorgue el amparo solicitado.- CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0504-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional