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Sentencia AA-503-17 — Registro 17651

Resumen

Acto recurrido contra la Resolución N° SE-16-2017 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) que resolvió recurso de revisión interpuesto. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte, no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA, contra Resolución N° SE-16-2017 distada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (AIP) en fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, que resolvió recurso de revisión interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, contra EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)En fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), el Licenciado BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública Recurso de Revisión sobre la solicitud presentada en fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, ante el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) en la cual no proporcionaron lo solicitado. (Folio 01 al 7 de la pieza del IAP). 2) Que en fecha veinte (20)de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el Instituto de Acceso a la Información Pública, RESOLVIO: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el Licenciado BOANERGES GUSTAVO OALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP).- en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.- SEGUNDO:; Que se tenga por entregada de manera extemporánea la información referente a: Una copia de los contratos de seguros de vida de cada año suscrito y financiado por el Instituto de Previsión Social del periodista (ipp) para beneficiar a sus empleados y ejecutivos entre 1987 y el año 2016, “ Se remitió el contrato de un solo año” TERCERO: Que se ordene al INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP) a través de su titular, a que haga entrega inmediata al Licenciado BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, de la información referente a: “1. El nombre de cada uno de los empleados y ejecutivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) incorporados y beneficiados del seguro de vida adquirido, por el ente de previsión, en cada año entre 1987 y 2016 y 2.- Una copia de los contratos de seguros de vida de cada año suscrito y financiado por el Instituto de Previsión Social del periodista (ipp) para beneficiar a sus empleados y ejecutivos entre 1987 y el año 2016”; Con la salvedad en el inciso 2. Del año en el cual ya se hizo entrega al recurrente.- CUARTO: Se instruye a la Secretaria General para que proceda la apertura del expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente Licenciado BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ al INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), conforme Al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, contenido en acuerdo SE 007-2014, publicado en el diario oficial la Gaceta, en fecha doce de marzo del 2014. QUINTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública la misma quedara firme con los efectos pertinentes SEXTO: Extiéndase certificación íntegra de esta resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8), DE LA Ley de Fortalecimiento e los ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA) para los efectos legales correspondientes.(folio 39 al 42 de la pieza del AIP). 3)Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, interpuso acción de amparo en aplicación al artículo 43 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra la Resolución N° SE-16-2017 de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (folio del 1 al 5 de la pieza de amparo). 4) Que en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) se tiene por admitido el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA, contra actuaciones del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), asimismo se ordena Librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida. (folio 9 de la pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) esta Sala de lo Constitucional tiene por recibidos los antecedentes con procedencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) del cual se desprende.- (Folios 16 de los antecedentes). 6) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folios 26 de la pieza de amparo). 7) Que con fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SUSSY G COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 50 al 54 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución No. SE- 16-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, que declaró con lugar un Recurso de REVISIÓN promovido por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ contra EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (Exp. No.063-2016 R). CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo, expone que en la formación del Expediente Administrativo No. 063-2016 R, el Instituto de Acceso a la Información Pública admitió el recurso de Revisión presentado por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ. Que el Licenciado Dagoberto Rodríguez Coello en su condición de actual Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista, atendiendo el deber de rendir cuentas a sus agremiados y de ser transparente en sus gestiones, trasladó al señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, la información solicitada por medio del canal del cual hizo uso, misma que le fue puesta a su disposición, manifestando su disconformidad con la misma. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente manifiesta que en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el Instituto de Acceso a la Información Pública RESUELVE: PRIMERO: declarar con lugar el recurso de REVISIÓN presentado por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en su condición personal contra el INSTITUTO DE PREVENSIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IAPP), en virtud de que no se le dio respuesta a su petición de información en el plazo que establece la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 21. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea al recurrente la información solicitada “2 una copia de los contratos de seguro de vida de cada año suscrito y financiado o por el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) para beneficiar a sus empleados y ejecutivos entre 1987 y el año 2016, “se remitió el contrato de un solo año”.TERCERO: “Que se ordene al INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP) a través de su titular, a que haga entrega inmediata al Licenciado BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, de la información referente a:1) El nombre de cada uno de los empleados y ejecutivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), incorporados y beneficiados del Seguro de Vida adquirido por el ente de previsión, en cada año entre 1987 y 2016; y, 2) Una copia de los contratos de seguro de vida de cada año suscrito y financiado por el Instituto de Previsión Social del periodista (IPP) para beneficiar a sus empleados y ejecutivos entre 1987 y el 2016”, con la salvedad en el inciso 2 del año en cual ya se hizo entrega al recurrente. CUARTO: se instruye a la Secretaría General para que proceda aperturar expediente sancionatoria con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente…, conforme al Reglamento de Sanciones por infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contenido en el acuerdo SE- 007-2014 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 21 de marzo del 2014. CONSIDERANDO (6): Que la impetrante manifiesta que el Instituto de Acceso a la Información Pública, pretende considerar al INSTITUTO DE PREVENSIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IAPP), como una institución obligada de las referidas en el artículo 3 definición 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin que el dicho Instituto de previsión se encuentre incluido en esa norma legal. Dejando establecido que la Ley creadora de dicho Instituto de Previsión lo define como: organismo de Derecho Público no estatal, gremial sin de lucro, donde sus recursos provienen de fuentes internas o externas, por lo que es del criterio que la resolución recurrida no obliga a su representada, ni le es aplicable por contravenir, disminuir y tergiversar el derecho del debido proceso, el principio de legalidad constitucional y procesalmente establecido, reitera que el artículo 3 definición 4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública identifica a los sujetos obligados, estableciendo los presupuestos necesarios, que no se dan en el caso del Instituto Nacional de Periodista. Concluyendo, que al estar excluido el Instituto de Previsión del Periodista de ese ámbito de competencia, “consecuentemente la Resolución No. SE-016-2017 de fecha veinte (29) de marzo del dos mil diecisiete (2017), dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública es nula, por haber sido dictada por un órgano absolutamente incompetente por cuanto el Instituto de Previsión Social del periodista no ostenta la categoría de institución obligada”. Además, ofrece medios de prueba entre ellos el memorando de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencia SDP-JD-105-2013 de fecha 23 de enero del 2013, de transferencia de fondos a favor del Instituto de Previsión Social del Periodista, la que se ve reflejada en la Certificación de fecha 28 de octubre del 2016, con lo que pretende acreditar que su representada no recibe fondos públicos. CONSIDERANDO (7): Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en cumplimiento a la información solicitada remitió a esta Sala el expediente No. 063-2016-R, corriendo a folio 13 del mismo el Dictamen No. USL-139-2016, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), señala en el párrafo “DECIMO CUARTO: Que el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), es una Institución obligada a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 numeral 4) de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, señalando las instituciones obligadas a)…, b)…, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. CONSIDERANDO (8): Que el dictamen emitido por la institución recurrida expone una relación detallada de las actuaciones y fundamentos de derecho que la respaldan para decidir sobre el recurso de Revisión presentado por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, contra el Instituto de Previsión Social del periodismo (IPP).En el párrafo VIGESIMO CUARTO, deja establecido “Que en el presente caso se pudo comprobar que el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISMO (IPP), no dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información realizada por el Licenciado BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, quien actúa en su condición personal, por lo que se incurre en una de las causales establecidas en el artículo 52 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA por lo que consideró procedente, Primero: Declarar la procedencia del presente Recurso de Revisión; Segundo tener por entregada de manera extemporánea al recurrente, la información solicitada…, Tercero: Que se ordene al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) a través de su titular Licenciado EDWIN NATIVIDAD ROMERO GARCIA, a que haga entrega inmediata el Licenciado BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ de la información referente a: 1) El nombre de cada uno de los empleados y ejecutivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), incorporados y beneficiados del Seguro de Vida adquirido por el ente de previsión, en cada año entre 1987 y 2016; y, 2) Una copia de los contratos de seguro de vida de cada año suscrito y financiado por el Instituto de Previsión Social del periodista (IPP) para beneficiar a sus empleados y ejecutivos entre 1987 y el 2016”, con la salvedad en el inciso 2 del año en cual ya se hizo entrega al recurrente. Cuarto; que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, en su artículo 27 inciso a) dispone que: “Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. Las transferencias al Instituto la verificarán el Estado trimestralmente”. Por otra parte, de acuerdo al memorando SDP-105-2013, SE AUTORIZÓ EL PAGO mediante el SIAFI con cargo a la estructura presupuestaria, a beneficio del Instituto Nacional del Periodista, para gastos de funcionamiento como parte de la cuota asignada en el presupuesto 2013. En el Memorando No. DGP-ES-14-2018. se adjuntan los Reportes generados de SIAFI denominados pagos por Beneficios, que corresponden a las transferencias de pago realizadas al Instituto de Previsión Social del periodista del 2007, a 2014 y gestión del 2017, que se aprecian a folios Treinta y Cinco al Cuarenta y Cuatro inclusive (F. 35 al 44) de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia, ha seguido el procedimiento establecido en la ley. CONSIDERANDO (11): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte, no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público a través de su representante, después del estudio y análisis jurídico de los antecedentes, emitió dictamen en fecha 16 de agosto del año 2018, pronunciándose porque no se otorgue el amparo solicitado. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0503-2017.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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