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Sentencia AA-481-18 — Registro 11585

Resumen

Acto recurrido que declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por la señora Luisa Maria Cruz Díaz en su condición de Pro-Secretaria de la Junta Directiva de la ADUNAH, contra el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH) en virtud de no haber dado respuesta a una solicitud de información, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento administrativo de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que la Administración Pública ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..." …" Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión administrativa objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso administrativo, como declarar con lugar un recurso de revisión, en materia de acceso a la información pública, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Irinaldo Macias Rivera a favor del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), contra la resolución No.SO-088-2018 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha treinta de enero del dos mil dieciocho, que declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por la señora Luisa Maria Cruz Díaz en su condición de Pro-Secretaria de la Junta Directiva de la ADUNAH, contra el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH) en virtud de no haber dado respuesta a una solicitud de información. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los Artículos 59, 64 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado Irinaldo Macías Rivera interponiendo acción de amparo a favor del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), contra la resolución No.SO-088-2018 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha treinta de enero del dos mil dieciocho, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-8 del recurso) 2) Que en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito sin suspensión del acto reclamado, en virtud de no aportarse por parte del recurrente, elementos suficientes que permitieran que este Tribunal considerara la concurrencia de lo contemplado en el Artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ordenándose así, librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 17 del amparo) 3) Recibido que fue el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, se desprende del mismo la resolución No.SO-008-2018 objeto del presente recurso, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, donde el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió: Primero: Declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la Licenciada Luisa Maria Cruz Díaz, quien actúa en su condición de Pro-Secretaria de la Junta Directiva de la ADUNAH, contra el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y articulo 52 numeral 1) del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por cuanto es una institución obligada de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud que es una institución exonerada del pago de impuestos sobre la renta según lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, por consiguiente sujeta a lo preceptuado en el Artículo 3 numeral 4) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que serán sujetos obligados aquellos que: “estén exentos del pago de impuestos.” Segundo: Se ordene al Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH) a través de su titular a hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información referente a: “Los nombres de las personas que conforman las Juntas Directivas de los Centros Regionales del SIDUNAH; de igual manera y de no mediar inconveniente, se le solicita copia de las certificaciones de punto de las Actas de Asambleas en las que se han elegido dichas Juntas Directivas de Centros Regionales.” Tercero: Se exhorte al Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH) a dar trámite en tiempo y forma a todas las solicitudes de información que le sean presentadas, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de esta exhortación, se le aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las que establezcan Código de Conducta Ética del Servidor Público y otras leyes. Cuarto:…. (Folios 38-41 del antecedente) 4) En fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, al Abogado Irinaldo Macias Rivera, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 33 del recurso de amparo) 5) Que esta Sala, en fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Yulibeth Garay Hernández, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: …Que de la cuestión traída a examen: El amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales consagradas en los Artículos 54, 64, 82, 90 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el caso de autos, el Ministerio Público concluye: De las actuaciones que constan en autos se desprende: Que el alegato central del recurrente en el escrito de interposición de la presente acción de amparo radica en que considera: Que la persona solicitó la información y a su vez a la que le solicitaron la misma, no tienen la representación legal para solicitar ni para brindar la información requerida y que el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), no es una institución obligada. Frente a tales alegatos, se observa lo siguiente: Que el derecho de Acceso a la Información Pública, es un Derecho Humano, garantizado por la Constitución de la República, de manera que toda persona tiene derecho a solicitar información y obtener pronta respuesta en el plazo legal; el cual se define de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como: El derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma. Que el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), es una institución obligada, en virtud que es una institución exonerada del pago de impuestos sobre la renta, según lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en consonancia con lo establecido en el Artículo 3 numeral 4 que señala: Instituciones Obligadas: a)…b)…, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. De lo antes previsto, se aprecia que la institución obligada fue efectivamente requerida para la entrega de la información, en razón de lo cual en fecha 28 de agosto del 2017, la Licenciada Maribel Guerrero Velásquez, en su condición de Secretaria de la Junta Directiva del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), a efecto de dar respuesta al requerimiento realizado por el (IAIP), presentó documento mediante el cual señala que el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), no es una institución obligada, lo cual lo hizo dentro de este proceso del recurso de revisión, tal y como se puede observar en autos. Desprendiéndose de los antecedentes citados, que efectivamente el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH) es una institución obligada, la cual no hizo entrega de la información pública solicitada dentro de los términos estipulados en el Artículo 21 de la Ley del IAIP, lo cual de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52 del Reglamento de Sanciones por Infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala como una causal para la procedencia del recurso de revisión. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista.” CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado Irinaldo Macias Rivera a favor del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), se dirige contra la Resolución No.SO-088-2018 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha treinta de enero del dos mil dieciocho, que declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por la señora Luisa Maria Cruz Díaz en su condición de Pro-Secretaria de la Junta Directiva de la ADUNAH, contra el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que el acto impugnado no se encuentra conforme a derecho cuando los criterios de la Ley de Acceso a la Información Pública, para ubicar un ente dentro de su competencia, es decir conceptuarlo como institución obligada, excluyen sin duda al Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), no es, pues, que esta entidad caprichosamente deba excluirse de esa competencia, es que no está incluida dentro de ella. Además, que la solicitante no tener la capacidad legal para actuar como lo hace. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, en fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Pública basa su resolución en que el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), es una institución obligada, al tenor de lo depuesto en el Artículo 3, numeral 4) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en el presente caso se pudo comprobar que el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SIDUNAH), siendo una institución obligada no dio respuesta en el plazo de diez días hábiles a la solicitud de información realizada por la señora Luisa Maria Cruz Díaz. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso Al procedimiento administrativo sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del procedimiento administrativo de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que la Administración Pública ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión administrativa objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso administrativo, como declarar con lugar un recurso de revisión, en materia de acceso a la información pública, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-481-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL