Sentencia AA-48-18 — Registro 11424
Resumen
Resolución que declaró con lugar recurso de revisión interpuesto por la Licenciada Luisa María Cruz Díaz,actuando en su condición de Pro-Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en contra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en virtud de no haber dado respuesta a solicitud de información, en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública relativa al informe de avance con relación al cumplimiento de Acuerdo firmado por el MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO (MEU) y de las nuevas acciones legales emprendidas por la toma del edificio Administrativo por parte de un grupo de estudiantes. Ante la negativa de diferentes instancias de la UNAH, a entregar dicha información solicitada,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la descrita Resolución del IAIP que declara Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la Licenciada LUISA MARÍA CRUZ, en la calidad antes expresada, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en virtud la falta de respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Folios del 18 al 21fv de la pieza de antecedentes del IAIP) CONSIDERANDO (7): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria, en respeto al debido proceso y principio de legalidad, lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones” . En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación . Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones” . CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que mediante providencia de fecha 24 de julio del año 2017, el IAIP ordenó requerir a la Doctora Julieta Castellanos, en su condición de Rectora de la UNAH, a afecto que en el plazo de tres (3) días hábiles remitiera al IAIP los antecedentes relacionados al Recurso de Revisión interpuesto por la Licenciada LUISA MARÍA CRUZ, en su calidad de Prosecretaria de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN en referencia (ADUNAH) contra la UNAH; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrían las sanciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; requerimiento que si bien, se cumplimentó en el plazo concedido por el IAIP a la Rectora de la UNAH, no acredita la entrega de la información en tiempo y forma, a satisfacción del recurrente y en el ámbito normativo que preestablece el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO (10): Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), es un órgano desconcentrado de la administración pública, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública; entre las funciones y atribuciones del IAIP se encuentra la de: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 2. Aplicar el marco sancionatorio de la presente Ley. En ese orden de ideas, el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en cuanto a las infracciones administrativas en el numeral 1 la siguiente: “1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso;…”. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando en la parte motiva de su resolución que la información no fue brindada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a letra establece: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.”; asimismo ordenando se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en los artículos 94 y 321 de la Constitución de la República, inter alia, en completa concordancia a las atribuciones conferidas por ley al IAIP. CONSIDERANDO (12): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando a la impetrante, los derechos de defensa y debido proceso, así como el principio constitucional de legalidad; declaraciones, garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional; observándose en el caso de estudio la aplicación de la Ley al caso concreto, en lectura conforme con el bloque de convencionalidad; por lo cual lo se estima procedente denegar la garantía constitucional bajo estudio"
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[4] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[5]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[6]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[7].
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No. SO-102-2017, dictado por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de revisión interpuesto por la Licenciada LUISA MARIA CRUZ en su condición Pro-Secretaria de la JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de julio del dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Instituto de Acceso de la Información Pública (IAIP), la licenciada LUISA MARIA CRUZ, en su condición de Pro Secretaria de la Asociación de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), interponiendo Recurso de Revisión, ante la negativa de las diferentes instancias de la UNAH de entregar la información solicitada, mediante los oficios Nos. 056-2017-JD-ADUNAH, 067-2017-JD-ADUNAH y 068-2017-JD-ADUNAH.- Siendo admitido dicho recurso en fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. (Folios 1–05 del antecedente) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Instituto de Acceso a la Información Pública, dictó la Resolución No. SO-102-2017, mediante la cual Resuelve: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por la Licenciada LUISA MARIA CRUZ DIAZ, actuando en su condición de Pro-Secretaria de la JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información, en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregado el Oficio RU-No. 699-2017 de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en donde se indica el lugar (sitio web, portal de transparencia) donde se encuentra disponible la información solicitada por la recurrente, haciendo la aclaración que la Licenciada LUISA MARIA CRUZ DIAZ, no se pronunció si se encontraba conforme o no con la información remitida a este Instituto por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), tal y como se demuestra en el informe que corre agregado a folio once (11) del presente curso de autos. TERCERO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega a tiempo la información solicitada por la recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)….” (Folios 19–21 del antecedente) 3) Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No. SO-102-2017, de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–18 y 29 de la presente Recurso) 4) Que en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen, en el cual se tuvo como consideración especial, que si bien la institución obligada, requerida que fue para la entrega de la información, entregó la misma en los plazos de requerimiento. No obstante, de ello se desprende también la extemporaneidad de la acción, pues no se informó a la solicitante dentro de los plazos contemplados en el artículo 21 de la IAIP, con relación al artículo 52 de su Reglamento de Sanciones por infracción a la Ley. - Por lo cual fue de la opinión porque: “QUE SE DENIEGUE” el presente amparo, al no existir vulneración de la garantía invocada por el amparista”; (Folios 33–36 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecisiete (2017), fecha en la que compareció ante la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), [1] la Licenciada LUISA MARÍA CRUZ, en su calidad de Prosecretaria de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (ADUNAH), [2] solicitando información pública relativa al informe de avance con relación al cumplimiento de Acuerdo de fecha 20 de julio de 2016, firmado por el MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO (MEU) y de las nuevas acciones legales emprendidas por la toma del edificio Administrativo los días 24 y 25 de mayo de dicho año, por parte de un grupo de estudiantes. Ante la negativa de diferentes instancias de la UNAH, a entregar la información solicitada, compareció la Licenciada LUISA MARÍA CRUZ, en la calidad antes expresada, ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP),[3] en fecha 21 de julio de 2017; interponiendo Solicitud de Recurso de Revisión al no habérsele proporcionado la información pública solicitada por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). CONSIDERANDO (4): Que en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No.SO-0102-2017 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión a que se hace referencia en el anterior Considerando; resolución que declara CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por la Licenciada LUISA MARÍA CRUZ, en su calidad de Prosecretaria de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN en referencia (ADUNAH)contra la UNAH; considerando el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, que asisten a su representada, así como respecto al principio constitucional de legalidad; contenidos en lo preceptuado en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que en formalización de la acción constitucional promovida, sostiene el recurrente que es evidente la violación al debido proceso y al derecho de defensa, en vista que su representada nunca se personó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como parte del proceso, no obstante que su representada se ha limitado a cumplir con lo solicitado o requerido por dicho Instituto, por lo cual al dictar una resolución en contra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sin que la misma sea escuchada en el proceso, la deja en estado de indefensión. Argumenta el recurrente en Amparo, que el Código Procesal Civil desarrolla en su artículo 3 el debido proceso, que establece a las partes el derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones y que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; garantía que no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública y que, en este caso, la UNAH nunca formó parte formal del proceso, pero, en cambio, la resolución si le afecta de manera directa; por lo cual solicita el otorgamiento de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la descrita Resolución del IAIP que declara Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la Licenciada LUISA MARÍA CRUZ, en la calidad antes expresada, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en virtud la falta de respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Folios del 18 al 21fv de la pieza de antecedentes del IAIP) CONSIDERANDO (7): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria, en respeto al debido proceso y principio de legalidad, lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[4] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[5]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[6]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[7]. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que mediante providencia de fecha 24 de julio del año 2017, el IAIP ordenó requerir a la Doctora Julieta Castellanos, en su condición de Rectora de la UNAH, a afecto que en el plazo de tres (3) días hábiles remitiera al IAIP los antecedentes relacionados al Recurso de Revisión interpuesto por la Licenciada LUISA MARÍA CRUZ, en su calidad de Prosecretaria de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN en referencia (ADUNAH) contra la UNAH; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrían las sanciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; requerimiento que si bien, se cumplimentó en el plazo concedido por el IAIP a la Rectora de la UNAH, no acredita la entrega de la información en tiempo y forma, a satisfacción del recurrente y en el ámbito normativo que preestablece el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO (10): Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), es un órgano desconcentrado de la administración pública, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública; entre las funciones y atribuciones del IAIP se encuentra la de: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 2. Aplicar el marco sancionatorio de la presente Ley. En ese orden de ideas, el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en cuanto a las infracciones administrativas en el numeral 1 la siguiente: “1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso;…”. CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando en la parte motiva de su resolución que la información no fue brindada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a letra establece: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.”; asimismo ordenando se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en los artículos 94 y 321 de la Constitución de la República, inter alia, en completa concordancia a las atribuciones conferidas por ley al IAIP. CONSIDERANDO (12): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando a la impetrante, los derechos de defensa y debido proceso, así como el principio constitucional de legalidad; declaraciones, garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional; observándose en el caso de estudio la aplicación de la Ley al caso concreto, en lectura conforme con el bloque de convencionalidad; por lo cual lo se estima procedente denegar la garantía constitucional bajo estudio. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 8, 11, 21 y 27.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra la Resolución No. SO-102-2017, dictado por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017) dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0048-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En adelante UNAH.
[2] En adelante ADUNAH.
[3] En Adelante IAIP.
[4] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[5] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[6] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[7] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf