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Sentencia AA-448-18 — Registro 11584

Resumen

Auto resolutivo dictado por la directora interna del INJUPEMP, que declaro sin lugar la solicitud de excedentes derivados de todas las actividades financieras y de inversión que actualmente realiza dicha institución

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida las garantías constitucionales que se invocan como infringidas, observando que con la emisión de la resolución impugnada se ha garantizado la tutela judicial efectiva cumpliendo con las formalidades derechos y garantías que la Ley constitutiva y el Reglamento del INJUMPEMP establecen dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que la resolución impugnada que orientaron su decisión, se ha respetado el derecho de petición, derecho a la defensa, el debido proceso y por consiguiente al principio de legalidad y demás garantías enunciadas en el amparo interpuesto, principios que la Constitución regula como derechos fundamentales a la persona humana como fin primordial de la sociedad..." ..." Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes. Que este Sala de lo Constitucional es del criterio que al impetrante se le han garantizado durante el proceso administrativo el derecho a la defensa, al debido proceso y al principio de legalidad, y que la decisión de Inadmitir la petición no implica una vulneración al derecho de petición, siendo que el órgano emisor ha indicado las razones debidamente motivando su resolución, consecuentemente no se deriva ningún irrespeto a la garantía constitucional del debido proceso, ya que por un lado no existe norma adjetiva que haya sido inobservada y, por otro, la inadmisión fue emitida por un órgano del INJUMPEMP, por lo que esta Sala de lo Constitucional estima que por las razones anteriormente expuestas considera que el amparo debe ser denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA a favor de la Organizaciones Sindicales siguientes y a través de sus representantes legales: ORLANDO MEJIA TERCERO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS (SITRATELH); JOSE ILARIO ESPINOZA HERRERA, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL HOSPITAL ESCUELA (SEPHE); EDVIN EDGARDO CANALES, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMFERMERAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE (SITRAEHSANFE), ALFREDO PONCE, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE HONDURAS CORREOS (SITRAHONDUCOR); MARIA DEL CARMEN REYES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION DE HONDURAS (SIESPEH); LUIS ALBERTO OSORTO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (SITRAENAG); JAVIER EDUARDO RIVERA SANABRIA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SITRACONAPID); JOSE OSWALDO MARROQUIN HERNANDEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SALUD DE HONDURAS (SITRASAH); JOSE ARMANDO FLORES JIMENEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ORIENTE DE HONDURAS (SITRASAHO); MELVIN RAFAEL SIERRA MONTOYA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPLEADOS (SITRAEP- INSEP); JOSUE JEREMIAS ORELLANA MUÑOZ, en su condición de presidente de la ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (0S) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH); EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE quien comparece en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE); MARIO DE JESUS SALES ALVARENGA, en su condición de presidente de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL (ANFEPJ); ALFONSO MONTOYA FLORES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE HOSPITALES DE LA REGIÓN SUR (SIETPH-RS); JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP); ROBERTO SEVILLA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE PREVISION MAGISTERIAL (SITRAINPREMA); MIGUEL ANGEL MEJIA MALDONADO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MEDICINA HOPITALES Y SIMILARES (SITRAMEDHYS), contra el auto resolutivo dictado por la directora interna del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARISO DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que declaro sin lugar la solicitud de excedentes derivados de todas las actividades financieras y de inversión que actualmente realiza dicha institución; promovida por los SINDICATO DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS (SITRATELH), SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL HOSPITAL ESCUELA (SEPHE), SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMFERMERAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE (SITRAEHSANFE), SINDICATO DE TRABAJADORES DE HONDURAS CORREOS (SITRAHONDUCOR) SINDICATO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION DE HONDURAS (SIESPEH) , SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (SITRAENAG), SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SITRACONAPID), SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SALUD DE HONDURAS (SITRASAH), SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ORIENTE DE HONDURAS (SITRASAHO), SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPLEADOS (SITRAEP- INSEP), ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH), SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL (ANFEPJ), SINDICATO DE EMPLEADOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE HOSPITALES DE LA REGIÓN SUR (SIETPH-RS), SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP) SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE PREVISION MAGISTERIAL (SITRAINPREMA), SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MEDICINA HOPITALES Y SIMILARES (SITRAMEDHYS) contra INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 61, 62, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el Abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la Organizaciones Sindicales siguientes y a través de sus representantes legales: ORLANDO MEJIA TERCERO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS (SITRATELH); JOSE ILARIO ESPINOZA HERRERA, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL HOSPITAL ESCUELA (SEPHE); EDVIN EDGARDO CANALES, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMFERMERAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE (SITRAEHSANFE), ALFREDO PONCE, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE HONDURAS CORREOS (SITRAHONDUCOR); MARIA DEL CARMEN REYES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION DE HONDURAS (SIESPEH); LUIS ALBERTO OSORTO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (SITRAENAG); JAVIER EDUARDO RIVERA SANABRIA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SITRACONAPID); JOSE OSWALDO MARROQUIN HERNANDEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SALUD DE HONDURAS (SITRASAH); JOSE ARMANDO FLORES JIMENEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ORIENTE DE HONDURAS (SITRASAHO); MELVIN RAFAEL SIERRA MONTOYA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPLEADOS (SITRAEP- INSEP); JOSUE JEREMIAS ORELLANA MUÑOZ, en su condición de presidente del ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (0S) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH); EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE quien comparece en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE); MARIO DE JESUS SALES ALVARENGA, en su condición de presidente del ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL (ANFEPJ); ALFONSO MONTOYA FLORES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE HOSPITALES DE LA REGIÓN SUR (SIETPH-RS); JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP); ROBERTO SEVILLA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE PREVISION MAGISTERIAL (SITRAINPREMA); MIGUEL ANGEL MEJIA MALDONADO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MEDICINA HOPITALES Y SIMILARES (SITRAMEDHYS), contra el auto resolutivo dictado por la directora interna del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARISO DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la solicitud de excedentes derivados de todas las actividades financieras y de inversión que actualmente realiza dicha institución. (Folios 1–10 del presente Recurso) 2) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018), se admitió el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rindiera informe correspondiente, dentro del término de un (1) día hábil, o remitieran los antecedentes del caso. (Folio 36 al 37 del presente Recurso) 3) Que en fecha tres (3) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a las Autoridades del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEM), en el cual se establece: Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el Abogado VICTOR MANUEL MURILLO, en su condición antes indicada, presentó ante el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), un escrito denominado: “ Se solicita la Institución de un Nuevo Beneficio Económico o Prestación en Concepto de Rendimientos, Utilidades y/o Reparto de Excedentes Derivados de Todas la Actividades Financiera y de Inversión, que actualmente realiza y que haya realizado el INJUPEMP con los fondos de las Aportaciones de los Participantes”. Analizada la solicitud, el INJUPEMP la declaró SIN LUGAR, en razón de las siguientes consideraciones: “… el INJUPEMP, como Institución Previsional sin fines de lucro y de reparto, en el cual los servidores públicos y sus patronos y en su caso el mismo Estado, realizan cotizaciones y aportes con el fin primordial de financiar las prestaciones que otorga el INJUPEMP, brindando una cobertura previsional a los participantes que dejen de laborar por edad avanzada u otra causa que le obligue a retirarse del servicio activo, bajo el esquema de un equilibrio actuarial que asegure perpetuidad de su funcionamiento y garantice el otorgamiento de prestaciones dignas para todos sus participantes; de forma enfática se determina que nuestra ley no contempla el “pago de dividendos” por implementar el INJUPEMP un Sistema Previsional de Beneficio Definido basado en un Régimen de Capitalización Colectiva, con fundamento en los principios de Universalidad (en virtud del cual, todas las personas deben participar de los beneficios del sistema previsional) y Solidaridad (que manda que todos los participantes, en la medida de sus posibilidades, deben contribuir económicamente al financiamiento de aquella prestación que se hace común a todos), siendo nuestro Sistema Previsional muy distinto al Sistema de Capitalización Individual del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). Por ello los rendimientos de las inversiones forman parte del patrimonio institucional y son utilizados para el pago de beneficios previsionales actuales y futuros, ya sea por causa de muerte, invalidez, vejez o separación del sistema, y que de acuerdo al Artículo 48 de la Ley del INJUPEMP, el establecimiento de un nuevo beneficio para los participantes del sistema requiere de contribuciones adicionales tanto del Estado, del Patrono y del afiliado, y cualquier pago no establecido en la estructura de beneficios del INJUPEMP sin el financiamiento correspondiente, pone en riesgo el pago de las pensiones ya otorgadas y las que deban otorgarse a los cotizantes actuales. Por consiguiente El INJUPEMP no considera que se haya menoscabado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, pues su solicitud planteada por la vía administrativa, fue expresamente resuelta por el órgano competente, dentro del plazo legalmente establecido que es de diez días hábiles según el Articulo 84 literal a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, por tratarse de un asunto susceptible de ser resuelto de plano, por lo cual, no aparece ninguna vulneración del Debido Proceso. Asimismo, se refuta que se haya violentado de cualquier manera al impetrante su derecho constitucional de defensa, pues la resolución expresa que le fue emitida a su solicitud, le fue debidamente notificada, ante la cual interpuso en recurso en vía administrativa que estimó pertinente, y el que también tuvo respuesta expresa y oportuna. Finalmente, se deja constancia que si el hoy recurrente en amparo no ha acudido a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la revisión del acto administrativo impugnado, como así le faculta la ley, ha sido por su propia definición, no así, por ningún acto o restricción de parte de esta institución, por todo lo anterior, no considera este Instituto que, mediante el acto administrativo impugnado, se hayan violentado las garantías constitucionales invocadas por el Recurrente…Folio 51–55 del presente Recurso) 4) Que en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de merito, y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emitiera su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 97 del presente Recurso) 5) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no concurrir las infracciones a la igualdad, prohibición de Restringir los Derechos fundamentales, el derecho de petición y la Garantía del Debido Proceso que se ha denunciado. . (Folios 106 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la Ley, por ende en sistemas jurídicos donde existe una Constitución escrita, el principio de supremacía constitucional está estrictamente ligado al Estado de Derecho, en la medida en que la Constitución , en cuanto norma fundamental del ordenamiento jurídico y del funcionamiento de los órganos del Estado asegura que todos los actos del Congreso Nacional y de los demás órganos del Estado se adecuen a su contenido[1]. CONSIDERANDO (4): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (5): Que se conoce el recurso de amparo interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA a favor de la Organizaciones Sindicales siguientes y a través de sus representantes legales: ORLANDO MEJIA TERCERO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS (SITRATELH); JOSE ILARIO ESPINOZA HERRERA, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL HOSPITAL ESCUELA (SEPHE); EDVIN EDGARDO CANALES, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMFERMERAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE (SITRAEHSANFE), ALFREDO PONCE, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE HONDURAS CORREOS (SITRAHONDUCOR); MARIA DEL CARMEN REYES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION DE HONDURAS (SIESPEH); LUIS ALBERTO OSORTO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (SITRAENAG); JAVIER EDUARDO RIVERA SANABRIA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SITRACONAPID); JOSE OSWALDO MARROQUIN HERNANDEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SALUD DE HONDURAS (SITRASAH); JOSE ARMANDO FLORES JIMENEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ORIENTE DE HONDURAS (SITRASAHO); MELVIN RAFAEL SIERRA MONTOYA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPLEADOS (SITRAEP- INSEP); JOSUE JEREMIAS ORELLANA MUÑOZ, en su condición de presidente de la ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (0S) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH); EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE quien comparece en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE); MARIO DE JESUS SALES ALVARENGA, en su condición de presidente de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL (ANFEPJ); ALFONSO MONTOYA FLORES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE HOSPITALES DE LA REGIÓN SUR (SIETPH-RS); JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP); ROBERTO SEVILLA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE PREVISION MAGISTERIAL (SITRAINPREMA); MIGUEL ANGEL MEJIA MALDONADO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MEDICINA HOPITALES Y SIMILARES (SITRAMEDHYS), contra el auto resolutivo dictado por la directora interna del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, que declaro sin lugar la solicitud de excedentes derivados de todas las actividades financieras y de inversión que actualmente realiza dicha institución; promovida por los SINDICATO DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS (SITRATELH), SINDICATO DE EMPLEAOS PUBLICOS DEL HOSPITAL ESCUELA (SEPHE), SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMFERMERAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE (SITRAEHSANFE), SINDICATO DE TRABAJADORES DE HONDURAS CORREOS (SITRAHONDUCOR) SINDICATO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION DE HONDURAS (SIESPEH) , SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (SITRAENAG), SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SITRACONAPID), SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SALUD DE HONDURAS (SITRASAH), SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ORIENTE DE HONDURAS (SITRASAHO), SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPLEADOS (SITRAEP- INSEP), ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (OS) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH), SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE), ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL (ANFEPJ), SINDICATO DE EMPLEADOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE HOSPITALES DE LA REGIÓN SUR (SIETPH-RS), SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP) SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE PREVISION MAGISTERIAL (SITRAINPREMA), SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MEDICINA HOPITALES Y SIMILARES (SITRAMEDHYS) contra INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 61, 62, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo así como de su formalización (F-89) en la cual consta en la pieza de sus antecedentes, quien solicita en nombre de sus representados nuevo beneficio económico o prestación en concepto de rendimientos, utilidades y/o reparto de excedentes derivados de todas las actividades financieras y de inversión que actualmente realiza y que ha realizado el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) con los fondos de las aportaciones de los participantes, solicitando a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presente el correspondiente estudio financiero y actuarial que garantice la viabilidad técnica y legal de la propuesta, que de acuerdo al artículo 48 del INJUMPEMP establece lo siguiente: “MODIFICACION O INSTITUCION DE NUEVOS BENEFICIOS: El Directorio de Especialistas, de acuerdo con los objetivos institucionales, en estricto apego a la Ley y en consideración a las necesidades de los participantes del Instituto, puede contratar planes de asistencia médica para éstos, así como el otorgamiento de otras prestaciones o servicios no especificados o establecido en esta Ley siempre que las mismas sean enteramente financiadas con aportaciones y cotizaciones adicionales a las establecidas en los artículos 28 y 29 de la presente Ley, a través de un régimen actuarial y financieramente sostenible en el tiempo. Previo a la modificación o creación de cualquier prestación o servicio, diferentes a los establecidos en la presente Ley y sus reglamentos, el Directorio de Especialistas debe solicitar el dictamen favorable de la Comisión, para lo cual está obligado a presentar ante dicho ente supervisor, un estudio financiero y actuarial que garantice la viabilidad técnica y legal de la propuesta”. De lo otra manera el censor promueve ante la autoridad administrativa la solicitud de instauración de un nuevo beneficio económico en relación con utilidades derivadas de las actividades financieras del INJUPEMP a favor de sus afiliados; más consta en folio 66-67 de la pieza del amparo, en donde la autoridad requerida emite resolución en la cual motiva las razones por la que no es procedente su solicitud planteada por los órganos sindicales, siendo la causa del presente amparo en su amparo interpuesto arguye la violación a las garantías constitucionales transgrediendo el principio de legalidad y consecuentemente los demás derechos fundamentales expresados en su amparo, quien enfoca su apreciación de vulneraciones por la falta de aplicación del artículo 48 de la Ley del INJUPEMP, ya que a criterio del recurrente es el Directorio de Especialista el competente de resolver el asunto peticionado y no la Licenciada MARTHA DOBLADO en su condición de Directora y el abogado HECTOR GUILLERMO BUESO en su condición de Jefe de División de Servicios Legales del INJUMPEMP. CONSIDERANDO (7): Que el sistema de previsión social administrado en el presente expediente de mérito por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), es un sistema sin fines de lucro y de reparto, en el cual las pensiones o prestaciones establecidas en la ley se financian bajo los principios de solidaridad en donde todos los beneficios que otorga la ley se financian exclusivamente con el aporte patronal y cotizaciones individual , y el de la universidad, donde todos deben de participar de los beneficios del sistema conformándose un derecho subjetivo publico, constituyendo de tal Forma una reversa técnica que responda al pasivo provisional contingente para responder con el cumplimiento de las obligaciones derivadas en la ley, mismo que se sustenta primordialmente de las aportaciones patronales, cotizaciones personales y de los rendimientos e intereses obtenidos de las inversiones realizadas tal como lo indica el artículo 27 de la ley del INJUPEMP. CONSIDERANDO (8): Siendo que la competencia del Directorio se circunscribe, en relación a la creación de nuevos beneficios, a que la financiación de los mismos se realice con fondos adicionales a las cotizaciones ordinarias recibidas por el INJUPEMP, en el presente caso de mérito el beneficio que se solicita no establece una propuesta de análisis financiero y actuarial fuera de los fondos que se recolecte como cotización ordinaria que permita su implementación, sino que pretende que de esos mismos fondos se materialice el beneficio, configuración que fácilmente nos demuestra que lo peticionado no se ajusta a la competencia otorgada en el artículo 48 de la Ley de INJUMPEMP al Directorio de Especialistas, por lo que el decreto de inadmisión cuestionado a través de la presente acción de amparo, emitido por la DIRECCION INTERINA no constituye una infracción a las normas constitucionales enumeradas por el censor, al considerar la autoridad recurrida que instancia de parte interesada debe expresar los hechos y razones que se funda y la expresión clara de lo que solicita, es así que el argumento legal o la viabilidad técnica y jurídica motivada consiste en la Resolución administrativa No.13-30 emitida por el Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones (RAP) basada en el Decreto 53-93, es inaplicabilidad al caso concreto, institución que además es un régimen basado en un sistema de capitalización individual contrapuesta al régimen de INJUPEMP que se basa en un sistema de capitalización colectiva. CONSIDERANDO (9): La decisión de Inadmitir la decisión de las organizaciones Sindicales no genera una aplicación desigual de ninguna normativa, para determinar la concurrencia de esa premisa, sería necesario especificar esa diferenciación en la aplicación, es decir enumerar a una persona o grupo que le haya sido aplicada la norma y que la actual aplicación es ilegítimamente contraria a la que se haya dado en el presente asunto, extremo que no ha sido evidenciado por el recurrente.

CONSIDERANDO (10): Que las cotizaciones y aportaciones patronales efectuadas a un sistema de previsión social, en este caso al INJUMPEMP, son las que determina el otorgamiento de los beneficios y servicios que se ofrecen, en función de los requisitos que para cada uno de ellos se han establecido en la Ley del Instituto, siendo un requisito sine qua nom, que esas cotizaciones se encuentran ingresadas en su totalidad por ser el soporte económico que define los derechos de los participantes, y estas se constituyen patrimonio institucional. Que las inversiones como parte de un principio patrimonial exclusivo del Instituto tienen como propósito posibilitar que el Instituto pueda participar en la promoción y realización de proyectos de inversión que cumplan con las condiciones necesarias de seguridad, rendimiento, liquidez y diversificación del riesgo, pero que a su vez permitan el fortalecimiento institucional de la seguridad social, y que tales inversiones deben realizarse de conformidad al marco regulatorio de la Ley de la Promoción y Protección de Inversiones, Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos por parte de los Institutos de Previsión, por los Reglamentos y Resoluciones que emita la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y en lo aplicable a la Ley orgánica y constitutiva del INJUPEMP. CONSIDERANDO (11): Que conforme a lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, todo acto que ejecuten los servidores públicos fuera de las facultades que expresamente les confiere la Ley, es nulo e implica responsabilidad. En un estado de derecho, toda persona puede hacer todo lo que no está legalmente prohibido, pero, al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que le confiera previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativamente, civil y penalmente. De ende, que toda persona tiene derecho a una buena administración, esto es, a que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Puede denunciar los casos de mala administración ante la autoridad llamada a conocerla, en este caso la Inspectoría de Tribunales a fin de proteger y salvaguardar la tutela judicial efectiva y el debido proceso principios que deben ser velados por todo servidor público. En conclusión, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Este no es otro más que el muy bien llamado principio de legalidad. CONSIDERANDO (12): Que el derecho constitucional que el recurrente considera vulnerado es el siguiente: Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; relacionándolo con lo establecido en el Artículo 64 de la Constitución de la República, que al ser una declaración constitucional señala: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida las garantías constitucionales que se invocan como infringidas, observando que con la emisión de la resolución impugnada se ha garantizado la tutela judicial efectiva cumpliendo con las formalidades derechos y garantías que la Ley constitutiva y el Reglamento del INJUMPEMP establecen dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que la resolución impugnada que orientaron su decisión, se ha respetado el derecho de petición, derecho a la defensa, el debido proceso y por consiguiente al principio de legalidad y demás garantías enunciadas en el amparo interpuesto, principios que la Constitución regula como derechos fundamentales a la persona humana como fin primordial de la sociedad. CONSIDERANDO (14): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes. Que este Sala de lo Constitucional es del criterio que al impetrante se le han garantizado durante el proceso administrativo el derecho a la defensa, al debido proceso y al principio de legalidad, y que la decisión de Inadmitir la petición no implica una vulneración al derecho de petición, siendo que el órgano emisor a indicado las razones debidamente motivando su resolución, consecuentemente no se deriva ningún irrespeto a la garantía constitucional del debido proceso, ya que por un lado no existe norma adjetiva que haya sido inobservada y, por otro, la inadmisión fue emitida por un órgano del INJUMPEMP, por lo que esta Sala de lo Constitucional estima que por las razones anteriormente expuestas considera que el amparo debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 61, 62, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1, 317 y 321 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 46 numerales 46 numerales 2), 5), 6), 9), 41, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78, 110, 113, 137 y 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 35, 36 54, 55, 56, 87, 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 27 y 48 de la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo; 3, 5, 7, 14 y 22 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA a favor de la Organizaciones Sindicales siguientes y a través de sus representantes legales: ORLANDO MEJIA TERCERO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS (SITRATELH); JOSE ILARIO ESPINOZA HERRERA, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL HOSPITAL ESCUELA (SEPHE); EDVIN EDGARDO CANALES, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMFERMERAS DEL HOSPITAL SAN FELIPE (SITRAEHSANFE), ALFREDO PONCE, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE HONDURAS CORREOS (SITRAHONDUCOR); MARIA DEL CARMEN REYES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION DE HONDURAS (SIESPEH); LUIS ALBERTO OSORTO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (SITRAENAG); JAVIER EDUARDO RIVERA SANABRIA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS (SITRACONAPID); JOSE OSWALDO MARROQUIN HERNANDEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SALUD DE HONDURAS (SITRASAH); JOSE ARMANDO FLORES JIMENEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ORIENTE DE HONDURAS (SITRASAHO); MELVIN RAFAEL SIERRA MONTOYA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPLEADOS (SITRAEP- INSEP); JOSUE JEREMIAS ORELLANA MUÑOZ, en su condición de presidente del ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS (0S) AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH); EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE quien comparece en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (SITRARENAPE); MARIO DE JESUS SALES ALVARENGA, en su condición de presidente del ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL (ANFEPJ); ALFONSO MONTOYA FLORES, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS TRABAJADORES PÚBLICOS DE HOSPITALES DE LA REGIÓN SUR (SIETPH-RS); JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ, en su condición de presidente del SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP); ROBERTO SEVILLA, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE PREVISION MAGISTERIAL (SITRAINPREMA); MIGUEL ANGEL MEJIA MALDONADO, en su condición de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MEDICINA HOPITALES Y SIMILARES (SITRAMEDHYS), contra el auto resolutivo dictado por la directora interna del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0448-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Constitución y Justicia Constitucional, Agencia Catalana de Cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,2012 . Pag.60