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Sentencia AA-448-17 — Registro 11583

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación contra la Resolución No. 67-2015 en relación al reclamo administrativo por un avalúo en la expropiación de un bien inmueble, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, en el presente caso, la Sala arriba a la conclusión que la Resolución bajo estudio, se ajusta a las disposiciones legales que rigen a las resoluciones administrativas, bajo los parámetros del derecho del Debido Proceso; el cual no resultaría afectado con el tenor de la resolución, por haberse limitado a establecer la improcedencia de reconocérsele efectos retroactivos a la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por esta misma Sala, en fecha 14 de diciembre del año de 2010; la cual no afecta las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad; en coincidencia al parecer externado por la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, en aplicación del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, conforme al cual, la inconstitucionalidad recaída en una norma jurídica por la sentencia en que se declare su inconstitucionalidad, no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas..." ..." Que para la Sala de lo Constitucional, lo anteriormente expuesto y considerado, no afecta tampoco el derecho de Defensa, ni al derecho de propiedad de la persona jurídica que se presenta como agraviada, la cual goza – en su caso - del derecho de acudir ante la jurisdicción ordinaria, para promover las acciones y recursos que estime del caso, haciendo valer sus pretensiones en el marco garantista que supone la tutela judicial efectiva; por lo cual, no resulta acordado a derecho el otorgamiento del presente recurso de amparo; quedando a salvo para el garantista, por el efecto excluyente y de no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria de amparo, las acciones civiles o penales que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado en sede de justicia constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra actuaciones de la CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), relacionadas con la Resolución de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación contra la Resolución No. 67-2015, dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015), a causa del RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN AVALÚO EN LA EXPROPIACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE, propiedad de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., y que fueron adjudicados a la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA “NUEVA ESPERANZA DEL AGUAN”. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 80, 82, 103, 105, 106 y 313 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014), compareció ante el Instituto Nacional Agrario (INA), el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, actuando en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA, S.A., interponiendo reclamo administrativo por el ILEGAL AVALUÓ EN LA EXPROPIACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE, en perjuicio de de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA, S.A., solicitando que se le de el pago por la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 7,597,500.00), que es el valor que tienen las tierras expropiadas, según la tasación que se le dio en función de los valores catastrales y comerciales de la zona, y la adición de los daños y perjuicios causados por la destrucción del cultivo. (Folios 1–5 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015), la citada Institución, dictó la Resolución No. 067-2015 mediante la cual Resuelve: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el presente Reclamo Administrativo por Ilegal Avalúo en la Expropiación de un Bien Inmueble con el Decreto 18-2008, presentado por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal el Apoderado Legal de la Sociedad denominada BANCO ATLANTIDA, S.A., contraída a pedir se le cancele a su representado una justa indemnización por el proceso de afectación que fue objeto, sobre dos lotes de terreno que le fueron expropiados, ubicados en el lugar denominado Aldea Dos Bocas, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Aguan, departamento de Colon, por la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPERIAS (Lps.7,597,500.00) por pago de la tierra; en virtud que dichos predios fueron afectados por el Decreto Legislativo No. 18-2008, y el trámite correspondiente al avalúo se realizó en legal y debida forma bajo los parámetros establecidos en dicha norma jurídica.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE la Ampliación al Reclamo Administrativo, presentado por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en la condición legal con que actúa, en el sentido de que se pague a su representado en concepto de Daños y Perjuicios la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS (Lps.3,568,836.00) a razón de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS (Lps. 120,000.00) por hectárea sembrada de palma africana en producción en un total de VEINTINUEVE HECTAREAS, NOVENTA Y TRES AREAS, SETENTA Y CUATRO PUNTO CERO TRES CENTIAREAS (29 Has,93 As, 74.03 Cas) en un inmueble de su propiedad que se encuentra ubicado contiguo al terreno expropiado y del cual se ha solicitado el justiprecio; en virtud de que se trata de un predio que no se encuentra dentro de los terrenos afectados, y el Instituto Nacional Agrario no ha autorizado a campesinos a ocupar ese predio sobre el cual se pide indemnización, y la situación jurídica del mismo es diferente al de los predios expropiados conforme al Decreto No. 18-2008; de igual manera no se trata de hechos esencialmente idénticos a los invocados en la petición inicial.-” (Folios 77–80 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que acto seguido, el Recurrente Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., interpuso Recurso de Apelación, contra la Resolución anteriormente relacionada.- En consecuencia, una vez recibidos los autos, el Consejo Nacional Agrario (CNA), en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), emitió la resolución en la cual Resuelve: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso venido en Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO en su condición antes indicada y contra la resolución N.067-2015 de fecha 27 de abril del año 2015. 2) Confirmar parcialmente la resolución recurrida. 3) Modificar la misma en cuanto a que no es competencia de ésta jurisdicción pronunciarse sobre valoraciones. 4) Remitir los autos al lugar de su procedencia para ejecutar lo resuelto. 5) Notificar la presente resolución a las partes de conformidad a lo establecido en el capitulo VII de la Ley de Procedimiento Administrativo y al estar firme la presente resolución, devolver la causa al lugar de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes.” (Folios 9–11 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, compareció ante este Tribunal en fecha nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra la Resolución de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 103, 105, 106 y 313 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–11 y 23 del presente Recurso) 5) Que en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Publico, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración del Derecho a la Propiedad, invocado por el Amparista como trasgredido”; lo cual fundamenta en que el petitorio de amparo parte de que la indemnización vía justiprecio se hizo mediante los parámetros y vigencia del Decreto 18-2008, el cual fue declarado inconstitucional en el año 2010. Sin embargo, remarca el Dictamen, tal declaratoria de inconstitucionalidad no implica que las resoluciones emitidas con anterioridad, resulten afectadas por la declaratoria, y siendo que la resolución del INA, que es objeto de amparo, fue emitida casi un año antes que dicha inconstitucionalidad, es procesalmente imposible darle aplicabilidad al presente caso; siendo lo correcto que, cualquier reclamación sobre los montos en los que se determinó la indemnización: “… debió de presentarse en la tramitación de la causa de expropiación y adjudicación, no en un reclamo administrativo posterior, como lo indica el Consejo Nacional Agrario en su resolución (…)”.(Folios 26–31 del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO DOS (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución administrativa proferida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), misma que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación contra la Resolución No. 67-2015, dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015), a causa del RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN AVALÚO EN LA EXPROPIACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE, propiedad de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., y que fueron adjudicados a la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA “NUEVA ESPERANZA DEL AGUAN”; resolución que se fundamenta esencialmente en que, con la creación y puesta en vigencia de las disposiciones contenidas en el Decreto 18-2008, de fecha 31 de marzo del año 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31.594 del 29 de abril de 2008 y estando en plena vigencia el mismo, se ejecutan por parte del Instituto Nacional Agrario acciones de expropiación sobre el predio ubicado en el lugar denominado Dos Bocas, Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, propiedad del Banco Atlántida S.A., observando que a toda luz las diligencias efectuadas por el A Quo tuvieron como objetivo la expropiación y posterior adjudicación, fueron realizadas mediante respaldo de la vigencia del supradicho decreto ya que la declaración de inconstitucionalidad se realizó hasta el 14 de diciembre del año 2010 y la sentencia que lo declara como tal no afectará las situaciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas, tal y como ocurre en el caso de autos, una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Refrenda, asimismo la resolución impetrada, que los Servidores del Estado no tienen más facultades de las que expresamente les confiera la ley y todo acto que ejecuten fuera de Ley es nulo e implica responsabilidad; por lo cual no procede la revocatoria de la resolución apelada y declarar el pago inmediato de la cantidad solicitada, como reclama el Apelante; situación de la cual se encuentra al margen de resolver la Administración Agraria, al igual que todas aquellas situaciones que conlleven a pronunciamiento sobre cantidades de dinero resultantes de cálculo de avalúo, entre otras. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, actuando en su condición preindicada y a favor de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., aduce, en su escrito de formalización de Recurso de Amparo, que el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en su resolución de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación contra la Resolución No. 67-2015, dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015), a causa del RECLAMO ADMINISTRATIVO POR UN AVALÚO EN LA EXPROPIACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE, propiedad de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., y que fueron adjudicados a la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA “NUEVA ESPERANZA DEL AGUAN”; por considerar ilegal los fundamentos fácticos y jurídicos que, según lo expresado en el acápite anterior, causaron la denegatoria del susodicho reclamo administrativo, en agravio a los derechos constitucionales de la Sociedad Mercantil poderdante, la cual se vería así despojada de terrenos eficientemente explotados en actividades agropecuarias por su propietario, por lo que no reunía las causales de expropiación de conformidad a la Ley de Reforma Agraria. Sigue sosteniendo el amparista en promoción de su recurso, que el Instituto Nacional Agrario, en aplicación del Decreto 18-2008, (Sic.), emitió la resolución 372-2010, mediante la cual determina pagar la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 1, 139, 625.00), avalúo y adjudicación que juzga el amparista desde todo punto de vista ilegal. Refrenda el amparista, que la honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, decretó la inconstitucionalidad del ya referido Decreto 18-2008, cuyo artículo 6 preceptuaba que para determinar el avaluó (Sic.) de la propiedad se integraría una comisión gubernativa, integrada también por el Instituto Nacional Agrario, lo cual no consta en el expediente de mérito, determinándose pues el justiprecio de manera ilegal y arbitraria; lo cual es el origen de la reclamación administrativa, cuya denegatoria dio pie a la promoción del presente amparo, el cual se solicita sea otorgado, ordenándose el justiprecio del valor de la tierra. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Tribunal superior de Cuentas, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria; expresándose sucintamente, tanto los hechos, antecedentes, como los fundamentos de derecho; lo cual es concurrente al caso de apelación administrativa bajo estudio. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, como acción, el amparo consiste en proteger, garantizar cualquiera de los derechos fundamentales, de modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, una ley, o en su caso, tratados internacionales. Como recurso, el amparo en una garantía procesal añadida para el ciudadano y/o la persona jurídica, en lo conducente. Es decir que se encuentra dirigida a tutelar con efectividad los derechos constitucionales de la persona;[1] no a emitir juicios de valor sobre los hechos constitutivos de la controversia, según resulta postulado por la parte amparista en el presente caso, con prescindencia de razones jurídico constitucionales. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa, resulta importante reafirmar la línea jurisprudencial conforme a lo cual el procedimiento administrativo se encuentra sujeto, igual que el proceso judicial, a la garantía genérica del debido proceso; por encontrarse reconocida normativamente en la preceptiva convencional, constitucional y legal del Estado de Honduras, en lo pertinente. Sirven como principales parámetros de categorización, por lo tanto, el bloque de convencionalidad, asumido a partir de los compromisos de Estado, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; como el bloque de constitucionalidad, donde se encuentran ínsitos los valores y normas reconocidas a la ciudadanía por la Constitución de la República de 1982; los cuales tienen como objetivo común: “… lograr la adecuada compatibilidad y cohesión para asegurar la satisfacción máxima de los derechos fundamentales, esto es, salvaguardar ante todo el principio “pro persona” (…)”.[2] CONSIDERANDO NUEVE (9): Que se sigue de lo anterior, que la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, pasa racionalmente por un tamiz de interpretación constitucional. No podrían, por tanto, equipararse automáticamente a los derechos humanos en su consideración más convencional; los cuales se tienen como una conquista histórica de la humanidad para asentar un núcleo esencial de los derechos del ser humano en sociedad, como límite infranqueable al poder, particularmente el del Estado; a la vez que como una garantía de libertad que asegura jurídicamente la dignidad de la persona humana. Cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado también sobre este punto, en la antes citada Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016,[3] solicitada por la República de Panamá, en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, no obstante lo anteriormente expuesto, la misma opinión jurídica no significa el abandono a las obligaciones del Estado, conforme a lo establecido en el párrafo 140, donde se especifica lo siguiente: “… que el artículo 1 de la Convención establece las obligaciones del Estado tanto de respetar los derechos de todo ser humano bajo su jurisdicción como de garantizarle su libre y pleno ejercicio, la Corte concluye que la existencia y acción de una persona jurídica a través de la cual actúa la persona natural, presunta víctima de la violación del derecho humano de que se trate, no debería constituir un obstáculo, impedimento o excusa para que el Estado deje de cumplir con las referidas obligaciones”; lo cual significa que, en el caso concreto, planteadas que fueren las pretensiones vertidas en el presente recurso ante la jurisdicción competente, y cumplidos que fueren los demás requisitos formales establecidos en Ley; deberán de conocerse y resolverse en el fondo, con apego al debido proceso legal. CONSIDERANDO ONCE (11): Que, en el presente caso, la Sala arriba a la conclusión que la Resolución bajo estudio, se ajusta a las disposiciones legales que rigen a las resoluciones administrativas, bajo los parámetros del derecho del Debido Proceso; el cual no resultaría afectado con el tenor de la resolución, por haberse limitado a establecer la improcedencia de reconocérsele efectos retroactivos a la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por esta misma Sala, en fecha 14 de diciembre del año de 2010; la cual no afecta las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad; en coincidencia al parecer externado por la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, en aplicación del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, conforme al cual, la inconstitucionalidad recaída en una norma jurídica por la sentencia en que se declare su inconstitucionalidad, no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO DOCE (12): Que para la Sala de lo Constitucional, lo anteriormente expuesto y considerado, no afecta tampoco el derecho de Defensa, ni al derecho de propiedad de la persona jurídica que se presenta como agraviada, la cual goza – en su caso - del derecho de acudir ante la jurisdicción ordinaria, para promover las acciones y recursos que estime del caso, haciendo valer sus pretensiones en el marco garantista que supone la tutela judicial efectiva; por lo cual, no resulta acordado a derecho el otorgamiento del presente recurso de amparo; quedando a salvo para el garantista, por el efecto excluyente y de no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria de amparo, las acciones civiles o penales que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado en sede de justicia constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 67, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (agrario) bajo el número SCO-448-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Sobre el derecho constitucional al debido proceso, se tiene en consideración los criterios de vinculación jurídica contenidos en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por el Gobierno de la República de Panamá.

[2] Voto razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, de 26 de noviembre de 2010, párr. 62, citado por: MEJÍA A., Joaquín R., et al, en: Obligaciones internacionales del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y bienes culturales, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa M.D.C., 2018, Págs. 381 y ss.

[3] Asequible vía Internet, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf [Consulta del 12 de diciembre de 2018]