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Sentencia AA-443-18 — Registro 11582

Resumen

Acto recurrido relacionadas, según el recurrente, al bloqueo de facturación, que no le autoriza la impresión de nuevos documentos fiscales, , sin notificación ni emisión de resolución por la cual pueda defenderse el amparista; en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que la sanción de suspensión del RTN debe aplicarse cuando un obligado tributario no este solvente con el cumplimiento de una obligación material y, se hayan agotado todos los recursos en vía administrativa y la obligación haya adquirido el carácter de firme, líquida y exigible. Que en el informe solicitado por esta Sala de lo Constitucional, a la autoridad recurrida, el Sevicio de Administración de Rentas, manifiesta una intepretación del artículo 63 del Reglamento del Regímen de Facturación, Otros Documentos Fiscales de Imprentas,[1] con lo que la autoridad recurrida está realizando un acto sancionatorio sin estar facultado por mando de Ley..."

Legislación citada

Sentencia

.

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto: Para dictar sentencia de la garantía de amparo interpuesto por el abogado Virgilio Enrique Perdomo Valladares, a favor de la sociedad mercantil denominada Inversiones Estratégicas S.A. de C.V., contra actuaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR), relacionadas, según el recurrente, al bloqueo de facturación, que no le autoriza la impresión de nuevos documentos fiscales. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los artículos 64, 69, 70, 82, 89, 90, 94 y 330 de la Constitución de la República. Antecedentes 1) El abogado Virgilio Enrique Perdomo Valladares, compareció ante este Tribunal en fecha once de junio de dos mil dieciocho, interponiendo garantía de amparo a favor de la sociedad mercantil Inversiones Estratégicas S.A. de C.V., contra actuaciones del Servicio de Administración de Rentas, en la que según el recurrente, dicha autoridad procedió al bloqueo de la facturación y por ende, no esta autorizada para la impresión de nuevos documentos fiscales, de forma arbitraria y sin darle la oportunidad de defenderse, ocasionándole daños y perjuicios y violentándole los derechos consignados en los artículos 64, 69, 70, 82, 89, 90, 94 y 330 de la Constitución de la República. (Folios No 1 al 27 de la presente garantía). 2) Que en fecha trece de junio de dos mil dieciocho, se admitió la presente garantía de amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe, para que dentro del termino de dos (2) días hábiles, remitan los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio No 28 de la presente garantía). 3) Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala de lo Constitucional tiene por recibido el informe solicitado a la Autoridad Recurrida, en el cual se establece “PRIMERO: … SEGUNDO: … TERCERO: En revisión a los antecedentes que han dado lugar a la presente acción de amparo, en fecha veintinueve (29) de enero del 2018, el sistema de facturación condicionó la solicitud de Autorización de impresión de documentos fiscales a seis (6) meses, en virtud de que en su cuenta corriente presenta incumplimientos tributarios (los cuales serán explicados posteriormente), en concepto de liquidaciones adicionales del Impuesto al Activo Neto, Aportación Solidaria, pagos a cuenta y multas diversas, por lo que el sistema de facturación desde el tres (3) de febrero del 2018, no le autoriza las solicitudes de documentos fiscales solicitado por INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V., situación en la que recae el motivo del amparo.- CUARTO: La denegatoria de la autorización de la solicitud de Documentos Fiscales tiene su fundamento en el incumplimiento Tributario material (de pago) establecido en la Resolución DEI-27-DA-ARN-C-2016 emitida por la Administración Tributaria en fecha 3 de marzo del 2016 sobre el informe de auditoría como resultado del examen de la declaración del Impuesto Sobre la Renta No 35060208120 del año 2013, presentada por el Obligado Tributario, en virtud de que la comisión de auditoria corroboró que el Obligado Tributario o registró en el costo de producción, la importación de polietileno, pelatizado o resinas sintéticas de alta densidad, la cual es la materia prima utilizada en la elaboración de bolsas plásticas, determinando al comparar los montos registrados en concepto de importaciones contra la suma de los valores reflejados en el estado de costos por la importación de resinas, la cual es la materia prima utilizada en la elaboración de bolsas plásticas que es la actividad principal del Obligado Tributario, por lo que se considera que estas materias primas fueron procesadas y el producto terminado se considera venido ya que no se encuentra en los distintos inventarios que maneja él mismo, por lo que le suma el margen de utilidad establecido en el estado de resultado de este periodo correspondiente al ajuste por Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal para el año el año 2013 la cual suma un monto de doce millones trescientos noventa seis mil setecientos ochenta y cinco lempiras con ochenta y siete centavos (L 12,396,785.87). Resolución que fue notificada por la Administración Tributaria en fecha diecisiete (17) de noviembre del año 2106, misma que el Obligado Tributario no recurrió en tiempo, hecho que se hace constar mediante providencia de caducidad de fecha cuatro (04) de agosto del 2017 y notificándose por medio electrónicos en fecha ocho de agosto del mismo año, por ende, quedando la misma firme, liquida y exigible.- QUINTO: … SEXTO: … SEPTIMO: … Este procedimiento, en el caso que nos ocupa, el Obligado Tributario INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A. DE C.V. no lo agotó o accionó en el tiempo establecido previo a la interposición de la presente acción de amparo. Dicta comunicación, a la luz del Artículo 64… Entendiéndose que al ser una gestión eminentemente electrónica según el referido Artículo 2, esta comunicación se realizó al momento que el Obligado Tributario acceso al sistema y envió la solicitud de autorización. Comunicación que fue vista y establecida en Acta Notarial de Constancia de Hechos numero 2204081 otorgada por el Abogado y Notario Marco Tulio Sosa Morales, de fecha quince de mayo del 2018, mismo que consta en el expediente SCO-0442-2018. Por lo que, al no existir solicitud de verificación, no existe diligencias físicas, únicamente electrónicas, tal como se muestran en las impresiones de pantalla del sistema que se adjuntan al presente oficio… OCTAVO: Por otro lado, en caso que el reclamante pretendiere desconocer el incumplimiento que desencadenó la denegatoria de la autorización de documentos fiscales y pretenda alegar una violación al debido proceso, dicho argumento es totalmente improcedente ya que, como bien se ha desarrollado en el presente informe, en fecha 15 de mayo del 2018, se levantó acta notarial de constatación de hechos, misma que fue presentada por el Obligado Tributario en el expediente de mérito, por lo que ya han transcurrido más de dos meses desde que ha tenido conocimiento de la acción, lo cual, como reitero, ocurrió de manera digital ya que las actuaciones fueron comunicadas mediante sistema tal como lo establece el reglamento, por lo que bajo este supuesto la presente acción de amparo incurría en otra causa de inadmisibilidad ya que ha transcurrido más del tiempo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional para su interposición, considerando que desde el dos (02) de febrero del 2018, el sistema no le autoriza documentos fiscales. NOVENO: … DECIMO: … DECIMO PRIMERO: … DECIMO SEGUNDO: …”; por lo que se procede a dar vista por cuarenta y ocho (48) horas al recurrente, para que formalice su recurso. (Folios No 82 al 101 de la presente garantía). 4) Que en fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, la garantía de amparo de merito, y ordeno dar vista de los autos al Ministerio Público, a fin de que emita su dictamen sobre la presente garantía. (Folio No 120 de la presente garantía). 5) En fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su agente fiscal, la abogada Sussy G. Coello García, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, en virtud de constar en autos la vulneración de los derechos constitucionales invocados por el amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios No 123 al 129 de la presente garantía). Fundamentos de Derecho Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, con relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No 244-2003. Considerando (2): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga a la o al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Considerando (3): Que se conoce en esta vía constitucional un acto realizado por el Servicio de Administración de Rentas, consistente en un supuesta negatoria de autorización para la impresión de nuevos documentos fiscales, que consiste en el bloqueo del régimen de facturación, sin notificación ni emisión de resolución por la cual pueda defenderse el amparista. Considerando (4): Que el recurrente, en la interposición manifiestan que las autoridades tributarias realizaron de forma arbitraria, sin habilitación legal, la denegatoria de la impresión de nuevos documentos fiscales, limitando la posibilidad de facturar de la sociedad Inversiones Estratégicas S.A. de C.V., sin haber sido notificados en legal y debida forma alguna resolución, en donde se dispuso dicha medida, es decir sin contar con resolución administrativa firme y exigible, lo que vulnera el principio de legalidad constitucional del actuar de los servidores públicos, desarrollado en el artículo 321 de la Constitución, siendo a criterio de los amparistas un acto que disminuye el ejercicio de derechos establecidos en la Constitución, generando una vulneración al derecho de defensa, siendo juzgado sin las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y no garantizando las libertades de ocupación, comercio, contratación y de empresa que reconoce el Estado. Considerando (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Considerando (6): Que en la relación de los hechos que motivan el recurso de amparo, se hizo mención de que el Servicio de Administración de Rentas “bloqueó” el sistema de facturación y no ha permitido a persona jurídica beneficiada en el presente amparo, pueda obtener la emisión de facturas vigentes, situación que acarrea graves daños y perjuicios, teniendo como consecuencia la pérdida de clientes al no poder darles un documento fiscal por los servicios que ofrece dicha empresa; dicha acción de no permitir la emisión de nuevos documentos fiscales, se realiza sin haber sido notificados previamente, en legal y debida forma, de alguna resolución administrativa, bajo las formalidades establecidas en el artículo 90 de la Ley del Procedimiento Administrativo, situación que es protegida en sede constitucional, por disposición del artículo 90 de la Constitución de la República. Considerando (7): Que como medio probatorio de la supuesta vulneración de los derechos constitucionales, autentica de copia de un acta notarial levantada en las oficinas de Inversiones Estratégicas S.A. de C.V., en fecha cinco abril de dos mil dieciocho, con la cual se pretende demostrar la denegatoria de la autoridad administrativa para autorizar la facturación a la presunta agraviada por el acto impugnado. El sistema del SAR se establece la denegatoria de una solicitud de quinientos comprobantes de retención y mil facturas. Considerando (8): Que en el escrito de interposición de la garantía de amparo, se hace mención de la existencia de un proceso de una supuesta deuda entre la amparista con el fisco hondureño, quien presuntamente se encuentra en mora con sus obligaciones fiscales; se arguye que la notificación del SAR sobre la deuda fiscal no fue realizada con base a los criterios dados por el Congreso Nacional en la Ley de Firma Electrónica, no habiendo dejado constancia de la supuesta notificación. Situación que debe substanciarse y cuestionar en la jurisdicción que conozca de la impugnación de los actos públicos. Considerando (9): Que el Servicio de Administración de Rentas manifestó en el informe que solicitó esta Sala de lo Constitucional que en aplicación al Reglamento de Régimen de Facturación, otros documentos fiscales y Registro Fiscal de Imprentas, la autorización de documentos fiscales o documentos complementarios es afectado o incidido por las siguientes causas: Obligaciones formales o materiales pendientes y deudas liquidas, firmes y exigible pendiente de pago, entre otras causas no mencionadas por la Autoridad recurrida; asimismo manifiesta que el régimen de facturación se desarrolla de forma electrónica por la cantidad masiva de obligados tributarios; también menciona que una disposición administrativa establece que el obligado tributario, previo a realizar su solicitud por medios electrónicos, esta en el deber de verificar su comportamiento tributario, a fin de que su solicitud no sea rechazada. Sigue manifestando la administración que el veintinueve de enero de dos mil dieciocho el sistema de facturación condicionó la solicitud de autorización de impresión de documentos fiscales por el término de seis meses, por tener el administrado unos supuestos incumplimientos tributarios, en concepto de liquidaciones adicionales de impuesto al activo neto, aportación solidaria, pagos a cuenta y multas diversas, por lo que el sistema de facturación desde el tres de febrero de dos mil ocho, no le autoriza las solicitudes de documentos fiscales. Considerando (10): Que también manifiesta la autoridad administrativa recurrida, que la denegatoria de la autorización de la solicitud de documentos fiscales tiene su fundamento en el incumplimiento tributario material (de pago), establecida en el resolución DEI-27-DA-ARN-C-2016, emitida por la administración tributaria el tres de marzo de dos mil dieciséis, sobe un informe de auditoria, como resultado del examen de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta con registro No 35060208120 de dos mil trece. Situación que por el ajuste por impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria temporal, para el año dos mil trece, se da la suma de: doce millones, trescientos noventa y seis mil, setecientos ochenta y cinco Lempiras con ochenta y siete centavos (L 12,396,785.87); resolución supuestamente notificada en fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, según la Administración no fue recurrida en tiempo, como se constata con la providencia de caducidad de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete y habiendo sido notificada por medios electrónicos el ocho del mismo año (no se establece de forma entendible la fecha, solo se menciona un fecha, sin expresar el mes), por lo que la misma sería firme, liquida y exigible. Considerando (11): Que con base al Acuerdo No 481-2017, contentivo del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas (que se dice que era el vigente al momento de realizar las solicitudes electrónicas de documentos fiscales), en su artículo 63 se dispuso que la Administración partiendo del comportamiento del obligado, podrá limitar y/o condicionar la autorización de impresión y vigencia de los comprobantes fiscales, bajo unos criterios establecidos en dicha disposición normativa sin carácter de Ley. El SAR manifiesta que la acción de amparo tuvo que ser sobreseída de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, dado que su numeral tercero establece que cuando los actos haya sido consentidos por el agraviado, entendiendo esto, cuando se hubieran dejado de ejercitar, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para interponer la impugnación correspondiente; en el caso in examine, es claro con la motivación dada por la Administración Tributaria, que el supuesto consentimiento de la acción se deriva de la no ejecución de un acto, en primer lugar impugnado en sede contenciosa administrativa y en segundo, que no se posee un sustento normativo dispuesto en una Ley de la República, por lo tanto no es aplicable lo regulado en el artículo 46 numeral tercero de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Considerando (12): Que la Constitución establece en su artículo 95 que ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada de nuevo por los mismos hechos punibles por lo que se insto el primer proceso, asimismo el artículo de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 9 ha establecido el principio de legalidad y de retroactividad; el Código Tributario establece en su artículo 11, que comprende dicha normativa por principio de legalidad, compete únicamente al Congreso Nacional, a través de las leyes tributarias y aduaneras y no por desarrollo de la potestad reglamentaria el establecimiento de las sanciones, la tipificación de delitos y faltas; establecer las penas y sanciones aplicables a los mismos, y; regular lo relativo al pago de las obligaciones reguladas en el Código Tributario. Considerando (13): Que el Código Tributario establece una serie de formalidades protegidas por los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución, siendo que el artículo 151 del Código mencionado indica los principios que se aplican a todas las faltas tributarias de conformidad con el artículo 95 constitucional, de que ningún obligado tributario puede ser sancionado por infracción y faltas no establecidas previamente en la Ley; la falta de normas expresas sobre faltas, no pueden ser interpretadas con normas supletorias, extensivas o análogas; que las normas reglamentarias dictadas por los órganos de la Administración Pública, no puede crear faltas o infracción y se limitan solamente a desarrolar de manera específica los procedimientos asociados con la aplicación de las leyes garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, y; que las normas reglamentarias o actos administrativos de cualquier naturaleza que contravengan dichos principios son nulos. En el mismo cuerpo normativo se establecen los tipos de sanciones administrativas aplicables, tales como: multas, interes y accesorias que convellan adicionalmente a la multa que corresponda: como la pérdida del derecho a gozar de beneficios tributarios; el decomiso en materia aduanera; la clausura del establecimiento; la suspensión del Registro Tributario Nacional (RTN), y; la pérdida del derecho de obtener subvenciones públicas o la inhabilitación para participar en licitaciones públicas. Considerando (14): Que la sanción de suspensión del RTN debe aplicarse cuando un obligado tributario no este solvente con el cumplimiento de una obligación material y, se hayan agotado todos los recursos en vía administrativa y la obligación haya adquirido el carácter de firme, líquida y exigible. Que en el informe solicitado por esta Sala de lo Constitucional, a la autoridad recurrida, el Sevicio de Administración de Rentas, manifiesta una intepretación del artículo 63 del Reglamento del Regímen de Facturación, Otros Documentos Fiscales de Imprentas,[1] con lo que la autoridad recurrida esta realizando un acto sancionatorio sin estar facultado por mando de Ley. Considerando (15): Que en el marco del Control de Convencionalidad, esta Sala de lo Constitucional observa que conforme al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, se puede integrar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.[2] Considerando (16): Que la autoridad tributaria tiene la atribución que expresamente le concede el Reglamento del Régimen de Facturación para condicionar la autorización de impresión de documentos fiscales a las medidas de cumplimiento prevista en la Ley y en dicho Reglamento, pero tal decisión no puede determinarse sin motivación suficiente, que es la manera de justificar frente al gobernado, como se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso concreto, ni menoscabando los derechos constitucionales de las personas. Lo anterior, con fundamento eficiente en los principios de legalidad y supremacía constitucional, por medio de los cuales se le reconoce mayor fuerza activa normativa a la Ley por sobre los reglamentos y, a la Constitución de la República (en grado superlativo) respecto a las demás normas que integran la totalidad del ordenamiento jurídico nacional. Considerando (17): Que en tal sentido se considera por la Sala de lo Constitucional que el acto impugnado referente a la autorización de emisión de documentos fiscales, de conformidad a lo que establece la legislación, no cumple con tales estándares constitucionales, ni se adecua al principio de razonabilidad, al existir una impugnación ante juez competente de la supuesta firmeza de una cantidad liquida y exigible por aspectos fiscales, impedírsele o condicionársele la autorización para la emisión de documentos fiscales, colisiona con el derecho de defensa y con el debido proceso, que garantiza a toda persona acceder o recurrir ante los órganos jurisdiccionales o ante cualquier otra autoridad,[3] en aras de determinar las peticiones o las acciones que ejerzan en tutela de sus derechos; por lo que el acto de impedir la autorización para emitir documentos fiscales al recurrente, sin previa notificación y posibilidad de ejercer el recurso efectivo que le franquea la Ley, veda la oportunidad al contribuyente o administrado de ser oído y de exteriorizar argumentos en su defensa, en relación a la deuda liquida y exigible que, según ha referido en forma indubitada el informe de la Autoridad competente, es debida al Fisco y se encuentra en mora. Considerando (18): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. Considerando (19): Que el Derecho de Defensa, por otra parte, se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones; configurándose, por lo tanto, el deber constitucional, tanto de los órganos judiciales como administrativos, de configurar sus actuaciones a modo de permitir a las personas su efectiva defensa de conformidad a Ley. Considerando (20): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo. Por Tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 9, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas; conforme al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional Falla: 1) Otorgar la garantía de amparo interpuesta contra las actuaciones del Servicio de Administración de Rentas; 2) la acción referente a la negación del no ejercicio del Régimen de Facturación y otros documentos fiscales, no aplica por contravenir y disminuir derechos fundamentales del bloque de constitucionalidad, y; 3) la autoridad recurrida deberá de darle la debida ejecución a la presente sentencia, suspendiendo todos los efectos de la negación del ejercicio del régimen de facturación, mientras no exista resolución administrativa motivada, con fundamentos legal, con respecto a la firmeza, liquidez y ejecución de deudas fiscales, que no estén en cuestionamiento en vía jurisdiccional. y manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Notifíquese. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0443-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Acuerdo No 481-2017 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 43,413 de diez de agosto de dos mil diecisiete.

[2] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.

[3] Ha manifestado ya la Sala de lo Constitucional en jurisprudencia constante que la garantía del debido proceso no es exclusiva de la vía jurisdiccional, sino que impone también su observancia en sede administrativa, particularmente dentro de lo que se denomina el procedimiento sancionador administrativo; dado que así tiene el Administrado derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones de la Administración, oportunidad de participar en el procedimiento y de obtener una resolución fundada, la cual pueda en forma ulterior ser objeto del régimen de recursos, de conformidad a Ley.