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Sentencia AA-438-19 — Registro 12546

Resumen

Resolución que declaró infundado recurso de queja, con ocasión de denegación de recurso de apelación con relación a demanda ordinaria para la nulidad de acto administrativo promovida contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(1): Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que constituye una flagrante violación al derecho constitucional de la legitima defensa y el debido proceso, el hecho de negarle la posibilidad a la representada de interponer y someter a la instancia superior, el control de la decisión de primera instancia. Ante la negativa del juez de instancia, se procedió a interponer recurso de queja ante la Corte de Apelaciones a efecto de obtener el reexamen de la denegatoria al recurso, pero la acción fue rechazada, dando lugar a que ambos tribunales nieguen la posibilidad de interponer de manera libre las acciones o recursos establecidos en la ley. La naturaleza del auto apelado y cuyo recurso de queja fue denegado, conlleva por razón de forma el vicio de nulidad, ya que fue emitido estando la juez impedida legalmente en virtud de la recusación previa, y por razón de fondo, es arbitrario ya que CONSUCOOP, demostró que en ningún momento incumplió mandato judicial algún, ya que se abstuvo de ejecutar la resolución administrativa que fuera suspendida por orden judicial, dando cumplimiento a lo ordenado por la juez con respecto a suspender el acto impugnado.CONSIDERANDO (2):Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem,declara infundada la queja interpuesta por la abogada Kely Liduvina Molina en su condición de representante procesal del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) y declara la firmeza del auto de fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, que contiene el incidente de suspensión del acto reclamado, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; fundamentando su resolución en que la resolución contra la cual se interpone el recurso de apelación, deviene del auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por medio del cual se dilucidó a criterio del juez de primera instancia la procedencia de la medida cautelar consistente en la suspensión del acto reclamado solicitado por el incidentista demandante, el cual al haberse declarado con lugar sin que el mismo fuese recurrido, adquirió firmeza, deviniendo el juez en la obligación de solicitar informe sobre el cumplimiento o no de dicha resolución judicial (suspensión del acto reclamado); informe que a criterio del juzgador de primera instancia no desvirtúan las razones por las cuales no se h dado cumplimiento a dicha medida cautelar, ordenando mediante auto el envío de una comunicación judicial al Ministerio Público; auto del cual el quejoso recurre mediante recurso de apelación, olvidando que dicho proceso de suspensión del acto reclamado finalizó al adquirir firmeza la resolución aludida, por ende el auto que pretende recurrir es imposible de sustanciación, ya que no le da fin al proceso relacionado. CONSIDERANDO (3): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (4):Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos,en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (5): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo. CONSIDERANDO (6): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Sentencia

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