Sentencia AA-409-18 — Registro 8520
Resumen
Resolución No. 038-2018 dictada por Director de la Academia Nacional de Policía y la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho que separó definitivamente al cadete del IV año a recurrente de la Institución y se le canceló su beca de estudios por considerar que incurrió en falta muy grave con resultado de la prueba de alcoholemia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Al analizar el expediente administrativo disciplinario que acompaña a la garantía de amparo, es posible constatar que: a) En fecha tres de mayo del presente año, el abogado German Ubaldo Flores Matamoros, presentó a favor del joven cadete Danilo Edgardo Rodríguez González, el recurso de reposición contra la resolución ANAPO-No. 038-2018 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el cual fue denegado, declarándolo sin lugar el dieciséis de mayo del mismo año, mediante la resolución ANAPO-No.045-2018; b) En fecha veintinueve de mayo, se interpuso la presente garantía constitucional de amparo; c) En fecha uno de junio, el mismo abogado German Ubaldo Flores Matamoros, y en igual condición, interpuso el recurso de apelación; d) hasta la fecha, no consta en autos que ha sido resuelta la apelación interpuesta. Es importante tomar en cuenta que la razón del principio de definitividad del amparo, es darle oportunidad al Estado para que resuelva los conflictos en jurisdicción ordinaria o sede administrativa, según sea el caso..."..."la Sala de lo Constitucional no observa violación al debido proceso, tal como alega el censor, por no haberse dado un juzgamiento conforme a lo dispuesto por la Ley de Policía y convivencia social. En virtud de que la sanción se hizo bajo el procedimiento disciplinario, previsto en la normativa interna de la entidad educativa[5], en la cual tuvo oportunidad de defenderse en forma plena, por ende este alegato no es de recibo..."..."este alto tribunal no encuentra que se le haya violentado el debido proceso. El censor no refiere nada sobre el derecho a la educación, el cual es un derecho que se encuentra sujeto a regulación legal y reglamentaria. No debe confundirse por tanto el derecho a la educación como oportunidad para realizar estudios con las obligaciones que todo educando debe observar una vez dentro de un centro de estudios..."..."la Sala ha estimado que quien alega un motivo de amparo tiene la carga procesal de demostrarla mediante argumentos y pruebas, de manera que, en el presente caso, dicho alegato no es de recibo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, miércoles dieciséis de enero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de Amparo interpuesta por el abogado GERMAN UBALDO FLORES MATAMOROS, a favor del señor DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, contra la resolución ANAPO–No.038–2018, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada por el director de la ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO (ANAPO–UNPH), mediante la cual se separa definitivamente al cadete del IV año DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, de dicha institución y se le cancela su beca de estudios.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. El abogado GERMAN UBALDO FLORES MATAMOROS, compareció ante este tribunal en fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, contra la resolución ANAPO–No.038–2018, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada por el director de la ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO (ANAPO–UNPH). Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los artículos 95, 151, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folios 1–11 de la presente garantía).- 2. En fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, se admitió la presente garantía constitucional de amparo, sin suspensión del acto reclamado, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe, para que, dentro del término de un día hábil, remitan los antecedentes del caso. (Folio 134 de la presente garantía).- 3. En fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Sala tiene por recibido la copia de los antecedentes e informe solicitado a la ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO (ANAPO–UNPH), en el cual se establece: “1. … 2. El día miércoles 3 de abril del año 2018, se recibió informe del Jefe de la Unidad Departamental de Prevención UDEP-7 subcomisionado de policía Marlon Agustín Vásquez Palma, en relación a los hechos donde se involucra al caballero cadete del IV año policial DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. En fecha 18 de abril del año 2018 mediante resolución número 038-2018 emitida por esta dirección de la Academia Nacional de Policía fue sancionado el joven DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, con separación definitiva, de la Academia Nacional de Policía y cancelación de la beca de estudio de la que ha gozado como alumno por considerársele responsable de la comisión de la, “Falta muy grave establecida en el artículo 115 numeral 45 del Reglamento de disciplina de los(as) alumnos (as)de la Academia Nacional de Policía “General José Trinidad Cabañas “ANAPO”… 8. … 9. … 10. Señores Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se les informa a ustedes que en el caso que nos ocupa en esta dirección de la Academia Nacional de Policía no se le ha violentado el debido proceso como lo menciona el recurrente también no es cierto que se viole el derecho a defensa al joven DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ a quien se le ha seguido el debido proceso para llegar a la aplicación de la sanción disciplinaria, que consiste en la separación de este centro de estudios lo que se ha hecho es aplicar la norma establecida en el artículo 115 numeral 45 del Reglamento de disciplina de los(as) alumnos (as)de la Academia Nacional de Policía “General José Trinidad Cabañas “ANAPO” … 11. Señores magistrados de la Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia con todo respeto se les informa a ustedes que en el caso que nos ocupa en esta dirección de la Academia Nacional de Policía no se le ha violentado al recurrente el derecho a la educación como lo establece el escrito de mérito, pues el Estado de Honduras por medio De la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad y la Dirección Nacional de Educación Policial dan la oportunidad a jóvenes que se quieran formar en esta Academia Nacional de Policía como oficiales de policía y poder ser líderes en la institución policial, al mismo tiempo Impone normas de conducta, derechos, deberes prohibiciones y obligaciones las cuales son de estricto cumplimiento su observancia de los alumnos (as)de este centro de estudios una vez que han firmado su contrato de beca, mismas que incumplió el joven DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.” (Se encuentran en el testimonio emitido por la autoridad recurrida).- 4. Así mismo, en los mismos documentos que contienen el testimonio emitido por la autoridad recurrida, se encuentra la copia de la resolución ANAPO–No.038–2018, contra la cual se reclama en el presente recurso, en donde consta que la autoridad recurrida resuelve: “PRIMERO: Sancionar al caballero cadete del IV año Policial DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, con separación definitiva, de la Academia Nacional de Policía por considerársele responsable de la comisión de la “Falta muy Grave establecida en el artículo 115 numeral 45 del Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as) de la Academia Nacional de Policía “General José Trinidad Cabañas “ANAPO” consistentes en: PROVOCAR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA ESTANDO O NO BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS U OTRAS SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS, PARA LO CUAL BASTARÁ CON SOLICITAR EL INFORME DEL CASO A LA AUTORIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE Y/O LA DENUNCIA INTERPUESTA DE EXISTIR LA MISMA” Hechos ocurridos el día domingo 1 de abril del año 2018 en Danlí a esto de las 02:00 horas… SEGUNDO: Cancelar la beca de estudios de la que ha gozado como alumno al Caballero Cadete del IV año Policial DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ como lo establece el artículo 114 del presente reglamento, quien deberá entregar los uniformes y toda prenda o equipo policial de la ANAPO que haya sido asignado o adquirido con fondos propios o de su beca de estudios, igualmente, se levantará un acta con el inventario de sus haberes personales y el equipo que se encontraba bajo su custodia, TERCERO: Notificar en legal y debida forma el caballero cadete del IV año Policial DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ la presente resolución la cual es efectiva a partir del día siguiente de su notificación…” (Se encuentran en el testimonio emitido por la autoridad recurrida).- 5. En fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, la garantía constitucional de amparo, y ordenó dar vista de los autos al fiscal del despacho, a fin de que emita su dictamen sobre la presente garantía. (Folio 171 de la presente garantía).- 6. Que en fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su fiscal, el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, SE SOLICITA SE SOBRESEA LAS DILIGENCIAS en la presente acción de amparo, por concurrir la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional.” (Folios 174–178 de la presente garantía).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos contenidos en los artículos 82, 95, 151, 321 y 323 de la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que a su poderdante le fueron violentados los derechos de defensa, a no ser sancionado con penas no establecidas previamente en la ley, educación, y el principio de legalidad, que se encuentran contenidos en la Constitución de la República y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Básicamente los argumentos que sustentan la presente garantía constitucional de amparo, se resumen de la manera siguiente. El amparista refiere que el estudiante Danilo Edgardo Rodríguez González es un joven hondureño de veintiuno años de edad, originario del municipio de Danlí, El Paraíso, con aspiraciones de graduarse como licenciado en Ciencias Policiales el presente año lectivo, cursando el IV año de la Academia Nacional de Policía. Denuncia que mediante la resolución ANAPO-No. 0328-20|8 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho fue injusta arbitraria y definitivamente separado por el Director de la Academia Nacional de Policía y facultad de Ciencias Sociales y Derecho. Asimismo, que con dicha decisión se le violenta en principio el derecho a la educación, garantizado por nuestra Constitución en el artículo 151. Se aduce que la sanción de separación definitiva es violatoria de los derechos citados en virtud de las razones que expone resumidamente así: El día domingo uno de abril de dos mil dieciocho, a las dos de la mañana, frente al Bar Perla Negra del barrio El Centro de la ciudad de Danlí, el joven Danilo Edgardo Rodríguez González se encontraba de pasajero en el interior de un vehículo, cuando fue requerido por escándalos en la vía pública, bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por los policías de viabilidad y transporte Imer Leonel Estrada Sánchez, Edlin Efrén Maradiaga López y Manuel Lovo Cabrera. Se agrega que, la prueba de alcoholemia serie número 864653 que se le practicó al detenido, resultó positiva, con 475.3 mg/100mg; además que el joven Danilo Edgardo Rodríguez González, faltó al respeto y autoridad, con palabras amenazantes y vocabulario soez, por lo que fue trasladado a la Unidad departamental de prevención número siete de la Policía Nacional de la ciudad de Danlí, según informe elaborado el día tres de abril, por el jefe de dicha unidad, subcomisionado de policía, Marlon Agustín Vásquez Palma. Lo anterior consta en el libro de registro de novedades y libro de control de detenidos de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho de la Unidad departamental de prevención número siete, donde se da cuenta que a las dos con veinticinco minutos de la mañana, fue detenido el joven Danilo Edgardo Rodríguez González de veinte años, por escándalo público, con fecha de salida el uno de abril de dos mil dieciocho a las once con cuarenta y cinco minutos de la mañana, hechos que fueron informados al subcomisionado David Leonardo Ortega Pagoaga, por el señor jefe del departamento de coordinación estudiantil, comisario de policía Jairo enrique Ramos García. Se señalan las faltas fundadas en los artículos 101 y 142 No. 10 de la Ley de Policía y convivencia social. Refiriéndose el censor, sobre la resolución ANAPO-No.038-2018, reprocha que su poderdante Danilo Edgardo Rodríguez González fue sancionado con base en los hechos anteriores, calificándolos de falta muy grave de conformidad al artículo 115 numeral 45 del Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as) de la Academia Nacional de la Policía. El impetrante expresa que fueron quebrantados los principios del debido proceso, de legalidad y de defensa. Refiere que se obvió el procedimiento establecido en la Ley de Policía y Convivencia social, la cual señala: “para declarar a un ciudadano en escándalo en vía pública y a su vez éste le faltare el respeto a la autoridad con palabras amenazantes, debe haber una resolución motivada de juez competente, la cual será escrita y la que se pronunciará después de oír los descargos del contraventor y examinar las pruebas que éste quisiere asumir durante la audiencia oral y pública celebrada ante el juez de policía municipal,…” Sin embargo, en este caso, expresa el censor, al joven Danilo Edgardo Rodríguez González le fueron violentados sus derechos de debido proceso y defensa, pues nunca fue sometido ante un juez de policía, por lo que estima que ha sido una arbitrariedad el haberle separado definitivamente de la ANAPO, violentándosele así, su derecho a la educación. Se han conculcado los derechos señalados en virtud de que, en lugar de ponerle delante de un juez a defender sus derechos, se le ha sancionado, con la simple valoración practicada sobre libros de novedades y de detenidos, los cuales no son un fallo de autoridad competente. Indica que un policía operativo, en el desempeño de su cargo, no es juez ni perito, por tanto, no puede determinar si una persona tiene alcohol en sangre. Señala que dicho peritaje requiere de conocimientos especiales que el agente de policía no tiene; por otra parte, pretende restarle credibilidad a dicha prueba, reprochando que la hizo el mismo agente que le detuvo y sanciona. Que éste no tiene facultades como autoridad. El impetrante explica que en el presente caso, la autoridad recurrida ha pretendido asumir más facultades que las conferidas por la ley, con relación al artículo 321 constitucional, en virtud de que, emitir una resolución administrativa, cuando la misma no se encuentra apegada a derecho, en virtud de que se violentó la ley de policía y convivencia social para efecto de emitir una resolución injusta, debido a que nunca fue conducido ante el juez de policía para garantizarle sus derechos constitucionales de defensa y así emitir una fallo acorde con la ley. Por otra parte, el censor señala que se le vulneró el principio de legalidad a su poderdante, en virtud de que se le negó el derecho de obtener una resolución motivada, justa y legal, con fundamento en los antecedentes y consideraciones jurídicas.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. El fiscal Juan Carlos Sánchez Villalobos en su dictamen concluyó que SE SOBRESEA la presente garantía de amparo de la cual se hace mérito, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 8 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. El fiscal basa su opinión en que el apoderado legal del joven Danilo Edgardo Rodríguez González, interpuso en fecha uno de junio del presente año, recurso de apelación en contra de la resolución ANAPO 038-2018, el cual fue remitido a la Dirección Nacional de Educación Policial en fecha seis de junio, es decir dicha impugnación se presentó después de la interposición de la garantía constitucional de amparo, advirtiéndose que dicha apelación aún se encuentra pendiente de resolución.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de los argumentos de la Dirección de la Academia Nacional de Policía, Facultad de ciencias sociales y Derecho, que fundamentaron la resolución ANAPO-No. 038-2018 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El Director de la Academia de Nacional de Policía, subcomisionado David Leonardo Ortega Pagoada mediante la resolución mencionada decidió sancionar al cadete de IV año policial, Danilo Edgardo Rodríguez González, con separación definitiva de la Academia Nacional de Policía y cancelación de la beca de estudio, tal como establece el artículo 114 del Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as)de la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas “ANAPO”; ordenándosele la entrega de los uniformes y toda prenda o equipo policial de la ANAPO que le haya sido asignado o adquirido con fondos propios o de su beca de estudios, debiéndose levantar acta con el inventario de sus haberes personales y el equipo que se encontraba bajo su custodia. La sanción fue aplicada por considerársele responsable de la comisión de falta muy grave, establecida en el artículo 115 numeral 45 del Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as)de la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas “ANAPO”. Específicamente la sanción obedece a la falta consistente en: “…provocar desorden en la vía pública estando o no bajo los efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias alucinógenas, para lo cual bastará con solicitar el informe del caso a la autoridad policial correspondiente y/o la denuncia interpuesta de existir la misma. En la misma parte dispositiva de la resolución sancionatoria, se dispuso notificarle al sancionado el contenido de la misma, brindándole además información de los recursos de impugnación a que tiene derecho de conformidad con los artículos 162 y 163 del Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as)de la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas “ANAPO”. En la resolución se indica que el fallo obedeció a lo siguiente: 1. En fecha dos de abril de dos mil dieciocho se nombró por el director de la Academia Nacional de policía, subcomisionado David Leonardo Ortega Pagoada el Consejo disciplinario No.047-2018 integrado por el subcomisario de policía Juan carlos García Cárdenas, en su condición de presidente, el inspector de policía Oris Trinidad Medina Urbina en condición de secretario y el inspector de policía Marvin Abad Martínez Meza, en condición de vocal. Básicamente el propósito de dicha comisión, fue investigar los hechos ocurridos en relación con el presente caso y con ello elaborar un informe. 2. En fecha cinco de abril de dos mil dieciocho el presidente del Consejo disciplinario, remitió el informe investigativo junto con las diligencias realizadas al señor director de la Academia Nacional de policía, subcomisionado David Leonardo Ortega Pagoada, informando en forma resumida lo siguiente: A. El miércoles tres de abril de dos mil dieciocho a las dos de la mañana, en el barrio El centro, calle El Canal, exactamente frente al bar Perla Negra, se encontraban los policías de viabilidad y transporte Imer Leonel Estrada Sánchez y Edlin Efrén Maradiaga López en la T-128, conducida por Luis Manuel Lovo Cabrera, cuando se le hizo la prueba de alcoholemia al señor Pedro Arturo Lovo Murillo, que se conducía en una camioneta color, resultando positiva, en 203.1 mg/100 ml. Dentro de dicho vehículo también se encontraba el joven Danilo Edgardo Rodríguez González, quien se dirigió a la radio patrulla mostrando una conducta no adecuada, dirigiéndose al policía Luis Manuel Lovo Cabrera, con palabras soeces y amenazándolo, manifestándole en forma altanera: “vos no sabés quien soy yo, mañana vas a ver con quien te metiste ya que soy alférez de cuarto año policial de la Academia Nacional de Policía, cerrándole el paso al policía Estrada Sánchez para que no abordara la patrulla por la puerta derecha. El policía Estrada Sánchez entonces le detuvo, practicándole la prueba de alcoholemia resultando positiva 475.3 mg/100 ml, siendo reseñado por las faltas tipificadas en los artículos 101 y 142 numeral 10 de la Ley de Policía y convivencia Social. La detención y lo ocurrido fue informado en el libro de novedades y de detenidos, constatándose posteriormente por el investigador de la comisión. B. Se le tomó declaración de lo ocurrido al policía Luis Manuel Lovo Cabrera, confirmando lo sucedido. En referencia a la prueba de alcoholemia, señala que el joven Danilo Edgardo Rodríguez González fue detenido para ser trasladado a la jefatura reportándolo al subcomisario de policía Carlos Domínguez Madrid lo acontecido, quien giró instrucciones a la clase de servicio, que le practicara la prueba de alcoholemia y se reseñara el estado en que se encontraba. En un principio Danilo Edgardo Rodríguez González no quiso someterse al examen, pero accedió cuando el subcomisario le ordenó hacérselo, resultando positiva, siendo después trasladado a las celdas de la UDEP 7. También rindió declaración Imer Leonel Estrada Sánchez quien confirmó los hechos ya relatados en cuanto lugar, hora y fecha. Asimismo con relación a la detención del señor Pedro Arturo Lovo Murillo, a quien se le hizo la prueba de alcoholemia resultando positiva, por lo cual se le decomisó la licencia, como el hecho de que el joven Danilo Edgardo Rodríguez González se bajó del vehículo identificándose como alférez de cuarto año de la Academia Nacional de Policía y procediendo a ofenderlos diciendo que los policías de tránsito sólo servían para “andar jodiendo a las personas y que no los dejábamos divertirse”, luego se acercó a la patrulla de tránsito con registro T-178 para amenazar al compañero Luis Lovo, diciéndole: “no sabés con quien te has metido vas a ver mañana quien soy yo”. Luego en su declaración repite el hecho de que no quiso dejarle entrar a la patrulla, amenazando e insultando, por lo que fue detenido y conducido a la guardia de la Policía preventiva, recibido por el policía Clase I, Juan Ramón Flores Castillo, ratificando lo de la prueba de alcoholemia. 3. En fecha seis de abril de dos mil dieciocho el joven Danilo Edgardo Rodríguez González fue citado para audiencia de descargo, la cual fue fijada para el lunes nueve de abril de dos mil dieciocho a las dos de la tarde. Dicha notificación se realizó en la forma establecida por el artículo 154 del Reglamento disciplina de los (as) (as)de la Academia Nacional de Policía General José Trinidad Cabañas, ANAPO. 4. El lunes nueve de abril de dos mil dieciocho a las dos de la tarde, se celebró la audiencia de descargo con la presencia del joven Danilo Edgardo Rodríguez González, quien manifestó lo siguiente: “Que en el momento que se le hicieron la prueba de alcoholemia al muchacho que andaba conmigo en el vehículo , en ningún momento yo me bajé del vehículo yo llegué a la patrulla cuando el policía Estrada dijo que iba a decomisar el vehículo, en ningún momento le falte el respeto siempre lo trate como autoridad que es, en ese momento él ni sabía que yo era cadete cuando el policía vino que dijo que le iba a quitar el vehículo yo le dije que si nos iban ir a dejar , y el subió a unos muchachos a la patrulla que venían bajando de la disco ahí fue el momento que yo le reclamé y en ningún momento yo le falté el respeto, ya que mostré inconformidad porque los llevaban a ellos y a nosotros no, en ningún momento lo amenacé tampoco le dije algo de eso, en ese momento fue cuando yo le dije que era cadete de la Academia, ahí fue cuando él se puso más enojado el conductor de la patrulla después de eso el policía operador me subió a la patrulla tranquilamente quien fue el que me amenazó diciéndome que me iba a dar la baja, yo no le dije nada, hasta el momento que llegamos a la jefatura, le reporté que me diera una llamada y él me dijo que no que no me iba a dar ninguna llamada, en eso llegó el subcomisario de policía Domínguez y me preguntó mi nombre completo y yo se lo dí, y me dijo que me practicaran la prueba de alcoholemia, luego de eso me trasladaron a la celda amenazándome y humillándome el policía, a eso de las cuatro de la mañana llegaron policías a la celda, me sacaron y pensaba yo me iban a dejar en unas bancas y no era para eso sino para retarme para pelar con ellos las personas que estaban en la celda escucharon cuando los policías llegaron a retarme, luego de eso me pidieron los documentos pero como me estaban molestando yo no sé los quise dar, me quitaron la cartera a fuerza a mí me reseñaron y no me dijeron porque fui detenido sólo tomaron la foto en la madrugada, todas las personas que estaban en la celda estaban por peores delitos y a ninguno le hicieron eso ahí cuando mire la mala intención del policía, yo en ningún momento le falté el respeto o andaba haciendo escándalo público, no tengo motivo por el cual hayan tomado esa decisión de llevarme por esos delitos, en el momento tal vez les hablé fuerte pero en ningún momento les falté el respeto, que nunca les faltó el respeto a los agentes de tránsito no tiene ningún medio de prueba que presentar ni nada que agregar.” 5. En fecha diez de abril de dos mil dieciocho, el Consejo disciplinario recomendó al señor director de la Academia Nacional de Policía, sancionar al caballero cadete de IV año policial joven Danilo Edgardo Rodríguez González, con la separación definitiva de la Academia Nacional de Policía por considerársele responsable de la comisión de falta muy grave establecida en el artículo 115 numeral 45 del Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as)de la Academia Nacional de Policial, General José Trinidad Cabañas, consistente en: “provocar desorden en la vía pública estando o bajo los efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias alucinógenas, para lo cual bastará con solicitar el informe del caso a la autoridad policial correspondiente y/o la denuncia interpuesta de existir la misma.” 6. En la fundamentación de la resolución se señala que las sanciones podrán imponerse según la magnitud y gravedad de la falta cometida con suspensión de salida ordinaria, simple, especial severa, separación definitiva y cancelación de beca. De igual manera expresa que el Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as)de la Academia Nacional de Policial, General José Trinidad Cabañas, vigentes desde el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras con el número de publicación 33, 922, en su artículo 154 establece el procedimiento administrativo que se habrá de seguir para las faltas graves y muy graves cometidas por los (as) alumnos (as) de la Academia Nacional de Policía, el cual se asevera, haber cumplido en este caso.- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos que cita el amparista. La Sala de lo Constitucional previo al examen de procedencia de la presente garantía constitucional de amparo, entra a analizar la admisibilidad de ésta, tomando en cuenta la observación y opinión del agente de tribunales del ministerio Público, quien fue del parecer que se sobresea el caso de mérito en virtud de no haberse agotado todos los recursos y acciones, al constatar que se encuentra pendiente un recurso de apelación interpuesto en fecha uno de junio del presente año, habiéndose remitido las diligencias a la Dirección Nacional de Educación Policial en fecha seis de junio. El fiscal además hace el apunte de que la apelación se presentó después de la interposición de la garantía constitucional de amparo, y que aun este recurso no había sido resuelto. I. Sobre el cumplimiento del principio de definitividad. Es un requisito de admisión, que previo a la interposición de la garantía de amparo, hayan sido intentados todos los recursos o acciones que la Ley prevé; y complementariamente, no tener pendientes, expeditos recursos o acciones. De lo contrario se incurre en las causas de inadmisibilidad o sobreseimiento, previstas en los numerales 3 y 8 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Al analizar el expediente administrativo disciplinario que acompaña a la garantía de amparo, es posible constatar que: a) En fecha tres de mayo del presente año, el abogado German Ubaldo Flores Matamoros, presentó a favor del joven cadete Danilo Edgardo Rodríguez González, el recurso de reposición contra la resolución ANAPO-No. 038-2018 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el cual fue denegado, declarándolo sin lugar el dieciséis de mayo del mismo año, mediante la resolución ANAPO-No.045-2018; b) En fecha veintinueve de mayo, se interpuso la presente garantía constitucional de amparo; c) En fecha uno de junio, el mismo abogado German Ubaldo Flores Matamoros, y en igual condición, interpuso el recurso de apelación; d) hasta la fecha, no consta en autos que ha sido resuelta la apelación interpuesta. Es importante tomar en cuenta que la razón del principio de definitividad del amparo, es darle oportunidad al Estado para que resuelva los conflictos en jurisdicción ordinaria o sede administrativa, según sea el caso. De manera que la jurisdicción constitucional se constituye precisamente como una revisora de la jurisdicción ordinaria y de la autoridad administrativa. La obligación que existe de agotar los recursos, vías y acciones previas, no es una mera formalidad, válida en sí misma; menos aún, constituida como un valladar difícil de franquear para limitar o evitar la protección en sede constitucional. Todo lo contario a esto, el propósito es brindarle al gobernado más oportunidades de que revisen su asunto, para defensa de sus derechos e intereses. En definitiva, la exigencia de agotar recursos y acciones antes de intentar el amparo no está prevista como una formalidad antojadiza, sino que constituye una garantía de protección efectiva de los derechos humanos de la ciudadanía. Lo anterior conecta con lo que dispone el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), con relación a las obligaciones de respeto y protección, previstas en el artículo 1 de dicha convención. El artículo 25 de la CADH, dispone el derecho que toda persona tiene a un recurso sencillo, y rápido o a otro recurso que sea efectivo ante jueces y tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma convención. Recogiendo todo esto, el Estado de Honduras hace suya la necesidad de proveer a los ciudadanos de medios o recursos que sean sencillos, rápidos y efectivos; al señalar en el artículo 2 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la obligación de interpretar y aplicar dicha normativa, “de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos el adecuado funcionamiento del orden jurídico constitucional.” Ese deber estatal de asegurar la protección de los derechos humanos de todas las personas, es un mandato que debe verse en función de la mayor eficacia y efectividad, por tanto, la obligación de agotar recursos y acciones, si bien es una regla general, debe aceptar excepciones bien calificadas, a la sazón, las siguientes: a)Cuando se encontrare en peligro inminente un derecho como la vida, la integridad personal o la salud. b) Cuando no se haya dispuesto en forma expresa, o sea, que no exista medio de impugnación o acción, para evitar la violación de un derecho humano o para restituir el que haya sido limitado o violado. c) Cuando el recurso o acción no sea idóneo o efectivo para evitar la violación por razones de hecho y de derecho. d) Cuando la vía administrativa o un medio de impugnación, sea una forma de retraso malicioso o una manera injustificada para la violación de un derecho. e) Cualquier otra, que signifique una indebida protección o incumplimiento a los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos. La Sala al revisar su propia jurisprudencia, verifica que en casos similares al de mérito, la solución se decanta en dos ocasiones por el agotamiento de la vía administrativa, previo a que se intente la vía de amparo. Sin embargo, en el caso más reciente, se cambia la línea jurisprudencial y se admite, e inclusive se otorga el amparo. A continuación, se detallan estos casos: a) En la Sentencia AA-SCO-0681-2016 de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos se decidió declarar inamisible la garantía de amparo por estimar que concurre el numeral 7 del artículo 46 de la Ley sobre justicia Constitucional, al apreciar lo siguiente: “… que los peticionarios tienen disponibles los recursos administrativos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, no habiendo hecho uso de los mismos, según se informa, en consecuencia, puede inferirse que no ha sido agotada la vía administrativa. Dicho caso se refiere al traslado de unos oficiales de Policía, a la Dirección Nacional de Educación Policial, en el Museo de la Policía Nacional, con sede en el Ocotal, departamento de Francisco Morazán. En este caso, es clara la posición de la Sala de lo Constitucional, a efecto de que asuntos relacionados con traslados, se conozcan en amparo, una vez agotada la vía administrativa. b) La Sentencia AA-SCO-0801-2010 del uno de febrero de dos mil once, fue dictada por unanimidad de votos, decidiendo sobreseer la garantía constitucional de amparo por concurrir la causal prevista en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que se refiere a las alegaciones de mera legalidad. De acuerdo a lo expresado por la Sala, el recurrente hizo reproches que corresponden ser resueltos únicamente por jueces en vía ordinaria. Dicha acción fue interpuesta a favor de unos estudiantes cadetes contra la resolución dictada por la Academia Nacional de Policía “José Trinidad [Cabañas]”, que habían sido separados. En este caso, cabe mencionar que, fue agotada previamente la vía administrativa, en virtud de que la resolución de la dirección de la ANAPO-UNPH, fue posteriormente apelada ante el Sistema de Educación Policial, antes de interponerse la garantía de amparo. c) Por último, el caso más reciente es la Sentencia AA-SCO-0767-2017 del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se otorga por unanimidad de votos la acción de amparo a favor del ciudadano Jonatan Fidel Díaz Bonilla, contra la resolución de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) No. 54-2016, por medio de la cual fue separado de sus estudios y retirado la beca. En dicho caso, no sólo se le relevó del agotamiento de recursos y acciones previas, sino que al entrar al conocimiento de fondo del asunto, éste fue otorgado. En virtud de lo anterior la Sala de lo Constitucional, estima que, de las dos líneas jurisprudenciales, la ultima es más acorde con la obligación estatal de protección de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de educación. Lo anterior se justifica, si se toma en cuenta que, en materia de educación, la tardanza perjudica al sancionado, en virtud de que pierde el año lectivo, si en lugar de darle preeminencia al derecho del educando, se le da a la prerrogativa prevista a favor de la Administración o el Estado de exigir el agotamiento previo de la vía gubernativa. Es decir, en casos como el de mérito, debe ponderarse entre dos situaciones, por un lado, la necesidad de protección del derecho fundamental de educación y por el otro, darle curso a la prerrogativa que tiene el Estado de revisar sus propios actos, antes de someterlos a la vía jurisdiccional, sea ordinaria o constitucional. De lo anterior, la Sala de lo Constitución se decide a favor de la protección eficaz, permitiendo el acceso al amparo, tal como se hizo en la Sentencia AA-SCO-0767-2017 del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, estimando que esta es la línea jurisprudencial a seguir para este tipo de casos. Otra razón para seguir la línea jurisprudencial señalada es que no consta que la autoridad de alzada se haya pronunciado en el caso de mérito, siendo por tanto prueba de que el recurso de apelación en este caso no es medio más eficaz de protección en el presente asunto. Este retraso, en sí mismo es un agravamiento de la situación del afectado, en virtud de que como ya se expresó antes, existe en materia de educación una necesidad de pronta respuesta, tomando en cuenta que los cursos se van perdiendo en el tiempo de manera irrecuperable. II. Sobre la procedencia de los motivos de amparo sustentados por el garantista. La Sala de lo constitucional al analizar los motivos que sustentan la presente garantía de amparo, se refiere a continuación sobre cada uno de ellos, así. 1. Sobre la violación del derecho del debido proceso defensa por la vía del derecho de defensa. Por una parte, el censor establece que se ha violentado el derecho del debido proceso porque a su poderdante le fue impuesta una sanción que no se encontraba previamente establecida en ley. Por otro lado, reprocha que se obvió el procedimiento establecido en la Ley de Policía y Convivencia social, en virtud de que en su caso se omitió que un juez municipal o de policía dictara en su contra, una resolución motivada y por escrito, después de haber sido oída su defensa, en una audiencia oral y pública. El censor además cuestiona el resultado de la prueba de alcoholemia, debido a que no fue valorada por perito y que fue hecha por el mismo agente que le detuvo y sanciona. La Sala de lo Constitucional, sobre estos puntos, verifica en el expediente administrativo disciplinario que la sanción impuesta se debe a que se le encontró responsable de haber incurrido en la falta muy grave establecida en el numeral 45 del artículo 115 del Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as) de la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas, ANAPO, que literalmente dice: “Provocar desorden en la vía pública estando o no bajo los efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias alucinógenas, para lo cual bastará con solicitar el informe del caso a la autoridad policial correspondiente y/o la denuncia interpuesta de existir la misma.” Asimismo, que la sanción se debió a los hechos ya relatados en esta sentencia, atinentes a la detención del alférez de policía Danilo Edgardo Rodríguez González entre el treinta y uno de marzo y uno de abril de dos mil dieciocho en el barrio El centro de la ciudad de Danlí. Sobre este extremo, se observa que en el informe rendido a la Sala de lo Constitucional por el director de la Academia Nacional de Policía (ANAPO-UNPH), subcomisionado de policía David Leonardo Ortega Pagoaga, se señala contradictoriamente que la sanción impuesta no obedece al escándalo en la vía pública, sino por lo establecido en la normativa interna de entidad educativa.[4] Al respecto, lo que se observa es que precisamente el numeral 45 del artículo 115 del Reglamento ya aludido lo que sanciona es el desorden en la vía pública. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional no observa violación al debido proceso, tal como alega el censor, por no haberse dado un juzgamiento conforme a lo dispuesto por la Ley de Policía y convivencia social. En virtud de que la sanción se hizo bajo el procedimiento disciplinario, previsto en la normativa interna de la entidad educativa[5], en la cual tuvo oportunidad de defenderse en forma plena, por ende este alegato no es de recibo. 2. Sobre la violación al derecho de educación. Básicamente, lo que refiere es que le fue violentado el derecho a la educación a su poderdante, porque fue separado de manera permanente y por habérsele cancelado su beca de estudio sin observarse el debido proceso conforme a lo anteriormente abordado. Sin embargo, como se analizó, este alto tribunal no encuentra que se le haya violentado el debido proceso. El censor no refiere nada sobre el derecho a la educación, el cual es un derecho que se encuentra sujeto a regulación legal y reglamentaria. No debe confundirse por tanto el derecho a la educación como oportunidad para realizar estudios con las obligaciones que todo educando debe observar una vez dentro de un centro de estudios. 3. Sobre la violación al principio de legalidad. Sobre este extremo, se observa que el alegato del impetrante es que la autoridad recurrida asumió más facultades que las conferidas por la ley, refiriéndose a la supuesta violación de la Ley de policía y convivencia social, incurrida porque nunca conoció de dicho caso, el juez de policía. No es de recibo este motivo porque como ya se expresó antes el objeto impugnado mediante la presente garantía de amparo, es una resolución que se dictó de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as) de la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas, ANAPO. Por otra parte, el censor señala que se le vulneró el principio de legalidad a su poderdante, en virtud de que se le negó el derecho de obtener una resolución motivada, justa y legal, con fundamento en los antecedentes y consideraciones jurídicas. Sobre este extremo, vale señalar que la motivación insuficiente, inexistente o evidentemente errada, son supuestos que no son propiamente una violación al principio de legalidad, sino una violación al debido proceso por la vía del derecho de defensa. Distinto es que la ley exija la debida fundamentación de las resoluciones. En el presente caso se observa que el impetrante sobre este punto nada refiere, sino que sólo enuncia lo que estima como un motivo de falta de motivación. En estos casos, la Sala ha estimado que quien alega un motivo de amparo tiene la carga procesal de demostrarla mediante argumentos y pruebas, de manera que, en el presente caso, dicho alegato no es de recibo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado GERMAN UBALDO FLORES MATAMOROS, a favor del señor DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, contra la resolución ANAPO–No.038–2018, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada por el director de la ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO (ANAPO–UNPH), mediante la cual se separa definitivamente al cadete del IV año DANILO EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, de dicha institución y se le cancela su beca de estudios. Y MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste, asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, trece de febrero de dos mil diecinueve. Este alto tribunal de justicia, declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se denegó la garantía de amparo interpuesta por el abogado German Ubaldo Flores Matamoros a favor del ciudadano Danilo Edgardo Rodríguez González. La presente decisión judicial se hace bajo la motivación siguiente: CONSIDERANDO UNO (1): Resumen del argumento de reposición. El abogado German Ubaldo Flores Matamoros, recurre mediante escrito de reposición en fecha ocho de febrero del presente año. Al hacerlo se fundamenta en los dos argumentos siguientes: “Que si es cierto que no se ha agotado el procedimiento administrativo, el cual durará aproximadamente el término del tiempo de 3 a 4 años, aunque se lograra un fallo favorable en el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo, cómo reparar el mal causado, por esa razón se entabló esta acción, para buscar suspender los efectos de la resolución ANAPO N°038-2018: Que el cadete goce del beneficio de la beca de estudios mientras se logra el fallo de lo contencioso administrativo.” “De antemano me disculpo por manifestar lo siguiente porque no me dedicaré a oponerme o contradecir el criterio de esta Sala de lo Constitucional, porque sigo considerando que se violaron los derechos alegados, porque creo que en este tipo de casos NO IMPORTA LA LEY y LAS PRUEBAS, SINO LO QUE ES CORRECTO, PORQUE A VECES LO MÁS IMPORTANTE ES LA JUSTICIA, será que soy un idealista.” CONSIDERANDO DOS (2): Estudio y argumentación que sustenta la Sala para su decisión. Al examinar los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición, este alto tribunal de justicia, observa que el primero de ellos, se dirige a justificar la necesidad de acudir en amparo, en lugar de seguir la vía que ofrece lo contencioso administrativo. Este argumento no debió ser parte del recurso de reposición, en virtud de que lo expresado por el amparista fue asentido por este alto tribunal en la sentencia que se impugna. De hecho, consta en el considerando 6, que la Sala de lo Constitucional al referirse sobre el cumplimiento del principio de definitividad, da razones suficientes y además convincentes, para aceptar la admisibilidad a trámite de la garantía de mérito, encontrando que casos, como el presente, constituyen una excepción al principio de definitividad. Por esa razón, la presente garantía de amparo, no se sobreseyó conforme a lo que establece el numeral 8 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, sino que se decantó por el principio de protección eficaz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entrando por ello a examinar el fondo del asunto, analizando uno a uno los argumentos del amparista. Sobre el segundo de los argumentos, cabe señalar que la sentencia recurrida se dictó dando respuesta a cada uno de los alegatos que fueron contenidos en el escrito de formalización de la garantía de amparo, de conformidad al principio tantum apellatum quantum devolutum; y no habiendo ninguno, en contra de los expuestos por este alto tribunal de justicia, se estima procedente denegar el recurso de reposición.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 80, 303 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar sin lugar la reposición de mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero y la Resolución de fecha trece (13) de febrero, ambos del año dos mil diecinueve (2019) respectivamente, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0409-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Ver numeral 10 del informe, folio 20 del expediente de la garantía constitucional de amparo, párrafo final.
[5] Reglamento de disciplina de los (as) alumnos (as) de la Academia Nacional de Policía, General José Trinidad Cabañas, ANAPO, publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras, número 33,922 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince.