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Sentencia AA-357-16 — Registro 12028

Resumen

Sentencia incidental en consulta denegó recurso de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas en demanda de nulidad de Resolución No. 139-SR-14 promovida por la sociedad mercantil Apples Inc, por considerar la demandante que hay causas de inadmisibilidad de la acción, pretendiendo dicha parte que sea el juez que ordene la inscripción de marca y diseño que le fue denegada; El Tribunal de Alzada fundamenta su resolución en el hecho que recurrente reconoce y acepta que la autoridad impugnada le reconoció con posterioridad dicha inscripción por lo que procede denegar la acción de mérito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 13, b (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, que contienen la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto de dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada APPLES INC, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado el recurrente como violados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el Abogado ROBERTO ALEJANDRO WILLAMS CRUZ, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada APPLES INC, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, promoviendo demanda ordinaria de nulidad de una resolución administrativa por no ser conforme a derecho y se reconozca la situación jurídica individualizada, contra la resolución Nº 139-SR-14 de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, por no estar apegada a derecho, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios 01 al 43 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, compareció ante el citado Juzgado, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas. 3) Que en fecha doce de agosto del año dos mil quince, el Tribunal de primera instancia falló: PRIMERO: Desestimar las presentes defensas previas alegadas por el incidentista demandado consistentes en A) QUE SU CONOCIMIENTO NO CORRESPONDE A LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO B) QUE REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA C) QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, D) CUARTA CAUSA DE INADMISIBILIDAD QUE EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDEN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SEGUNDO: Contra el presente auto no cabe recurso alguno. (Folios del 77 al 80 de la pieza de Defensa Previas). 4) Que en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición ya indicada, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto del año dos mil quince, alegando el recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÓ: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. (Folios del 39 al 42 de la pieza de Defensa Previas). 6) Que en fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, de conformidad a lo estipulado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que Deniega el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por la Sociedad mercantil APPLES INC., contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número tres (3) expone (sic) “Que el recurrente interpone defensa previas contra el escrito de la demanda, alegando causas de inadmisibilidad de la misma, 1) Cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo Contenciosos administrativo; 2) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; 3) Que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, al tenor del artículo 31 letra c): Los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente los excluya.- 4) Que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. El Ad-Quem analizadas las causas de inadmisibilidad relacionadas se pronuncia de la siguiente manera: en cuanto a la primera casa de inadmisibilidad relacionada con que no corresponde a la jurisdicción de lo contenciosos administrativo conocer del asunto, sino que corresponde al Juzgado de Letras de Lo Civil; no puede ventilarse ante el Juzgado de Letras de lo Civil, pues lo que pretende el demandante es la revisión de un acto administrativo, por lo que es susceptible de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por lo que esta defensa previa es improcedente. En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad “cuando se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada” se pronuncia, que del caso de autos se desprende y es evidente el interés que tiene el demandante cuya legitimación viene determinada por la titularidad de un derecho subjetivo en que se basa aquella situación jurídica derivado de un ordenamiento jurídico que se considera infringido por el acto impugnado, cuya titularidad definitiva del derecho y su infracción o no, por parte del ordenamiento jurídico es una circunstancia que será resuelta de forma definitiva en la sentencia que ponga fin al proceso principal; por lo que desestimó dicha defensa previa. En cuanto a la tercer defensa previa referida a aquellos actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, señala que la jurisdicción de lo contencioso administrativa es la revisora de los actos emitidos por la administración pública y al analizar los artículos de la norma planteada por el incidentista como ser el Código Procesal Civil, son normas para personas que ya están lesionadas en sus derechos subjetivos y establece lo que un titular de dicho derecho puede solicitar a los Juzgados Civiles, ya sea a través de una indemnización, pero en este caso lo que se solicita es la nulidad de una resolución a la que supuestamente se ha emitido con exceso de poder y sin entrar al fondo del asunto será en sentencia definitiva que se determinará tal pretensión porque al tratarse de registro de una marca, por lo que esta defensa previa se desestima. En cuanto a la cuarta causa de inadmisibilidad que señala que el escrito adolece de defectos formales, que impiden hacer pronunciamiento sobre el fondo del asunto, invocados por el ahora recurrente, el Ad-Quem señala, al pretender el demandante que sea el Juez que ordene la inscripción, de la marca y diseño, de la cual le fue denegada su inscripción y a la vez reconoce y acepta que el mismo quien le denegó tal derecho se lo reconoció con posterioridad en el expediente número 12809-2014, circunstancia esta que le impide al órgano jurisdiccional verter pronunciamiento por haberse otorgado ya tal derecho; además la demandante lo que presume que al no establecerse la cuantía, no existe pretensión de indemnización, sino que lo que pretende es la nulidad de un acto administrativo. En consecuencia, el Tribunal de Alzada consideró procedente denegar la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELÁSQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. MIGUELA ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-0357-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL