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Sentencia AA-350-19 — Registro 11746

Resumen

Resolución que declaró inadmisible impugnación interpuesto contra la resolución No. TD-313-2018 dictada por Tribunal Disciplinario Del Ministerio Publico con relación a sanción de suspensión en el servicio sin goce de sueldo por un día contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."4): Que de las disposiciones citadas, se hace evidente que en el caso de autos, es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la competente para conocer y dirimir el presente caso, al estar dirigido el mismo contra el fondo de un acto administrativo de carácter particular emanado de una autoridad púbica, en el cual se sanciona al recurrente. CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces y Tribunales competentes que le amparen contra los actos que violen sus derechos y que en nuestro país, precisamente la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es la competente para garantizar a los y las integrantes de la carrera del Ministerio Público la protección de sus derechos frente a los actos de sus Órganos de control. CONSIDERANDO (6): Que tal y como lo establece la doctrina , es impertinente el pronunciamiento de la Justicia Constitucional a fin de garantizar la regularidad procesal, toda vez que existan recursos o acciones que garanticen la tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, mediante los mecanismos ordinarios establecidos en la norma adjetiva aplicable a un procedimiento determinado. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral 8), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la parte recurrente tiene expedita la vía Contencioso Administrativa para impugnar el acto reclamado en amparo, existiendo reiterada jurisprudencia en esta Sala de lo Constitucional , mediante la cual se confirma la aplicabilidad de la causal de inadmisibilidad que sirve de mérito a la presente resolución. CONSIDERANDO (8): Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto que hoy reclama en amparo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., seis de mayo de dos mil diecinueve. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RUDY ANTONIO LAMBERT THOMAS a favor de SI MISMO, contra la resolución No. CP-12-2019 dictada por el CONSEJO DE PERSONAL DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, que declaró inadmisible un recurso de impugnación interpuesto contra la resolución No. TD-313-2018 dictada por el TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PUBLICO en fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la sanción de suspensión en el servicio sin goce de sueldo por un día contra el señor RUDY ANTONIO LAMBERT THOMAS. CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República en su Artículo 318, crea la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y que de conformidad con el artículo 1 de la Ley que regula dicha Jurisdicción, la misma se encarga de conocer las pretensiones que se deduzcan con relación a actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO (2): Que de su escrito de interposición se aprecia que el recurrente considera que su acción no es susceptible de ser regulada de conformidad a lo establecido por el contenido de los artículos 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por entender ésta que el procedimiento en que recae el acto reclamado es un asunto relativo a la materia de personal, no regulado por esa Jurisdicción; en tal sentido, es menester indicarle que esta Sala entiende, que efectivamente los artículos referidos y la materia descrita no son aplicables al procedimiento sancionatorio de que se conoce, sin embargo contrario a su criterio particular, existe abundante jurisprudencia en la materia Contencioso Administrativa, en la cual se ha dado trámite a las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionatorios en materia disciplinaria por la vía ordinaria, por entender que los mismos son actos administrativos de carácter particular, regulados por la vía ordinaria en esa jurisdicción (Según el contenido del título Cuarto de la Ley), teniendo que observar como único requisito previo, el agotamiento de la vía administrativa previa. CONSIDERANDO (3): Que en este sentido, el artículo 184-D del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, es patente al establecer lo siguiente: “En caso de impugnarse la resolución definitiva emitida por el Tribunal Disciplinario en los procedimientos por faltas menos graves y graves que impliquen la suspensión y/o perdida del derecho del ascenso, respectivamente, el Consejo de la Carrera deberá proceder de la siguiente manera: 1)… 2) La resolución que emita el Consejo de la Carrera del Ministerio Público, podrá confirmar la resolución del Tribunal Disciplinario de la División de Recursos Humanos o en su caso revocarla en forma motivada; solicitando en ambos casos al Fiscal General la emisión de la Resolución definitiva, en el sentido de ordenar la aplicación de la sanción que corresponda o se proceda al archivo del expediente disciplinario formado para conocer del proceso”. CONSIDERANDO (4): Que de las disposiciones citadas, se hace evidente que en el caso de autos, es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la competente para conocer y dirimir el presente caso, al estar dirigido el mismo contra el fondo de un acto administrativo de carácter particular emanado de una autoridad púbica, en el cual se sanciona al recurrente. CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces y Tribunales competentes que le amparen contra los actos que violen sus derechos y que en nuestro país, precisamente la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es la competente para garantizar a los y las integrantes de la carrera del Ministerio Público la protección de sus derechos frente a los actos de sus Órganos de control. CONSIDERANDO (6): Que tal y como lo establece la doctrina[1], es impertinente el pronunciamiento de la Justicia Constitucional a fin de garantizar la regularidad procesal, toda vez que existan recursos o acciones que garanticen la tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, mediante los mecanismos ordinarios establecidos en la norma adjetiva aplicable a un procedimiento determinado. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral 8), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la parte recurrente tiene expedita la vía Contencioso Administrativa para impugnar el acto reclamado en amparo, existiendo reiterada jurisprudencia en esta Sala de lo Constitucional[2], mediante la cual se confirma la aplicabilidad de la causal de inadmisibilidad que sirve de mérito a la presente resolución. CONSIDERANDO (8): Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto que hoy reclama en amparo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a., 318 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 184-D del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público; 1, 42, 43, 44, 48, 108, 109 y de más aplicables de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 41, 44, 46 No. 8, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RUDY ANTONIO LAMBERT THOMAS a favor de SI MISMO, al apreciar esta Sala que la parte recurrente tiene expedita la vía ordinaria en la Jurisdicción Contencioso Administrativa para impugnar el acto reclamado en amparo y ser por tal motivo impertinente el pronunciamiento de la Justicia Constitucional a fin de garantizar la regularidad procesal, toda vez que existan recursos o acciones que garanticen la tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, mediante los mecanismos ordinarios establecidos en la norma adjetiva aplicable a un procedimiento determinado. SEGUNDO: Se tiene por conferido el poder en la Abogada CARMEN LORENA VASQUEZ VASQUEZ, con las facultades generales del mandato judicial y las especiales de expresa mención como ser: transigir, desistir, renunciar a los términos si fuere necesario, percibir, comprometer, otorgar y aprobar convenios; poder que será efectivo una vez notificada personalmente ésta ó personada en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se certifique la misma a la parte recurrente y se proceda a su archivo. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-350-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Amparo Constitucional y Proceso Civil, ps. 21-23, Juan Montero Aroca y José Flors Maties, 2da. Ed. Año 2008 Tirant Lo Blanch.

[2] Vid. Resoluciones de amparos Nos. AA 67-02, AA182-10, AA530-10 y AA367-10, entre otros.