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Sentencia AA-345-18 — Registro 12027

Resumen

Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente, y anuló resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar el personamiento de apoderado legal de autoridad recurrida por considerar que no consta su condición como tal, en demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad de resoluciones administrativasNo. 516/2012-SG-TSC y 026/2013-SG-TSC-RR emitidas por recurrente; el Tribunal de Alzada considera que resolución vulnera derechos fundamentales al no tomar en cuenta que recurrente acompañó en la interposición de recurso de apelación el testimonio del poder general para pleitos, lo cual denota encontrarse personado en el juicio y que dicha resolución fue con la formula "Cumplase" la que impidió impugnar la misma, lo que generó indefensión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, mediante la cual OTORGA el recurso de amparo contencioso administrativo promovido por el Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO, a favor del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), contra el auto dictado en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa; con relación a la DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA promovida por el señor MARIO JOSE REYES MARADIAGA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)..."..."de la vista de las diligencias se desprende plausiblemente la razón jurídica para proceder al otorgamiento del amparo formulado a la parte agraviada, como resolvió, en efecto, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, dada la garantía del debido proceso legal, con relación al derecho de defensa, según prescritos en los artículos 82 y párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, la cual hace expresa mención de acatamiento a las formalidades que manda la ley y a la inviolabilidad del derecho de defensa; lo cual resultó conculcado a la representación del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), en virtud de lo cual, procedió la referida Corte de Apelaciones a otorgar el amparo del cual se ha hecho mérito, efectuando exposición concisa y motivada en derecho, en calidad de Órgano Judicial Constitucional predeterminado por ley, del porque la declaratoria de sin lugar a tal recurso ordinario, resultó violatorio a las garantías constitucionales invocadas en amparo por el recurrente, Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO..."..."resulta suficiente y acordada a Derecho, en definitiva, la fundamentación que ha efectuado la Corte de Apelaciones en la resolución bajo estudio, al explicar razonadamente los motivos para otorgar el recurso; con cita precisa del derecho aplicable al caso, en el ámbito normativo que salvaguarda el Bloque de constitucionalidad; resultando procedente, por lo tanto, dictar confirmatoria a la resolución venida en consulta..."..."resulta procedente en derecho para esta Sala de lo Constitucional, confirmar la sentencia estimatoria del recurso de amparo que es venida en consulta, en todas y cada una de sus partes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero del dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintitrés (23) de abril del dos mil dieciocho (2018), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO, a favor del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), contra el auto dictado en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa; en relación a la demanda promovida por el señor MARIO JOSE REYES MARADIAGA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen el derecho al debido proceso consignado en los artículos 82, 183 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (08) de enero del dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor MARIO JOSE REYES MARADIAGA, interponiendo DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA contra el Estado de Honduras a través del Tribunal Superior de Cuentas, solicitando se declarara la ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular y se anulara el mismo, el reconocimiento de una situación Jurídica Individualizada y que para su pleno restablecimiento se condene a la parte condenada a la indemnización de daños y perjuicios por actuaciones del Tribunal Superior de Cuentas”. (Folio 1 al 8 de la primera pieza) 2) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado dictó sentencia definitiva en la cual falló: “PRIMERO (1): DECLARAR PARCIALMENTE PROCEDENTE la acción promovida por el señor MARIO JOSE REYES MARADIAGA, representado en juicio por el Abogado José René Romero Espinoza, contra el Estado de Honduras a través del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, por no ajustarse a derecho parcialmente el ACTO administrativo impugnado consistente en las resoluciones números 516/2012–SG-TSC, de fecha quince (15) de marzo de dos mil doce y 026/2013-SG–TSC-RR, de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil trece emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas que confirman el Pliego de Responsabilidad Civil, por la Cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L128.0063.17) SEGUNDO (2): se ANULA parcialmente la resolución que confirma el pliego de responsabilidad formulado contra la parte demandante, no así para los solidarios. TERCERO (3): No se reconocen daños y perjuicios por haber sido acreditados en juicio. …” (Folio 222 al 229 de la primera pieza) 3) Que en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017) compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, el Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO, en su condición de Apoderado Legal del Tribunal Superior de Cuentas, interponiendo recurso de Apelación contra la sentencia definitiva relacionada en el numeral anterior, solicitando además tenerlo como personado en el Juicio de mérito. En consecuencia, el citado Juzgado, en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017), resolvió:”Admítase el escrito que antecede, el que se manda agregar a sus antecedentes; declárese Sin Lugar en virtud que el Artículo 86 del Código Procesal Civil en su numeral uno establece que: Por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en el proceso. Se entenderá revocado tácitamente el poder por el nombramiento posterior de otro profesional del derecho que se haya personado en el proceso, el cual no consta que el Abogado Saúl Moisés Calidonio Castillo, se haya personado en las presentes diligencias.-…”. (Folios 243 al 251 y 256 de la primera pieza de antecedentes) 4) Que en fecha treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018) compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO, interponiendo recurso de amparo a favor del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, contra el auto de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por estimar que el mismo viola los artículos 82, 183 y 321 de la Constitución de la República; por considerarlo falto de motivación, así como por dejar en indefensión, en el trámite del recurso de apelación respectivo, a la institución por él representada. 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), emitió su fallo, mediante el cual: “FALLA: UNICO OTORGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO, quien actúa en su condición de apoderado Legal TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, contra el auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en consecuencia anular la resolución de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por no estar emitido conforme a Derecho y conceder el recurso a la parte actora”; lo cual fundamentó en la plausibilidad jurídica a lo expresado por el garantista, en el sentido de que, al interponer el recurso de apelación respectivo acompañó testimonio del poder general para pleitos otorgado por el Presidente del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), expresando en la petición del recurso el poder con que actúa, lo cual denota lógicamente encontrarse personado en el juicio. En vista a lo anterior, infiere el Colegiado Constitucional, tal declaratoria sin lugar del recurso, por parte del Juzgado A Quo, acompañada de la fórmula “CUMPLASE” no se encuentra conforme a los artículos 81 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil, ni a lo normativizado en el artículo 136.4 del mismo Código; por impedírsele, a la vez, impugnar tal resolución y por carencia manifiesta de motivación suficiente, como ordena la ley, generando indefensión absoluta para la representación del Estado de Honduras; con lo cual se dan por vulneradas las garantías constitucionales invocadas. 6) Que en fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, mediante la cual OTORGA el recurso de amparo contencioso administrativo promovido por el Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO, a favor del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), contra el auto dictado en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa; con relación a la DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA promovida por el señor MARIO JOSE REYES MARADIAGA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC). CONSIDERANDO (3): Que de la vista de las diligencias se desprende plausiblemente la razón jurídica para proceder al otorgamiento del amparo formulado a la parte agraviada, como resolvió, en efecto, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, dada la garantía del debido proceso legal, con relación al derecho de defensa, según prescritos en los artículos 82 y párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, la cual hace expresa mención de acatamiento a las formalidades que manda la ley y a la inviolabilidad del derecho de defensa; lo cual resultó conculcado a la representación del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), en virtud de lo cual, procedió la referida Corte de Apelaciones a otorgar el amparo del cual se ha hecho mérito, efectuando exposición concisa y motivada en derecho, en calidad de Órgano Judicial Constitucional predeterminado por ley, del porque la declaratoria de sin lugar a tal recurso ordinario, resultó violatorio a las garantías constitucionales invocadas en amparo por el recurrente, Abogado SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO. CONSIDERANDO (4): Que resulta suficiente y acordada a Derecho, en definitiva, la fundamentación que ha efectuado la Corte de Apelaciones en la resolución bajo estudio, al explicar razonadamente los motivos para otorgar el recurso; con cita precisa del derecho aplicable al caso, en el ámbito normativo que salvaguarda el Bloque de constitucionalidad; resultando procedente, por lo tanto, dictar confirmatoria a la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (5): Que por las razones expuestas y teniendo a la vista las diligencias en que se dictó la resolución consultada, resulta procedente en derecho para esta Sala de lo Constitucional, confirmar la sentencia estimatoria del recurso de amparo que es venida en consulta, en todas y cada una de sus partes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 1, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 90, 183, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SAÚL MOISES CALIDONIO CASTILLO, en su condición preindicada, garantizando el acceso a la justicia y el debido proceso a favor de la parte por él representada, como es el ESTADO DE HONDURAS; de todo lo cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.-NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firmas y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-345-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDARES CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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