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Sentencia AA-299-18 — Registro 8957

Resumen

La Sala Constitucional resuelve otorgando a favor de los más de 285 maestros o docentes el amparo administrativo bajo los parámetros establecidos por la Ley de IMPREMA de 1980 sobre la solicitud de prestación de jubilación en relación a aplicación de la Ley de INPREMA de 2011 en vista que dicha ley disminuye la categoría del derecho de jubilación a una “pensión por vejez”, vulnerando tratados internacionales y dejando en desprotección el derecho de jubilación de docentes, asimismo indica que el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(18): Que la Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud en tiempo, es decir antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos, que, si bien inició el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980, por haber cumplido ya con todos los requisitos exigidos en ella. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados”. Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: “Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” CONSIDERANDO (20): Que la vulneración de este principio/derecho constitucional <96CH>, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, en este caso el de la edad, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada. CONSIDERANDO (21): Que el análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor. CONSIDERANDO (22): El INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en su Artículo 1, dice: “Créase el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, como una entidad de derecho público autónoma, con Personería Jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, la cual, en el contexto de esta Ley, se denominará "EL INSTITUTO"…, asimismo, en su Artículo 2, señala; "EL INSTITUTO" tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios derivados del sistema de Previsión del Magisterio Nacional, establecido de conformidad con la presente Ley”. En ese sentido se estima una vulneración procesal administrativa el dejar desprotegidos a aquellos docentes, que, habiendo cumplido sus requisitos, no interpusieron la solicitud en tiempo y a otros que habiendo estado a meses de cumplir los mismos, no interpusieron dicho escrito solicitando su derecho a la jubilación. No es igual la aplicación de la nueva ley a quien cotizó más de veinte años para obtener determinado beneficio, a aquellos que solamente tenían uno o dos años de estar cotizando cuando entró en vigencia la nueva ley. CONSIDERANDO (23): Que la Sala de lo Constitucional detectó una vulneración al artículo 96 constitucional, en relación con el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo, razón por la cual es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (24): Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos de una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, en ese sentido para que se restituya el derecho violentado a que no se la aplique la Ley retroactivamente, se determina: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entro en vigencia la nueva ley. 2.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, como institución autónoma y de patrimonio propio, proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada bajo los parámetros de la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior, y les sea reconocido parcialmente este derecho, mediante el pago del porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia. 3.- Se devuelve el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo de TREINTA AÑOS en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios establecidos en el Decreto–ley 1026 del 15 de Julio de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley, hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. 4.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, disponga lo pertinente en cuanto al tema presupuestario para la debida ejecución de esta sentencia

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2, Numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."(18): Que la Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud en tiempo, es decir antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos, que, si bien inició el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980, por haber cumplido ya con todos los requisitos exigidos en ella. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados”. Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: “Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” CONSIDERANDO (20): Que la vulneración de este principio/derecho constitucional <96CH>, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, en este caso el de la edad, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada. CONSIDERANDO (21): Que el análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor. CONSIDERANDO (22): El INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en su Artículo 1, dice: “Créase el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, como una entidad de derecho público autónoma, con Personería Jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, la cual, en el contexto de esta Ley, se denominará "EL INSTITUTO"…, asimismo, en su Artículo 2, señala; "EL INSTITUTO" tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios derivados del sistema de Previsión del Magisterio Nacional, establecido de conformidad con la presente Ley”. En ese sentido se estima una vulneración procesal administrativa el dejar desprotegidos a aquellos docentes, que, habiendo cumplido sus requisitos, no interpusieron la solicitud en tiempo y a otros que habiendo estado a meses de cumplir los mismos, no interpusieron dicho escrito solicitando su derecho a la jubilación. No es igual la aplicación de la nueva ley a quien cotizó más de veinte años para obtener determinado beneficio, a aquellos que solamente tenían uno o dos años de estar cotizando cuando entró en vigencia la nueva ley. CONSIDERANDO (23): Que la Sala de lo Constitucional detectó una vulneración al artículo 96 constitucional, en relación con el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo, razón por la cual es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (24): Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos de una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, en ese sentido para que se restituya el derecho violentado a que no se la aplique la Ley retroactivamente, se determina: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entro en vigencia la nueva ley. 2.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, como institución autónoma y de patrimonio propio, proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada bajo los parámetros de la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior, y les sea reconocido parcialmente este derecho, mediante el pago del porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia. 3.- Se devuelve el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo de TREINTA AÑOS en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios establecidos en el Decreto–ley 1026 del 15 de Julio de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley, hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. 4.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, disponga lo pertinente en cuanto al tema presupuestario para la debida ejecución de esta sentencia"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."(18): Que la Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud en tiempo, es decir antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos, que, si bien inició el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980, por haber cumplido ya con todos los requisitos exigidos en ella. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados”. Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: “Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” CONSIDERANDO (20): Que la vulneración de este principio/derecho constitucional <96CH>, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, en este caso el de la edad, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada. CONSIDERANDO (21): Que el análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor. CONSIDERANDO (22): El INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en su Artículo 1, dice: “Créase el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, como una entidad de derecho público autónoma, con Personería Jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, la cual, en el contexto de esta Ley, se denominará "EL INSTITUTO"…, asimismo, en su Artículo 2, señala; "EL INSTITUTO" tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios derivados del sistema de Previsión del Magisterio Nacional, establecido de conformidad con la presente Ley”. En ese sentido se estima una vulneración procesal administrativa el dejar desprotegidos a aquellos docentes, que, habiendo cumplido sus requisitos, no interpusieron la solicitud en tiempo y a otros que habiendo estado a meses de cumplir los mismos, no interpusieron dicho escrito solicitando su derecho a la jubilación. No es igual la aplicación de la nueva ley a quien cotizó más de veinte años para obtener determinado beneficio, a aquellos que solamente tenían uno o dos años de estar cotizando cuando entró en vigencia la nueva ley. CONSIDERANDO (23): Que la Sala de lo Constitucional detectó una vulneración al artículo 96 constitucional, en relación con el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo, razón por la cual es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (24): Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos de una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, en ese sentido para que se restituya el derecho violentado a que no se la aplique la Ley retroactivamente, se determina: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entro en vigencia la nueva ley. 2.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, como institución autónoma y de patrimonio propio, proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada bajo los parámetros de la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior, y les sea reconocido parcialmente este derecho, mediante el pago del porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia. 3.- Se devuelve el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo de TREINTA AÑOS en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios establecidos en el Decreto–ley 1026 del 15 de Julio de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley, hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. 4.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, disponga lo pertinente en cuanto al tema presupuestario para la debida ejecución de esta sentencia"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."(18): Que la Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud en tiempo, es decir antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos, que, si bien inició el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980, por haber cumplido ya con todos los requisitos exigidos en ella. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados”. Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: “Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” CONSIDERANDO (20): Que la vulneración de este principio/derecho constitucional <96CH>, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, en este caso el de la edad, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada. CONSIDERANDO (21): Que el análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor. CONSIDERANDO (22): El INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en su Artículo 1, dice: “Créase el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, como una entidad de derecho público autónoma, con Personería Jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, la cual, en el contexto de esta Ley, se denominará "EL INSTITUTO"…, asimismo, en su Artículo 2, señala; "EL INSTITUTO" tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios derivados del sistema de Previsión del Magisterio Nacional, establecido de conformidad con la presente Ley”. En ese sentido se estima una vulneración procesal administrativa el dejar desprotegidos a aquellos docentes, que, habiendo cumplido sus requisitos, no interpusieron la solicitud en tiempo y a otros que habiendo estado a meses de cumplir los mismos, no interpusieron dicho escrito solicitando su derecho a la jubilación. No es igual la aplicación de la nueva ley a quien cotizó más de veinte años para obtener determinado beneficio, a aquellos que solamente tenían uno o dos años de estar cotizando cuando entró en vigencia la nueva ley. CONSIDERANDO (23): Que la Sala de lo Constitucional detectó una vulneración al artículo 96 constitucional, en relación con el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo, razón por la cual es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (24): Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos de una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, en ese sentido para que se restituya el derecho violentado a que no se la aplique la Ley retroactivamente, se determina: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entro en vigencia la nueva ley. 2.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, como institución autónoma y de patrimonio propio, proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada bajo los parámetros de la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior, y les sea reconocido parcialmente este derecho, mediante el pago del porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia. 3.- Se devuelve el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo de TREINTA AÑOS en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios establecidos en el Decreto–ley 1026 del 15 de Julio de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley, hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. 4.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, disponga lo pertinente en cuanto al tema presupuestario para la debida ejecución de esta sentencia.."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN y RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO, a favor de los señores Alma Yolanda Domínguez Valle, Sergio Acosta Escobar, Ranulfo Germán Torres Hernández, ANÍBAL ROBERTO BARAHONA TORRES, JOSÉ ARTURO ZAVALA CASTRO, NORMA ALTAGRACIA BARAHONA FLORES, GUSTAVO ADOLFO BARAHONA TORRES, IGNACIO ADÁN VÁSQUEZ LUQUE, LEYLA DOLORES CORTEZ, RAMÓN AMÍLCAR BENEGAS ZÚNIGA, ROSA CRISTINA PÉREZ ROSALES, OSCAR ROLANDO MEDINA CRUZ, JESÚS MANUEL PACHECO MURILLO, ELA DAICY BANEGAS LÓPEZ, FRANCISCO RIVERA CASTILLO, LOURDES LIZETH TERCERO ESTRADA, NOLVIA ZENOBIA MERLO HERRERA, ANA ORESTILA GÓMEZ VALLEJO, MARÍA MAGDALENA GALLO GUTIÉRREZ, HERNÁN JAVIER GARCÍA ÁVILA, SARA MALDONADO BORJAS, ADRIANA VELÁSQUEZ, ADILIA ESPERANZA ESCOTO CARÍAS, OSWAL RENÉ FUENTES TORRES, EDNA FÁTIMA GAVARRETE NAVARRO, BETULIA AYDELY FÚNEZ ALMENDAREZ, MARTHA LUCÍA MEJÍA BUSTILLO, ANGELA MEJÍA BUSTILLO, ADONALDO ESCOTO RIVERA SILVIA ELENA MEDINA SAUCEDA, LIGIA AZUCENA RAUDALES TORRES, ALFREDINA LINO ARRIOLA, MARTHA LAZO EUCEDA, MIRIAN LAZO EUCEDA, ROGER MANUEL LARDÍ GARCÍA, DANIEL ANDINO ANDINO MÓNICA ROMELIA ALVARADO SUAZO, MARVIN DAVID ZELAYA DONAIRE, ISAÍAS ORDOÑEZ FLORES, DILMA ELISABET FLORES ALVAREZ, SANTOS EVELIO IZAGUIRRE, ALEXIS EDGARDO NÚÑEZ MEDRANO, JUANA ELIZABETH PAZ PORTILLO, MARIO ARTURO ESCOBER GÓMEZ, DELMIS IDALIA DÍAZ PADILLA, OMAR EMILIO ARDÓN, MARCO TULIO BARAHONA CERRITOS, CARMEN ELIZABETH SUAZO ROMERO, OSCAR CÁCERES VALLE, SANTOS ODILIA ZÚNIGA ZÚNIGA, DEYSE ORTELIA CASTELLANOS QUIÑONEZ, RUTH ESTELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUSTO RUFINO SALGADO PALMA, MARÍA ESTELA TORRES RODRÍGUEZ, IRMA ORBELINA GARCÍA AMAYA, JUANA BESSY CRUZ, MARÍA LUCY FLORES MONTOYA, ELISA MARGARITA RODRÍGUEZ ÁVILA, RINA ESMERALDA CÁRCAMO FERRUFINO, GLENDA LURDIZ LOURDES ZÚÑIGA, SAGRARIO LETICIA MENDOZA, ILDA ANGÉLICA OCHOA MENDOZA, JUAN ÁNGEL FUENTES CASTRO, SANDRA ISABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ RIVERA, ANA FELICITAS COREA SORTO, DOLORES MEJÍA BUSTILLO, GERMAN MACHADO ANDINO, ALBA SOCORRO RODRÍGUEZ ROMERO, SINFOROSA ANDINO RAMÍREZ, MARÍA IRMA ANDINO RAMÍREZ, MIRIAN DAYSY DONAIRE HERNÁNDEZ, JOSÉ LUCAS HENRÍQUEZ CHAVARRÍA; ALEJANDRO BUEZO ARGUIJO, CONCEPCIÓN MEDINA CARBAJAL, DOUGLAS ERICK TABORA JIMÉNEZ, JOSÉ RENÉ ALVARADO VÁSQUEZ, SANTIAGO DE JESÚS CRUZ CRUZ, LIDIA DOLORES RIVERA PACHECO, SANTOS RAMONA APARICIO SÁNCHEZ, RITA JUDÍTH ROMERO GALEAS, OSCAR ROLANDO MORALES BARAHONA, CLARA ESTHER ERAZO MARTÍNEZ, MARTHA DOLORES ERAZO QUINTANILLA, FRANCISCO ANÍBAL LÓPEZ RAUDALES, DORA CLEMENTINA AGUILERA AMADOR, ROQUE SAIL CRUZ LÓPEZ, CARLOS EDGARDO ZÚNIGA FLORES, JULIA ENISELDA AYALA CÁCERES, SONIA JUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ MARÍA ANDINO ORTEGA, MARÍA HAYDEE SANTOS JIMÉNEZ, ELSY YALILE ESCOBAR GARAY, DORIS BELINDA PONCE SORTO, SUYAPA DEL CARMEN ZELAYA SALGADO, MODESTO DUARTE MARTÍNEZ; MIRNA SULEMA CABRERA SALINAS, FLAVIA DOMITILA CASTILLO ROSALES, CARMEN SUYAPA ACOSTA PADILLA, OLGA MARINA CABRERA RODRÍGUEZ, AZUCENA SUBCELINDA FIGUEROA GALINDO, JOSÉ RIGOBERTO RAMOS LAGOS, ALEXIS BONILLA MARTÍNEZ, AURA BESSY ZAVALA ÁVILA, MARÍA ANARDA ÁLVAREZ DÍAZ, ROSA ADELIA REYES DÍAZ, PEDRO ANTONIO ÁLVAREZ DÍAZ, GEREMIAS REYES DÍAZ, HILDA MARTÍNEZ PEÑA, WISTON DAGOBERTO GUILLEN, SANTOS JUSTINO MÉNDEZ, CARLOS EFRAÍN MEZA GALEAS, JUAN BAUTISTA CRUZ AMADOR, GLADYS HAYDE GAYTÁN RIVERA, JOSÉ MATÍAS ROMERO CEDILLO, VICTORINA RIVAS MEJÍA, JUAN BAUTISTA CADENAS BACA, NATIVIDAD MARTÍNEZ, ELÍAS ANTONIO MENDOZA, CARLOS ELÍAS PAZ MEJÍA, GLORIA MARINA ALMENDAREZ PÉREZ, WILFREDO MEJÍA DÍAZ, ANA RAFAELA CERRATO CRUZ, GLORIA JULIA MATUTE PAGUADA, ADELA MIGDALIA MACÍAS ROMERO, EVA ANTONIA CARDONA RUIZ, MARÍA MARCELINA TREJO LÓPEZ, MARCELINA REYES JUARES, JUAN ISABEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, MATEO AMAYA RAMOS, MARÍA LETICIA MEJÍA RAMOS, MARGARITA ROSIBEL MEJÍA BARRERA, JUAN ALEJANDRO ALEMÁN ALEMÁN, MARÍA MAGDALENA AQUINO, IRIS JANETH ALVARENGA CRUZ, MIRNA ONELIA FIGUEROA CARRILLO, ROSA IRMA CHINCHILLA DUARTE, JORGE ALBERTO SIFANTES OLIVA, MARLIN AZUCENA AGUILAR FÚNEZ, GLORIA LICETH FAJARDO OLIVA, SAHADY ADALID PAZ, JORGE ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ, ELSY MARIETA ALVARENGA LÓPEZ, IRMA YOLANDA LÓPEZ, ZOILA ARGENTINA ESPINOZA REYES, ELVIRA PINTO, IRMA ESPERANZA ALVARADO ALVARADO, RAFAEL ANTONIO CHINCHILLA MADRID, SANDRA LOURDES CABALLERO CARBAJAL, ADELMO HUMBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ, ALEX EMAREL MORALES, JOSÉ ARNULFO MEJÍA MELCHOR, CARMEN ELENA MEJÍA VILLEDA, JACKELINE DERAS RIVERA, JOSÉ ARNALDO SORIANO FUENTES, ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ, MARÍA ARGENTINA SIFONTES OLIVA, ALMA MARÍA GARCÍA GARCÍA, CÁNDIDA ROSA ALVARADO SORIANO, ALBA MARINA RIVERA CABALLERO, ROSA YALIVET LÓPEZ ZAVALA, ANA ONDINA DÍAZ CLAROS, NORMA ELIZABETH DURÁN RAMÍREZ, LUIS ALONZO GUEVARA HERRERA, DORIS ANABEL GARCÍA ROJAS, ROSA ELENA RAMÍREZ, MIRIAN FLORES, OLGA HAYDEE CARDOZA DERAS, LUJAN ESPERANZA SERRANO LÓPEZ, ALEJANDRINA RIVERA FRANCO , BIANCA RUBENIA ALVARADO FLORES, MARÍA ESTELA ALVARADO DUBÓN, ADILIA VALLE CHACÓN, ZOILA MARILÚ ESPINOZA ALVARADO, EMELINA ALVARADO ALVARADO, VALENTINA DEL CARMEN PACHECO, OLMAN JOSÉ WANT PÉREZ, GLADIS ONEYDA ALVARADO ALVARADO, FELIPA MORENO PAZ, MIRIAN ALISA GARCÍA PINEDA, MARÍA OLIMPIA MADRID ARRIAGA, ELBA MARÍA GUERRA AGUILAR, JOSÉ CONCEPCIÓN PORTILLO LÓPEZ, NICOLÁS ALEGRÍA CARRANZA, MARÍA ALIXIA CABALLERO, LIDIA ESTELA BAUTISTA, OSCAR OCTAVIO GARCÍA GARCÍA, MARÍA PRISCILA RODRÍGUEZ LARIOS, MARTHA IRIS GARCÍA AYALA, MARÍA RITA ESPERANZA DÍAZ MARTÍNEZ, BIANCA DALILA HERNÁNDEZ BARAHONA, SILVIA CELINA MORALES MILLA, JOSÉ NATIVIDAD CANALES DÍAZ, JOSÉ LEÓNIDAS CRUZ GONZALES, AMPARO ORELLANA, JOSÉ ENCARNACIÓN LÓPEZ OTERO, MARCIO ELIUD AYALA TORRES, SANTOS RAMÓN GONZALES RAMOS, ANA MERCEDES DÍAZ MEJÍA, MANUEL MUÑOZ LÓPEZ, PEDRO QUINTANILLA, JUAN RAMOS BAUTISTA, GERMAN MILLA SORTO, LUIS ALONSO DUBÓN SORTO, ARNULFO MEJÍA MARTÍNEZ, DELMA ESTELA ESCOBAR CALDERÓN, MARÍA CONSUELO AYALA TRUJILLO, ADELA SANTOS NÚÑEZ, JUAN RAMÓN BARRERA CARTAGENA, EFRAÍN LÓPEZ CARTAGENA, MARÍA ROMELIA NÚÑEZ MEJÍA, MARÍA ALICIA PINEDA LÓPEZ, OLGA PINEDA LÓPEZ, ÁNGEL FERNANDO PINEDA LÓPEZ, LUIS ARMANDO LÓPEZ RECINOS, MARÍA LIDIA PÉREZ MOLINA, FELIPA DE JESÚS CARBALLO ALVARADO, HILDA DINA PORTILLO ARDÓN, BASILIA REYES RODRÍGUEZ, LUISA MAGDALENA CRUZ GUILLEN, CÁNDIDA AGUSTINA GUEVARA GUEVARA, JOSÉ RENÉ PÉREZ MOLINA, MARIO ALEXIS GARCÍA M., JOSÉ EUSEBIO CRUZ MILLA, JOSÉ LISANDRO CRUZ CÁRCAMO, ALEXIS DAGOBERTO LARA ARDÓN, MARÍA OTILIA MILLA CÁRCAMO, CRUZ AUDILIO AGUILAR PORTILLO, EUSEBIO MISAEL PÉREZ AMAYA, ALMA HILARLA CRUZ CÁRCAMO, HONORIO ALVARADO LÓPEZ, SILVIA VILLANUEVA GÓMEZ, JORGE ARMANDO CÁRCAMO RAMOS, JOSÉ ALFREDO MOLINA MILLA, FRANCISCA HERRERA VILLANUEVA, ALBA LUZ CORTES VARGAS, MARÍA DONALDA CRUZ VARGAS, ADELINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ TRINIDAD RAMÍREZ CÁCERES, SIMÓN GÓMEZ NAVARRETE, JOSÉ VISITACIÓN DÍAZ HERNÁNDEZ, ROSA MÉLIDA MELGAR HERRERA, JOSÉ ROLANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JULIA MEJÍA ANDRADE, MARIO ARÍSTIDES ANDRADE, ELMER FRANCISCO SANTOS MIRANDA, ROSARIO DEL CARMEN AYALA MIRANDA, GLENDY MARITHZA MEMBREÑO BENÍTEZ, MARÍA ISABEL QUIJADA MEJÍA, LESLY AURORA SANTIAGO PINEDA, TOMÁS CORTÉS CALLEJAS, MARÍA URSULA MARTÍNEZ ZELAYA, LILIAN TRINIDAD RAMOS PINEDA, NERY ESPERANZA PÉREZ, JOSÉ ORLEN FRANCISCO BEJARANO, BLANCA LETICIA AGUILAR NÚÑEZ, LUISA RUFINA PÉREZ ÁLVAREZ, OSCAR LEONEL CASTILLO LÓPEZ, ADILIA SARAHÍ LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO AGUILAR LÓPEZ, LUIS ARMANDO ORELLANA, LUCÍA DEL CARMEN CASTRO CALLEJAS, JUAN JOSÉ COREA MARTÍNEZ; LUCÍA MARCELINA BONILLA MARTÍNEZ, RITA LETICIA COREA MARTÍNEZ, MIRNA UZETH CRUZ HIDALGO, MARÍA CORDELIA HENRRIQUEZ DÍAZ, JUANA LÓPEZ TORRES, ANTONIO NAVARRO NATARÉN, CLARA ISABEL CRUZ VÁSQUEZ, ALBA DORIS MENJIVAR PONCE, GLORIA LETICIA MENJIVAR PONCE, MARÍA ISABEL FRANCO CHICAS, ADÁN TORRES LÓPEZ, OLIVA AUGUSTO VÁSQUEZ, JOSÉ ÁNGEL FLORES ROSA, NELVA EVITA GÓMEZ, NORMA ELIZABETH AGUILAR FÚNEZ, DORA ANGÉLICA MELGAR ROMERO, SAÚL AGUILAR FÚNEZ, SILVIA MARÍA AMAYA BENÍTEZ, DEYSI ARMINDA GOSSELIN LÓPEZ, ELSA CONCEPCIÓN PINEDA ZAPATA Y ANA ROSA CABRERA GÁMEZ, contra la Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró improcedente la solicitud de prestación del derecho de jubilación de los señores ALMA YOLANDA DOMÍNGUEZ VALLE y OTROS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DOCENTES. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los artículos 64 y 96 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017), comparecieron ante el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio en adelante INPREMA, los abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN, RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO y MELVIN ARIEL MADRID RIVAS, interponiendo Solicitud de Prestación del Derecho de Jubilación, a favor de los señores ALMA YOLANDA DOMÍNGUEZ VALLE y OTROS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DOCENTES, descritos en el preámbulo de esta sentencia, solicitando que: el Estado, a través del INPREMA, respete a sus representados y se les garantice los derechos que regulan la prestación de los beneficios derivados del Sistema de Previsión del Magisterio Nacional; que el IMPREMA reconozca, que sus representados ingresaron durante la vigencia de la Ley de INPREMA de 1980, por lo que todos sus derechos se resolverán de acuerdo a esa normativa; y que se concedan las prestaciones de jubilación a todos sus representados, de acuerdo a dicha ley. (Folios 1–27 del Tomo I de los antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la Sesión Ordinaria que consta en Acta no. 30-2017, la citada Institución dictó la Resolución No. DAL/159/12-09-2017, mediante la cual Resuelve: (SIC) “PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de: “PRESENTACION DEL DERECHO DE JUBILACION DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA LEY DE PREVISION DEL MAGISTERIO APROBADA MEDIANTE DECRETO NO- 1026, DE FECHA 15 DE JULIO DE 1980. SE GARANTICE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE LA NO IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY Y EN CONSECUENCIA LA PROGRESIVIDAD E IRREDUCTIBILIDAD DE LOS DERECOS QUE EL ORDENAMIENTO JURIDICO GARANTIZA A DOCENTES REPRESENTADOS EN ESTA COMPARECENCIA. ACOMPAÑAMOS DOCUMENTOS”, presentada ante el INPREMA el quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), por los Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN y RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO, en su condición de Apoderados Legales de los docentes: … SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a la Secretaria General para los efectos legales correspondientes.- TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición.” (Folios 1826–1835 del Tomo VIII de los antecedentes). 3) Que los abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN y RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO, comparecieron ante este Tribunal en fecha once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de los señores ALMA YOLANDA DOMÍNGUEZ VALLE, SERGIO ACOSTA ESCOBAR, RANULFO GERMÁN TORRES HERNÁNDEZ, ANÍBAL ROBERTO BARAHONA TORRES, JOSÉ ARTURO ZAVALA CASTRO, NORMA ALTAGRACIA BARAHONA FLORES, GUSTAVO ADOLFO BARAHONA TORRES, IGNACIO ADÁN VÁSQUEZ LUQUE, LEYLA DOLORES CORTEZ, RAMÓN AMÍLCAR BENEGAS ZÚNIGA, ROSA CRISTINA PÉREZ ROSALES, OSCAR ROLANDO MEDINA CRUZ, JESÚS MANUEL PACHECO MURILLO, ELA DAICY BANEGAS LÓPEZ, FRANCISCO RIVERA CASTILLO, LOURDES LIZETH TERCERO ESTRADA, NOLVIA ZENOBIA MERLO HERRERA, ANA ORESTILA GÓMEZ VALLEJO, MARÍA MAGDALENA GALLO GUTIÉRREZ, HERNÁN JAVIER GARCÍA ÁVILA, SARA MALDONADO BORJAS, ADRIANA VELÁSQUEZ, ADILIA ESPERANZA ESCOTO CARÍAS, OSWAL RENÉ FUENTES TORRES, EDNA FÁTIMA GAVARRETE NAVARRO, BETULIA AYDELY FÚNEZ ALMENDAREZ, MARTHA LUCÍA MEJÍA BUSTILLO, ANGELA MEJÍA BUSTILLO, ADONALDO ESCOTO RIVERA SILVIA ELENA MEDINA SAUCEDA, LIGIA AZUCENA RAUDALES TORRES, ALFREDINA LINO ARRIOLA, MARTHA LAZO EUCEDA, MIRIAN LAZO EUCEDA, ROGER MANUEL LARDÍ GARCÍA, DANIEL ANDINO ANDINO MÓNICA ROMELIA ALVARADO SUAZO, MARVIN DAVID ZELAYA DONAIRE, ISAÍAS ORDOÑEZ FLORES, DILMA ELISABET FLORES ALVAREZ, SANTOS EVELIO IZAGUIRRE, ALEXIS EDGARDO NÚÑEZ MEDRANO, JUANA ELIZABETH PAZ PORTILLO, MARIO ARTURO ESCOBER GÓMEZ, DELMIS IDALIA DÍAZ PADILLA, OMAR EMILIO ARDÓN, MARCO TULIO BARAHONA CERRITOS, CARMEN ELIZABETH SUAZO ROMERO, OSCAR CÁCERES VALLE, SANTOS ODILIA ZÚNIGA ZÚNIGA, DEYSE ORTELIA CASTELLANOS QUIÑONEZ, RUTH ESTELA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUSTO RUFINO SALGADO PALMA, MARÍA ESTELA TORRES RODRÍGUEZ, IRMA ORBELINA GARCÍA AMAYA, JUANA BESSY CRUZ, MARÍA LUCY FLORES MONTOYA, ELISA MARGARITA RODRÍGUEZ ÁVILA, RINA ESMERALDA CÁRCAMO FERRUFINO, GLENDA LURDIZ LOURDES ZÚÑIGA, SAGRARIO LETICIA MENDOZA, ILDA ANGÉLICA OCHOA MENDOZA, JUAN ÁNGEL FUENTES CASTRO, SANDRA ISABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ RIVERA, ANA FELICITAS COREA SORTO, DOLORES MEJÍA BUSTILLO, GERMAN MACHADO ANDINO, ALBA SOCORRO RODRÍGUEZ ROMERO, SINFOROSA ANDINO RAMÍREZ, MARÍA IRMA ANDINO RAMÍREZ, MIRIAN DAYSY DONAIRE HERNÁNDEZ, JOSÉ LUCAS HENRÍQUEZ CHAVARRÍA; ALEJANDRO BUEZO ARGUIJO, CONCEPCIÓN MEDINA CARBAJAL, DOUGLAS ERICK TABORA JIMÉNEZ, JOSÉ RENÉ ALVARADO VÁSQUEZ, SANTIAGO DE JESÚS CRUZ CRUZ, LIDIA DOLORES RIVERA PACHECO, SANTOS RAMONA APARICIO SÁNCHEZ, RITA JUDÍTH ROMERO GALEAS, OSCAR ROLANDO MORALES BARAHONA, CLARA ESTHER ERAZO MARTÍNEZ, MARTHA DOLORES ERAZO QUINTANILLA, FRANCISCO ANÍBAL LÓPEZ RAUDALES, DORA CLEMENTINA AGUILERA AMADOR, ROQUE SAIL CRUZ LÓPEZ, CARLOS EDGARDO ZÚNIGA FLORES, JULIA ENISELDA AYALA CÁCERES, SONIA JUDITH SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ MARÍA ANDINO ORTEGA, MARÍA HAYDEE SANTOS JIMÉNEZ, ELSY YALILE ESCOBAR GARAY, DORIS BELINDA PONCE SORTO, SUYAPA DEL CARMEN ZELAYA SALGADO, MODESTO DUARTE MARTÍNEZ; MIRNA SULEMA CABRERA SALINAS, FLAVIA DOMITILA CASTILLO ROSALES, CARMEN SUYAPA ACOSTA PADILLA, OLGA MARINA CABRERA RODRÍGUEZ, AZUCENA SUBCELINDA FIGUEROA GALINDO, JOSÉ RIGOBERTO RAMOS LAGOS, ALEXIS BONILLA MARTÍNEZ, AURA BESSY ZAVALA ÁVILA, MARÍA ANARDA ÁLVAREZ DÍAZ, ROSA ADELIA REYES DÍAZ, PEDRO ANTONIO ÁLVAREZ DÍAZ, GEREMIAS REYES DÍAZ, HILDA MARTÍNEZ PEÑA, WISTON DAGOBERTO GUILLEN, SANTOS JUSTINO MÉNDEZ, CARLOS EFRAÍN MEZA GALEAS, JUAN BAUTISTA CRUZ AMADOR, GLADYS HAYDE GAYTÁN RIVERA, JOSÉ MATÍAS ROMERO CEDILLO, VICTORINA RIVAS MEJÍA, JUAN BAUTISTA CADENAS BACA, NATIVIDAD MARTÍNEZ, ELÍAS ANTONIO MENDOZA, CARLOS ELÍAS PAZ MEJÍA, GLORIA MARINA ALMENDAREZ PÉREZ, WILFREDO MEJÍA DÍAZ, ANA RAFAELA CERRATO CRUZ, GLORIA JULIA MATUTE PAGUADA, ADELA MIGDALIA MACÍAS ROMERO, EVA ANTONIA CARDONA RUIZ, MARÍA MARCELINA TREJO LÓPEZ, MARCELINA REYES JUARES, JUAN ISABEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, MATEO AMAYA RAMOS, MARÍA LETICIA MEJÍA RAMOS, MARGARITA ROSIBEL MEJÍA BARRERA, JUAN ALEJANDRO ALEMÁN ALEMÁN, MARÍA MAGDALENA AQUINO, IRIS JANETH ALVARENGA CRUZ, MIRNA ONELIA FIGUEROA CARRILLO, ROSA IRMA CHINCHILLA DUARTE, JORGE ALBERTO SIFANTES OLIVA, MARLIN AZUCENA AGUILAR FÚNEZ, GLORIA LICETH FAJARDO OLIVA, SAHADY ADALID PAZ, JORGE ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ, ELSY MARIETA ALVARENGA LÓPEZ, IRMA YOLANDA LÓPEZ, ZOILA ARGENTINA ESPINOZA REYES, ELVIRA PINTO, IRMA ESPERANZA ALVARADO ALVARADO, RAFAEL ANTONIO CHINCHILLA MADRID, SANDRA LOURDES CABALLERO CARBAJAL, ADELMO HUMBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ, ALEX EMAREL MORALES, JOSÉ ARNULFO MEJÍA MELCHOR, CARMEN ELENA MEJÍA VILLEDA, JACKELINE DERAS RIVERA, JOSÉ ARNALDO SORIANO FUENTES, ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ, MARÍA ARGENTINA SIFONTES OLIVA, ALMA MARÍA GARCÍA GARCÍA, CÁNDIDA ROSA ALVARADO SORIANO, ALBA MARINA RIVERA CABALLERO, ROSA YALIVET LÓPEZ ZAVALA, ANA ONDINA DÍAZ CLAROS, NORMA ELIZABETH DURÁN RAMÍREZ, LUIS ALONZO GUEVARA HERRERA, DORIS ANABEL GARCÍA ROJAS, ROSA ELENA RAMÍREZ, MIRIAN FLORES, OLGA HAYDEE CARDOZA DERAS, LUJAN ESPERANZA SERRANO LÓPEZ, ALEJANDRINA RIVERA FRANCO, BIANCA RUBENIA ALVARADO FLORES, MARÍA ESTELA ALVARADO DUBÓN, ADILIA VALLE CHACÓN, ZOILA MARILÚ ESPINOZA ALVARADO, EMELINA ALVARADO ALVARADO, VALENTINA DEL CARMEN PACHECO, OLMAN JOSÉ WANT PÉREZ, GLADIS ONEYDA ALVARADO ALVARADO, FELIPA MORENO PAZ, MIRIAN ALISA GARCÍA PINEDA, MARÍA OLIMPIA MADRID ARRIAGA, ELBA MARÍA GUERRA AGUILAR, JOSÉ CONCEPCIÓN PORTILLO LÓPEZ, NICOLÁS ALEGRÍA CARRANZA, MARÍA ALIXIA CABALLERO, LIDIA ESTELA BAUTISTA, OSCAR OCTAVIO GARCÍA GARCÍA, MARÍA PRISCILA RODRÍGUEZ LARIOS, MARTHA IRIS GARCÍA AYALA, MARÍA RITA ESPERANZA DÍAZ MARTÍNEZ, BIANCA DALILA HERNÁNDEZ BARAHONA, SILVIA CELINA MORALES MILLA, JOSÉ NATIVIDAD CANALES DÍAZ, JOSÉ LEÓNIDAS CRUZ GONZALES, AMPARO ORELLANA, JOSÉ ENCARNACIÓN LÓPEZ OTERO, MARCIO ELIUD AYALA TORRES, SANTOS RAMÓN GONZALES RAMOS, ANA MERCEDES DÍAZ MEJÍA, MANUEL MUÑOZ LÓPEZ, PEDRO QUINTANILLA, JUAN RAMOS BAUTISTA, GERMAN MILLA SORTO, LUIS ALONSO DUBÓN SORTO, ARNULFO MEJÍA MARTÍNEZ, DELMA ESTELA ESCOBAR CALDERÓN, MARÍA CONSUELO AYALA TRUJILLO, ADELA SANTOS NÚÑEZ, JUAN RAMÓN BARRERA CARTAGENA, EFRAÍN LÓPEZ CARTAGENA, MARÍA ROMELIA NÚÑEZ MEJÍA, MARÍA ALICIA PINEDA LÓPEZ, OLGA PINEDA LÓPEZ, ÁNGEL FERNANDO PINEDA LÓPEZ, LUIS ARMANDO LÓPEZ RECINOS, MARÍA LIDIA PÉREZ MOLINA, FELIPA DE JESÚS CARBALLO ALVARADO, HILDA DINA PORTILLO ARDÓN, BASILIA REYES RODRÍGUEZ, LUISA MAGDALENA CRUZ GUILLEN, CÁNDIDA AGUSTINA GUEVARA GUEVARA, JOSÉ RENÉ PÉREZ MOLINA, MARIO ALEXIS GARCÍA M., JOSÉ EUSEBIO CRUZ MILLA, JOSÉ LISANDRO CRUZ CÁRCAMO, ALEXIS DAGOBERTO LARA ARDÓN, MARÍA OTILIA MILLA CÁRCAMO, CRUZ AUDILIO AGUILAR PORTILLO, EUSEBIO MISAEL PÉREZ AMAYA, ALMA HILARLA CRUZ CÁRCAMO, HONORIO ALVARADO LÓPEZ, SILVIA VILLANUEVA GÓMEZ, JORGE ARMANDO CÁRCAMO RAMOS, JOSÉ ALFREDO MOLINA MILLA, FRANCISCA HERRERA VILLANUEVA, ALBA LUZ CORTES VARGAS, MARÍA DONALDA CRUZ VARGAS, ADELINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ TRINIDAD RAMÍREZ CÁCERES, SIMÓN GÓMEZ NAVARRETE, JOSÉ VISITACIÓN DÍAZ HERNÁNDEZ, ROSA MÉLIDA MELGAR HERRERA, JOSÉ ROLANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JULIA MEJÍA ANDRADE, MARIO ARÍSTIDES ANDRADE, ELMER FRANCISCO SANTOS MIRANDA, ROSARIO DEL CARMEN AYALA MIRANDA, GLENDY MARITHZA MEMBREÑO BENÍTEZ, MARÍA ISABEL QUIJADA MEJÍA, LESLY AURORA SANTIAGO PINEDA, TOMÁS CORTÉS CALLEJAS, MARÍA URSULA MARTÍNEZ ZELAYA, LILIAN TRINIDAD RAMOS PINEDA, NERY ESPERANZA PÉREZ, JOSÉ ORLEN FRANCISCO BEJARANO, BLANCA LETICIA AGUILAR NÚÑEZ, LUISA RUFINA PÉREZ ÁLVAREZ, OSCAR LEONEL CASTILLO LÓPEZ, ADILIA SARAHÍ LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO AGUILAR LÓPEZ, LUIS ARMANDO ORELLANA, LUCÍA DEL CARMEN CASTRO CALLEJAS, JUAN JOSÉ COREA MARTÍNEZ; LUCÍA MARCELINA BONILLA MARTÍNEZ, RITA LETICIA COREA MARTÍNEZ, MIRNA UZETH CRUZ HIDALGO, MARÍA CORDELIA HENRRIQUEZ DÍAZ, JUANA LÓPEZ TORRES, ANTONIO NAVARRO NATARÉN, CLARA ISABEL CRUZ VÁSQUEZ, ALBA DORIS MENJIVAR PONCE, GLORIA LETICIA MENJIVAR PONCE, MARÍA ISABEL FRANCO CHICAS, ADÁN TORRES LÓPEZ, OLIVA AUGUSTO VÁSQUEZ, JOSÉ ÁNGEL FLORES ROSA, NELVA EVITA GÓMEZ, NORMA ELIZABETH AGUILAR FÚNEZ, DORA ANGÉLICA MELGAR ROMERO, SAÚL AGUILAR FÚNEZ, SILVIA MARÍA AMAYA BENÍTEZ, DEYSI ARMINDA GOSSELIN LÓPEZ, ELSA CONCEPCIÓN PINEDA ZAPATA Y ANA ROSA CABRERA GÁMEZ, contra la Resolución no. DAL/159/12-09-2017 de fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 96 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–27 y 66 del presente Recurso). 4) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que se Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por los amparistas.” (Folios 69–77 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se recurre en amparo contra la Resolución No. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró improcedente la solicitud de prestación del derecho de jubilación de los señores ALMA YOLANDA DOMÍNGUEZ VALLE y OTROS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DOCENTES. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los artículos 64 y 96 de la Constitución de la República, el primero garantiza la no aplicación de leyes que conlleve disminución ó tergiversación de derechos, y el segundo contentivo de la prohibición de la aplicación de leyes retroactivamente. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo manifiesta como derechos constitucionales que se consideran violentados. “a) Derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la Ley de INPREMA que fue aprobada por el Congreso Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 247-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 32,701, en fecha 22 de diciembre de 2011, Articulo 96 Constitucional. La Constitución de la República en su artículo 96 configura el derecho de las personas al respeto y vigencia del principio de no retroactividad, al declarar, que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente procesado”. Es imperioso definir que el principio de irretroactividad de la ley funciona como una salvaguarda jurídica para las y los ciudadanos, mediante la cual no se puede aplicar una ley emitida posteriormente en detrimento de una situación jurídica creada por una normativa legal previa, es decir, cambiar las condiciones jurídicas en la que se perfecciono un derecho. Este principio es reafirmado convencionalmente, al advertirlo la Convención Americana de Los Derechos Humanos (en adelante CADH), en su artículo 9. “....Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Tales normas nos llevan a establecer que solo excepcionalmente se podrá aplicar retroactivamente una ley, cuando sea en materia penal y ésta favorezca al reo o imputado, por lo tanto, la regla general es clara, no existe forma de que una ley tenga efecto retroactivo sino es con la salvedad anteriormente planteada. En nuestro caso particular, la Ley de INPREMA de 1980 generó condiciones jurídicas particulares respecto al derecho de jubilación y demás derechos previsionales de nuestros representados y representadas, quienes iniciaron a participar en el régimen de aportación previsional bajo el requerimiento mínimo de 50 años de edad y diez años de servicio continuo o alternos, para acceder al derecho de jubilación, con un crédito unitario fijo del 3%, con un cálculo del salario base mensual tomando como referencia los últimos 36 meses de servicio y estableciendo como límite máximo de monto mensual de jubilación el 90% del sueldo promedio obtenido; condiciones que pedimos fueran tuteladas por el Directorio de Especialistas de INPREMA en vista que, fueron modificadas por la Ley de INPREMA de 2011 para los docentes que ingresaron al sistema de previsión después de entrada en vigencia dicha ley, mas no para quienes ingresaron con anterioridad ya que según el principio constitucional de irretroactividad de la ley no eran susceptibles de aplicarles dicha normativa. Violentando el derecho de no retroactividad de la ley, el Directorio de Especialistas del INPREMA, mediante la resolución No. DAL/159/12-09-2017 declaro improcedente la solicitud de jubilación mediante la aplicación a la Ley de INPREMA de 1980 promovida por esta representación; aun cuando la (única decisión posible era tutelar el derecho de jubilación de nuestros representados, no obstante, violento la norma constitucional restringiendo el derecho de jubilación de nuestros representados y representadas, en consideración que la normativa de la Ley de INPREMA de 1980 no esté vigente, inobservado que -la aplicación de la Ley de INPREMA de 2011 disminuye: la categoría del derecho de jubilación a una “pensión por vejez” e impone una tabla de gradualidad para calcular la referida pensión, tabla que gravosamente aumentaría a nuestros representados la edad mínima requerida para acceder a este derecho a 57 años y 16 años de cotización, extendiendo los requisitos mínimos para optar a la pensión en 7 años de edad y 6 de servicio y cotización, respectivamente. Por otra parte la ley de 2011, reduce el monto mensual de la jubilación en 1/3 de su porcentaje, el monto mensual acumulado de jubilación en un 10% y aumenta en 114 meses el rango para calcular el salario básico mensual, disposiciones que de manera notoria y altamente gravosas, limitan el derecho de jubilación ya perfeccionado por nuestros representados antes de la vigencia de la ley de 2011, por lo tanto, es indiscutible que la ley de IMPREMA de 2011, NO PUEDE APLICARSE DE NINGUNA MANERA, a nuestros representados y representadas de manera retroactiva, en vista que modifica las condiciones jurídicas en que se instituyó su derecho de jubilación, además tal aplicación ilegal de la ley de 2011 es limitativa de los derechos previamente adquiridos por mis representados. CONSIDERANDO (5): Que siguen exponiendo los recurrentes que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (en adelante CIDH) ha establecido que el derecho a la pensión, puede considerarse un derecho adquirido que se incorpora al patrimonio del pensionista, y que desde el momento que los beneficiarios se acogen al régimen de jubilaciones previsto en una ley, adquieren el derecho a que sus pensiones se rijan en los términos y condiciones previstas en dicha ley. Sobre esta base jurisprudencial, afirmamos que el derecho a la jubilación de nuestros mandantes constituye un derecho adquirido e incorporado a su patrimonio, razón por la cual, al estudiar la aplicación de la ley en el tiempo, así como los efectos que surte el empleo del principio de irretroactividad, surge el concepto del derecho adquirido como un impedimento para que pueda aplicarse una nueva disposición legal, perjudicial para los ciudadanos, a las situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la ley anterior (ley de IMPREMA de 1980). Exponen los recurrentes que, las situaciones jurídicas consolidadas a la luz del principio de irretroactividad de la ley, son incompatibles con nuevas condiciones y términos normativos que se crean ulteriormente, es decir, no se pueden modificar a razón de que los términos y condiciones pre establecidas determinan un marco jurídico de legalidad, el cual no puede ser reformado o sustituido por otro nuevo en perspectiva de regresión de derechos, porque esto significaría la vulneración de la seguridad jurídica que prevé regular la norma primigenia. Bajo estas consideraciones, los términos de la resolución emitida en respuesta a la petición a la oportunamente planteada, y que hoy es recurrida en amparo, son confirmatorios al principio de irretroactividad, al reconocer para nuestros representados su derecho de jubilación bajo los parámetros preestablecidos por la Ley de IMPREMA de 1980, misma que es la que subsiste en su relación como participantes y el mismo Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA). b) Derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, Art. 64 Constitucional. La Constitución de la República, en su artículo 63, configura del derecho de las personas al respecto y cumplimiento del principio de progresividad de los derechos fundamentales, al declarar, que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre". En ésta misma lógica y de modo coherente con lo prescrito en el artículo anteriormente descrito, la Constitución prevé la no regresividad de los derechos, al establecer, en el artículo 64, que "No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución si los disminuyen, restringen ó tergiversan". “…De la literalidad de las disposiciones constitucionales referidas se establece el reconocimiento expreso de la obligación de progresividad de los derechos y de la no regresividad de los mismos, respectivamente; lo cual implica para el Estado en el caso concreto, a través del Directorio de Especialista del INPREMA el instar el desarrollo progresivo del régimen de seguridad social que obliga a implementar en forma gradual y progresiva un sistema que cada vez cubra más riesgos en razón de edad, muerte o invalidez. La CADH establece el principio de progresividad de los derechos en su artículo 26: "Desarrollo Progresivo.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados". Manifiesta el recurrente, que sirve de norma interpretativa para el artículo 26 de la CADH, el artículo 29 del mismo cuerpo legal, ya que delimita qué ninguna disposición de la CADH puede ser interpretada en el sentido de "limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados", en ese sentido, ya dicha norma nos plantea una primera aseveración que reafirma la prohibición de limitar derechos y libertades de las y los ciudadanos. El principio de progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante DESC) se encuentra regulado en el artículo 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) el cual prescribe que: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". La indivisibilidad de los derechos humanos es una característica común a cada uno de los derechos, en el caso de los DESC adquiere mayor preponderancia este principio en vista de que para cumplir con la completa efectividad de éstos es necesario que se adopten ya sea "medidas" o "providencias" destinadas a cumplir paulatinamente con todos los derechos consagrados en el PIDESC y la Carta de la OEA, comprendiendo la mutua interrelación entre cada uno de los derechos consagrados en dichos instrumentos. Es así que surgen obligaciones derivadas de la expresión "progresivamente", éstas, según el Comité DESC se clasificarían de la siguiente manera: 1) La obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, 2) La obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas. Respecto a la primera obligación, a los Estados les compete "adoptar medidas". No se trata de una obligación a futuro, por el contrario, cualquiera sea el nivel de desarrollo de los Estados ellos están obligados a adoptar medidas (y continuar adoptándolas) desde el momento de entrada en vigor del Pacto". De acuerdo a esa obligación normativa asumida e impuesta a los Estados que plantea la progresividad de los derechos DESC, tanto en los demás derechos así como en el derecho de seguridad social (en el que se incluye la jubilación), estos Estados deben "avanzar continuamente" en adoptar medidas para hacer efectivos los DESC; en nuestro caso en concreto, el Estado de Honduras, a través del Directorio de Especialista de INPREMA, estaba obligado a declarar procedente la solicitud promovida por nuestros representados en virtud que promulgaba per se el avance progresivo del derecho de jubilación, extremo que no sucedió por lo cual se solicita mediante la presente acción se tutele este aspecto del referido principio. En cuanto a la segunda obligación derivada de la "progresividad" de los principios de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales DESC, ésta implica que "todas las medidas estatales de carácter deliberadamente retroactivo [regresivo] (...) requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga". Para el Comité de los DESC, son medidas regresivas aquellas que empeoran el nivel de ejercicio o el goce de un derecho consagrado en el Pacto, por eso, en varias ocasiones ha establecido que "si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado Parte:". CONSIDERANDO (6): Que sigue manifestando el impetrante, que en cuanto al derecho de jubilación, aunque el Comité de los DESC no se ha pronunciado sobre éste en sus observaciones generales, cabe destacar que, solo se podrían adoptar las medidas regresivas contenidas en la Ley de INPREMA de 2011 si él Estado hondureño hubiera cumplido con lo preceptuado supra, es decir, que el Estado haya acreditado que dichas medidas regresivas, en cuanto a la disminución de los requisitos y alcances del derecho de jubilación estaban justificadas y fueron la respuesta a circunstancias ajenas a su voluntad, extremo que en ningún momento se acreditó, por lo tanto, la Ley de INPREMA de 2011 viola flagrantemente el artículo 2.1 del PIDESC, respecto a la progresividad de los derechos DESC, en consecuencia, la propia resolución de la cual se solicita amparo desconoce tal obligación, por lo que evidentemente violenta el derecho de seguridad social en relación con el derecho a la jubilación de nuestros representados y representadas, ya que no es justificable, bajo ningún causa, la aplicación de una norma regresiva de los referidos derechos ya que sería contradictoria con los estándares internacionales relacionados. Además, en términos de los derechos adquiridos por nuestros representados no existe justificación posible, de ninguna decisión regresiva porque como lo indicó la Corte IDH, en el caso de los cinco jubilados (pensionados) peruanos, estas prestaciones, incluyendo la jubilación, entraron a formar parte del patrimonio de nuestros representados de manera individual, en todo caso, podría discutirse si es justificable o no la regresión de estos derechos para los docentes que ingresaron al INPREMA a partir de la vigencia de la nueva ley en 2011. El Comité de los DESC ha establecido, además, que la adopción de una legislación, práctica o política pública que disminuya el nivel de disfrute de los derechos por parte de los individuos es un ejemplo de medidas consideradas deliberadamente regresivas. Dentro de este tipo de medida regresiva podemos enmarcar la adopción de la ley de INPREMA de 2011 la cual operó en detrimento de los derechos de jubilación adquiridos con la Ley de INPREMA de 1980. Por otra parte, y haciendo referencia a la legislación hondureña, la Ley General de la Administración Pública, consecuente con lo establecido en los artículos 15, 16 Y 17 constitucionales, establece en su artículo 7, que, los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: La Constitución de la República y los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; de igual forma, en su artículo 8 establece que, los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, sino tienen atribuidas por Ley tales potestades; y, ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República, por lo cual, sirva la observancia de toda la normativa citada y desarrollada a fin de garantizar el derecho a la jubilación y demás derechos contenidos en la ley de 1980 en la amplitud y alcance que ésta establece, entendiendo que bajo esta normativa debe regirse la relación de nuestros representados y representadas con el INPREMA. Con el mismo énfasis, el artículo 76 de la Ley de INPREMA de 1980 a la que expresamente se acogen nuestros representados y representadas establece que: Las prestaciones establecidas por la presente ley, constituyen derechos irrenunciables e inalienables y nadie puede ser privado de ellos, en todo o en parte, sino en los casos que expresamente se prescriba lo contrario... ".- La resolución No. DAL/159/12-09-2017, confirmada, posteriormente, mediante resolución No. DAL/224/20-12-2017, contraria absolutamente al principio de progresividad de los DESC y deja en desprotección el derecho de jubilación de nuestros representados y representadas, por lo que resulta imprescindible que tal derecho sea tutelado de manera directa, a través del control de constitucionalidad y convencionalidad que esta honorable Sala haga, subsiguientemente es necesario que se establezca la violación del referido derecho y tutele el mismo a través de un fallo favorable a este recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que, en el acápite quinto del escrito de formalización de la acción de amparo, los recurrentes peticionan que: “SE GARANTICE APLICACIÓN DE CRITERIOS Y ESTANDARES DEFINIDOS y RATIFICADOS POR TRIBUNALES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” Al respecto apunta lo señalado en el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece: "Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el, adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales." Así las cosas, el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) a través de su resolución proferida bajo el No. DAL/159/12-09-2017, confirmada, posteriormente, mediante resolución No. DAL/224/20-12-2017 y que ahora cuestionamos, ignoró completamente y no asumió la motivación obligada sobre las especificidades de la petición para el goce y disfrute pleno de los derechos de nuestros poderdantes, tal como se lo manda la ley de procedimientos administrativos en sus artículos 19, 24 Y 25 Y lejos de hacer una mínima consideración a las prerrogativas en perspectiva derivadas de la aplicación de la ley de INPREMA de 1980, sobre los derechos adquiridos y previstos en los principios constitucionales relacionados, de lo establecido al respecto en la CADH y el PIDESC, se avocó a sustentarla simplemente en las disposiciones de la normativa actual que no guardan ninguna pertinencia, pues es la misma ley que deviene cuestionada por esta vía de amparo, en razón de los incuestionables quebrantamientos a los derechos y preceptos constitucionales supra relacionados. La respuesta brindada por el Directorio de Especialistas del INPREMA a lo demandado legítimamente en la solicitud de jubilación incoada por nuestros representados y representadas, se basó en argumentos superficiales, de orden formal, distanciados totalmente del fondo planteado respecto de las contravenciones constitucionales y de convenios de derechos humanos alegadas, dejando diáfanamente establecida la grave violación de los preceptos constitucionales supra relacionados. El Directorio de Especialistas del INPREMA simplemente determina la IMPROCEDENCIA DE LA PETICION, que la ley vigente del INPREMA contenida en el D.- 247-2011, fue aprobada por el Congreso Nacional de la República, dejó sin valor ni efecto la Ley de INPREMA contenida en el Do. 1026-1980 (Considerando 7); que deroga la ley del 15 de julio de 1980 (Considerando 8); que el Instituto, durante la vacatio legis de la ley actual, recibió "solicitudes de beneficio de jubilación voluntaria" (Considerando 9); que la petición formulada es improcedente por haber sido efectuada al amparo de una Ley cuyas disposiciones no tienen efecto alguno; correspondiéndole a los peticionarios presentar ante el INPREMA la solicitud de "beneficio de pensión por vejez" ... , según el tenor del artículo 121 de la Ley de INPREMA actualmente en vigencia (Considerando 14); y, que el departamento de asesoría legal del INPREMA, DICTAMINÓ: "UNICO: Que se declare IN PROCEDENTE la solicitud de Prestación del Derecho de Jubilación ... " (Considerando 15); describe las atribuciones del Congreso Nacional según el artículo 205 constitucional, igual lo previsto en el 221 sobre la obligatoriedad de la ley, y los referido en el 321 sobre las facultades de los servidores públicos (Considerando 16); refiere el artículos del Código Civil como el artículo 5 en relación a la obligatoriedad de la Ley, sobre el no alegar ignorancia sobre ella, según el artículo 6; y sobre no atribuirle otro sentido a la ley que el que resulta explícitamente de sus propios términos, según el artículo 17 (Considerando 17); sobre los artículos 42, 43 Y 44 del mismo Código Civil, en lo referente, por su orden, a la derogatoria de la ley, si esta es expresa o tácita; y como pueden ser ambas (Considerando 18); sobre la "pensión por vejez" de la ley vigente del 2011 (Considerando 19); sobre ámbito temporal de validez y trámite de solicitudes pendientes de resolución (Considerando 20); y, finalmente, sobre las atribuciones del Directorio de Especialistas del INPREMA, para resolver PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de : Prestación del derechos de jubilación.... En estos términos, la autoridad administrativa contra la cual va dirigido este recurso de amparo, ejecuta una colosal y obvia violación al deber de respeto y garantía del derecho humano a la jubilación que tienen nuestros representados y representadas y corresponde entonces a la justicia constitucional, a través de esta Sala, garantizar los derechos vulnerados permanentemente, concluyendo que la imposición de la ley vigente del INPREMA, es decir, la contenida en el Decreto No. 247-2011, al caso concreto de nuestros representados y representadas, en función de las expectativas materiales de jubilación planteadas, constituye una decisión arbitraria que vulnera lo dispuesto en el artículo 64 constitucional y el derecho fundamental a un debido proceso, al aplicar en una materia distinta a la penal, una ley posterior que afecta derechos adquiridos, de manera retroactiva, vulnerando con ello lo preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República en su Artículo 183 dispone que “El Estado reconoce la garantía de Amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y, 2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. El Recurso de Amparo se interpondrá de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (9): Que el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional señala que de la finalidad de la acción y el derecho de pedirla. El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (10): Que se debe comenzar señalando que la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, en los artículos 68 y 69 de dicha ley, establece los requisitos para obtener el beneficio de jubilación, y son los siguientes: Artículo 68.- “La jubilación es la renta vitalicia, pagadera con periodicidad mensual, a que tienen derecho los PARTICIPANTES que hayan cumplido un mínimo de diez años de servicios continuos o alternos, y cincuenta años de edad.” Artículo 69.- “La jubilación podrá otorgarse por retiro voluntario u obligatorio. La jubilación por retiro voluntario, tendrá lugar cuando el PARTICIPANTE, ejercite su derecho en cualquier momento, a partir de la fecha de haber cumplido con los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio a que se refiere el artículo anterior. La jubilación por retiro obligatorio, tendrá lugar cuando el “PARTICIPANTE”, haya cumplido con el tiempo mínimo de servicio y alcanzado los sesenta años de edad.” CONSIDERANDO (11): Que en fecha veintidós (22) de diciembre de dos mil once (2011), se publicó una nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; la cual entró en vigencia veinte días después de su publicación, es decir el 19 de enero de 2012, la cual disminuyó por mucho, en perjuicio de los docentes, las condicionantes requeridas para obtener entre los derechos sociales, el derecho a una jubilación, contrariando lo dispuesto en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que establece que los Estados se comprometen a que estos derechos no disminuyan, por el contario, que vayan avanzando en beneficio de las personas, de manera progresiva. CONSIDERANDO (12): Que durante los veinte días de vacatio legis, una vez entrada la vigencia de la Ley supra, varios docentes presentaron escritos solicitando se les otorgue el beneficio de la jubilación, habiéndoseles denegado mediante Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró improcedente la solicitud de prestación del derecho de jubilación, por incumplir con el requisito de la edad, pues las solicitudes has sido interpuestas bajo la vigencia de la nueva ley, que exige 7 años más que la anterior. CONSIDERANDO (13): Que el artículo (7) del Código Civil, manda, al igual que el artículo 96 constitucional que, “Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.” Establece ese mismo cuerpo legal que “Los conflictos que resulten de la aplicación de las leyes dictadas en diferentes épocas, se decidirán con arreglo a las disposiciones del título final de este Código.” Este artículo es complementario en tanto en cuanto, en la nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, contenida en el decreto 247-2011, señala en su artículo 127, relativo al ámbito temporal de validez y trámite de solicitudes pendientes de resolución, Que “…Los casos que se encuentren en trámite, así como los actos otorgados y autorizados conforme a Decreto Ley No.1026 del 15 de julio de 1980, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones, hasta el término del período por el cual fueron concedidos. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional, estima que en la interpretación de estas normas tiene lugar la fundamentación de la decisión, es decir, el artículo 96 constitucional y el 7 de la ley secundaria Código Civil, que establecen el respeto al principio de la irretroactividad de la ley, con relación al artículo 127 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el decreto 247-2011, que señala lo relativo al ámbito temporal de validez y aplicación de la nueva ley. Esta Sala hace suyo lo escrito por el Doctor Presentación Quezada en su libro, “Comentarios al Título Preliminar de Nuestro Código Civil”, quien en la página 48 cita a Baudry Lacantinerie que explica la retroactividad así; “Las leyes no deben mirar hacia atrás, deben ver solo hacia lo futuro. Ese es el principio.” Comenta el doctor Quezada: “…Sencillísimo al parecer; pero muy difícil cuando se trata de darle aplicación. Si los hechos ocurridos en el pasado produjeron ya todos sus efectos al emitirse la nueva ley, la cuestión no ofrece duda; serán regidos por la vieja ley y viceversa. Si cuando se emitió la ley nueva, los hechos no se habían verificado, tampoco cabe duda ninguna; se les aplicará la nueva ley. Más si los hechos se verificaron bajo la vigencia de la vieja pero están pendientes aún algunos de sus efectos, cuando empieza a regir la ley nueva? ¿Qué ley se aplicará? La vieja o la nueva?...” CONSIDERANDO (15): Coincidimos con el Doctor Quezada quien manifiesta que la nueva ley debe suponerse siempre mejor que la anterior, cuando el legislador introduce una innovación lo hace indudablemente porque así lo exige la conveniencia pública, ya sea para reglamentar mejor la materia legislada, o ya para corregir los abusos existentes, el interés social exige, pues, que la nueva ley se aplique lo más pronto posible, pero ante este interés social, existen otros intereses particulares de gran importancia, intereses que deben respetarse igualmente, porque de otro modo ni el estado ni la fortuna de los miembros de la colectividad estarían garantizados y no sería posible la vida social. Tal sucede tratándose de derechos adquiridos, hay que respetar, pues, estos derechos;” Concluye señalando que la doctrina de la irretroactividad debe tener por base una doble consideración en primer lugar, el respeto al interés social y el respeto a los derechos adquiridos de los particulares. CONSIDERANDO (16): Que con relación al tema de derechos adquiridos, esta Sala manifiesta que este tema no presenta ninguna dificultad si se entiende como derecho adquirido, lo que ha entrado ya en nuestro patrimonio y forma parte de él (por ello no es aplicable el caso <cinco pensionados Vs. Perú>, sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en dicho caso, los jubilados ya habían gozado varios meses de su jubilación, y en consecuencia de la aplicación de una nueva ley, la cantidad ya percibida se le mermo un porcentaje, incidiendo gravemente en su presupuesto para vivir). El problema podría surgir, ante el caso de que no haya entrado aun en nuestro patrimonio, por no haberse reconocido el beneficio y si es así, vale la interrogante, ¿cómo lo debemos considerar?, ¿cómo una simple expectativa? Es decir como una esperanza de adquirir determinado derecho? a estas interrogantes Don Presentación Quezada proporciona como ejemplo el requisito de la edad, y explica que “…una expectativa es la facultad concedida por la ley para adquirir un derecho, dependiendo su adquisición, de las condiciones establecidas por la misma ley más la voluntad de tercero, por ejemplo las herencias; un hijo podría tener la expectativa de heredar a su padre, es una esperanza, mas no un derecho, pues depende de la voluntad de aquel. No obstante; un derecho condicionado, se perfeccionará, explica, hasta que se cumplan las condicionantes que plasma el legislador en la ley. Ejemplo los derechos que se adquieren con la mayoría de edad se obtienen hasta cumplido el requisito de haberla obtenido, es decir el día en se cumplen los veintiún años; hasta ese día se adquiere la capacidad legal, un día antes no se ha adquirido aún el derecho. Los derechos condicionados, no pueden ejercerse en cualquier tiempo, sino hasta que se cumple la condición, por ser verdaderos derechos con existencia propia.” CONSIDERANDO (17): Que en el presente caso, los recurrentes son del criterio que la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, aprobada mediante Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos, debe regular la prestación de los beneficios derivados del Sistema de Previsión del Magisterio, de todos aquellos docentes que entraron al sistema nacional del magisterio hasta veinte días después del 22 de diciembre de 2011, fecha en la cual adquirió vigencia la nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. CONSIDERANDO (18): Que la Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud en tiempo, es decir antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos, que, si bien inició el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980, por haber cumplido ya con todos los requisitos exigidos en ella. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados”. Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: “Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” CONSIDERANDO (20): Que la vulneración de este principio/derecho constitucional <96CH>, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, en este caso el de la edad, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada. CONSIDERANDO (21): Que el análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor. CONSIDERANDO (22): El INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en su Artículo 1, dice: “Créase el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, como una entidad de derecho público autónoma, con Personería Jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, la cual, en el contexto de esta Ley, se denominará "EL INSTITUTO"…, asimismo, en su Artículo 2, señala; "EL INSTITUTO" tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios derivados del sistema de Previsión del Magisterio Nacional, establecido de conformidad con la presente Ley”. En ese sentido se estima una vulneración procesal administrativa el dejar desprotegidos a aquellos docentes, que, habiendo cumplido sus requisitos, no interpusieron la solicitud en tiempo y a otros que habiendo estado a meses de cumplir los mismos, no interpusieron dicho escrito solicitando su derecho a la jubilación. No es igual la aplicación de la nueva ley a quien cotizó más de veinte años para obtener determinado beneficio, a aquellos que solamente tenían uno o dos años de estar cotizando cuando entró en vigencia la nueva ley. CONSIDERANDO (23): Que la Sala de lo Constitucional detectó una vulneración al artículo 96 constitucional, en relación con el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo, razón por la cual es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (24): Que el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos de una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, en ese sentido para que se restituya el derecho violentado a que no se la aplique la Ley retroactivamente, se determina: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entro en vigencia la nueva ley. 2.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, como institución autónoma y de patrimonio propio, proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada bajo los parámetros de la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior, y les sea reconocido parcialmente este derecho, mediante el pago del porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia. 3.- Se devuelve el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo de TREINTA AÑOS en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios establecidos en el Decreto–ley 1026 del 15 de Julio de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley, hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. 4.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, disponga lo pertinente en cuanto al tema presupuestario para la debida ejecución de esta sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 65, 69, 80, 96, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 18, 24, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 78 y 127 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto 1026 de fecha 15 de Julio de 1980,; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes de la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entro en vigencia la nueva ley. 2.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior, y les sea reconocido el porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia. 3.- Se devuelve el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo de TREINTA AÑOS en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios establecidos en el Decreto–ley 1026 del 15 de Julio de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley, hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. 4.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio disponga lo pertinente en cuanto al tema presupuestario para la debida ejecución de esta sentencia. 5.- Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Serrano Villanueva. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Y a solicitud Abogado RONIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0299-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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