Sentencia AA-272-18 — Registro 11745
Resumen
Resolución impugnada que declaró con lugar recurso de Revisión en relación a la Solicitud de Información Publica presentada ante el Oficial de Información Pública de recurrente, por la negativa de ésta a entregar información referente a “Contratos de consultorías legales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que, de la lectura de los preceptos relacionados, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, consolidando así la democracia y el Estado de Derecho. El derecho en mención, según es aceptado, se rige primordialmente por el principio de máxima divulgación de la información; desarrollado con estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (8): Que El Principio de Máxima Divulgación, anteriormente relacionado, ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido y garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones” . En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación . Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones” .
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Sala de lo Constitucional, vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que ésta ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de los que goza el CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP); reconduciendo su interpretación y aplicación del derecho a lo preceptuado en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 3) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos; pues, como consta en el curso de autos, y al tenor mismo de la resolución de la cual se viene ahora en amparo; el CONSUCOOP no hizo entrega de la información solicitada por la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN en el plazo establecido en el Artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, siendo que la solicitud de información efectuada por tal representación procesal, en fecha nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017); obtuvo la información parcial solicitada hasta en fecha tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO (11): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada por la autoridad obligada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual, para su conocimiento y demás fines, se transcribe a continuación: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; lo cual aparece como fundamento legal efectivo para la resolución administrativa adoptada, la cual es ahora objeto de la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (12): Que, en definitiva, la Sala de lo Constitucional estima que en el caso visto para fallo, se han respetando a la parte representada por la impetrante, los derechos fundamentales reconocidos directamente en la Constitución de la República y en la normativa internacional a las personas naturales, como son el derecho de defensa y al debido proceso; lo cual atañe por extensión lógica y en lo conducente, al tratamiento igualitario que en derecho ameritan tanto las personas naturales – como titulares indubitados del derecho fundamental invocado -, como a la representación procesal de las personas jurídicas o morales, cuando actúen en defensa de los intereses generales, cuando tal fuere menester y en lo conducente; por lo cual se considera que el derecho a obtener una resolución fundada y motivada jurídicamente resulta obligatoria y asiste a la persona jurídica agraviada, en congruencia a lo estipulado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, lo cual fue justamente observado en la tramitación y resolución del presente caso. Debiendo reiterarse, asimismo, consolidada jurisprudencia de la Sala, en el sentido que el sólo hecho de brindarse una respuesta adversa en materia recursiva, a la pretensión planteada por el o la recurrente, no resulta necesariamente indicativo de antijuridicidad constitucional; habiéndose observado, en el caso de mérito, la aplicación precisa de la Ley, en interpretación conforme a lo señalado en el bloque de convencionalidad; distando mucho del supuesto de vulneración a los derechos fundamentales, como fue la firme posición de la Amparista. - Por todo lo cual, resulta del caso desestimar el presente recurso de amparo, por falta de mérito para su otorgamiento"
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra la resolución No SO-011-2018, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de revisión, interpuesto por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, contra el CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). Estima la recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, presentó recurso de revisión, en relación a la Solicitud de Información Publica presentada ante el Oficial de Información Pública del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), por la negativa a entregar la información por parte de dicho Oficial.
- Que en fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante resolución No. SO-011-2018, resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, quien actúa en su condición de Apoderada Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, en contra del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 3) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: se tiene por entregada de manera parcial y extemporánea la información solicitada por la recurrente referente a: “Contratos de consultoría legales” TERCERO: Se ordena al CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP) a través de su titular el licenciado FREDY ESPINOZA MONDRAGON hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información referente a: “Gastos y ejecuciones presupuestarias de los meses de agosto 2016, octubre 2016, noviembre 2016, diciembre 2016, enero 2017, febrero 2017, marzo 2017, abril 2017, mayo 2017, junio 2017, julio 2017, agosto 2017 y septiembre 2017, en relación a los contratos de consultorías legales, Asimismo la información relacionada a los contratos, gastos y ejecuciones presupuestarias en relación a los contratos de servicios profesionales suscritos con los miembros de las juntas interventoras de las cooperativas COMIXMUL y Cooperativa de Ahorro y Crédito SAGRADA FAMILIA LIMITADA. “CUARTO: Se exhorta al CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), para que en lo sucesivo de respuesta en tiempo oportuno y proporcione la información Pública que le sea solicitada en el termino que ordena la Ley, con la advertencia de que en lo sucesivo de aplicaran las sanciones que manda la Ley. QUINTO: Contra la presente resolución procede el Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folios del 95 al 98 de la pieza de antecedentes). 3) La recurrente Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de abril de dos mil dieciocho, interponiendo recurso de amparo a favor a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), por considerar que la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Publica, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, se le han violentado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho. 4) Que en fecha quince de junio de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, en virtud de no vislumbrarse violación a las garantías constitucionales señaladas por la garantista en su petición de amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso por el cual se solicita la garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en que la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, actuando en su condición de apoderada legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), interponiendo denuncia por habérsele negado el acceso a la información pública solicitada, ante el Oficial de Información Pública del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). CONSIDERANDO (4): Que en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, interponiendo Acción de Amparo a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP),[1] contra la Resolución No.SO-011-2018 de fecha treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018), emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP),[2] misma que fue notificada personalmente al Director Ejecutivo del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por el mismo Órgano; resolución que declara, en lo conducente, que la denegatoria de información en que incurriera el CONSUCOOP en perjuicio de la Cooperativa solicitante, es violatoria del artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 3) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; todo ello en virtud de no habérsele entregado respuesta completa y en tiempo, a lo solicitado por la apoderada legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA. CONSIDERANDO (5): Que en formalización de la acción constitucional promovida, la recurrente indica que la resolución del recurso de revisión preindicado es violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, de CONSUCOOP; pues las diligencias desarrolladas en el curso de la denuncia presentada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en contra del CONSUCOOP, por la supuesta negación de información pública solicitada por la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, no se han aplicado las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, tal como preceptúan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en virtud del razonamiento equivocado y hasta desconocimiento en la aplicación de la ley por parte del IAIP; el cual, como rector del sistema de información pública pudo constatar que la información pública fue proporcionada según la petición general realizada, en la que no se detalló solicitud de copias de documentación relacionados; por lo que debió declarar SIN LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto. Considera la amparista que las garantías constitucionales invocadas fueron violentadas al admitir el IAIP el acto impugnado, sin valorar que la petición de información pública fue entregada en los plazos que otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según la petición de manera general que realizó la peticionaria y en la que no se detalla requerimiento de copia de documentos. - Por todo lo cual solicita, dictar sentencia definitiva OTORGANDO el amparo solicitado, estableciendo las especificaciones necesarias para su debida ejecución, ordenando a la autoridad recurrida, revocar la resolución No.SO-011-2018 de fecha treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018), por violentar el derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional hacer prevalecer el respeto al debido proceso y al principio de legalidad, específicamente en observancia a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.” En el mismo orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada, establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. CONSIDERANDO (7): Que, de la lectura de los preceptos relacionados, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, consolidando así la democracia y el Estado de Derecho. El derecho en mención, según es aceptado, se rige primordialmente por el principio de máxima divulgación de la información; desarrollado con estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (8): Que El Principio de Máxima Divulgación, anteriormente relacionado, ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido y garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[3] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[4]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[5]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[6]. CONSIDERANDO (9): Como lo ha reiterado la Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Se debe señalar, entonces, que la recurrente en amparo expone la hipotética vulneración del derecho al debido proceso y derecho de defensa del que goza la persona jurídica por ella representada; trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición; haciendo prevalecer el debido proceso y, consecuentemente, el respeto al imperio de la ley, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados; concluyendo la Sala en este respecto, que obtener respuestas, tanto administrativas como jurisdiccionales, contrarias a las pretensiones de las partes; no resulta necesariamente indicativo de que se ha efectuado vulneración alguna a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional, vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que ésta ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de los que goza el CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP); reconduciendo su interpretación y aplicación del derecho a lo preceptuado en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 3) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos; pues, como consta en el curso de autos, y al tenor mismo de la resolución de la cual se viene ahora en amparo; el CONSUCOOP no hizo entrega de la información solicitada por la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN en el plazo establecido en el Artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, siendo que la solicitud de información efectuada por tal representación procesal, en fecha nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017);[7] obtuvo la información parcial solicitada hasta en fecha tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).[8] CONSIDERANDO (11): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada por la autoridad obligada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual, para su conocimiento y demás fines, se transcribe a continuación: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; lo cual aparece como fundamento legal efectivo para la resolución administrativa adoptada, la cual es ahora objeto de la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (12): Que, en definitiva, la Sala de lo Constitucional estima que en el caso visto para fallo, se han respetando a la parte representada por la impetrante, los derechos fundamentales reconocidos directamente en la Constitución de la República y en la normativa internacional a las personas naturales, como son el derecho de defensa y al debido proceso; lo cual atañe por extensión lógica y en lo conducente, al tratamiento igualitario que en derecho ameritan tanto las personas naturales – como titulares indubitados del derecho fundamental invocado -, como a la representación procesal de las personas jurídicas o morales, cuando actúen en defensa de los intereses generales, cuando tal fuere menester y en lo conducente;[9] por lo cual se considera que el derecho a obtener una resolución fundada y motivada jurídicamente resulta obligatoria y asiste a la persona jurídica agraviada, en congruencia a lo estipulado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, lo cual fue justamente observado en la tramitación y resolución del presente caso. Debiendo reiterarse, asimismo, consolidada jurisprudencia de la Sala, en el sentido que el sólo hecho de brindarse una respuesta adversa en materia recursiva, a la pretensión planteada por el o la recurrente, no resulta necesariamente indicativo de antijuridicidad constitucional; habiéndose observado, en el caso de mérito, la aplicación precisa de la Ley, en interpretación conforme a lo señalado en el bloque de convencionalidad; distando mucho del supuesto de vulneración a los derechos fundamentales, como fue la firme posición de la Amparista. - Por todo lo cual, resulta del caso desestimar el presente recurso de amparo, por falta de mérito para su otorgamiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra la Resolución No.SO-011-2018 de fecha treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018), dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0272-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En Adelante CONSUCOOP.
[2] En Adelante IAIP.
[3] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[4] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[5] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[6] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf
[7] Ver: Considerando 2) de la resolución impetrada.
[8] Ver: Considerando 14) de la resolución impetrada.
[9] La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre este punto, al emitir la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, a solicitud de la República de Panamá, conforme a la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, se opinó lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva”. Opinión asequible vía Internet, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf [Consulta del 28 de mayo de 2019]