Sentencia AA-183-18 — Registro 11429
Resumen
Resolución No.236-2017 mediante la cual, se declaró “caducado de derecho y perdido irrevocablemente el plazo de dos meses otorgado a la ANJUPPEH e instruye al área de planilla a no realizar las retenciones mensuales a los pensionados por vejez y muerte en concepto de aportación a la ANJUPPEH, argumentando impetrante que carece de toda legalidad al no seguir las formalidades que manda la ley, además de constituir un perjuicio económico para la asociación gremial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5): Que del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte que, la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), por medio de su Junta Directiva envían oficio número 04-2018-ANJPH y oficio 06-2018-ANJPH, de fecha 16 de febrero y 11 de abril del año en curso respectivamente, mediante el cual acompaña un listado y fichas de afiliación en las que se detalla contenido de autorización para deducción de planilla del beneficio de pensión por vejez o invalidez, que por concepto de aportación voluntaria han definido afiliados de dicha asociación, dando cumplimiento a lo ordenado en la resolución DI-236-2017, y establecen que si alguno de los jubilados o pensionados autorizaron un valor superior o inferior a los de tabla, se aplique conforme a dicha tabla vigente y en los casos que el valor autorizado sea inferior, la Asociación gestionará con dichos pensionados la corrección de la autorización respectiva. CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, esta Sala, en fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, en el sentido de que en vista de lo expuesto, opina que No se Otorgue la presente acción de amparo, en virtud de no concurrir las vulneraciones al debido proceso, derecho de defensa, derecho de asociación, derecho de petición y el principio de legalidad planteado en la acción constitucional de mérito. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo en su Capítulo I “DE SU CREACION Y APLICACIÓN” Artículo 1, manda: “Para la aplicación de esta Ley créase un Sistema de Retiro y otros beneficios que se denominará “Sistema de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo”; ese mismo cuerpo legal en su Capítulo III “DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA” Artículo 7, establece: “Para administrar este Sistema, créase el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo como un organismo autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio. Tendrá su domicilio en la Capital de la República.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el numeral 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que queda debidamente definido que las resoluciones recurridas vía amparo es un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que al emanar de la Administración Publica, no solo está sujeta a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; además que se alegaron violaciones de mera legalidad y ya han cesado los efectos del acto reclamado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YOLANDA IRÍAS OLMEDO a favor de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), contra la resolución DI No.236-2017 emitida por la Directora Interina del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual, según la impetrante, se declaró “caducado de derecho y perdido irrevocablemente el plazo de dos meses otorgado a la ANJUPPEH e instruye al área de planilla a no realizar las retenciones mensuales a los pensionados por vejez y muerte en concepto de aportación a la ANJUPPEH…”. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los Artículos 78, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante este Tribunal la Abogada YOLANDA IRÍAS OLMEDO interponiendo acción de amparo a favor de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), contra la resolución DI No.236-2017 emitida por la Directora Interina del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo que se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. 2) Que en fecha veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, sin suspensión del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que dentro del plazo de un (01) día hábil, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del acto impugnado por la vía de amparo. 3) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, a través de la Directora Interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), Martha Doblado Andara, desprendiéndose del mismo lo siguiente: …De conformidad al párrafo señalado y las disposiciones de la Ley de INJUPEMP enmarcado en los Artículos 80, 81 y 82, esta Dirección Interina mediante resolución DI No.160-2017, resolvió: 1) Que el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), no gestionará administrativamente que se ejecute la retención de cuotas de aportaciones allegada y conocida mediante el oficio remitido por personeros de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de la República de Honduras (ANJUPPEH), con fecha 5 de mayo del año 2017, en virtud de no estar ajustada a la ley; 2) El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), se asegurará administrativamente que las deducciones que a esta fecha ha venido realizando el INJUMPEMP a favor de la ANJUPPEH estén debidamente sustentadas mediante los correspondientes requerimientos legales; 3) Dar un plazo de dos meses a la ANJUPPEH a fin de que dentro del mismo se acredite ante el instituto la debida afiliación y la respectiva autorización de retención de cada uno de sus afiliados, y de no cumplimentarse esta circunstancia se suspenderá el actual proceso de retención, por estar constituida una protección patrimonial por mandato legal a las prestaciones que el instituto otorga; 4) Se instruye al área de planillas de jubilados y pensionados del Instituto para que por causa de la motivación de la presente resolución no se realice deducción de cuotas ordinarias de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de la República de Honduras (ANJUPPEH), respecto a las jubilaciones y pensiones aprobadas a partir de la fecha de esta resolución. Mediante oficio No.011-2017-ANJUPPEH, de fecha 16 de agosto del año 2017, la Presidenta de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), entre algunas valoraciones pide dejar sin valor el oficio No.DE-670-2017, mismo que sirviere para dar respuesta a la nota de fecha 5 de mayo de 2017, mediante la cual se pretendía la aplicación de la tabla de aportaciones correspondiente al año 2017 para efectuar la deducción a los jubilados y/o pensionados del INJUPEMP, y cuyo conocimiento fuere establecido mediante resolución DI-160-2017, respecto a dicho oficio esta Dirección Interina resolvió: 1) Confirmar el contenido de la resolución DI-160-2017 de fecha 18 de julio del 2017 y mantener su plena validez; 2) Declarar caducado de derecho y perdido irrevocablemente el plazo de dos meses otorgado a la ANJUPPEH para que dentro del mismo acreditara ante este Instituto la debida afiliación y la respectiva autorización de retención de cuotas de aportación de cada uno de sus afiliados, en consecuencia procédase al archivo de las diligencias sin más trámite; 3) Instruir al área de planillas del instituto para que en la medida en que el INJUPEMP, por medio de la ANJUPPEH, reciba dentro de los primeros diez (10) días de cada mes la acreditación de las autorizaciones que los jubilados y pensionados afiliados a dicha asociación otorguen, se hagan las retenciones mensuales respectivas de las aportaciones para la ANJUPPEH… mediante escrito presentado en fecha 3 de noviembre del año 2017, por la Abogada Yolanda Irías Olmedo, en su condición de Apoderada Legal de la ANJUPPEH, se impugnó la resolución DI-No.-236-2017, a lo que esta Dirección Interina, en análisis de los argumentos planteados, mediante providencia de fecha 3 de noviembre del año 2017, resolvió declarar sin lugar por improcedente, en consecuencia mandó a estarse a lo resuelto en la resolución DI.No.236-2017 dictada por esta Dirección Interna en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Asimismo, la señora Olivia Patricia Valdiviezo Chinchilla, en su condición de Presidenta de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), presentó en fecha 1 de marzo del año 2018, recurso de revisión sobre la resolución DI-236-2017 fundamentada en el literal b) del artículo 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo y apoyada en la copia certificada de autorización de fecha 8 de diciembre de 1999, emitida por la otra junta directiva de INJUPEMP, mediante la cual autorizó efectuar las deducciones de la cuota mensual obligatoria que los jubilados y pensionados aportan al patrimonio de la asociación, pretende que ésta Dirección Interina vía recurso de revisión emita una resolución, ordenando cancelar la suspensión mandada en la resolución contra la cual recurre, por la existencia legal y fehaciente del documento antes referido que según la recurrente es decisivo y el que contiene el acuerdo que autoriza efectuar las deducciones, el cual a la fecha no ha sido declarado sin valor ni efecto por la autoridad de la misma jerarquía legal que ostentó la Junta Directiva del INJUPEMP, a lo que esta Dirección Interina consideró que los “documentos decisivos” a que se refiere el artículo 141 literal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, no puede ser entendido más que como capaz y suficiente para dejar sin fundamento los razonamientos a que se llegaron en la resolución recurrida…y por lo tanto esta Dirección Interina resolvió: 1) Declarar Sin Lugar por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Olivia Patricia Valdiviezo Chinchilla, en su condición de Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), contra una resolución dictada por esta Dirección Interina; 2) Confirmar el contenido de esta resolución recurrida por estar ajustada a derecho. Dado lo anterior, la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), por medio de su Junta Directiva envían oficio número 04-2018-ANJPH y oficio 06-2018-ANJPH, de fecha 16 de febrero y 11 de abril del año en curso respectivamente, mediante el cual acompaña un listado y fichas de afiliación en las que se detalla contenido de autorización para deducción de planilla del beneficio de pensión por vejez o invalidez, que por concepto de aportación voluntaria han definido afiliados de dicha asociación, dando cumplimiento a lo ordenado en la resolución DI-236-2017, y establecen que si alguno de los jubilados o pensionados autorizaron un valor superior o inferior a los de tabla, se aplique conforme a dicha tabla vigente y en los casos que el valor autorizado sea inferior, la Asociación gestionará con dichos pensionados la corrección de la autorización respectiva…. (Folios 18-21 del recurso de amparo) 4) De los antecedentes se desprende que el término de cuarenta y ocho horas concedido para formalizar la acción de amparo interpuesta por la Abogada Yolanda Irías Olmedo, venció el día ocho de junio de dos mil dieciocho, siendo las once con cincuenta y cinco minutos de la mañana, sin que la recurrente hiciera uso del mismo, en consecuencia se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, sin embargo del escrito de interposición de la acción se aprecia que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de violación, por lo cual esta Sala estimó pertinente continuar con la acción incoada, dando vista por el término de cuarenta y ocho horas al fiscal para que emitiera su dictamen.(Folio 67 del recurso de amparo). 5) Que esta Sala, en fecha nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: El amparista acusa que con la resolución No.236-2017, emitida por INJUPEMP, en fecha 18 de octubre del año 2017, se ultraja el artículo 78, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República… Se indica por la recurrente que se vulnera el derecho al debido proceso y el derecho de defensa en virtud de que la autoridad correspondiente no ha respetado la norma procedimental contenida en el Artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, misma que ordena que la resolución DI No.:160-2017 debía de contener las indicaciones sobre si se daba por concluido o no la vía administrativa, el tipo de recurso que se podía interponer en su contra, el órgano que debía de resolverlo y el plazo en el cual debía interponerse. Sigue apuntando que, aunado a lo anterior, la resolución debió de ser firmada por el titular de INJUPEMP, al no hacerse así, se vulneró el contenido del Artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública. Sumado a lo anterior la autoridad administrativa, mediante la cuestionada resolución, se limitó a ordenar el cumplimiento de la misma a través de la fórmula: CÚMPLASE, consecuentemente se entiende que la misma no fue notificada, ya que personalmente no se comunicó a la representante de la solicitante. Al respecto este Ministerio Público estima, del examen de las diligencias, que no concurre la vulneración del debido proceso ni el derecho de defensa, ya que si bien existe ausencia de las exigencias del artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo en la resolución impugnada, así como la utilización de la formula CÚMPLASE en la misma, lo cierto es que el Artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, preceptúa que las notificaciones defectuosas surtirán efecto desde el momento en que el notificado haga manifestación expresa, es decir, que el mismo se haya enterado. En el caso de mérito la representación de la ANJUPPEH se enteró del contenido de la resolución e interpuso el recurso correspondiente, de cuyo ejercicio impugnativo resulta la resolución DI No.:236-2017, consecuentemente no puede entenderse que concurre la vulneración al debido proceso, ya que es ese debido proceso el que indica la subsanación de las notificaciones defectuosas cuando el notificado haga uso de los recursos, extremo que así sucedió. En relación con la firma de la titular de INJUPEMP, se debe de resaltar que el Artículo 89 y subsiguientes de la Ley General de la Administración Pública, permite que los titulares puedan delegar funciones, tal como lo regula el artículo 02 de la aludida ley. Es por lo anterior que este Ministerio Público no vislumbra las infracciones constitucionales acotadas por la amparista. En relación con el señalamiento a que la resolución deliberada vulnera el derecho de asociación es menester destacar que el mismo se entiende como la posibilidad de que las personas puedan reunirse o agruparse en torno a intereses, en el presente asunto la resolución no impide de manera alguna que los miembros de la ANJUPPEH se mantengan en asociación o se reúnan, por lo que no podemos sostener que se ha vulnerado ese derecho. Respecto al derecho de petición, el mismo ha sido respetado, ya que la ANJUPPEH no solo ha contado con la posibilidad de ejercerlo y realizar todas las acciones legales que a su criterio son procedentes, sino que ha venido teniendo una respuesta a sus pretensiones, si bien esa respuesta no es la pretendida, ello no es una vulneración al derecho de pedir; ahora, el otorgamiento de 2 meses (que no se indican en la Ley) para que la ANJUPPEH acreditara que los jubilados y pensionados habían autorizado cada uno el incremento de sus aportaciones a la asociación, no constituye una extrapetita, sino el ejercicio de las obligaciones de INJUPEMP, conforme lo regulado en los Artículos 80, 81 y 82 de la Ley de INJUPEMP. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso no se presentan las vulneraciones constitucionales planteadas por la amparista. El Ministerio, Público en vista de lo expuesto, opina que No se Otorgue la presente acción de amparo, en virtud de no concurrir las vulneraciones al debido proceso, derecho de defensa, derecho de asociación, derecho de petición y el principio de legalidad planteado en la acción constitucional de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YOLANDA IRÍAS OLMEDO a favor de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), se dirige contra la resolución DI No.236-2017 emitida por la Directora Interina del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo en fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, mediante la cual, según la impetrante, se declaró “caducado de derecho y perdido irrevocablemente el plazo de dos meses otorgado a la ANJUPPEH e instruye al área de planilla a no realizar las retenciones mensuales a los pensionados por vejez y muerte en concepto de aportación a la ANJUPPEH…”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en su escrito de interposición del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la resolución tomada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) carece de toda legalidad al no seguir las formalidades que manda la ley, además de constituir un perjuicio económico para la asociación gremial. CONSIDERANDO CINCO (5): Que del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte que, la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (ANJUPPEH), por medio de su Junta Directiva envían oficio número 04-2018-ANJPH y oficio 06-2018-ANJPH, de fecha 16 de febrero y 11 de abril del año en curso respectivamente, mediante el cual acompaña un listado y fichas de afiliación en las que se detalla contenido de autorización para deducción de planilla del beneficio de pensión por vejez o invalidez, que por concepto de aportación voluntaria han definido afiliados de dicha asociación, dando cumplimiento a lo ordenado en la resolución DI-236-2017, y establecen que si alguno de los jubilados o pensionados autorizaron un valor superior o inferior a los de tabla, se aplique conforme a dicha tabla vigente y en los casos que el valor autorizado sea inferior, la Asociación gestionará con dichos pensionados la corrección de la autorización respectiva. CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, esta Sala, en fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, en el sentido de que en vista de lo expuesto, opina que No se Otorgue la presente acción de amparo, en virtud de no concurrir las vulneraciones al debido proceso, derecho de defensa, derecho de asociación, derecho de petición y el principio de legalidad planteado en la acción constitucional de mérito. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo en su Capítulo I “DE SU CREACION Y APLICACIÓN” Artículo 1, manda: “Para la aplicación de esta Ley créase un Sistema de Retiro y otros beneficios que se denominará “Sistema de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo”; ese mismo cuerpo legal en su Capítulo III “DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA” Artículo 7, establece: “Para administrar este Sistema, créase el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo como un organismo autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio. Tendrá su domicilio en la Capital de la República.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el numeral 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que queda debidamente definido que las resoluciones recurridas vía amparo es un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que al emanar de la Administración Publica, no solo está sujeta a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; además que se alegaron violaciones de mera legalidad y ya han cesado los efectos del acto reclamado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-183-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL