Sentencia AA-167-19 — Registro 12026
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente en contra de auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas por considerar que no hay causas de inadmisibilidad en demanda para que se declare nulidad de un acto administrativo de carácter particular promovida contra recurrente; el Tribunal de Alzada considera que es improcedente la materia de lo Contencioso Administrativo al tratarse de la emisión de título de propiedad en dominio pleno mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales sobre un lote de terreno, expresando la constancia de situación catastral que es de carácter privado o ejidal, siendo materia civil, situación planteada en la defensa previa y concluye que existe violación al debido proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se conoce en consulta de fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, estableció en sus consideraciones que: “QUINTO (5): Del estudio y revisión de las presentes diligencias, se ha comprobado que mediante una resolución Judicial, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, quien ha vulnerado el legítimo derecho del Estado de Honduras, al desconocer e inobservar normas esenciales para la formación de la voluntad judicial, lo que vulnera el debido proceso, por medio del auto resolutivo de la cuestión incidental de Defensas Previas de fecha dieciséis (16) de mayo del presente año dos mil dieciocho (2018), correspondiente a la pieza separada de DEFENSAS PREVIAS, donde se DESESTIMAN la cuestión incidental DEFENSA PREVIA por que estima que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sí puede conocer la presente causa; el suscrito Juez estima que el acto que se pretende impugnar no es firme y consentido, ya que fue recurrido en tiempo tal como consta en autos, ya que la parte actora, agotó la vía administrativa; en cuanto causa de admisibilidad que la parte demandante en la audiencia de defensas previas estableció que únicamente está solicitando la nulidad del Acto Administrativo impugnado por lo que no es razón exigir el pago del 20%; por estas razones el Juez las declara inexistentes.- Donde hay mala aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, articulo 4 no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: A) Las cuestiones de orden civil, mercantil laboral, y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por una Ley a otra jurisdicción o corresponden al derecho agrario o las cuestiones arbitrales a las que se haya sometido el Estado. Artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no se admitían las acciones contencioso-administrativo: C) Los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso-administrativo, relacionado en lo concerniente al debido proceso, principio que garantiza que cada persona disponga de determinadas garantías mínimas para el resultado de un proceso judicial equitativo y justo, un derecho estipulado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica; en concordancia al artículo 23 del Código Procesal Civil “el conocimiento de un litigio fundado en derecho privado, se atribuirá al Juzgado o Tribunal que posee jurisdicción, funcional y territorial y, en su caso, sea designado conforme a las normas de reparto de casos” concatenado con el articulo 31 numeral 1 del Código Procesal Civil la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta por el Órgano Jurisdiccional que esté conociendo del asunto, en el presente caso al ser alegado en la defensas previas, que es lo que en Derecho corresponde, revisando en la pieza principal la resolución No. SG-SE-IP-015-2016 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (FOLIO 193 al 196), donde se declara sin lugar el reclamo administrativo en virtud que la Alcaldía Municipal no se considera parte interesada en el proceso, por no afectarse derechos subjetivos o intereses legítimos de la misma, y el reclamo administrativo en los presupuestos establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo, esto nos lleva a revisar la cedula de notificación emitida por la Secretaria General de la Dirección de Regulación Predial del Instituto de la Propiedad (folio 238 y 239) en la parte dispositiva resuelve primero: Declara con lugar la solicitud con orden de ingreso No. 0402-2014-012—P presentada por el Señor Jose Antonio Martínez Lopez… Segundo: Emitir título de propiedad en Dominio Pleno a favor del Señor Jose Antonio Martínez Lopez mediante el mecanismo de prescripción adquisitiva y extintiva de Derecho Reales sobre el lote de terreno descrito en la Constancia de Situación Catastral DGRCG-697-2014/EXP-693-2014 el que contenga todos los requisitos de la Ley que reconozcan los derechos reales y surta los efectos legales correspondientes; resolución ésta que es de carácter privado o ejidal, es materia CIVIL, por lo que es improcedente la materia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la situación planteada en el incidente de Defensa Previa objeto de amparo, siendo la materia Civil la principal en el desarrollo de procedimiento y la que debió utilizarse, como lo establece el amparista...."..."Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."esta Sala encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, puede advertirse la violación reconocida por la Corte de Apelaciones, contra la garantía del debido proceso que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que la Corte de Alzada en la sentencia objeto de consulta ha aplicado lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, por lo que al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 23 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil diecinueve. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018), en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el Señor WILFREDO PONCE PONCE, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 183, 228, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, en su condición de Representante Procesal y Defensor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante poder otorgado por el Señor WILFREDO PONCE PONCE en su condición de Alcalde Municipal, promoviendo Demanda administrativa para que se declarara la nulidad de un acto administrativo de carácter particular del Instituto de la Propiedad en el expediente de solicitud de regularización de un bien inmueble, que ordena emitir titulo de propiedad en dominio pleno a favor del Señor José Antonio Martínez López, violentando el ordenamiento jurídico, con exceso y desviación de poder e infringir total y absolutamente el procedimiento establecido en contra de la autonomía municipal de la Alcaldía de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, asimismo declarar la ilegalidad de dicho acto y otorgar el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado se ordene mediante sentencia definitiva la anulación del acto administrativo impugnado que ordena emitir en forma irregular el titulo de propiedad en dominio pleno a favor del Señor Martínez López. (Folios 1–56 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, interponiendo incidente de Defensas Previas para proceder a declarar inadmisible la demanda interpuesta por el demandante. (Folio 1-6 de la pieza de Incidente de Defensas Previas). 3) Que en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, mediante el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: Contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno.” (Folios 16-20 de la pieza de Incidente de Defensas Previas) 4) Que en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Abogado MARCO ANTONIO ERAZO, en su carácter de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo a favor de su representado, contra el Auto Resolutivo, emitido en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) dictado por el Juzgado referido en la pieza de Defensas Previas.- (Folios 1–4 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que en fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “PRIMERO: OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto el Abogado MARCO ANTONIO ERAZO, representante procesal del Estado de Honduras, quien reasume el poder la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República, el cual delega poder para la procuración en la abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en contra la resolución de fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil dieciocho (2018), emitida por el Juzgado De Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. SEGUNDO: Declarar con lugar las Defensas Previas por la incompetencia, concedido a la parte actora diez (10) diez para que acuda al Juzgado de letras de lo Civil de Francisco Morazán para los aportes que proceda” (Folios 37–42 de la Pieza del Ad-Quem). 6) Que en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con nuestro texto constitucional, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que resulta que el acto reclamado en amparo lo constituye la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, en la cual resolvió (sic) ..“ SEGUNDO (2): Que en cuanto a la causal de Defensas Previas consistente en, b) de los actos firmes es decir los que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente.” El suscrito juez estima que el acto que se pretende impugnar no es firme y consentido, ya que fue recurrido en tiempo tal como consta en autos ya que la parte actora agotó la vía administrativa tal como consta a folios 45 y 46 de la pieza principal de autos y al realizar el cálculo matemático con la presentación de la demanda se logra acreditar que la demanda se presentó dentro de los plazos respectivos por lo tanto se desestima la Defensa Previa alegada. TERCERO (3): Que en cuanto a la causa de inadmisibilidad. - Que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. El suscrito estima que, en el presente caso, la parte demandante en la audiencia de defensas previas, estableció que únicamente está solicitando la ilegalidad y nulidad del acto administrativo impugnado, por tal razón, no es necesario exigirle el pago del 20% establecido en el artículo 39 y 40 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que declara sin lugar la presente defensa previa alegada por la parte incidentista.” CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que se conoce en consulta de fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, estableció en sus consideraciones que: “QUINTO (5): Del estudio y revisión de las presentes diligencias, se ha comprobado que mediante una resolución Judicial, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, quien ha vulnerado el legítimo derecho del Estado de Honduras, al desconocer e inobservar normas esenciales para la formación de la voluntad judicial, lo que vulnera el debido proceso, por medio del auto resolutivo de la cuestión incidental de Defensas Previas de fecha dieciséis (16) de mayo del presente año dos mil dieciocho (2018), correspondiente a la pieza separada de DEFENSAS PREVIAS, donde se DESESTIMAN la cuestión incidental DEFENSA PREVIA por que estima que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sí puede conocer la presente causa; el suscrito Juez estima que el acto que se pretende impugnar no es firme y consentido, ya que fue recurrido en tiempo tal como consta en autos, ya que la parte actora, agotó la vía administrativa; en cuanto causa de admisibilidad que la parte demandante en la audiencia de defensas previas estableció que únicamente está solicitando la nulidad del Acto Administrativo impugnado por lo que no es razón exigir el pago del 20%; por estas razones el Juez las declara inexistentes.- Donde hay mala aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, articulo 4 no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: A) Las cuestiones de orden civil, mercantil laboral, y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por una Ley a otra jurisdicción o corresponden al derecho agrario o las cuestiones arbitrales a las que se haya sometido el Estado. Artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no se admitían las acciones contencioso-administrativo: C) Los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso-administrativo, relacionado en lo concerniente al debido proceso, principio que garantiza que cada persona disponga de determinadas garantías mínimas para el resultado de un proceso judicial equitativo y justo, un derecho estipulado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica; en concordancia al artículo 23 del Código Procesal Civil “el conocimiento de un litigio fundado en derecho privado, se atribuirá al Juzgado o Tribunal que posee jurisdicción, funcional y territorial y, en su caso, sea designado conforme a las normas de reparto de casos” concatenado con el articulo 31 numeral 1 del Código Procesal Civil la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta por el Órgano Jurisdiccional que esté conociendo del asunto, en el presente caso al ser alegado en la defensas previas, que es lo que en Derecho corresponde, revisando en la pieza principal la resolución No. SG-SE-IP-015-2016 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (FOLIO 193 al 196), donde se declara sin lugar el reclamo administrativo en virtud que la Alcaldía Municipal no se considera parte interesada en el proceso, por no afectarse derechos subjetivos o intereses legítimos de la misma, y el reclamo administrativo en los presupuestos establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo, esto nos lleva a revisar la cedula de notificación emitida por la Secretaria General de la Dirección de Regulación Predial del Instituto de la Propiedad (folio 238 y 239) en la parte dispositiva resuelve primero: Declara con lugar la solicitud con orden de ingreso No. 0402-2014-012—P presentada por el Señor Jose Antonio Martínez Lopez… Segundo: Emitir título de propiedad en Dominio Pleno a favor del Señor Jose Antonio Martínez Lopez mediante el mecanismo de prescripción adquisitiva y extintiva de Derecho Reales sobre el lote de terreno descrito en la Constancia de Situación Catastral DGRCG-697-2014/EXP-693-2014 el que contenga todos los requisitos de la Ley que reconozcan los derechos reales y surta los efectos legales correspondientes; resolución ésta que es de carácter privado o ejidal, es materia CIVIL, por lo que es improcedente la materia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la situación planteada en el incidente de Defensa Previa objeto de amparo, siendo la materia Civil la principal en el desarrollo de procedimiento y la que debió utilizarse, como lo establece el amparista. SEXTO (6): Que la Acción de Amparo tiene como propósito restablecer y mantener aquellos derechos o garantías que la Constitución de la Republica establece en el ordenamiento Jurídico aplicable, se concluye que existe violación a las garantías del debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, estos resultan procedentes. Por los motivos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe otorgar el Amparo de Mérito, esto porque el acto impugnado violenta las garantías constitucionales que denuncia el impetrante, garantía del Debido Proceso establecidos en el artículo 90 de la Constitución de la Republica.” CONSIDERANDO (7): Con relación al asunto bajo estudio, esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[2]. CONSIDERANDO (9): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, puede advertirse la violación reconocida por la Corte de Apelaciones, contra la garantía del debido proceso que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que la Corte de Alzada en la sentencia objeto de consulta ha aplicado lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, por lo que al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018), en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el Señor WILFREDO PONCE PONCE, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTÉZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0167-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.
[2] Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.