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Sentencia AA-163-19 — Registro 12010

Resumen

Acto recurrido que denego apelación contra la del a-quo, en relación a demanda para que se declare la nulidad de resoluciones, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso evidentemente sucedido..." ..." Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional..." ..." Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil ­­­­­­diecinueve. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo de ésta Sección Judicial, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, en relación a demanda para que se declare la nulidad de resoluciones promovida por la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). Habiendo estimado la recurrente como violados los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, actuando en su condición de apoderada legal de la señora ALEJANDRA SUAREZ FORTIN, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, promoviendo demanda contenciosa administrativa en materia ordinaria, consistente en la nulidad de una resolución, contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). (Folios 03 al 19 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil dieciocho, compareció ante el citado Juzgado, la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA en su condición de Apoderada Legal del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), interponiendo recusación contra el juez JUAN ERNESTO GARCIA ALVAREZ. 3) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Resolvió: PRIMERO: Por lo antes expuesto se RECHAZA DE PLANO la recusación planteada contra el Juez JUAN ERNESTO GARCIA ALVAREZ, por INFUNDADA. Debiendo seguir con el conocimiento del presente expediente dicho Juez. SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte recusante. (Folio 257 de la pieza del juzgado). 4) Que la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, alegando la recurrente que con esos actos se violentan los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLA: UNICO DENEGAR la acción de amparo interpuesta por la abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, en su condición de apoderada legal del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). (Folios del 30 al 35 de la pieza de la corte de apelaciones). 6) Que en fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, de conformidad a lo ordenado en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, a favor del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo de ésta Sección Judicial, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, en relación a demanda para que se declare la nulidad de resoluciones promovida por la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; manifestando básicamente que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo le ha vulnerado el debido proceso, al rechazar de plano la recusación planteada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, al señalar que del análisis y del estudio de las presentes diligencias, así como el ordenamiento jurídico aplicable, se concluye que sin los presupuestos legales que lleva implícita la causa de recusación, esta no es legítima y en consecuencia no produce la supuesta parcialidad y desigualdad en el trato del proceso contencioso administrativo que ahora conoce el Juez recusado; coligiéndose de manera palpable que la causa de recusación es totalmente infundada y por ende no ha existido quebrantamiento del debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso evidentemente sucedido. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, bajo el número SCO-0163-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL