Sentencia AA-1054-16 — Registro 8860
Resumen
Acto recurrido realizado por el Servicio de Administración de Rentas, consistente en un supuesto bloqueo o inhabilitación del Registro Tributario Nacional, efectuado contra la sociedad Productos Cruz Abadie S.A. de C.V.; la situación de la empresa es que ellos habían sido autorizados a la inscripción en el Régimen de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas, bajo la modalidad de auto-impresor
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que en tal sentido se considera por la Sala que la inhabilitación del régimen de facturación, con relación al incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad a lo que establece la Ley de Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el artículo 35 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, así como el Código Tributario, no cumple con tales estándares constitucionales, ni se adecua al principio de razonabilidad, al no advertirle o emplazar al contribuyente a que salde la cantidad efectivamente adeudada, so pena impedírsele o condicionársele la autorización para la emisión de documentos fiscales; lo cual colisionaría con el derecho de defensa y con el debido proceso, que garantiza a toda persona acceder o recurrir ante los órganos jurisdiccionales o ante cualquier otra autoridad,[2] en aras de determinar las peticiones o las acciones que ejerzan en tutela de sus derechos; por lo que el acto de impedir la autorización para emitir documentos fiscales a la recurrente, sin previa notificación y posibilidad de ejercer el recurso efectivo que le franquea la Ley, veda la oportunidad al contribuyente o administrado de ser oído y de exteriorizar argumentos en su defensa, en relación a la deuda liquida y exigible que, según ha referido en forma indubitada el informe de la Autoridad competente, es debida al Fisco y se encuentra en mora.- Considerando (11): Que, en el marco del Control de Convencionalidad, esta Sala de lo Constitucional observa que conforme al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, se puede integrar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.[3]- Considerando (12): Que la autoridad tributaria tiene la atribución que expresamente le concede el Reglamento del Régimen de Facturación para condicionar la autorización de impresión de documentos fiscales a las medidas de cumplimiento prevista en la Ley y en dicho Reglamento, pero tal decisión no puede determinarse sin motivación suficiente, que es la manera de justificar frente al gobernado, como se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso concreto, ni menoscabando los derechos constitucionales de las personas. Lo anterior, con fundamento eficiente en los principios de legalidad y supremacía constitucional, por medio de los cuales se le reconoce mayor fuerza activa normativa a la Ley por sobre los reglamentos y, a la Constitución de la República (en grado superlativo) respecto a las demás normas que integran la totalidad del ordenamiento jurídico nacional.- Considerando (13): Que en tal sentido se considera por la Sala de lo Constitucional que el acto impugnado referente a la autorización de emisión de documentos fiscales, de conformidad a lo que establece la legislación, no cumple con tales estándares constitucionales, ni se adecua al principio de razonabilidad, al existir una impugnación ante juez competente de la supuesta firmeza de una cantidad liquida y exigible por aspectos fiscales, impedírsele o condicionársele la autorización para la emisión de documentos fiscales, colisiona con el derecho de defensa y con el debido proceso, que garantiza a toda persona acceder o recurrir ante los órganos jurisdiccionales o ante cualquier otra autoridad,[4] en aras de determinar las peticiones o las acciones que ejerzan en tutela de sus derechos; por lo que el acto de impedir la autorización para emitir documentos fiscales al recurrente, sin previa notificación y posibilidad de ejercer el recurso efectivo que le franquea la Ley, veda la oportunidad al contribuyente o administrado de ser oído y de exteriorizar argumentos en su defensa, en relación a la deuda liquida y exigible que, según ha referido en forma indubitada el informe de la Autoridad competente, es debida al Fisco y se encuentra en mora.- Considerando (14): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- Considerando (15): Que el Derecho de Defensa, por otra parte, se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones; configurándose, por lo tanto, el deber constitucional, tanto de los órganos judiciales como administrativos, de configurar sus actuaciones a modo de permitir a las personas su efectiva defensa de conformidad a Ley.- Considerando (16): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo.- Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 9, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas; conforme al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional Falla: 1) Otorgar la garantía de amparo interpuesta por el abogado Julio Gómez Suazo, a favor de la sociedad mercantil Productos Cruz Abadie S.A. de C.V., contra actuaciones de la Comisionada Presidencial De La Administración Tributaria; 2) la acción referente a la negación del no ejercicio del Régimen de Facturación y otros documentos fiscales, no aplica por contravenir y disminuir derechos fundamentales del bloque de constitucionalidad, y; 3) la autoridad recurrida deberá de darle la debida ejecución a la presente sentencia, suspendiendo todos los efectos de la negación del ejercicio del régimen de facturación, mientras no exista resolución administrativa motivada, con fundamentos legales, con respecto a la firmeza, liquidez y ejecución de deudas fiscales, notificada con las formalidades legales
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.- Visto: Para dictar sentencia de la garantía de amparo interpuesto por el abogado Julio Cesar Francisco Gómez Suazo, a favor de la sociedad mercantil Productos Cruz Abadie S.A. de C.V., contra actuaciones de la Comisionada Presidencial De La Administración Tributaria, relacionadas a un bloqueo de Registro Nacional Tributario (RTN). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los artículos 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 331 de la Constitución de la República.- Antecedentes.- 1) Que el abogado Julio Cesar Francisco Gómez Suazo, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil dieciséis, interponiendo garantía de amparo a favor de la sociedad mercantil Productos Cruz Abadie S.A. de C.V., contra actuaciones de la Comisionada Presidencial De La Administración Tributaria; por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 331 de la Constitución de la República. Manifiesta el recurrente que la inhabilitación (bloqueo) del Registro Tributario Nacional (RTN) No 08019006042676, de la sociedad Productos Cruz Abadie S.A. de C.V., fue efectuado ilegalmente, por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento para tal efecto, en el Decreto No 113-2011, que contiene la Ley de Eficacia en los Ingresos y Gastos Públicos. (Folios No 1 al 10 de la presente garantía).- 2) Que en fecha nueve (9) de enero de dos mil diecisiete, se admitió la presente garantía de amparo, sin suspensión del acto reclamado, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe, para que dentro del termino de un (1) día hábil, remitan los antecedentes del caso, o un informe circunstanciado del mismo. (Folio No 24 de la presente garantía).- 3) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Sala de lo Constitucional tiene por recibido el informe solicitado al Servicio De Administración De Rentas (SAR), en el cual se establece “PRIMERO: … SEGUNDO: Mediante Memorando SAR-DI-055-2017, el Departamento de Inteligencia informó que la sociedad mercantil NO TIENE BLOQUEADO su Registro Tributario Nacional (RTN), indicando que tuvo su RTN bloqueado en la base de datos de fiscalización por el Departamento de Recaudación y Cobranzas por concepto de Omiso y Moroso, pero fue habilitado en fecha 20 de julio de 2015 no sufriendo alteraciones desde la fecha, quedando evidenciado nuestra disposición de acatar la medida cautelar emitida por la Honorable Sala Constitucional pero siendo imposible materializar la misma. TERCERO: Queda comprobado que NO EXISTE UN BLOQUEO DE RTN del obligado tributario PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V pudiéndose apreciar que no existen violaciones a sus garantías constitucionales, por lo que pido respetuosamente a la Honorable Sala Constitucional QUE SE SOBRESEA el Recurso de Amparo que ha sido interpuesto, en virtud de no existir el acto reclamado que le dio origen a la presente acción.” (Folios No 36 al 46 de la presente garantía).- 4) Que en fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en consecuencia, ordeno dar vista de los autos al Ministerio Público, a fin de que emita su dictamen sobre la presente garantía. (Folio No 62 de la presente garantía).- 5) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su agente fiscal, la abogada Sagrario Rosibel Gutierrez, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto del presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que la acción de amparo promovida SE DENIEGUE, por no existir vulneración a garantías constitucionales.” (Folios No 65 al 70 de la presente acción).- Fundamentos de Derecho.- Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo, acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, con relación a los artículos 303 y 316 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3, 9, 41, 42, 47 y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No 244-2003.- Considerando (2): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga a la o al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.- Considerando (3): Que se conoce en esta vía constitucional un acto realizado por el Servicio de Administración de Rentas, consistente en un supuesto bloqueo o inhabilitación del Registro Tributario Nacional, efectuado contra la sociedad Productos Cruz Abadie S.A. de C.V.; la situación de la empresa es que ellos habían sido autorizados a la inscripción en el Régimen de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas, bajo la modalidad de auto-impresor, teniendo como plazo autorizado hasta el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, antes de que expirará dicha término, se solicito la ampliación de la fecha limite de impresión, situación que no se pudo realizar, dado que el sistema digital del ente tributario rechazaba la inscripción aduciendo que la obligada tributaría esta inhabilitada.- Considerando (4): Que el recurrente, en la interposición manifiesta que se presentaron en diversas ocasiones a las oficinas de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria, para realizar consultas referentes a la inhabilitación de renovar el sistema del Régimen de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas, a través del portal Tributario CPAT en línea; donde se les manifestó verbalmente que se les había suspendido la autorización para solicitar nuevo rango y límite de facturación por bloqueo del Registro Tributario Nacional, con registros No 080119006042676. El representante procesal expresa que manifestó que el bloqueo era improcedente ya que la amparista, había cumplido con sus obligaciones, referentes a la presentación y pago de sus declaraciones, a lo que se le informo que dicha empresa estaba pendiente de pago de unas deudas tributarias, lo que a criterio del acto de esta garantía es improcedente, puesto que están pendientes solicitudes presentadas por esa parte a la autoridad tributaria. La autoridad Tributaria aduce que mediante oficio No DIF-N326-2016, de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se indica que, por tener incumplimiento tributario, no esta autorizado a facturar; lo que vulnera el artículo 8 del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprenta, dado que, sobre el comportamiento tributario, se autoriza a la autoridad limitar dicho plazo o condicionar la autorización del solicitante, no negarla.- Considerando (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- Considerando (6): Que la autoridad recurrida manifestó en el informe que solicitó esta Sala de lo Constitucional que: el veinte de julio de dos mil quince fue desbloqueado el Registro Tributario Nacional del contribuyente Productos Cruz Abadie S.A. de C.V., debido a que su representación interpuso un recurso de nulidad en el expediente No 321-15-10901-61, por lo que es causa de “inadmisibilidad” del recurso de amparo, con base al artículo 46 numeral 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud debe ser sobreseído.- Considerando (7): Que también manifiesta la autoridad administrativa que la inhabilitación del Registro Tributario Nacional No 08019006042676 de la sociedad Productos Cruz Abadie S.A. de C.V., fue bloqueado el once de marzo de dos mil quince, por presentar valores pendientes de pago por tres millones, quinientos treinta y ocho mil, trescientos treinta y uno Lempiras con cuarenta y dos centavos (L 3,538,331,42), dicho Registro fue desbloqueado en la fecha establecida, por haber presentado un recurso de nulidad; asimismo manifiesta la Autoridad, que para obtener la autorización de emisión de documentos fiscales estos no son autorizados en aplicación del artículo 8 del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprenta, por tener montos pendientes de pago, por la cantidad tres millones, ochocientos doce mil, ochocientos diez Lempiras, con siete centavos (L 3,812,810.07).- Considerando (8): Que con base al Acuerdo No 481-2017, contentivo del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas, en su artículo 63 se dispuso que la Administración partiendo del comportamiento del obligado, podrá limitar y/o condicionar la autorización de impresión y vigencia de los comprobantes fiscales, bajo unos criterios establecidos en dicha disposición normativa sin carácter de Ley. El SAR manifiesta que la acción de amparo tuvo que ser sobreseída de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, dado que su numeral sexto establece que cuando han cesado los efectos del acto reclamado; en el caso in examine, lo peticionado por el amparista es la denegatoria del ejercicio del régimen de facturación, el cual ha sido inhabilitado por la autoridad recurrida, situación que es diferente al bloqueo del Registro Tributario Nacional, por lo tanto no aplicable lo regulado en el artículo 46 numeral sexto de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Considerando (9): Que la Constitución establece en su artículo 95 que ninguna persona será sancionadas con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada de nuevo por los mismos hechos punible por lo que se insto el primer proceso, asimismo el artículo la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 9 ha establecido el principio de legalidad y de retroactividad; el Código Tributario[1] establece en su artículo 5, que compete exclusivamente al Congreso Nacional, a través de las leyes tributarias y por consiguiente, no poder ser objeto de la potestad reglamentaria imponer obligaciones fiscales accesorias o secundarias, tipificar delitos y faltas y establecer las sanciones aplicables a los mismos; y, establecer los procedimientos a seguir para determinar las obligaciones tributarias.- Considerando (10): Que en tal sentido se considera por la Sala que la inhabilitación del régimen de facturación, con relación al incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad a lo que establece la Ley de Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el artículo 35 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, así como el Código Tributario, no cumple con tales estándares constitucionales, ni se adecua al principio de razonabilidad, al no advertirle o emplazar al contribuyente a que salde la cantidad efectivamente adeudada, so pena impedírsele o condicionársele la autorización para la emisión de documentos fiscales; lo cual colisionaría con el derecho de defensa y con el debido proceso, que garantiza a toda persona acceder o recurrir ante los órganos jurisdiccionales o ante cualquier otra autoridad,[2] en aras de determinar las peticiones o las acciones que ejerzan en tutela de sus derechos; por lo que el acto de impedir la autorización para emitir documentos fiscales a la recurrente, sin previa notificación y posibilidad de ejercer el recurso efectivo que le franquea la Ley, veda la oportunidad al contribuyente o administrado de ser oído y de exteriorizar argumentos en su defensa, en relación a la deuda liquida y exigible que, según ha referido en forma indubitada el informe de la Autoridad competente, es debida al Fisco y se encuentra en mora.- Considerando (11): Que, en el marco del Control de Convencionalidad, esta Sala de lo Constitucional observa que conforme al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, se puede integrar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.[3]- Considerando (12): Que la autoridad tributaria tiene la atribución que expresamente le concede el Reglamento del Régimen de Facturación para condicionar la autorización de impresión de documentos fiscales a las medidas de cumplimiento prevista en la Ley y en dicho Reglamento, pero tal decisión no puede determinarse sin motivación suficiente, que es la manera de justificar frente al gobernado, como se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso concreto, ni menoscabando los derechos constitucionales de las personas. Lo anterior, con fundamento eficiente en los principios de legalidad y supremacía constitucional, por medio de los cuales se le reconoce mayor fuerza activa normativa a la Ley por sobre los reglamentos y, a la Constitución de la República (en grado superlativo) respecto a las demás normas que integran la totalidad del ordenamiento jurídico nacional.- Considerando (13): Que en tal sentido se considera por la Sala de lo Constitucional que el acto impugnado referente a la autorización de emisión de documentos fiscales, de conformidad a lo que establece la legislación, no cumple con tales estándares constitucionales, ni se adecua al principio de razonabilidad, al existir una impugnación ante juez competente de la supuesta firmeza de una cantidad liquida y exigible por aspectos fiscales, impedírsele o condicionársele la autorización para la emisión de documentos fiscales, colisiona con el derecho de defensa y con el debido proceso, que garantiza a toda persona acceder o recurrir ante los órganos jurisdiccionales o ante cualquier otra autoridad,[4] en aras de determinar las peticiones o las acciones que ejerzan en tutela de sus derechos; por lo que el acto de impedir la autorización para emitir documentos fiscales al recurrente, sin previa notificación y posibilidad de ejercer el recurso efectivo que le franquea la Ley, veda la oportunidad al contribuyente o administrado de ser oído y de exteriorizar argumentos en su defensa, en relación a la deuda liquida y exigible que, según ha referido en forma indubitada el informe de la Autoridad competente, es debida al Fisco y se encuentra en mora.- Considerando (14): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- Considerando (15): Que el Derecho de Defensa, por otra parte, se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones; configurándose, por lo tanto, el deber constitucional, tanto de los órganos judiciales como administrativos, de configurar sus actuaciones a modo de permitir a las personas su efectiva defensa de conformidad a Ley.- Considerando (16): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 95 y 321 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo.- Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 9, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas; conforme al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional Falla: 1) Otorgar la garantía de amparo interpuesta por el abogado Julio Gómez Suazo, a favor de la sociedad mercantil Productos Cruz Abadie S.A. de C.V., contra actuaciones de la Comisionada Presidencial De La Administración Tributaria; 2) la acción referente a la negación del no ejercicio del Régimen de Facturación y otros documentos fiscales, no aplica por contravenir y disminuir derechos fundamentales del bloque de constitucionalidad, y; 3) la autoridad recurrida deberá de darle la debida ejecución a la presente sentencia, suspendiendo todos los efectos de la negación del ejercicio del régimen de facturación, mientras no exista resolución administrativa motivada, con fundamentos legales, con respecto a la firmeza, liquidez y ejecución de deudas fiscales, notificada con las formalidades legales. Y manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1054-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Decreto Legislativo No 22-97.
[2] Ha manifestado ya la Sala de lo Constitucional en jurisprudencia constante que la garantía del debido proceso no es exclusiva de la vía jurisdiccional, sino que impone también su observancia en sede administrativa, particularmente dentro de lo que se denomina el procedimiento sancionador administrativo; dado que así tiene el Administrado derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones de la Administración, oportunidad de participar en el procedimiento y de obtener una resolución fundada, la cual pueda en forma ulterior ser objeto del régimen de recursos, de conformidad a Ley.
[3] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.
[4] Ha manifestado ya la Sala de lo Constitucional en jurisprudencia constante que la garantía del debido proceso no es exclusiva de la vía jurisdiccional, sino que impone también su observancia en sede administrativa, particularmente dentro de lo que se denomina el procedimiento sancionador administrativo; dado que así tiene el Administrado derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones de la Administración, oportunidad de participar en el procedimiento y de obtener una resolución fundada, la cual pueda en forma ulterior ser objeto del régimen de recursos, de conformidad a Ley.