Sentencia AA-100-19 — Registro 11194
Resumen
Resolución FGR-316-2018 emitida por la Fiscalía General de la República declaró sin lugar recurso de apelación por extemporáneó, haberse caducado de pleno derecho y perdido irrevocablemente el plazo para la interposición del mismo contra el archivo administrativo en relacón a investigación contra personas por suponerlas responsables de delitos de insolvencia punible, delito financiero y falsificación de documentos públicos en perjuicio de recurrente; Autoridad recurrida considera que el acto quedó firme y consentido al no haber agotado la vía recursiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."lo relativo a la resolución No.FGR-316-2018[2] emitida por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA en fecha 12 de junio del 2018 mediante la cual resuelve sobre la impugnación emitida por la Dirección General de la Fiscalía en donde se declara sin lugar el recurso de apelación mediante resolución DGF-32-2018[3] de fecha 6 de febrero del 2018 denegando el recurso interpuesto contra el Archivo Administrativo el que fue ordenado por la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto adscrito a la Fiscalía, teniendo su génesis derivada de la resolución DGF-44-2018[4] de fecha 19 de febrero del 2018 mediante la cual resolvió sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES en su condición de apoderado legal de sociedad mercantil BANCO DEL PAIS, S.A., contra la resolución DGF-32-2018, siendo notificado en fecha 22 de febrero del 2018. De esta, consta que de la comunicación remitida a esta Sala se anexa el Informe Circunstanciado sobre el amparo interpuesto presentado por el Ministerio Público, establece que en fecha 27 de febrero del 2018 el censor presentó a la Fiscalía General de la República escrito de impugnación contra la resolución emitida en fecha 15 de enero del 2018[5] que refiere a declarar sin lugar el recurso de apelación, más este ente acusador hace ver que mediante resolución No.FGR-316-2018 declaró sin lugar el recurso de reposición en virtud de ser extemporánea la solicitud y haber caducado de pleno derecho y haberse perdido irrevocablemente el plazo para la interposición del recurso de reposición, habiendo constatado mediante autos que siendo notificado[6] el Abogado Molina Torres de la resolución DGF-44-2018 en fecha 22 de febrero del 2018, debiendo este de presentar su recurso conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos dentro de los tres (3) días siguientes al auto de la notificación venciendo su plazo en fecha 26 de febrero del 2018, presentando tal como consta con acuse de recibido en el expediente de mérito su escrito de impugnación a la Fiscalía General hasta el 27 de febrero del 2018, siendo admitido en esa misma fecha tal como refiere el Sub Secretario General Abogado WALTER GALINDO VALERIANO[7]; y conllevando con ello que el acto quedo firme y consentido del contenido de los autos de fecha 20 de junio del 2017, 8 de septiembre del 2018 y 15 de enero del 2018, al no haber agotado la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente; por lo expuesto resulta evidente que la acción de amparo planteada carece de sustento, tanto si consideremos el procedimiento adjetivo como los principios sustantivos en materia de administración pública, por lo que la acción interpuesta no existen argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en el amparo, ya que el amparista en su interposición no hace constar mediante escrito la interposición del recurso que le violenta a su representado el derecho de defensa y por ende el principio de legalidad emanadas de la Constitución de la República..."..."La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha..."..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se advierte que la resolución impugnada que orientaron su decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso y por consiguiente al principio de legalidad plasmado en el artículo 321 de la Constitución de la República, así como al derecho de petición, derecho a la defensa, principios que la Constitución regula como derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva como fin primordial de la sociedad en donde toda persona tiene derecho a una buena administración, esto es, a que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos con imparcialidad y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Por lo que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad..."..."este Sala de lo Constitucional es del criterio que los impetrante se le han garantizado durante el proceso administrativo el derecho a la defensa, al debido proceso y al principio de legalidad, y que la decisión de declarar la petición de no considerarse competente de conocer el tema sometido a estudio, no implica una vulneración al derecho del debido proceso menos a la tutela judicial efectiva, siendo que el órgano emisor ha indicado las razones debidamente motivando su resolución, consecuentemente no se deriva ningún irrespeto a las garantías constitucionales enunciadas, ya que por un lado no existe norma adjetiva que haya sido inobservada, por lo que esta Sala de lo Constitucional estima que por las razones anteriormente expuestas considera que el amparo debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 87 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en fecha doce (12) de junio dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación con relación a la investigación que se sigue en la FISCALIA DE DELITOS COMUNES contra los Señores(as) PAMELA JOHANNA GHATTAS RODRIGUEZ y OTROS por suponerlos responsables de los delitos de INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO FINANCIERO y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, compareció ante este Tribunal en fecha uno (01) de febrero de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución de fecha doce (12) de junio dos mil dieciocho (2018), emitida por la Coordinación de la Fiscalía Contra los Delitos Comunes, con relación al expediente investigativo que se sigue en contra de Pamela J. Ghattas Rodríguez y Otros, mediante la cual se declara sin lugar el recurso de apelación, por considerar de forma errónea, que fue presentado de forma extemporánea. (Folios 1–5 del presente Recurso) 2) Que en fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), se admitió el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe dentro del término de dos (2) días hábiles, o remitan los antecedentes del caso. (Folio 7 del presente Recurso) 3) Que en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en el cual se establece: “Que mediante auto de fecha 20 de junio de 2017, el Fiscal German Enamorado de la Unidad de Casos de Impacto de la Fiscalía Especial de Delitos Comunes resolvió ordenar al archivo administrativo del expediente investigativo registrado bajo el número NUE-9413/14 instado en fecha 14 de octubre de 2014 contra la señora PAMELA JOHANNA GJHATTAS RODRIGUEZ por suponerla responsable de los delitos de INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO FINANCIERO y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS en perjuicio de BANCO DEL PAIS S.A. Siendo notificado el 21 de Agosto de 2017, el Abogado GAMAL HIRMAS CHATJUR, en su condición de apoderado legal de la ciudadana PAMELA JOHANNA GJHATTAS RODRIGUEZ, y el 23 de Agosto de 2017, el abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Banco del País S.A. Que en fecha 18 de enero de 2018, el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil Banco del País S.A., presentó ante la Dirección General de Fiscalía recurso de apelación en contra de resolución emitida en fecha 15 de enero de 2018 por parte de la Fiscalía de Delitos Comunes. En fecha 6 de febrero de 2016, mediante resolución DGF-32-2018, la Sub-Dirección General de Fiscalía resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, por lo que presentó ante la Dirección General de Fiscalía recurso de apelación en contra de autos emitidos por la Unidad de Casos de Impacto la Fiscalía de Delitos Comunes, y ratifica los autos de fecha veinte de junio, ocho de septiembre de 2017 y 15 de enero de 2018, emitidos por la Fiscalía de Delitos Comunes, por medio de los cuales se resolvió autorizar el desistimiento y archivo administrativo de la denuncia NUE-941314 interpuesta en contra de PAMELA JOHANNA GHATTAS RODRIGUEZ por los delitos INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO FINANCIERO Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. El Abogado Ronal Alexis Molina Torres, fue notificado de la resolución DGF-32-2018 el día 13 de febrero de 2018. En fecha 27 de febrero de 2018, el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Banco del País S.A., presentó ante esta Fiscalía General de la Republica escrito titulado “…SE IMPUGNA RESOLUCION EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIA EN DONDE SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION PRESENTADO CONTRA LA RESOLUCION EMITIDA EN FECHA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO…” En fecha 12 de junio de 2018, mediante Resolución 316-2018, esta Fiscalía General de la Republica resolvió declarar sin lugar el recurso de reposición presentado por el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Banco del País S.A., en virtud de ser extemporánea la solicitud y haber caducado de pleno derecho y haberse perdido irrevocablemente el plazo para la interposición del recurso de reposición, habiéndose constatado que el abogado Molina Torres al haberse notificado de la resolución DGF-44-2018, debiendo presentar su recurso hasta el 23 de febrero de 2018, presentando impugnación a la Fiscalía General hasta el 27 de febrero del 2018. CONCLUSION: Honorables Magistrados de la Sala de lo Constitucional, la actuación de la Fiscalía ha sido transparente y en cumplimiento con la regularidad procesal que indica la ley, siendo además notificando personalmente el accionante, siendo importante resaltar, que éste no agotó la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente, quedando firme y consentido el contenido de los autos de fecha veinte de junio de 2017, ocho de septiembre de 2017, y 15 de enero de 2018, por ello no puede su omisión en el ejercicio del Derecho motivo para argumentar un amparo administrativo que a todas luces se nota improcedente. Por todo lo anteriormente expuesto, las acciones de amparo planteadas contra de lo resuelto en la resolución FGR-316-2018, carecen de sustento; por lo cual, debe ser declarada inadmisible las acciones de amparo, conforme a las razones expuestas, pues no existen argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en amparo, al estar éste sustentado en jurisprudencia tanto administrativa, como de la emanada por la Sala de lo Constitucional”. (Folio 10–79 del presente Recurso) 4) Que en fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 88 del presente Recurso) 5) Que en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se tiene por abstenido de emitir su dictamen por las razones expuestas concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (sic) “SE ABSTIENE de emitir Dictamen en la presente acción de Amparo, con fundamento en los artículos 15 y 37 de la Ley del Ministerio Público”. (Folios 91–92 y 94 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la Ley, por ende en sistemas jurídicos donde existe una Constitución escrita, el principio de supremacía constitucional está estrictamente ligado al Estado de Derecho, en la medida en que la Constitución, en cuanto norma fundamental del ordenamiento jurídico y del funcionamiento de los órganos del Estado asegura que todos los actos del Congreso Nacional y de los demás órganos del Estado se adecuen a su contenido[1]. CONSIDERANDO (4): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (5): Que se conoce el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en fecha doce (12) de junio dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación con relación a la investigación que se sigue en la FISCALIA DE DELITOS COMUNES contra los Señores(as) PAMELA JOHANNA GHATTAS RODRIGUEZ y OTROS por suponerlos responsables de los delitos de INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO FINANCIERO y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo, así como de su formalización (F-82) en la cual consta en la pieza de sus antecedentes, que la resolución contra la cual se reclama es del recurso de apelación interpuesto mediante la cual se declara sin lugar por haber considerado de forma errónea que fue presentado en forma extemporánea, misma que considera improcedente y fuera de todo contexto legal, por haber razonado en autos claramente que se han violentado derechos fundamentales, al considerar que ha sido interpuesto en tiempo y forma, quien emitió resolución desestimando y declarando sin lugar el cual solicita de forma razonada reponer la resolución de la Dirección General de la Fiscalía DGF-32-2018, impetrado contra el Archivo Administrativo del caso investigativo de mérito emitido por la Coordinación de la Fiscalía contra los Delitos Comunes en fecha quince (15) de enero del dos mil dieciocho (2018), mediante el cual se pretendía que se revocara para agotar algunas diligencias de investigación que eran necesarias para esclarecer los hechos y por ende lograr el establecimiento de la verdad, previo a emitir el cierre del caso. Esgrime que de la escritura pública número 13 de fecha 10 de enero del 2014 de poder especial para pleitos autorizado por el Notario Antonio Rodríguez Mejía, del que fue ordenado su secuestro por fiscales de instrucción de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, su matriz original del protocolo en el Instituto del Notariado mismo que fue utilizado por los denunciados en la demanda laboral, situación que fue totalmente desestimada por la Fiscalía, ya que solicito al Laboratorio de Documentología de Ciencias Forenses, únicamente la pericia del testimonio del Poder para Pleitos y no así su matriz, utilizando como fundamento principal para ordenar el cierre administrativo del caso, además se solicitó un vaciado telefónico que se solcito en fecha anterior a la demanda laboral inventada, mediante el poder para pleitos que considera fue falsificado para interponer la demanda laboral la cual serviría para determinar si entre estas personas hubo algún tipo de comunicación para fraguar un plan estratégico con el propósito de defraudar a su representada BANPAIS, lo cual también fue desestimado por los fiscales de instrucción de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto. Por lo anteriormente esgrimido y sumando al poco estudio y análisis que se le dio a los hechos fácticos, medios probatorios aportados al proceso, manifestaciones y solicitudes verbales y por escrito que ha presentado el que consta en autos del expediente investigativo, le lleva a la firme convicción que no hubo motivación ni razonamiento al emitir de forma apresurada, el cierre administrativo de un caso en cuyo expediente de investigación se encontraban todos los requisitos necesarios y pertinentes que establecen las leyes sustantivas y adjetivas para se presentara el respectivo requerimiento fiscal. CONSIDERANDO (7): Que sumado a lo anterior el censor arguye que la Fiscalía le ha negado el recurso de reposición y apelación impetrados por su representada, siendo que en fecha 15 enero 2018 la Coordinación de la Fiscalía contra los Delitos Comunes de Tegucigalpa emitió resolución denegando el recurso de apelación interpuesto contra el Archivo Administrativo ordenado por la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, siendo notificado en fecha 16 de enero del mismo año. Seguido a ello en fecha 18 de enero interpuso el recurso de apelación el que fue declarado sin lugar, siendo notificado el 13 de febrero del 2018. Seguidamente en fecha 14 de febrero del 2018 interpuso el recurso de reposición siendo declarada sin lugar mediante resolución DGF-44-2018 notificado el 22 de febrero del 2018. Siguiendo lo establecido en el artículo 356 párrafo segundo del Código Procesal Penal interpuso el recurso de apelación en tiempo y forma en fecha 27 de febrero del 2018 en contra de la resolución DGF-44-2018, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la respectiva notificación que establece la norma adjetiva del artículo mencionado, haciendo la aclaración que no se interpuso el recurso de reposición al día siguiente contra esa resolución o sea el 23 de febrero del 2018, siendo este el motivo por el cual se declaró sin lugar la impugnación impetrada por la Fiscalía General. CONSIDERANDO (8): Que el Ministerio Público es un organismo profesional libre de toda injerencia política sectaria independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo la representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, así como la investigación de la verdad, para ello practicará todas las diligencias que estime pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible, tomará en cuenta las circunstancias, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. Así mismo el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones actuará con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes penales. CONSIDERANDO (9): Que la intervención de la denunciada señora PAMELA JOHANNA GHATTAS RODRIGUEZ, en las dos acciones enunciadas obedece al fallecimiento de su padre el señor VICTOR MAURICIO GHATTAS HUMUD, la que, mediante derechos hereditarios de su difunto padre, asume la administración de sus bienes, quien realizando las acciones a fin de honrar compromisos adquiridos con instituciones financieras, además de cumplir con el pasivo laboral en atención a lo ordenado por Juez competente en materia de Trabajo; se aprecia que no existe la intención de cometer un perjuicio económico al representante del censor y menos se puede apreciar en autos la existencia de mala fe que señala en su escrito, pues estos señalamientos no fueron probados en la investigación que se hace constar en el expediente de mérito. CONSIDERANDO (10): A manera de hilvanar lo anteriormente expuesto, y en base al considerando supra relacionado se deriva de su estudio que lo relativo a la resolución No.FGR-316-2018[2] emitida por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA en fecha 12 de junio del 2018 mediante la cual resuelve sobre la impugnación emitida por la Dirección General de la Fiscalía en donde se declara sin lugar el recurso de apelación mediante resolución DGF-32-2018[3] de fecha 6 de febrero del 2018 denegando el recurso interpuesto contra el Archivo Administrativo el que fue ordenado por la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto adscrito a la Fiscalía, teniendo su génesis derivada de la resolución DGF-44-2018[4] de fecha 19 de febrero del 2018 mediante la cual resolvió sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES en su condición de apoderado legal de sociedad mercantil BANCO DEL PAIS, S.A., contra la resolución DGF-32-2018, siendo notificado en fecha 22 de febrero del 2018. De esta, consta que de la comunicación remitida a esta Sala se anexa el Informe Circunstanciado sobre el amparo interpuesto presentado por el Ministerio Público, establece que en fecha 27 de febrero del 2018 el censor presentó a la Fiscalía General de la República escrito de impugnación contra la resolución emitida en fecha 15 de enero del 2018[5] que refiere a declarar sin lugar el recurso de apelación, más este ente acusador hace ver que mediante resolución No.FGR-316-2018 declaró sin lugar el recurso de reposición en virtud de ser extemporánea la solicitud y haber caducado de pleno derecho y haberse perdido irrevocablemente el plazo para la interposición del recurso de reposición, habiendo constatado mediante autos que siendo notificado[6] el Abogado Molina Torres de la resolución DGF-44-2018 en fecha 22 de febrero del 2018, debiendo este de presentar su recurso conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos dentro de los tres (3) días siguientes al auto de la notificación venciendo su plazo en fecha 26 de febrero del 2018, presentando tal como consta con acuse de recibido en el expediente de mérito su escrito de impugnación a la Fiscalía General hasta el 27 de febrero del 2018, siendo admitido en esa misma fecha tal como refiere el Sub Secretario General Abogado WALTER GALINDO VALERIANO[7]; y conllevando con ello que el acto quedo firme y consentido del contenido de los autos de fecha 20 de junio del 2017, 8 de septiembre del 2018 y 15 de enero del 2018, al no haber agotado la vía recursiva establecida en la norma procesal vigente; por lo expuesto resulta evidente que la acción de amparo planteada carece de sustento, tanto si consideremos el procedimiento adjetivo como los principios sustantivos en materia de administración pública, por lo que la acción interpuesta no existen argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en el amparo, ya que el amparista en su interposición no hace constar mediante escrito la interposición del recurso que le violenta a su representado el derecho de defensa y por ende el principio de legalidad emanadas de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (11): A renglón seguido es de expresar que la Constitución de la República establece expresamente: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”[8]. CONSIDERANDO (12): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[9]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[10] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (13): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal.
CONSIDERANDO (14): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (15): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (16): Que conforme a lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, todo acto que ejecuten los servidores públicos fuera de las facultades que expresamente les confiere la Ley, es nulo e implica responsabilidad. En un estado de derecho, toda persona puede hacer todo lo que no está legalmente prohibido, pero, al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que le confiera previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativamente, civil y penalmente. De ende, que toda persona tiene derecho a una buena administración, esto es, a que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Puede denunciar los casos de mala administración ante la autoridad llamada a conocerla, en este caso la Inspectoría de Tribunales a fin de proteger y salvaguardar la tutela judicial efectiva y el debido proceso principios que deben ser velados por todo servidor público. En conclusión, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Este no es otro más que el muy bien llamado principio de legalidad. CONSIDERANDO (17): Que el derecho constitucional que el recurrente considera vulnerado es el siguiente: Artículo 90 párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; relacionándolo con lo establecido en el Artículo 64 de la Constitución de la República, que al ser una declaración constitucional señala: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. CONSIDERANDO (18): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se advierte que la resolución impugnada que orientaron su decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso y por consiguiente al principio de legalidad plasmado en el artículo 321 de la Constitución de la República, así como al derecho de petición, derecho a la defensa, principios que la Constitución regula como derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva como fin primordial de la sociedad en donde toda persona tiene derecho a una buena administración, esto es, a que las instituciones, órganos y organismos traten sus asuntos con imparcialidad y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Por lo que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO (19): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes. Que este Sala de lo Constitucional es del criterio que los impetrante se le han garantizado durante el proceso administrativo el derecho a la defensa, al debido proceso y al principio de legalidad, y que la decisión de declarar la petición de no considerarse competente de conocer el tema sometido a estudio, no implica una vulneración al derecho del debido proceso menos a la tutela judicial efectiva, siendo que el órgano emisor ha indicado las razones debidamente motivando su resolución, consecuentemente no se deriva ningún irrespeto a las garantías constitucionales enunciadas, ya que por un lado no existe norma adjetiva que haya sido inobservada, por lo que esta Sala de lo Constitucional estima que por las razones anteriormente expuestas considera que el amparo debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 80, 82, 90, 103, 183, 313 numeral 5, 232, 233, 321 y 324 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 46 numerales 46 numerales 2), 5), 6), 9), 41, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78, 113 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 14, 54, 87, 88 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 6, 13, 14 y 42 de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 1 numeral 2) de la Ley del Ministerio Público; 3, 5, 7, 14 y 22 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en fecha doce (12) de junio dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0100-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Constitución y Justicia Constitucional, Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,2012. Pag.60
[2] Folio 70 de la pieza del amparo
[3] Folio 35 de la pieza de amparo
[4] Folio 33 de la pieza de amparo
[5] Folio 25 de la pieza de amparo
[6] Ver folio 34 de la pieza del amparo
[7] Folio 56 y 77 de la pieza de amparo
[8] Artículo 305 de la Constitución de la República.
[9] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[10] Artículo 3 del Código Procesal Civil.