Sentencia AA-054-16 — Registro 9740
Resumen
Acto recurrido que denegó el recurso de amparo contra la resolución dictado por el a-quo en relación a la demanda para que se Declare la nulidad de un acto Administrativo de carácter particular emitido por el Congreso Nacional.-Se declare la ilegalidad y su nulidad; promovida por la señora Irina Elizabeth Mejia Belisle, contra el Estado de Honduras, a través del Congreso Nacional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"... Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es clara al ordenar que para decretar la caducidad de la instancia en un proceso contenciosos administrativo, es únicamente cuando por causa imputable al actor, se haya paralizado el proceso durante seis meses, situación que no sucede con el caso en estudio, pues al revisar los antecedentes se observa que el juicio a estado paralizado por causas imputables al Tribunal que conoce de la causa, porque al no aceptar el Abogado a quien la parte demandante le otorgó Poder en el escrito de demanda, era obligación del órgano jurisdiccional a través del funcionario correspondiente requerirle a efecto de saber si aceptaba o no el Poder a él conferido, actuaciones que el tribunal devenía en la obligación de realizar de oficio por el principio de oficiosidad de que esta revestido al tenor de lo ordenado en el artículo 132 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ello relacionado con lo dispuesto en el artículo 134 de la misma norma legal..." ..." Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que la caducidad de la instancia procede cuando se da la paralización del proceso por un periodo de seis meses, cuando tal paralización sea por causas imputables a la parte actora, situación que no ha sido el motivo en el caso de autos, siendo el responsable de la paralización del proceso el mismo órgano jurisdiccional que conoce de la demanda, habiéndose respetado los derechos al debido proceso y defensa que arguye la garantista como vulnerados; por ello esta Sala concluye que no se han quebrantado derechos constitucionales con la resolución impugnada en Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. VISTO: En Consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de diciembre del año dos mil quince, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce de febrero del año dos mil quince, en relación a la demanda para que se Declare la nulidad de un acto Administrativo de carácter particular emitido por el Congreso Nacional.-Se declare la ilegalidad y su nulidad; promovida por la señora IRINA ELIZABETH MEJIA BELISLE, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del CONGRESO NACIONAL. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado en perjuicio de su representado las garantías al Debido proceso y el Derecho a la Defensa, dispuestos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que la señora IRINA ELIZABETH MEJIA BELISLE, actuando en su condición personal, en fecha dieciséis de abril del año dos mil trece, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, promoviendo demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por el Congreso Nacional, demanda dirigida contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Ethel Suyapa Deras Enamorado. (Folios del uno (F-01) al cinco (F-05) de la pieza de los antecedentes de primera instancia). 2) Que en fecha dos de diciembre del año dos mil catorce, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, compareció ante el Juzgado de Letras supra indicado, contestando la demanda que se deja relacionada en el inciso que antecede y solicitando a la vez se decrete la caducidad de instancia. (Ver folios del veintisiete (F-27) al veintinueve de los antecedentes de primera instancia y folios del uno (F-01) al tres (F-03) de la pieza separada de nulidad de actuaciones). 3) Que en fecha doce de febrero del año dos mil quince, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó resolución mediante la cual resuelve: (Sic)”UNICO: DECLARAR SIN LUGAR la pretensión de caducidad de Instancia realizada por el apoderado legal de la parte demandada POR INEXISTENTE…” (Folios diecinueve (F-19) y veinte (F-20) de la pieza separada de nulidad de actuaciones). 4) Que en fecha cinco de octubre del año dos mil quince, la Abogada FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS alegando que el Auto Resolutivo de fecha doce de febrero del año dos mil quince, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, es violatorio de las garantías constitucionales del Debido Proceso y el legítimo derecho a la Defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que seguido el trámite correspondiente la citada Corte de Apelaciones en fecha quince de diciembre del año dos mil quince, dictó sentencia por Unanimidad de Votos, mediante la cual falló: (Sic) “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, Apoderada Legal por Delegación del Estado de Honduras…” (Folios del treinta y dos (F-32) al treinta y cuatro (F-34) de la pieza de los antecedentes de Amparo). 6) Que en fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, ésta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, en su condición ya indicada, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, contra la resolución de fecha doce de febrero, del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contenciosos Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que declara sin lugar la pretensión de caducidad de instancia, promovida por la parte demandada, en relación a la Demanda para que se Declare la nulidad de un acto Administrativo de carácter particular emitido por el Congreso Nacional.-Se declare la ilegalidad y su nulidad; promovida por la señora IRINA ELIZABETH MEJIA BELISLE, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del CONGRESO NACIONAL. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de las garantías constitucionales del Debido Proceso y el legítimo derecho a la Defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar la pretensión de caducidad de instancia promovida por la Parte Demandada, al considerarla inexistente. CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto con el cual, la garantista considera vulnerados las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, los explica señalando que el juzgador ha obviado en su totalidad el procedimiento administrativo, situación que constituye una clara vulneración a las garantías constitucionales de derecho a la defensa y debido proceso en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, a traves del Congreso Nacional de la República de Honduras por las siguientes razones: a) El Estado de Honduras a través del Congreso Nacional queda en evidente indefensión al declarar el Juzgador sin lugar el incidente de caducidad de la instancia o nulidad de actuaciones, tal como procede en el presente juicio. b) Se violenta la garantía constitucional del debido proceso, pues el Juzgador, en cuanto a la denegatoria de la nulidad de actuaciones declara sin lugar la causa de inadmisibilidad: a) Por no haber realizado actuaciones en el presente juicio por un periodo superior a seis meses, el cual es evidentemente claro que el Apoderado Legal de la Demandante dejó sin realizar acciones desde el 15 de mayo del 2014 y refrendada que fue la misma por la secretaria por Ley, es decir doce (12) meses con veinte (20) días después de haber sido admitida, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República referente al debido Proceso. CONSIDERANDO 7: Que las garantías constitucionales que invoca la recurrente han sido vulneradas son las siguientes: artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; y el artículo 90 párrafo primero que dispone “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” CONSIDERANDO 8: Que el Ministerio Público por conducto de la Fiscal Sandra Lorena Zuniga emitió Dictamen en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil quince, a través del cual concluye que no se otorgue el amparo solicitado; arguye la Fiscal del Ministerio Público que al examinar los argumentos expuestos por la censora en su escrito de formalización de Amparo, así como l revisar el expediente de mérito, si bien es cierto el Representante Legal de la parte actora tardó doce meses y días en notificarse del auto de admisión, paralizándose de esta manera el proceso por más de seis meses, al analizar el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que refiere al tiempo para decretar caducidad de instancia, requiere de un elemento esencial y es que la causa sea imputable al actor, y en el caso de autos el responsable de notificar al Profesional del Derecho que representaría a la demandante ya que aún no se había notificado de la delegación del poder a él conferido, era el Juzgado a través de su Secretario de actuaciones, como lo dispone el artículo 136.1 en relación al artículo 137 del Código Procesal Civil, de tal manera que el tiempo transcurrido entre la admisión de la demanda, no es atinente a la parte actora, pues era el tribunal quien tenia que accionar el proceso, para que éste de hubiera dado por enterado de lo resuelto. CONSIDERANDO 9: Que la recurrente en la explicación y alegaciones de la acción constitucional invocada, aduce que no se ha observado por parte del juzgador lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que señala: “Se declara la caducidad de la instancia cuando por cualquier causa imputable al actor se haya paralizado el proceso durante (6) seis meses. En este caso el Tribunal dictará auto en los términos previstos en el párrafo segundo del articulo 85.”; en ese orden de ideas es importante para esta Sala de lo constitucional el contenido de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 132 de la norma previamente citada: “Salvo que expresamente se disponga lo contrario en esta Ley, los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo instarán de oficio los trámites que les correspondan, después de interpuesta la demanda…”; así mismo el artículo 134 preceptúa: “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civiles, Procesal Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.” CONSIDERANDO 10: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha quince de diciembre del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es clara al ordenar que para decretar la caducidad de la instancia en un proceso contenciosos administrativo, es únicamente cuando por causa imputable al actor, se haya paralizado el proceso durante seis meses, situación que no sucede con el caso en estudio, pues al revisar los antecedentes se observa que el juicio a estado paralizado por causas imputables al Tribunal que conoce de la causa, porque al no aceptar el Abogado a quien la parte demandante le otorgó Poder en el escrito de demanda, era obligación del órgano jurisdiccional a través del funcionario correspondiente requerirle a efecto de saber si aceptaba o no el Poder a él conferido, actuaciones que el tribunal devenía en la obligación de realizar de oficio por el principio de oficiosidad de que esta revestido al tenor de lo ordenado en el artículo 132 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ello relacionado con lo dispuesto en el artículo 134 de la misma norma legal. CONSIDERANDO 11: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que la caducidad de la instancia procede cuando se da la paralización del proceso por un periodo de seis meses, cuando tal paralización sea por causas imputables a la parte actora, situación que no ha sido el motivo en el caso de autos, siendo el responsable de la paralización del proceso el mismo órgano jurisdiccional que conoce de la demanda, habiéndose respetado los derechos al debido proceso y defensa que arguye la garantista como vulnerados; por ello esta Sala concluye que no se han quebrantado derechos constitucionales con la resolución impugnada en Amparo. CONSIDERANDO 12: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de diciembre del año dos mil quince, que por Unanimidad de Votos, falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Fabiola Nohelia Pereira Villatoro. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 88, 132 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 135, 136 y 137 del Código Procesal Civil. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de diciembre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 0054-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.